Mónica Margarita Cruz Sánchez

Expediente 272/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
272/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Mónica Margarita Cruz Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. En un inicio, visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el artículo 21 fracción d del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se desechó el juicio de amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo que establece el capítulo quinto en su artículo quince del citado Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente a criterio de la juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda presentada por ******************** por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo con residencia en esta ciudad capital. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número******************** que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que respecto a la sentencia interlocutoria de trece de febrero de dos mil veintidós, dictada en juicio ordinario civil ********************, que resuelve el recurso de reconsideración en el citado juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. Al respecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."* "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De lo anterior se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que tratándose de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que conforme a la legislación reglamentaria actual, no existe margen de interpretación que permita considerar como susceptibles de reclamarse en amparo indirecto los actos cuya afectación no trascienda el plano meramente procesal pues, al definir lo que debe entenderse por actos en juicio con efectos de imposible reparación, el legislador estableció que era necesario que los mismos "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio es excepcional, en tanto que los actos susceptibles de combatirse son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la propiedad, posesión, mas no contra actos de índole intraprocesal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la citada contradicción de tesis, sostuvo que los actos dentro de juicio, que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia favorable. No pasó inadvertido que existen casos en los que la afectación producida por un acto dentro de juicio puede, en su momento, estimarse como grave o de gran entidad; sin embargo, se concluyó que ese sólo hecho no hace procedente el juicio de amparo indirecto. Esto es así, pues si tal afectación desaparece por el hecho de obtener sentencia favorable, entonces es claro que aquélla no trascendió y, en consecuencia, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del justiciable. Expuesto lo anterior, es dable relatar los antecedentes del acto reclamado como fueron narrados bajo protesta de decir verdad por la aquí quejosa, de los cuales se aprecia que:********************". El 8 de diciembre de 2022, se dictó el auto admisorio de pruebas mediante el cual se admitió la prueba PERICIAL EN MATERIA DE TOPOGRAFÍA a la parte actora Saturnino Alejo Castro, albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes de Timotea Sánchez de Jesús, a cargo de Soraya Alarcón Flores concediéndole 48 horas para la aceptación y protesta a su cargo de perito cuya admisión de esa prueba pericial fue corregida mediante auto de 14 de diciembre de 2022, siendo la correcta PERICIAL EN MATERIAS DE INGENIERIA CIVIL Y AVALUO como fue ofrecida por la parte actora en el juicio ordinario civil ***************. Mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2022 ante la Oficialía de Partes del Fuero Común de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, ********************aceptó y protesto el cargo como perito en Materia de Ingeniería y avalúo exhibiendo en copias simples fotostáticas de sus documentos que según ella la acreditan como perito; por auto de 16 de diciembre de 2022, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo que constituye ahora el acto reclamado tuvo a ****************** por aceptando y protestando en tiempo el cargo de perito en materias de ingeniería civil y avalúo cuyo auto la suscrita en tiempo lo impugne a través del recurso de reconsideración, expresado agravios que me causa y ofreciendo pruebas en ese recurso legal, mismo que me fue admitido, sin embargo mediante sentencia interlocutoria de trece de febrero de dos mil veintidós, fueron resueltos infundados mis agravios y confirmo en todas sus partes el auto de 16 de diciembre de dos mil veintidós, motivos por los cuales interpongo el presente juicio de garantías." En ese orden de ideas, se advierte que la quejosa reclama la resolución de trece de febrero de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil ************** en el cual se confirmó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, que tuvo por aceptando y protestando el cargo conferido como perito en Materias de Ingeniería Civil y Avalúo. Expuesto lo anterior, en estricto apego a lo establecido con anterioridad, es claro que el acto que por esta vía combate la parte quejosa, constituye una violación de índole procesal, porque la resolución interlocutoria dictada el trece de febrero de dos mil veintidós, en el expediente civil de origen, versa respecto de la objeción del desahogo de una prueba en el juicio ordinario civil ********************; por lo que son cuestiones, que no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, en ese orden, resulta inconcuso que el motivo de inconformidad expuesto en la demanda de amparo por la aquí quejosa, al ser una cuestión de índole procesal. Además, no se advierte que se haya dictado alguna medida cautelar que afecte materialmente derechos sustantivos de la aquí quejosa; aunado a que la resolución de trece de febrero de dos mil veintidós, no puede considerarse un acto que cause un perjuicio a la parte actora aquí quejosa, porque no se conoce como trascenderá en la sentencia definitiva que se dicte y si ésta afectará o no a esa parte procesal; aunado a que tales violaciones si desde su punto de vista trascienden al resultado del fallo definitivo todavía podría hacerlo valer al momento de impugnar la sentencia definitiva, claro de no serle favorable el sentido de la sentencia. En consecuencia, es procedente desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo con residencia en esta ciudad capital, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda y se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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