Monica Cerbon Rodriguez
Expediente 319/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Monica Cerbon Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Vicefiscal Especializado en Justicia para Adolescentes, por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, informa a este órgano jurisdiccional, que del estudio de las constancias que le fueran remitidas por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, se advierten hechos que por su naturaleza pudieran configurar un ilícito, por lo que se aperturó la carpeta de investigación V1-G4/000036/2022. Circunstancia de la que este Juzgado Federal se da por enterado de lo anteriormente informado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda este expediente se advierte que en proveído de quince de diciembre del año en curso, se envió exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en turno, en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, coadyuvara para llevar a cabo el emplazamiento a este juicio de la tercero interesada "Sociedad Limitada de los Activos de Gramercy", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como cesionaria de todos los derechos y acciones que le correspondían a la Institución "BBVA Bancomer", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Ahora bien mediante proveído de veintidós de febrero en curso se tuvo por recibido el oficio de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el cual refirió devolver diligenciado el exhorto con número de orden 349/2021-IV-B, y con número de origen 155/2021-IV-B, del índice de este Juzgado. Sin embargo, sólo envió vía interconexión el oficio que se recibe firmado electrónicamente de dicha comunicación oficial, pero no adjuntó al mismo las constancias relativas a la diligenciación del citado exhorto; por lo que se le solicitaron a fin de acordar lo conducente del emplazamiento antes citado, mismas que por lo reciente del requerimiento aún no se cuenta con ellas. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las ONCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, con el que realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento de la medida suspensión concedida en el presente asunto. Al respecto, dígase a la oficiante que en la suspensión concedida, se precisó que, la medida cautelar otorgada no surtiría efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Por tanto, si la autoridad oficiante considera estar en el supuesto de excepción referido, deberá remitir la documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral, a fin de que este órgano jurisdiccional pueda evaluar tal cuestión. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veinticinco de enero del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, el hecho que no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios 3379/2022-V-A y 3380/2022-V-A, dirigidos al Secretario de Salud del Gobierno de México y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ambos con sede en la Ciudad de México, ya que el mismo sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda contra los actos que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a las responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, dado el sentido de la presente determinación, dese cuenta con copia autorizada de este auto en autos del incidente de suspensión derivado de este asunto, para que se acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese y cúmplase.
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