Mónica Martínez Covarrubias

Expediente 142/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
142/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
12/08/2016

Partes del expediente

  • Mónica Martínez Covarrubias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de agosto de dos mil dieciséis. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la pieza postal devuelta que contiene el oficio 30079/2016, dirigida al "Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México", con la leyenda "Dev. No reciben en domicilio Rehusado". Atento a lo anterior, comisiónese al actuario de la adscripción a efecto de que reenvíe el oficio de referencia al domicilio correcto; es decir; al ubicado en: Avenida Plaza Hidalgo, número Uno, Colonia Centro, Tultitlán, Estado de México, Código Postal 54900. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con María Isabel López Mondragón, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que la quejosa Mónica Martínez Covarrubias, a quien se considera podría perjudicar la determinación dictada mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se resolvió sobreseer en el presente juicio de amparo; no fue recurrido dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, pues como se mencionó en párrafos precedentes se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Asimismo, es menester referir que en el cuaderno aludido no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    i) aviso parte quejosa) Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, rinde su informe justificado, respecto de los actos que le atribuye el peticionario de amparo, asimismo, remite el cuaderno original del expediente laboral ********************, de su índice estadístico, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales conducentes. Ahora, en el presente juicio el quejoso ******************** reclama la omisión de la responsable Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de respetar los términos para la celebración de la audiencia de Conciliación, Pruebas y Resolución, así como la omisión de llevar a cabo en los términos previstos el desarrollo del procedimiento laboral y el dictado del laudo correspondiente en el expediente laboral ********************. Sin embargo, de las constancias originales remitidas por la responsable se advierte que en fecha cinco de marzo de dos mil catorce, la Sala Auxiliar señaló las once horas con treinta minutos del seis de julio de dos mil quince, a efecto de que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, seguida la secuela procesal en el juicio laboral se llevaron a cabo las diversas audiencias a fin de llevar continuar con las etapas de ofrecimiento y desahogo de pruebas, siendo la última el veintinueve de mayo de dos mil dieciséis, en donde la parte actora, aquí quejosa ********************, manifestó estar de acuerdo con en la oferta de trabajo propuesta por la parte demanda, es decir, la reinstalación de dicha trabajadora en su fuente laboral, circunstancia que tendrá verificativo el cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia por ser cuestiones de estudio preferente y orden público, y sea que las partes la aleguen o no, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Asimismo, la jurisprudencia 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, del contexto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En cumplimiento a lo anterior, el suscrito juzgador de oficio advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; ." En éste sentido, a fin de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal del País, ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria del amparo. Precisado lo anterior, debe establecerse que, en el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de respetar los términos para la celebración de la audiencia de Conciliación, Pruebas y Resolución, así como la omisión de llevar a cabo en los términos previstos el desarrollo del procedimiento laboral y el dictado del laudo correspondiente en el expediente laboral ********************, y posteriormente dicha autoridad lleva a cabo la audiencia referida, es indudable que dicha omisión dejó de existir el cual es objeto o materia de la litis. Ello, porque al llevarse a cabo en todas sus etapas la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, las omisiones que reclamaba la quejosa ya no pueden ser reparadas a través del juicio de amparo, por lo que, aun cuando subsista el acto reclamado, no podría surtir efecto legal o material alguno una eventual sentencia protectora, por haber dejado de existir el objeto o materia de la misma, pues jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que estima violada, sin afectar etapas diversas de un procedimiento laboral correspondiente. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 181/2006, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 189 del Tomo XXIV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicado en Diciembre de dos mil seis, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandata artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, Tomo XVII, marzo de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, número de registro 184572, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse el trece de junio de dos mil dieciséis a las diez horas con cincuenta minutos. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y dada la naturaleza de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se ordena formar anexo para que obren por separado con carátula respectiva para su identificación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del presente juicio de amparo y de las constancias que lo integran se advierte que a efecto de emitir la resolución que en derecho proceda, con fundamento en el numeral 75 y 117 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en Tlalnepantla, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, haga del conocimiento a este juzgado si a la fecha en que se actúa se ha celebrado en el expediente SAT.- 466/2012, la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas a que se refiere el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como el estado procesal que guarda éste, que para tal efecto deberá remitir copias debidamente certificadas, legibles y completas del expediente SAT.- 466/2012, de donde deriva el acto que en esta vía se reclama. Lo anterior, al advertirse que pudiera actualizarse una causal que haría improcedente el juicio constitucional; en consecuencia, si el artículo 61, fracción XII, establece que el estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es oficioso, ésta determinación debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante algún indicio y, por tanto, debe indagar oficiosamente y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005 visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2006, Tomo XXIII, Materia Común, Novena Época, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. De igual forma, es aplicable en lo conducente, por haber interpretado disposición de contenido similar, la jurisprudencia 363, visible en la página 309 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". En el entendido de que para el caso de ser omisa a lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintiocho de marzo anterior, circunstancia que deberá hacérsele del conocimiento a la autoridad de referencia mediante oficio, el cual deberá remitirse vía mensajería acelerada (MEX-POST), así como por fax, para lo cual el actuario de la adscripción deberá levantar la razón de envió correspondiente. En virtud de lo anterior y a fin de que este órgano de control constitucional cuente con las constancias necesarias para resolver el presente asunto, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, y para su celebración se fijan las diez horas con cincuenta minutos del trece de junio de dos mil dieciséis. En otro orden, estado procesal de los autos de los cuales se evidencia que, mediante oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Finalmente, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificaran por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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