Mónica Calderón Huerta

Expediente 1209/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1209/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Mónica Calderón Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el que se le dio vista para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al cumplimiento de la ejecutoria informado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario de su adscripción, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Por consiguiente, al haber transcurrido el plazo concedido, sin que la parte quejosa haya desahogado la vista otorgada, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de cumplir con la sentencia, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario de su adscripción, mediante comunicado de diecisiete de marzo del año que cursa, remitieron copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 1206/2021-1B. Por tanto, se advierte que las responsables cumplieron con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, motivo por el cual debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido.

  2. Principal

    Agréguese el oficio que remiten el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario de su adscripción, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en proveído de diez de marzo en curso, adjuntan copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, desahogada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 1206/2021-1B. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, mediante el cual adjunta copia certificada del auto dictado el veintiocho de febrero en curso, en el expediente laboral 1206/2021-1B, del que se advierte que no se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en virtud de que los demandados no se encontraban legalmente emplazados, y señaló nuevamente las once horas con treinta minutos del dieciséis de marzo en curso, para el desahogo de la misma en el juicio laboral de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días siguientes posteriores al dieciséis de marzo en curso, informe a este juzgado si se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio de origen, y remita las constancias relativas. De igual forma, requiérase a la autoridad señalada como responsable Actuario adscrito a la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de que lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen y remita copia certificada de las constancias relativas. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo otorgado, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por CIEN, de conformidad con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo 5° del Decreto por lo que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Misma multa que deberá cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo, haciéndole saber que el delito previsto en el último numeral mencionado, está sancionado con pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Del mismo modo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, y 194, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene dar de inmediato cumplimiento al fallo protector; haciéndole del conocimiento que en su carácter de superior jerárquico se encuentra obligado a conminar a éstas a dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento de que, en caso de no demostrar dentro del término de tres días que dio la orden referida, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, 193, 194 y 258, todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente al superior jerárquico de que se trata, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo 5° del Decreto por lo que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos, aunado a que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad obligada a dar cumplimiento al fallo protector, conforme a los citados preceptos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente.

  4. Principal

    Agréguese el oficio que envía el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, mediante el cual, hace la aclaración que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se encontraba señalada para el veintiocho de febrero del año en curso, y no como había sido indicado con anterioridad (dieciocho de febrero del presente año), y para tal efecto remite copia certificada de las constancias relativas al expediente laboral 1206/2021-1B de su índice, de las que se aprecia tal circunstancia. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, informe a este juzgado si se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 1206/2021-1B, programada para el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, y remita las constancias relativas. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo otorgado, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por CIEN, de conformidad con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo 5° del Decreto por lo que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Misma multa que deberá cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo, haciéndole saber que el delito previsto en el último numeral mencionado, está sancionado con pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del mismo modo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, y 194, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene dar de inmediato cumplimiento al fallo protector; haciéndole del conocimiento que en su carácter de superior jerárquico se encuentra obligado a conminar a ésta a dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento de que, en caso de no demostrar dentro del término de tres días que dio la orden referida, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, 193, 194 y 258, todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente al superior jerárquico de que se trata, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo 5° del Decreto por lo que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos, aunado a que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad obligada a dar cumplimiento al fallo protector, conforme a los citados preceptos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."

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