Monica Guillermina Rodríguez Salazar

Expediente 307/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
307/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Junta Especial Numero Cinco Dependiente de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Monica Guillermina Rodríguez Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. La sentencia dictada en este juicio de amparo HA CAUSADO EJECUTORIA, al haber transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer recurso de revisión (artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia). Requerimientos Requiérase a la siguiente autoridad (artículo 192 de la Ley de Amparo): 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA ? Junta Especial Número Sesenta y Uno, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tepic, Nayarit. Que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las responsables, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo (artículo 193 de la Ley de Amparo). Apercibimientos A la autoridad responsable, en caso de incumplimiento: ? Se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. ? Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de Circuito para continuar con el trámite para lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo. Lo anterior, bajo la precisión de que dicho trámite puede concluir con la separación de su puesto y su posterior consignación. (artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo). 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Amparo indirecto 697/2020-V ??????????????? Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($89.62); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cien veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma

  2. Principal

    VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo 307/2021-VI, promovido por Mónica Guillermina Rodríguez Salazar, por propio derecho; y, ANTECENDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Cinco dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, emitió laudo condenador contra el Sistema Integral para el Desarrollo de la familia del Estado de Nayarit (aquí tercero interesado), resolviendo en su sentencia el pago de las prestaciones reclamadas por la quejosa Mónica Guillermina Rodríguez Salazar. Luego, la aquí quejosa presentó escrito ante la responsable, solicitando que dicho laudo causara ejecutoria, exhibiendo para tal efecto la planilla de liquidación, a fin de que se aperturara el incidente de liquidación de laudo. En repuesta a lo anterior, el siete de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable emitió un proveído en el que requiere de pago a la parte demandada, sin aperturar el incidente de liquidación. Dicho acuerdo constituye el acto reclamado por la parte quejosa. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: veinte de abril de dos mil veintiuno (fojas 1 a 20). Admisión sin incidente de suspensión: veintidós de abril de dos mil veintiuno (foja 21 a 24). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: veintitrés de abril de dos mil veintiuno (foja 29), quien no formuló pedimento. Emplazamiento al tercer interesado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit: veintiocho de abril de dos mil veintiuno (foja 32). Audiencia constitucional: nueve de julio de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza laboral, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.10 10 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 30/06/22 23:45:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.93.c6 LUZ ALEJANDRA LAVEAGA ASTORGA Juicio de Amparo Indirecto 307/2021-XI [20] SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que la autoridad responsable y el acto reclamado son los siguientes:11 1. Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. a) El acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, emitido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, dentro del expediente laboral 430/2011, de su índice, a través del cual requiere de pago al Sistema Integral para el Desarrollo de la familia del Estado de Nayarit, sin aperturar el incidente de liquidación. No. AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO CERTEZA FOJAS 1. Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit El citado en el inciso a) Niega (Desvirtúa) Foja 35 TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, pues al rendir su respectivo informe justificado, si bien negó el acto atribuido, lo cierto es que realizó manifestaciones de las que se advierte su existencia; de igual manera, se desprende su certeza con la constancia que adjuntó a su referido informe, consistente en el proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del expediente laboral 430/2011, de su índice, del que se advierte requiere a la parte demandada Sistema Integral para el Desarrollo de la familia del Estado de Nayarit, el pago de $72,813.16 (setenta y dos mil ochocientos trece pesos 16/100 M.N), lo anterior derivado del laudo emitido por la responsable el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. 12 Asimismo, la parte quejosa acompañó copia certificada del laudo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 12 a 19). en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 11 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." 12 Se invoca como criterio orientador, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan 30/06/22 23:45:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.93.c6 LUZ ALEJANDRA LAVEAGA ASTORGA Juicio de Amparo Indirecto 307/2021-XI [21] Amparo indirecto 307/2021-XI Documentales a las que se les otorga valor probatorio conforme a los artículos 133, 197, y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles,13 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., con las que se demuestra la existencia del proveído reclamado. CUARTO. PROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo.14 En ese tenor, no obstante la certeza del acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, no es uno de aquellos que produzca al quejoso una afectación de imposible reparación, ya que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. En efecto, los citados numerales establecen que: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.).". Así, de una interpretación literal del último precepto invocado, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede, contra actos: 1. Ejecutados fuera de juicio, como son: actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; 2. Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria que están encaminados a hacer posible o a preparar la ejecución; supuesto del que derivan las hipótesis siguientes: a) Cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución, en el que podrán reclamarse todas las violaciones que se hayan cometido durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. b) Cuando se trate de remates, solo podrá promoverse contra la última resolución dictada durante ese procedimiento de remate, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". 13 "Artículo 133. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129." "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". "Artículo 207. Las copias hacen fe de la existencia de los originales, conformes a las reglas precedentes; pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron." 14 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." 30/06/22 23:45:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.93.c6 LUZ ALEJANDRA LAVEAGA ASTORGA Juicio de Amparo Indirecto 307/2021-XI [22] cuyo caso, se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos que se precisan en el inciso anterior. No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional en el período de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el período de ejecución de sentencia. 2. Contra los actos de imposible reparación. Respecto a la primera hipótesis, el Alto Tribunal del país, ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, contra los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, están las que preparan la ejecución, o los que liquidan prestaciones que, no son de fácil determinación; como ocurre con la interlocutoria que decide sobre la cuantificación de la condena de que fue objeto el perdidoso, la diversa que cuantifica las costas, o bien, en el segundo supuesto la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. Sobre tales ejemplos, cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 6/9815 del tenor literal siguiente: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento.". De igual manera, se cita la tesis que dice: "LIQUIDACIÓN, INCIDENTE DE, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL. El inciso segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo puede interponerse el amparo contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo y que hasta entonces se reclaman las violaciones cometidas durante el procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, la liquidación de la totalidad o de la parte de una sentencia, que condena a pagar una cantidad ilíquida, constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, pero no es, rigurosamente hablando, la ejecución de la propia sentencia; en términos generales, las sentencias importan un título que trae aparejada ejecución, cuando el interesado no elige la vía de apremio, según lo dispone el artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; y para que pueda despacharse ejecución, se necesita que lo que se exija ejecutivamente, sea una cantidad líquida, ya que el artículo 446 del citado código prohíbe dictar auto ad exequendum por cantidad ilíquida; de modo que el incidente o artículo para resolver sobre la liquidación ordenada por una sentencia, no es la ejecución de la propia sentencia, sino un medio previo para hacerla ejecutable. Además, el artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles establece el procedimiento que debe seguirse para fijar la cantidad por la que ha de decretarse la ejecución, cuando la sentencia o parte de la misma, condena a pagar una cantidad ilíquida, y tal procedimiento concluye con la resolución del Juez; y como su decisión no tiene más recurso que el de responsabilidad, según lo previene el propio artículo, es inconcuso que si se reclama en amparo la resolución que niega a la parte quejosa el derecho de rendir pruebas en el incidente de liquidación de rentas e intereses, promovido en ejecución de sentencia y la resolución que aprobó dicha liquidación, la demanda no es notoriamente improcedente, ya que, suponiendo, sin conceder, que se tratara de ejecución de sentencia la demanda no pudo ser desechada, puesto que se endereza contra la última resolución que se dictó en el 15 Jurisprudencia, emitida por la Primera Sala Se la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, pág. 60, registro digital 196891. 30/06/22 23:45:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.93.c6 LUZ ALEJANDRA LAVEAGA ASTORGA Juicio de Amparo Indirecto 307/2021-XI [23] Amparo indirecto 307/2021-XI procedimiento establecido, por el mencionado artículo 115, y esta resolución no tiene más recurso que el de responsabilidad, el cual no puede producir efecto alguno de los que enumera la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, no puede modificar, confirmar ni revocar la decisión del Juez que fijó la cantidad por la cual debe decretarse la ejecución.". 16 También con relación a la segunda hipótesis de excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto, respecto de actos dictados después de concluido, el Máximo Tribunal del país, dispuso que el amparo indirecto es procedente de forma excepcional contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente y sean ajenos a la cosa juzgada. Dicho criterio quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 108/201017,del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". Criterio de procedencia del amparo indirecto establecido jurisprudencialmente que debe seguir rigiendo aun en la vigencia de la nueva Ley de Amparo, porque las disposiciones legales interpretadas para sustentar ese criterio son similares a las previstas en la ley vigente; con la única condicionante que esos actos afecten materialmente derechos sustantivos del promovente, por así exigirse en las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo. Recapitulando, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, emitido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, dentro del expediente laboral 430/2011, de su índice, a través del cual requiere de pago al Sistema Integral para el Desarrollo de la familia del Estado de Nayarit, sin aperturar el incidente de liquidación. De esta manera se determina, sin lugar a dudas, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, en virtud de que dicho proveído no corresponde a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que será hasta la emisión de ésta, cuando puedan reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Respecto al tópico que nos ocupa, la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 40/2009, señaló que la prohibición de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, tiene la finalidad de evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio solamente se actualiza y consume hasta el momento en que se emite la resolución final de dicha etapa. Asimismo, señaló que en materia civil, la ejecución puede ser realizada en forma voluntaria o forzosa, es voluntaria cuando el obligado cumple espontáneamente; en cambio es forzosa cuando el cumplimiento se alcanza por medios legales con independencia o contra la voluntad del obligado, en esta última se trata de dar efectividad material al acto de voluntad del juzgador expresado en la sentencia y, para ello, se hace necesario la realización de una serie de actos procesales. Por su parte, adujo también que si el obligado por una sentencia cumple voluntariamente con lo que el tribunal le ha ordenado, no habrá motivo para que inicie la vía de apremio; pero si por el contrario, dicho obligado no cumple voluntariamente con lo que el tribunal le ha ordenado, 16 Tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LIX pág. 1053, registro digital 356058. 17 Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, pág. 6, registro digital 163152. 30/06/22 23:45:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.93.c6 LUZ ALEJANDRA LAVEAGA ASTORGA Juicio de Amparo Indirecto 307/2021-XI [24] entonces sí estará en la posibilidad de hacer que funcione la vía de apremio y, por ello, el primer aspecto importante de ésta es que se trate de una sentencia ejecutoriada, esto es, que se considere ya como firme y definitiva y no sujeta a impugnación. A su vez, la Primera Sala del Máximo Tribunal, señaló que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es, que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio al procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, como ya se dijo en líneas precedentes, si la razón legal de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Así, debe de sostenerse que si bien el acto aquí reclamado consiste en el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, emitido por la autoridad responsable, dentro del expediente laboral 430/2011, de su índice, a través del cual requiere de pago a la parte demandada Sistema Integral para el Desarrollo de la familia del Estado de Nayarit, sin aperturar el incidente de liquidación, se trata de un acto de autoridad ejecutado después de concluido el juicio, que es susceptible de impugnarse en la vía de amparo indirecto, esto es, ante el juez de distrito, por disponerse así en la fracción III del dispositivo legal antes transcrito; para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos relacionados con la ejecución de sentencias, sólo será impugnable la última resolución, aun cuando puedan reclamarse los actos intermedios de manera adicional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 28/201018 emitida por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la citada contradicción de tesis 40/2009, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". Por lo anterior, el acto reclamado en el que se requirió el cumplimiento de pago sin aperturar incidente de liquidación de sentencia, no es un acto de los que se considera vulnera los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, derivado de que únicamente tiene el efecto de requerir a la parte demandada para que cumpla con dicha sentencia, lo que desde luego, en modo alguno implica una violación a derechos sustantivos sino adjetivos o procesales, además de que, en su caso, todas las violaciones que pudieran surgir en ese procedimiento de ejecución son susceptibles de ser impugnadas en la 18 Jurisprudencia, emitida por la Primera Sala Se la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, pág. 60, registro digital 164639. 30/06/22 23:45:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.93.c6 LUZ ALEJANDRA LAVEAGA ASTORGA Juicio de Amparo Indirecto 307/2021-XI [25] Amparo indirecto 307/2021-XI vía de amparo indirecto, contra la resolución que se dicte en ese procedimiento, como se dijo anteriormente. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia en examen, conforme a la fracción V del arábigo 63 de la ley de la materia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63 y del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Mónica Guillermina Rodríguez Salas, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo, y por las razones en el diverso cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma

  3. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado que suscribe la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tepic, Nayarit, en su carácter de autoridad responsable, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, pónganse a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que acompaña a su informe justificado, sin perjuicio de ser tomada en consideración al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma

  4. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que para esta fecha se encuentra señalada para su verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, del estado de autos se desprende que la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tepic, Nayarit, aún no ha remitido su informe justificado, el cual le fue requerido mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, quedando notificada el veintitrés de abril de ese año; por lo que aún se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para rendir dicha información. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 18/09/21 12:01:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.48 FERNANDO ÁVILA JIMENEZ Notifíquese. Así lo proveyó y firma

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