Mónica Gallardo Hernández

Expediente 421/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
421/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • Mónica Gallardo Hernández
  • Presidente de la Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido a la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicha resolución en que sobreseyó el presente juicio de amparo promovido por ***, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del veinte de diciembre de dos mil veintiuno, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por último, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo general conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental ni existen documentos originales ofrecidos por las partes. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 23988

  2. Principal

    Por otro lado, vista las razones actuariales de fecha veintiocho de noviembre del presente año, de las que se advierte que no fue posible notificar la sentencia de veintidós de noviembre del presente año, a los terceros interesados Atondo Hurtado, Sociedad Civil y HSBC México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, por las razones que se exponen en la mismas; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento de doce septiembre de dos mil dieciséis, y se ordena notificar la sentencia de veintidós de noviembre del actual por medio de lista, así como las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo.- - SENTENCIA de 22 de noviembre de 2016 - Vistos, los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo número ***, promovido por ***, en contra del acto emitido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el doce de julio del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Baja California, residentes en Mexicali, recibido el día siguiente en este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto que enseguida se precisan: "C) AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE MEXICALI [.] D) ACTO RECLAMADO: La omisión de la responsable de hacer efectivo al banco ***, el apercibimiento de doble pago a que hace alusión el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, formulado en virtud del requerimiento efectuado mediante oficio número ***, de fecha 18 de abril de 2016, no obstante de haber fenecido el término concedido a la citada institución para cumplir con el acto que le liberara de la aplicación de tal apercibimiento." SEGUNDO. Desechamiento de demanda. Mediante auto de catorce de julio del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por ***. TERCERO. Interposición y resolución del recurso de queja. En acuerdo de veinticinco de julio siguiente, se tuvo al autorizado de la quejosa interponiendo recurso de queja en contra del primer auto en mención. En ejecutoria de fecha veinticinco de agosto del presente año, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro de la queja laboral ***, se revocó el auto de catorce de julio del año en curso, dictado por este órgano jurisdiccional. CUARTO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió la ejecutoria indicada en el párrafo anterior, y en cumplimiento a la misma, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al agente del ministerio público federal adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual tuvo lugar en el tenor del acta de once de noviembre de dos mil dieciséis; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito es competente para el conocimiento del asunto en términos de lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 y 114 de la Ley de Amparo, 48, 51 fracción I, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General número 3/2013, modificado por el diverso 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, atento a que se reclaman actos que tienen ejecución en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097, y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XI página 32, y XIX página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que ***, reclama: ? La omisión de la responsable de hacer efectivo al banco ***, el apercibimiento de doble pago a que hace alusión el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, formulado en virtud del requerimiento efectuado mediante oficio número 573/16 de fecha dieciocho de abril del presente año, dentro del expediente laboral ***. TERCERO.- Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia número XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76-Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO" CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se le atribuye a la autoridad Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, por así haberlo manifestado en su informe con justificación (foja 63), al que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la misma, por haber sido expedido por funcionario público en el desempeño de sus funciones. Cobra vigencia en lo relativo a la valoración de las documentales públicas, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados existentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o que este tribunal advierta oficiosamente, en razón de que se trata de presupuestos de orden público y de estudio preferente, conforme a la técnica del juicio de amparo, en razón de que su eventual actualización impide el estudio del fondo del presente asunto constitucional. Se cita, por su aplicabilidad, la tesis aislada sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en página 336 del tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice al rubro: "IMPROCEDENCIA, ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE" . Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En la especie, respecto al acto reclamado de oficio este Juzgador, hace notar que se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". De conformidad con el citado artículo el amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando estos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal manera que las cosas hayan vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Se cita en apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." También se cita la jurisprudencia 2ª./J 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Los efectos del acto reclamado pueden cesar cuando la autoridad que lo emitió deje de vulnerar la esfera jurídica del quejoso al detener de manera definitiva su actuar con la desaparición total de sus consecuencias, que puede estar o no acompañada con la insubsistencia misma del acto, ya que el motivo que justifica la improcedencia no solamente es la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá y que no dejó lesión alguna en los derechos fundamentales del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La causa de improcedencia en comento, está determinada por la imposibilidad de realizar el fin previsto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, a saber, lograr la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo a obligar a la responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Para acreditar que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia mencionada, es menester indicar el contexto en que se presenta el acto reclamado en esta instancia, relatando brevemente algunos antecedentes: 1) En acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral ***, en ejecución del laudo dictado el treinta de marzo de dos mil quince, se formuló al banco ***, apercibimiento en términos de lo previsto en el numeral 731 de la Ley Federal del Trabajo consistente en una multa de hasta cien veces el salario mínimo vigente en el Estado, y en su caso, arresto al titular por hasta treinta y seis horas; de igual forma se le apercibió de que se haría acreedor al doble pago, de conformidad a lo establecido por el artículo 958 del mismo ordenamiento legal (foja 80). 2) Por escrito de veinticinco de abril del año en curso, el apoderado legal de la parte actora en el juicio de origen, solicitó al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, que hiciera efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de abril de la presente anualidad (foja 83). 3) En acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, hizo efectivo únicamente el apercibimiento en términos de lo previsto en el numeral 731 de la Ley Federal del Trabajo consistente en una multa de hasta cien veces el salario mínimo vigente en el Estado (foja 84). 4) Por escrito presentado el diecisiete de mayo del presente año, el apoderado legal de la parte actora en el juicio de origen, solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento consistente en el doble pago de la cantidad embargada, decretado en auto de dieciocho de abril del año en curso (fojas 94 y 95). 5) En acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, determinó que no había lugar acordar a lo solicitado por el apoderado legal de la parte actora toda vez que ya se habían hecho efectivos los apercibimientos (foja 96). Una vez indicado el contexto en que se emitió el acto reclamado, debemos destacar que dentro del presente juicio, y una vez celebrada la audiencia constitucional, la responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali mediante oficio 1932/2016 de fecha dieciséis de noviembre del presente año, recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, acompañó copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo directo ***, relacionado con el amparo ***, por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, el veinte de octubre de la presente anualidad (fojas 105 a 123). De dicha ejecutoria se desprende que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***, aquí tercero interesado, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, deje insubsistente el laudo dictado en el expediente laboral ***, y emita otro, en el que con relación al valor de la prueba pericial, funde y motive tal determinación en términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, para que aborde el estudio de la prueba testimonial a cargo de *** y haga relación de ella con el diverso testimonio rendido por ***, en el que haga un análisis de dichas probanzas pormenorizadamente con expresión de las razones que tenga en cuenta para llegar a la conclusión respectiva, y resuelva lo procedente. De esa forma, la omisión reclamada en el presente juicio por la parte quejosa consistente en hacer efectivo al banco ***, el apercibimiento de doble pago a que hace alusión el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, formulado en virtud del requerimiento efectuado mediante oficio número 573/16 de fecha dieciocho de abril del presente año, dentro del expediente laboral ***, es un acto de ejecución del laudo dictado en ***. De esta forma, si los efectos de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo directo ***, relacionado con el amparo ***, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, implican que se deje sin efectos el multicitado laudo y en su lugar se emita otro, es claro que por un efecto lógico y jurídico, deben quedar sin efectos los actos que hubiere emitido la responsable en la ejecución del laudo, entre los que se encuentra el acto reclamado en la presente instancia constitucional, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación que esgrime la quejosa, pues desapareció lo que afectaba su esfera jurídica sin dejar rastro alguno. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer el juicio de amparo en términos del numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal. Corolario a lo anterior, respecto al sobreseimiento en el juicio decretado, cabe indicar que el establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" . En efecto, aunque es verdad que las recientes reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" . Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" . Así las cosas, este juzgador está impedido para analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaria supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa ****, contra los actos que reclamó a la autoridad responsable y por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la Secretaria de Juzgado supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. En cumplimiento a la presente resolución, se gira el oficio siguiente: 22666.

  3. Principal

    Determinación de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Notificación Personal.

  4. Principal

    Se celebra audiencia constitucional.

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