Monica Guillermina Rodriguez Salazar

Expediente 424/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
424/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Monica Guillermina Rodriguez Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo de veintiocho de julio del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a la autoridad responsable. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, 19/02/24 09:55:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes destruibles, artículo 18, fracción I, inciso b), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se concedió el amparo. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que éste expediente se encuentra debidamente integrado, en cumplimiento al proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, por tanto, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, envíese el original del escrito de agravios, junto con los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, en Turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno. Lo anterior, usando la función de interconexión, a fin de que provea lo conducente respecto del recurso interpuesto, ello, como lo ordena artículo 89 de la Ley de amparo, atendiendo lo relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como a lo establecido en el artículo 3o., de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma

  3. Principal

    PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa manifiesta que el catorce de febrero de dos mil veinte, fue informada por una compañera trabajadora que tenía instrucciones de que le recibiera un oficio como aviso de rescisión laboral y que después acudiera al departamento de pagos para que recibiera su finiquito; y, que el diecisiete de febrero de esa anualidad, verificó que no se le había depositado su salario quincenal como trabajadora del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF Nayarit). Dicha falta de pago constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Catorce de mayo de dos mil veintiuno (fojas 3 a 10). Admisión con incidente de suspensión: Dieciocho de mayo de dos mil veintiuno (fojas 128 a 131 vuelta). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Veintisiete de mayo de dos mil veintiuno (foja 137), quien no formuló pedimento. Celebración de la audiencia constitucional: Veintiocho de julio de dos mil veintiuno (foja 324). CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Juicio de Amparo Indirecto 424/2021-IV [16] de naturaleza laboral, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.7 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. 1) Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF Nayarit). a) La orden de suspensión y retención de salario. 2) Coordinadora de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF Nayarit). b). La ejecución del acto reclamado en el inciso a) No. Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fojas 1 Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF Nayarit) El citado inciso a) Niega (Desvirtúa) 231 a 319 2 Coordinadora de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF Nayarit) El citado inciso b) Niega (Desvirtúa) 138 a 230 TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables antes citadas, pues al rendir su respectivo informe justificado, si bien negaron el acto que se les atribuye, lo cierto es que realizaron manifestaciones de las que se advierte su existencia; pues fueron coincidentes en manifestar que a la quejosa, se le rescindió laboralmente, terminando los efectos de su nombramiento en su área de adscripción, derivado de que faltó a laborar sin justificación los días cuatro, cinco, seis, siete, diez, once, doce, trece y catorce de febrero de dos mil veinte; por ello, con dicha afirmación, se tiene plenamente probada su existencia, aun y cuando las autoridades responsables hayan basado su negativa, en sus 7 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Juicio de Amparo Indirecto 424/2021-IV [17] Juicio de amparo indirecto 424/2021-IV ??????????????? argumentos por los cuales consideran que el acto reclamado no transgrede los derechos humanos de la parte quejosa.8 Además, obra en autos copia certificada del acta de constancias de hechos (fojas 217 y 218), en la cual, la Coordinadora de Recursos Humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, en presencia de dos testigos, hace constar que el catorce de febrero de dos mil veinte, citó a la Coordinación de Recursos Humanos de ese ente público, a la aquí quejosa Mónica Guillermina Rodríguez Salazar, con número de empleado 14880, régimen de base, nivel 6, categoría dictaminadora y adscrita a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, para hacerle entrega personal y directa del aviso por escrito que contempla la terminación de los efectos de su nombramiento en el DIF Nayarit, suscrito por el director general de dicho órgano desconcentrado; con lo que se corrobora la existencia plena de los actos reclamados, pues demuestra que la quejosa, fue trabajadora del DIF Nayarit, a la que se le rescindió su nombramiento y por ende, la suspensión y retención de su salario. CUARTO. PROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, no obstante la certeza del acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, ya que se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo,9 como enseguida se explicará. 8 Se invoca como criterio orientador, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". 9 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Juicio de Amparo Indirecto 424/2021-IV [18] De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos y, que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Respecto al tópico de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual estableció los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. El Máximo Tribunal del País determinó que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo se modificó esencialmente, ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Asimismo, indicó que para que pueda otorgarse el carácter de autoridad responsable, tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones -de coordinación o de supraordinación-, los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad.10 términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.].". 10 Las anteriores consideraciones, dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2020413, de rubro y texto: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES.. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Juicio de Amparo Indirecto 424/2021-IV [19] Juicio de amparo indirecto 424/2021-IV ??????????????? En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad: a) como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, b) como persona moral sujeta de derecho privado cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. La coordinación corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es, que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si un órgano del Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación), entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Ahora bien, en el presente caso, la parte quejosa manifiesta que se desempeñaba en el cargo de Dictaminador, adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF Nayarit), y que el catorce de febrero de dos mil veinte, fue informada por una compañera trabajadora que tenía instrucciones de que le recibiera un oficio como aviso de rescisión laboral y que después acudiera al departamento de pagos para que recibiera su finiquito, pero se negó a firmar de recibido. Luego, el diecisiete de febrero de dos mil veinte, después de haber verificado que no se le había depositado su salario quincenal, acudió ante la Coordinadora de Recursos Humanos, buscando una explicación y la razón o los motivos para haber suspendido su salario, respondiéndole la funcionaria responsable, que su asunto ya no estaba con ella que debía acudir al Tribunal de Conciliación porque ya se había pasado para allá y que sería en el tribunal donde debía arreglar su situación. Bajo ese contexto, es dable concluir que los actos que reclama la parte quejosa en su demanda, consistentes en la suspensión o retención de su salario y su ejecución, deriva de una rescisión laboral, por lo que no tienen el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado.". 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Juicio de Amparo Indirecto 424/2021-IV [20] Lo anterior es así, toda vez que las autoridades responsables a quienes se atribuye el acto reclamado, en específico, se localizan en un plano de igualdad con los derechos de la parte quejosa, derivado del punto de coordinación existente entre Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF Nayarit), como parte patronal y la quejosa Mónica Guillermina Rodríguez Salazar, como empleada; ello, debido a que son consecuencia de la relación laboral existente entre la quejosa y las autoridades señaladas como responsables, para quien presta sus servicios de manera personal y subordinada. Al respecto, el artículo 8o., de la Ley Federal del Trabajo,11 indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado; por su parte, el artículo 3o., de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,12 establece que es trabajador, toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Por tanto, los actos que reclama la parte quejosa no constituyen -de acuerdo con su naturaleza- actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues las instituciones públicas señaladas como responsables, no ejercieron actos con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual los actos imputados como responsable pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. Es aplicable, la tesis con número de registro digital: 202602, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tesis: I.6o.T.26 L, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, página 347 "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito.". Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal, ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetárseles al juicio de amparo, al 11 "Artículo 8o. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio." 12 ""Artículo 3o. Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales." 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Juicio de Amparo Indirecto 424/2021-IV [21] Juicio de amparo indirecto 424/2021-IV ??????????????? reclamarles actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia; por ello, el juicio de amparo no es el medio para reclamar la suspensión y retención de su salario, con motivo de la rescisión laboral de la que fue objeto la parte quejosa, en su calidad de trabajadora; pues en tal caso, la parte quejosa tiene a salvo sus derechos, para acudir ante las autoridades laborales, quienes son las encargadas de dirimir los conflictos de tal naturaleza. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia precisada en párrafos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo por las razones anteriormente expuestas, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Mónica Guillermina Rodríguez Salazar, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo proveyó y firma

  4. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa Gilberto Emiliano Ortiz García, por medio del cual formula alegatos; por tanto, dígase que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, dichas manifestaciones serán relacionadas en la audiencia constitucional y tomadas en cuenta al momento de dictar sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma

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