Mónica Margarita Sepúlveda Abud

Expediente 2271/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2271/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
08/05/2019

Partes del expediente

  • Mónica Margarita Sepúlveda Abud

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el dieciséis de abril del presente año (fojas 128 a 129) la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintidós de abril de la presente anualidad (foja 130), se dio vista a la parte quejosa con la referida comunicación y anexo, para que dentro del término de tres días manifestara lo a que su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento a la sentencia de amparo; notificación que le fue efectuada el veintiséis siguiente (foja 133), por lo que el plazo de tres días otorgado transcurrió del treinta de abril al tres de los presentes; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento y se procede a calificar el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo. Así, al no haber manifestaciones de las partes, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia de doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 85 a 106), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, así como los arábigos 76 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit , esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa la cantidad de ******, por concepto de inscripción de documento público o privado, préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativo al instrumento público 18,744, emitido por el Notario Público veintiocho, con sede en Xalisco, Nayarit, que se pagó el treinta de octubre de dos mil dieciocho. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de ********, por cada concepto; es decir por Inscripción de documento público o privado y por Inscripción de Préstamo hipotecario; empero, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que la cuota de ********, que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado e inscripción de préstamo hipotecario, como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. ." Sentencia que causó ejecutoria el diez de abril de dos mil diecinueve (fojas 122 a 123). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 128 a 129), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, acompañó copia del reporte de trasferencia bancaria a favor de la quejosa por la cantidad de ********; situación que acreditó con el anexo antes indicado. Así, si tenemos que al monto total de **********, monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le debe restar la cuota mínima a pagar de ****, por cada acto jurídico realizado, es decir, por la inscripción de documento público o privado y por la inscripción del préstamo hipotecario, por así estar ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio, da como resultado la suma de **********, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de octubre de dos mil dieciocho, y el doce de abril de este año se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; por ello, el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho a marzo de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue 100.917; y para el mes de marzo de esta anualidad fue 103.476 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.025357471987926. Por tanto, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: ****, se obtiene*********. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo *****. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, por una parte se SOBRESEYÓ y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    **** TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito y anexo, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento; apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector. ****

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Delegada de la autoridad responsable denominado, Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 85 a 106); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Entonces, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable, Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. De igual forma, solicítese a la responsable que en las constancias que envíe a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector, indique la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, deberá indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Finalmente, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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