Mónica Gizel González Vidal
Expediente 1051/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mónica Gizel González Vidal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el cinco de agosto de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció MÓNICA GIZEL GONZÁLEZ VIDAL a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Narcomenudeo y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede: y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, así como su ampliación, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: Del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Narcomenudeo: El acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, dictado en autos de la carpeta de investigación NI/0013/2022, en el que no accedió a solicitar al Secretario de Seguridad Pública de la entidad, que el vehículo marca Dodge, tipo Attitude, color blanco, con placas de circulación YXD-118-C del Estado de Yucatán, sea trasladado a los patios de la Fiscalía General del Estado. Del Secretario de Seguridad Pública: El cobro de la cuota por la estadía del vehículo en el corralón, en vía de consecuencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Narcomenudeo y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconocieron al rendir su respectivo informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que remitieron a este juzgado. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por el Fiscal responsable, deducidas de la carpeta de investigación NI/0013/2022, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1. En veintidós de enero de dos mil veintidós, compareció la aquí quejosa MÓNICA GIZEL GONZÁLEZ VIDAL, ante el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Narcomenudeo del Estado, a solicitar a la devolución del vehículo marca Dodge, tipo Attitude, color blanco, con placas de circulación YXD-118-C del Estado de Yucatán, con base en los documentos que exhibió para acreditar la propiedad del mismo. 2. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Fiscal responsable accedió a la devolución de dicho automotor, con carácter de depósito provisional, por lo cual ordenó librar el oficio de liberación correspondiente al Secretario de Seguridad Pública del Estado. 3. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, compareció nuevamente la aquí quejosa ante el Fiscal del conocimiento, a solicitar que gire nuevo oficio al Secretario de Seguridad Pública para que el citado vehículo sea trasladado a los patios de la Fiscalía General, a fin de que le sea entregado dicho automotor, en virtud de que dicha autoridad se ha negado a su devolución. 4. En proveído de cinco de abril de dos ml veintidós, el Fiscal responsable negó acceder a lo peticionado por la quejosa en los siguientes términos: "... En ese contexto y una vez que esta Representación le ha dado lectura a los datos que obran en los registros de la carpeta y con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 131, fracción XXlll, del Código Nacional de Procedimientos Penal, donde se establece que el actuar del Ministerio Público, debe ser en apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, se advierte que la ciudadana MONICA GIZEL GONZALEZ VIDAL, no es parte del procedimiento ministerial como lo establece el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, en los registros de la carpeta obran actuaciones que ella realizó como propietaria del vehículo de la marca Dodge, tipo Attitude, color blanco, y con placas de circulación YXD-118-C, del Estado de Yucatán, por consiguiente, en razón de su petición, no se accede a su requerimiento en virtud de que en fecha 27 de Enero de 2022, esta Autoridad determinó la devolución de dicho vehículo y entregó el oficio de liberación, y en ese sentido ya cumplió al devolver la unidad a la ciudadana GONZALEZ VIDAL, quien fue la persona que demostró tener la potestad jurídica para reclamar la propiedad de ese bien mueble, aunado que el estatus legal de la carpeta de investigación, la Representación al devolver el vehículo deja de tener la disposición legal del mismo y por ende injerencia sobre su custodia o resguardo; sin embargo, los principios rectores del Ministerio Público, para marcar el derrotero de su actuación, también fungen como garantías penales, puesto que se encuentran dirigidas a preservar las libertades individuales; esto es, dentro del marco de atribuciones sus principios no sólo orientan sino también ciñen su actuación, conformando límites en defensa de los derechos de las personas y procurando su eficiencia en beneficio de la sociedad, en ese tenor, si bien es cierto que no se accede a solicitar el vehículo para que sea puesto o trasladado a los patios de la Fiscalía del Estado, también lo es, que en respeto a los derechos de la promovente, se determina solicitar mediante el oficio correspondiente al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de averiguar si existe algún impedimento para la entrega física de ese vehículo, y en su caso, reiterar la petición de que sea devuelto a su propietaria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 8 ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, emite el presente ACUERDO: PRIMERO.- No se accede a solicitar al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que el vehículo sea puesto o trasladado a los patios de la Fiscalía General del Estado, por los argumentos antes mencionados. SEGUNDO. Gírese oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de que informe si existe algún impedimento para la entrega física de su vehículo, y en su caso, reiterar la petición de que sea devuelto a su propietaria. TERCERO. Procédase a notificar al promovente, el contenido del presente acuerdo por los conductos legales que correspondan. Fundamento legal, Artículos 1 y 8 del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82, 83, 84, 86, 87, 109, 131, fracción III y XXIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales; cúmplase, así lo acordó y firma el Licenciado en Derecho OMAR ADRIAN OJEDA OJEDA, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación especializada en delitos de Narcomenudeo." Determinación esta última que constituye el acto reclamado en esta vía extraordinaria de defensa. Ahora bien, como se dijo, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa en modo alguno realizó razonamientos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, debiéndose entender éstos como la exposición de razonamientos jurídicos concretos, para poner de manifiesto que el acto reclamado es violatorio de derechos humanos. Ello a fin de que el juez de control constitucional, entre lo expuesto por el quejoso, las manifestaciones de las responsables, y con el material probatorio de autos, estuviera en condiciones de establecer si en el caso se vulneraron o no sus derechos fundamentales. En efecto, la quejosa en cuanto a los actos reclamados únicamente expresó que se violan en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1 y 8 de la Constitución Federal, pero no alude de qué manera se violan esos derechos, siendo insuficiente la simple cita de artículos constitucionales que se consideran violados y de los antecedentes del acto reclamado. Así es, los conceptos de violación deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas. La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida. Así, ante la omisión de la parte quejosa de formular conceptos de violación, este juzgado se encuentra impedido a examinar su constitucionalidad. No es obstáculo a lo anterior, lo que prevé el artículo 79 de la ley de la materia, el cual señala la figura de la suplencia de la queja deficiente, que obliga al juzgador de control constitucional a analizar el acto reclamado, sin necesidad de que la parte quejosa esté obligada a expresar conceptos de violación; ya que en el presente asunto no se encuentra en algunos de los supuestos que dicho numeral establece; de ahí que la quejosa estaba obligada a evidenciar por qué el acto de autoridad transgrede sus derechos fundamentales. En consecuencia, ante la ausencia de conceptos de violación, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, dado que no se le atribuyen vicios propios, sino únicamente en vía de consecuencia. QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública;. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 77, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MÓNICA GIZEL GONZÁLEZ VIDAL, en contra de los actos que reclama al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Narcomenudeo y al Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado mediante proveído de ocho de julio actual. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado mediante proveído de veintinueve de junio actual. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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