Monica Margarita Varela Castillo y Otros.
Expediente 1176/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1176/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Monica Margarita Varela Castillo y Otros.
- Vicente Antonio Sánchez Moreno
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, conforme al oficio número CCJ/ST/5736/2019, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
CITATOTRIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Monica Margarita Varela Castillo, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1176/2019, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda se advierte que el objeto de estudio del presente juicio lo constituye la omisión del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en el juicio de alimentos con número de expediente 101-2/2002 de su índice, de dar contestación a los escritos siguientes: El de quince de octubre de este año, suscrito únicamente por Mónica Margarita Varela Castillo, en el que manifiesta que se desiste de la demanda de alimentos, y El de catorce de noviembre del año en curso, suscrito por ambos quejosos, en el que aceptan dar por terminado el citado juicio y solicitan fecha para su ratificación. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley; y, del segundo de ellos, que los actos cuyos efectos son de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y los Tratados Internacionales; es decir que producen una afectación material a dichos derechos, por lo que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Esto último de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015, determinó sobre el tema de procedencia del juicio de amparo indirecto que tratándose de omisiones de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, atribuidas a autoridades jurisdiccionales, constituyen violaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, por lo que por regla general el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente, a menos que del contenido de la propia demanda se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Sobre el punto de excepción que se alude en aquella ejecutoria, la citada Sala al resolver la diversa contradicción tesis 294/2018, señaló que a fin de proporcionar un estándar mínimo que ofreciera seguridad jurídica a las partes en el juicio, en tratándose de asuntos laborales, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De ese fallo derivó la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), consultable en la página 1643, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Laboral, Laboral, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Ahora, aun cuando en ese criterio se alude a plazos y disposiciones legales que rigen los juicios laborales, las consideraciones que lo sustentaron resultan aplicables a asuntos de cualquier materia; si se toma en consideración que también en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, tolera un plazo máximo para que el juicio permanezca inmóvil y en el caso es de tres meses; sin embargo, este juzgado de Distrito estima razonable el plazo ahí referido contado a partir de aquel en que fenezca el plazo en que debió legalmente pronunciarse el acto procesal reclamado, esto, tomando en consideración que el juicio natural se rige bajo la facultad de iniciación del proceso, la cual conforme con el artículo 8º queda reservada a las partes. Bajo ese contexto, si con fechas de quince de octubre y catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó sus escritos de petición mediante los cuales solicita respectivamente, desistirse y dar por terminado el juicio especial de alimentos con número de expediente 101-2/2002, y conforme con el numeral 143, del código procesal de la materia, el cual prevé que el plazo para dictar resoluciones es de tres días a partir de la fecha de que se reciba la promoción o actuación judicial, si se tratase de autos; por tanto, se tiene que el término previsto en dicho numeral por cuanto hace del primer ocurso concluyó el dieciocho de octubre del año en curso; y por lo que respecta al segundo escrito presentado el catorce de noviembre del año en curso, el mismo feneció el veintiuno del mes pasado. De ahí que, si se toma en consideración que el término previsto por la ley para que se dicte el acuerdo que provea sobre la petición solicitada por la parte quejosa, respecto del ocurso de fecha de quince de octubre feneció el dieciocho del mismo mes y por lo que hace al diverso de fecha de catorce de noviembre del año en curso, feneció el veintiuno del mes pasado y aquél que sirve de base para determinar si se ha configurado o no una dilación excesiva en el juicio del cual deriva el acto reclamado, se estima que en este asunto no se esté en presencia de una dilación abierta en el procedimiento que provoque su paralización total, dado que a la fecha en que fue presentada la demanda - tres de diciembre del dos mil diecinueve-, solo han transcurrido treinta y uno y siete días hábiles respectivamente. De ahí que no es dable asumir que se surta un caso de excepción al criterio asumido, y en ese contexto, el presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de demanda; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Julio Arturo Flores Guevara, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Julio César Martínez García, por no contar con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho de hacerlo con posterioridad; y para los mismos efectos a Alitza Paulina Juárez Salmerón y Litsy Bailón Cruz, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
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