Mónica Luz Sandoval Soto
Expediente 756/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mónica Luz Sandoval Soto
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual transcribe el acuerdo de ocho de agosto del año en curso, dictado en el recurso de queja 202/2023 de su índice, del que se advierte se admitió el recurso de queja interpuesto por la apoderada de la parte quejosa, en contra del proveído de dieciocho de julio pasado, que desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado electrónicamente por Karla Marlenne Valdés Cárdenas, apoderada legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la ley de la materia, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, residente en Chilpancingo; el escrito de agravios y copia de éste, así como copia certificada de las constancias y actuaciones que integran el presente asunto, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Ahora bien, de conformidad con el último arábigo citado, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó la resolución que se reclama. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA (VÍA ELECTRÓNICA), POR MEDIO DE SU USUARIO PROPORCIONADO, DEL AUTO DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, Y MEDIANTE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, MISMO QUE DICE: Acapulco de Juárez, Guerrero; a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Mónica Luz Sandoval Soto, por conducto de su apoderada legal Karla Marlenne Valdés Cárdenas, contra actos del Director de la Oficina Estatal del Estado de Guerrero del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en Acapulco, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 756/2023, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis que se realiza a la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la quejosa Mónica Luz Sandoval Soto, reclama por esta instancia lo siguiente: a) La expedición del documento denominado "Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial" de diez de julio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente GRO/CI/2023/000747, por parte de Ariana Irais Castro Ruiz, en su calidad de Conciliadora Individual adscrita al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en esta ciudad, por el cual se determinó la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial atendiendo a la falta de procedibilidad del objeto de la solicitud, dado que no deriva de una prestación laboral de la solicitante, y le exhorto para que acudiera a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF) a fin de que le sean devueltos los rendimientos generados de sus aportaciones a la cuenta individual, en virtud de que ésta es la encargada de salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros. b) Y como consecuencia de lo anterior, el que no se le hubiere emitido la constancia a través de la cual se haga constar que agotó el procedimiento de conciliación, y que refiere resulta idónea para que pueda acudir ante los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, en sus antecedentes la quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: 1. Que el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, presentó formal solicitud de inicio de procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria, para efecto de que fueran citados Afore XXI Banorte y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de plantear la solicitud de pago de la cantidad que refiere le adeudan por concepto de recursos de los montos que realmente corresponden a su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro. 2. Que a su solicitud la autoridad responsable le asignó el número de identificación único GRO/CI/2023/000747 y señaló las diez horas con treinta minutos del diez de julio de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, citándose a las personas morales mencionadas. 3. Que una vez desahogada la audiencia de conciliación, la conciliadora individual negó la emisión de la constancia de haber agotado el procedimiento de conciliación perjudicial obligatorio, y en su lugar emitió la constancia de conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial de diez de julio de dos mil veintitrés, al considerar improcedente el objeto de la solicitud, invitándola a acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), quien es la encargada de salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros. Precisado lo anterior, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en todos aquellos casos en que la improcedencia derive de alguna disposición de la Carta Magna o de la Ley de Amparo, mientras que del segundo numeral, en su fracción V se aprecia que una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto la constituye cuando se promueva contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuya interpretación sistemática e integral con la fracción IV, se concluye que cuando se reclaman actos emitidos fuera de juicio como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios, por identidad jurídica se aplica la misma regla, en el sentido de que el amparo biinstancial solo procede contra actos emitidos en ese procedimiento que tengan una ejecución de imposible reparación. Respecto al tema de imposible reparación, a la fecha se han emitido diversos criterios, en el sentido de que únicamente se deben considerar aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos, quedando excluidos los actos adjetivos, no obstante que los mismos afectaran a las partes en un grado predominante o superior o que constituyeran violaciones procesales exorbitantes. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia por unificación de criterios número P./J.37/2014 (10a.), en la cual interpreta el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la que categóricamente establece que uno de los requisitos para que sea procedente la acción de amparo biinstancial, es que los actos irreparables deben tener una afectación a los derechos sustantivos de los gobernados. La Jurisprudencia en comento se encuentra publicada en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". De lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no podía seguir siendo aplicable la Jurisprudencia P./J.4/2001 que en su momento emitió el propio Pleno de la Corte y que constituía el motivo para estimar procedente el amparo indirecto que se promovía en el juicio laboral en contra de la resolución por la que se desechaba la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, a pesar de tratarse de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Luego, la comprensión y modificación de lo que se debe entender por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro de un juicio, en los términos mencionados, de acuerdo con el texto de la nueva Ley de Amparo, ya lo explicó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), consultable en la página 15, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Y que por identidad jurídica se aplica a los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio, así como en los actos dentro de juicio y en los actos de ejecución de sentencia. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto a los actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En este asunto, como ya se adelantó, el acto reclamado consiste esencialmente en la expedición del documento denominado "Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial" de diez de julio de dos mil veintitrés, emitido con el número de identificación único GRO/CI/2023/000747, por parte de Ariana Irais Castro Ruiz, Conciliadora Individual adscrita al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en esta ciudad, en el cual determinó la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial atendiendo a la falta de procedibilidad del objeto de la solicitud, dado que no deriva de una prestación laboral de la solicitante, y le exhorto para que acudiera a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF) a fin de que le sean devueltos los rendimientos generados de sus aportaciones a la cuenta individual, en virtud de que ésta es la encargada de salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros, cuya actuación no produce una afectación material, sino solo a un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, situación que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias como ya se explicó no son de imposible reparación al no violarse derechos sustantivos. Lo anterior, tomando en consideración que, a partir de la emisión de dicha constancia, no se obtiene que se le haya impedido el ejercicio de la acción laboral que pretende, ya que ésto sólo lo hace depender de la denominación de la constancia relativa, no así de la resolución que sobre el particular se haya emitido en la vía ordinaria, que es cuando se le causaría un perjuicio que pueda someterse a control constitucional. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en comento; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la misma por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. AUTORIZADOS Dado la naturaleza del juicio, téngase como autorizado de la quejosa, en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a ********************; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos por así haberlo solicitado expresamente a ********************. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Por otro lado, como lo solicita se autoriza a la quejosa la consulta del expediente electrónico en el presente juicio, a través del nombre de usuario que proporciona (********************), por lo que previa verificación del referido usuario, de existir registrado, se instruye al servidor público responsable para que haga la autorización relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal; asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones personales por la vía electrónica, a través del mencionado usuario, salvo aquellas que este juzgado realice por medio de lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las restantes partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente. lo que notifico por este medio, en cumplimiento al auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, para los efectos legales conducentes...
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