Mónica Margarita Figueroa Martínez

Expediente 1339/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1339/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Mónica Margarita Figueroa Martínez
  • Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
  • Mónica Margarita Figueroa Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad vinculada Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; remitido constancias relativas a fin de materializar el cobro de las multas impuestas a Joaquín Leonel Aguilar Leguizamo, en su carácter de representante del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, en autos de veintitrés de abril, tres y veintisiete de junio, nueve de agosto y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral 235/2010, sin que dichas actuaciones se obtuviera resultados favorables, en razón de lo anterior, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en resolución de seis de enero de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: Remitir las constancias con las que acredite que, fueron cobradas y materializadas las multas impuestas al representante del ayuntamiento demandado, en autos de veintitrés de abril, tres y veintisiete de junio, nueve de agosto y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral 235/2010. 2. Actuaciones de este Juzgado. Mediante determinación de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable. En proveído de once de marzo de dos mil veinte, se ordenó vincular al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Director General de Cobro Coactivo y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 3. Trámites de la responsable y autoridades vinculadas. De las constancias que obran en autos se aprecia que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y autoridad vinculada Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, remitieron los oficios con los que acreditaron la imposibilidad que tuvieron para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 4. Verificación del cumplimiento. Analizadas que han sido las actuaciones remitidas por la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y autoridad vinculada Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de las que se desprende la imposibilidad que tuvieron para realizar el cobro de las multas impuestas a Joaquín Leonel Aguilar Leguizamo, en su carácter de representante del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, en autos de veintitrés de abril, tres y veintisiete de junio, nueve de agosto y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral 235/2010. De lo anterior, el suscrito arriba a la conclusión que existe la imposibilidad material y jurídica para que la autoridad responsable y vinculada de referencia cumplan con los deberes impuestos en el fallo que se analiza, en razón de que no cuenta con elementos para cumplir con los lineamientos establecidos en la ejecutoria, no obstante a las actuaciones realizadas a fin de lograr el cumplimiento. Aunado a lo anterior, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este juzgado de Distrito, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 469/2022, promovido por Mónica Margarita Figueroa Martínez, por conducto de su apoderado Rufino Luca Luna, contra actos de los Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; del que se aprecia que tiene como origen el juicio laboral 235/2010 y en proveído de primero de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la referida autoridad remitiendo copias como complemento a su informe justificado copias certificadas de las actuaciones del juicio laboral 235/2010, entre las que destacan diversas actuaciones posteriores a las referidas, en los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y en treinta de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo para el efecto siguiente: En complemento al proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio laboral 235/2010, emitir un nuevo acuerdo en donde, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora del Estado; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas (o quienes ocupen dicho cargo), estos últimos del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, y al Congreso del Estado de Guerrero. Con la precisión que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia; además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos pertinentes. Luego, mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a José Rodrigo Figueroa Millán, en su carácter de Síndico Procurador del tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, por apersonado al presente juicio de amparo. Actuaciones que constituyen un hecho notorio para este juzgador, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, divulgada en la Novena Época dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de mil novecientos noventa y siete, consultable a página doscientos noventa y cinco, que es del rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En ese orden de ideas, de las constancias de referencia se demuestra que la existencia de otro juicio de amparo teniendo como origen el juicio laboral 235/2010; asimismo, se advierte que Joaquín Leonel Aguilar Leguizamo, ya no es síndico procurador del ayuntamiento demandado en el juicio de origen, razón por la cual la autoridad responsable y vinculada no pudieron materializar las multas referidas en el sentencia dictada en el presente juicio de amparo, lo cual no fue impedimento para el juicio de origen continuara con su secuela procesal, máxime que dicha determinación no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, en razón de que en el juicio de amparo que se tomó como hecho notorio, ya se está dando impulso procesal al juicio de origen con la administración municipal actual. 6. Conclusión. En virtud de lo expuesto, SE DECLARA EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA CUMPLIR CON LA EJECUTORIA DE AMPARO. 7. Archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; mediante los cuales pretende dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de diez de junio de dos mil veintidós, y para tal efecto informa que está llevando a cabo las gestiones a fin de materializar el cobro de las multas impuestas a *************, en su carácter de representante del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, en autos de veintitrés de abril, tres y veintisiete de junio, nueve de agosto y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral 235/2010, empero, de las constancias que remite dicha la autoridad oficiante no se aprecia tal impulso ya que únicamente remite constancias de requerimiento de pago llevadas a cabo en el año dos mil diecinueve, de ahí que no ha lugar a tener por desahogo dicho requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad vinculada Directora General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, esto es a Yanet Cantú Cortes, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, remita a este juzgado las constancias con las que acredite el cobro de las multas impuestas a Joaquín Leonel Aguilar Leguizamo, en su carácter de representante del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, en autos de veintitrés de abril, tres y veintisiete de junio, nueve de agosto y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral 235/2010, las cuales quedaron de la manera siguiente: FECHA OFICIO CANTIDAD VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 3953/2019 $30,804.00 (TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 5910/2019 $30,804.00 (TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 5998/2019 $41,072.00 (CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 7771/2019 $46,206.00 (CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 8752/2019 $51,340.00 (CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Haciéndole del conocimiento a dicha autoridad responsable, que en caso de no cumplir con lo requerido en los términos que se precisa, ya que de las actuaciones que remite no se aprecia ninguna actuación reciente tendiente a la materialización de las referidas multas o en su caso manifieste la imposibilidad jurídica y material que tenga para hacer efectivas las medidas de apremio anteriormente descritas y se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, envía copia con firmas autógrafas de la determinación de veintisiete de junio de dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral ***, de la que advierte que hizo efectivo al Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia, el apercibimiento inserto en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, relativo a la imposición de la multa y lo requirió para que en el término de diez días, acredite el pago de las multas impuestas al representante del ayuntamiento demandado, en autos de veintitrés de abril, tres y veintisiete de junio, nueve de agosto y nueve de septiembre de dos mil diecinueve; circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes y una vez que transcurra el término otorgado a la autoridad vinculada en proveído de diez de junio de dos mil veintidós, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, en caso de omisión, se acordará lo procedente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; mediante los cuales pretende dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de primero de junio de dos mil veintidós, y para tal efecto informa que está llevando a cabo las gestiones a fin de materializar el cobro de las multas impuestas a **, en su carácter de representante del Ayuntamiento Municipal Constitucional de **, en autos de veintitrés de abril, tres y veintisiete de junio, nueve de agosto y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral **, empero, de las constancias que remite dicha la autoridad oficiante no se aprecia tal impulso ya que únicamente remite constancias de requerimiento de pago llevadas a cabo en el año dos mil diecinueve, de ahí que no ha lugar a tener por desahogo dicho requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase por segunda ocasión a la autoridad vinculada Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, esto es a Filiberto Salmerón Suárez, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, remita a este juzgado las constancias con las que acredite el cobro de las multas impuestas a **, en su carácter de representante del Ayuntamiento Municipal Constitucional de **, en autos de veintitrés de abril, tres y veintisiete de junio, nueve de agosto y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral **, las cuales quedaron de la manera siguiente: FECHA OFICIO CANTIDAD **** Haciéndole del conocimiento a dicha autoridad vinculada, que subsisten los apercibimientos decretados en el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, en caso de no cumplir con lo requerido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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