Monica Isela Velazquez Rojas
Expediente 1820/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1820/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/12/2017
Partes del expediente
- Monica Isela Velazquez Rojas
- Monica Isela Velazquez Rojas y Otros.
Actuaciones
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV El estado procesal de los autos y la certificación de cuenta evidencian que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con apoyo en lo anotado en el penúltimo párrafo del ordinal 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes.
- Principal
IV.- Vista la razón de cuenta, a través de la cual el Actuario de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte promovente del amparo, el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y en atención a lo expuesto en párrafos precedentes, procédase a realizar la notificación de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, así como las subsecuentes, incluso las de manera personal, por medio de lista que se fija en este recinto judicial. Notifíquese. Asimismo, en atención a lo anterior, se notifica a los quejosos Mónica Isela Velazquez Rojas y Emmanuel Jesús Huicochea Velázquez, la determinación de uno de diciembre del año en curso, mismo que dice: Radicación. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Mónica Isela Velázquez Rojas y Emmanuel Jesús Huicochea Velázquez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez y otras autoridades. Atento a lo anterior; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1820/2017-IV. Prevención. Ahora bien, con fundamento en el numeral 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo, así como de las sanciones previstas en los artículos 236 y 237 de la ley de la materia, por escrito y de ser posible con seis copias de éste, realice lo siguiente: Primero. "Bajo protesta de decir verdad", realice una narración sucinta y cronológica de los hechos y abstenciones que se suscitaron en torno a la emisión de los actos reclamados. En específico, respecto de los actos reclamados señalados en los numerales cuatro, cinco y seis, correspondientes a la orden de reaprehensión, medida cautelar y auto de vinculación a proceso, pues si bien en el escrito de demanda el promovente realizó una narración de hechos, también lo es que éstos resultan insuficientes pues hace referencia únicamente a una orden de aprehensión, sin especificar respecto de los demás actos reclamados. Es decir, deberá señalar de donde deviene la orden de reaprehensión, así como el auto de vinculación a proceso, lo anterior, lleva implícito de referir el número de la carpeta administrativa o juicio penal del cual derivan los citados actos, proporcionando todos los datos posibles. Ello, en virtud de que al promover en la vía indirecta el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo con dicha aclaración se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Sobre el particular, se invoca la tesis 347, publicada en las páginas 293 y 294 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Segundo. Asimismo, de ser posible, con apoyo en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, deberá exhibir dos copias más de su demanda de amparo, pues en este órgano jurisdiccional únicamente se recibieron cuatro, como se aprecia del sello de recepción impreso. Y, en el caso, son necesarias seis; de ellas tres para llamar a juicio a las autoridades responsables, una para dar la intervención competente al Ministerio Público adscrito a este juzgado y dos para formar los cuadernos del incidente de suspensión; pues tal formalidad procesal tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo, como son, el pedir los informes a las autoridades responsables, dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público, y realizar el trámite para la formación del incidente de suspensión del acto reclamado, el cual se tramita en cuerda separada y por duplicado; para así proporcionar a las partes todos los elementos necesarios a fin de preparar su defensa y formar lo cuadernos respectivos. Sobre el particular se invoca, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la tesis VII/2001, publicada en la página 325, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con éstas copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos precisados con antelación dentro del plazo concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor. Representante común. En otro orden, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Mónica Isela Velázquez Rojas, para efectos del presente juicio de amparo. Domicilio. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de cuenta. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Al caso, por analogía, es aplicable la tesis publicada en la página tres mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Materia Laboral, Quinta Época, con el rubro y texto siguiente: "HORAS INHÁBILES, HABILITACIÓN DE. No existe infracción a los artículos 455 y 456 de la ley, cuando las Juntas están en posibilidad de habilitar las horas inhábiles del día en que llevan a término la audiencia de demanda, excepciones y pruebas, para los fines que señalen." Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.
- Principal
IV Radicación. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Mónica Isela Velázquez Rojas y Emmanuel Jesús Huicochea Velázquez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez y otras autoridades. Atento a lo anterior; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1820/2017-IV. Prevención. Ahora bien, con fundamento en el numeral 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo, así como de las sanciones previstas en los artículos 236 y 237 de la ley de la materia, por escrito y de ser posible con seis copias de éste, realice lo siguiente: Primero. "Bajo protesta de decir verdad", realice una narración sucinta y cronológica de los hechos y abstenciones que se suscitaron en torno a la emisión de los actos reclamados. En específico, respecto de los actos reclamados señalados en los numerales cuatro, cinco y seis, correspondientes a la orden de reaprehensión, medida cautelar y auto de vinculación a proceso, pues si bien en el escrito de demanda el promovente realizó una narración de hechos, también lo es que éstos resultan insuficientes pues hace referencia únicamente a una orden de aprehensión, sin especificar respecto de los demás actos reclamados. Es decir, deberá señalar de donde deviene la orden de reaprehensión, así como el auto de vinculación a proceso, lo anterior, lleva implícito de referir el número de la carpeta administrativa o juicio penal del cual derivan los citados actos, proporcionando todos los datos posibles. Ello, en virtud de que al promover en la vía indirecta el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo con dicha aclaración se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Sobre el particular, se invoca la tesis 347, publicada en las páginas 293 y 294 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Segundo. Asimismo, de ser posible, con apoyo en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, deberá exhibir dos copias más de su demanda de amparo, pues en este órgano jurisdiccional únicamente se recibieron cuatro, como se aprecia del sello de recepción impreso. Y, en el caso, son necesarias seis; de ellas tres para llamar a juicio a las autoridades responsables, una para dar la intervención competente al Ministerio Público adscrito a este juzgado y dos para formar los cuadernos del incidente de suspensión; pues tal formalidad procesal tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo, como son, el pedir los informes a las autoridades responsables, dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público, y realizar el trámite para la formación del incidente de suspensión del acto reclamado, el cual se tramita en cuerda separada y por duplicado; para así proporcionar a las partes todos los elementos necesarios a fin de preparar su defensa y formar lo cuadernos respectivos. Sobre el particular se invoca, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la tesis VII/2001, publicada en la página 325, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con éstas copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos precisados con antelación dentro del plazo concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor. Representante común. En otro orden, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Mónica Isela Velázquez Rojas, para efectos del presente juicio de amparo. Domicilio. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de cuenta. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Al caso, por analogía, es aplicable la tesis publicada en la página tres mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Materia Laboral, Quinta Época, con el rubro y texto siguiente: "HORAS INHÁBILES, HABILITACIÓN DE. No existe infracción a los artículos 455 y 456 de la ley, cuando las Juntas están en posibilidad de habilitar las horas inhábiles del día en que llevan a término la audiencia de demanda, excepciones y pruebas, para los fines que señalen." Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.
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