MÓNICA LILIANA MORENO YAÑEZ y Otros.
Expediente 1827/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1827/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/04/2018
Partes del expediente
- Mónica Liliana Moreno Yañez
- MÓNICA LILIANA MORENO YAÑEZ y Otros.
- Nora Isela Moreno Yañez
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- NORA ISELA MORENO YAÑEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
En veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el licenciado Roberto Alvarado Hernández, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit -----------------------------------------CERTIFICA:---------------------------------- Que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de siete de marzo del año en curso (foja 118), para que expresara lo que a su derecho conviniera, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, transcurrió del quince al veinte de marzo del año en curso, toda vez que dicha determinación fue notificada el trece de marzo del mismo año (foja 121), sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas por corresponder a sábado y domingo, así como el día diecinueve de marzo fue declarado inhábil, con sustento en el precepto 19 de la Ley de la Materia. Doy Fe. En la misma fecha, el secretario Roberto Alvarado Hernández da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 97 a 98 y 115 a 117), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho (foja 118), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 66 a 79), se determinó conceder a Mónica Iliana Moreno Yáñez y a Nora Isela Moreno Yáñez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ". 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $12,132.93 (doce mil ciento treinta y dos pesos, con noventa y tres centavos moneda nacional), de los cuales $7,982.19 (siete mil novecientos ochenta y dos pesos, con diecinueve centavos moneda nacional), corresponde al concepto de "INSCRIP. DE DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", junto con los diversos conceptos de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "60,834", emitido por el Notario suplente adscrito y asociado a la Notaria Pública Número Trece, con sede en esta ciudad (fojas 60 a 64), que se cubrió el seis de septiembre de dos mil diecisiete. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)" Sentencia que causó ejecutoria el veintinueve de enero de dos mil dieciocho (foja 91). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de las quejosas los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverles la cantidad precisada en el fallo protector, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, por oficios y anexos recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el ocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 97 a 98) y seis de marzo de la presente anualidad (fojas 115 a 117), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, impresión de la transferencia bancaria SPEI y de un cheque con la firma de recibido por la quejosa Mónica Iliana Moreno Yáñez, que contienen la suma de la cantidad erogada y su actualización, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $12,159.68 (doce mil ciento cincuenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en seis de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 15 y 39), y que se efectúo la devolución mediante la expedición de una transferencia bancaria SPEI por la cantidad de $11,872.43 (once mil ochocientos setenta y dos pesos con cuarenta y tres centavos moneda nacional) y un cheque bueno por $287.25 (doscientos ochenta y siete pesos con veinticinco centavos moneda nacional), cuya sumatoria de éstos da como total la correspondiente cantidad actualizada al mes de febrero de la presente anualidad; pues el título de crédito que contenía la actualización se le notificó a las quejosas en veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (fojas 107 a 109), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil diecisiete al mes de enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del año en curso entre el índice para el mes de agosto de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero fue de 131.508 y para el mes de agosto fue de 127.513, ambos de dos mil diecisiete, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0313. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $11,852.93 (once mil ochocientos cincuenta y dos pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $12,223.92 (doce mil doscientos veintitrés pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $370.99 (trescientos setenta pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a las quejosas era de $12,223.92 (doce mil doscientos veintitrés pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $12,159.68 (doce mil ciento cincuenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional), es decir, le hizo falta reintegrar la cantidad de $64.24 (sesenta y cuatro pesos con veinticuatro centavos), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de entregarla, así como los que efectúen las quejosas, a fin de recibir dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a las quejosas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así, lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario Roberto Alvarado Hernández, que autoriza y da fe. RAH/oac*
- Principal
En veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el licenciado Roberto Alvarado Hernández, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit -----------------------------------------CERTIFICA:---------------------------------- Que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de siete de marzo del año en curso (foja 118), para que expresara lo que a su derecho conviniera, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, transcurrió del quince al veinte de marzo del año en curso, toda vez que dicha determinación fue notificada el trece de marzo del mismo año (foja 121), sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas por corresponder a sábado y domingo, así como el día diecinueve de marzo fue declarado inhábil, con sustento en el precepto 19 de la Ley de la Materia. Doy Fe. En la misma fecha, el secretario Roberto Alvarado Hernández da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 97 a 98 y 115 a 117), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho (foja 118), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 66 a 79), se determinó conceder a Mónica Iliana Moreno Yáñez y a Nora Isela Moreno Yáñez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ". 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $12,132.93 (doce mil ciento treinta y dos pesos, con noventa y tres centavos moneda nacional), de los cuales $7,982.19 (siete mil novecientos ochenta y dos pesos, con diecinueve centavos moneda nacional), corresponde al concepto de "INSCRIP. DE DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", junto con los diversos conceptos de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "60,834", emitido por el Notario suplente adscrito y asociado a la Notaria Pública Número Trece, con sede en esta ciudad (fojas 60 a 64), que se cubrió el seis de septiembre de dos mil diecisiete. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)" Sentencia que causó ejecutoria el veintinueve de enero de dos mil dieciocho (foja 91). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de las quejosas los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverles la cantidad precisada en el fallo protector, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, por oficios y anexos recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el ocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 97 a 98) y seis de marzo de la presente anualidad (fojas 115 a 117), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, impresión de la transferencia bancaria SPEI y de un cheque con la firma de recibido por la quejosa Mónica Iliana Moreno Yáñez, que contienen la suma de la cantidad erogada y su actualización, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $12,159.68 (doce mil ciento cincuenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en seis de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 15 y 39), y que se efectúo la devolución mediante la expedición de una transferencia bancaria SPEI por la cantidad de $11,872.43 (once mil ochocientos setenta y dos pesos con cuarenta y tres centavos moneda nacional) y un cheque bueno por $287.25 (doscientos ochenta y siete pesos con veinticinco centavos moneda nacional), cuya sumatoria de éstos da como total la correspondiente cantidad actualizada al mes de febrero de la presente anualidad; pues el título de crédito que contenía la actualización se le notificó a las quejosas en veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (fojas 107 a 109), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil diecisiete al mes de enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del año en curso entre el índice para el mes de agosto de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero fue de 131.508 y para el mes de agosto fue de 127.513, ambos de dos mil diecisiete, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0313. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $11,852.93 (once mil ochocientos cincuenta y dos pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $12,223.92 (doce mil doscientos veintitrés pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $370.99 (trescientos setenta pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a las quejosas era de $12,223.92 (doce mil doscientos veintitrés pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $12,159.68 (doce mil ciento cincuenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional), es decir, le hizo falta reintegrar la cantidad de $64.24 (sesenta y cuatro pesos con veinticuatro centavos), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de entregarla, así como los que efectúen las quejosas, a fin de recibir dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a las quejosas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así, lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario Roberto Alvarado Hernández, que autoriza y da fe. RAH/oac*
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de representante legal de la autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de representante legal de la autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Mónica Gabriela Ortíz Rosales1366/2016
- Mónica Gallardo Montaño70/2017
- Mónica Guillermina Rodríguez Salazar2400/2019
- Mónica Haydee Ruelas González288/2020
- Mónica Irene Fernández1059/2014
- Mónica Janet Ante López1283/2019
- Mónica Lizeth Castillo Sáinz887/2023
- Mónica Margarita Sepúlveda Abud2271/2018
- Mónica Medina Álvarez791/2019
- Mónica Peña Ureña2237/2017
- Mónica Peña Ureña2064/2015
- Monica Rivas Delgado1213/2019