Mónica Gabriela Villegas Bañuelos
Expediente 274/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Mónica Gabriela Villegas Bañuelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto el estado de los autos, y por ser oportuno se procede a hacer la calificativa acerca de si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. La quejosa, en esta vía constitucional, reclamó: La negativa de canalizar y valorar su padecimiento médico por el Departamento de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el otorgamiento de la pensión sobre dicho padecimiento de salud amerita. La protección constitucional se le concedió al impetrante para el efecto de que: ( Seguir otorgando la atención médica adecuada para su padecimiento. 1. Notificarle una respuesta por escrito, fundada y motivada con base en los análisis y consultas médicas, el resultado de los análisis y diagnósticos. 2. En su caso, le notificarán por escrito de manera fundada y motivada el tratamiento que le realizarán con relación a aquéllos padecimientos que lo requieran y le proporcionarán los medicamentos requeridos. Al respecto, el Encargado de la Dirección del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, al informar sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, a través de escrito recibido en este juzgado el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, remitió copia certificada de documentales referentes al dictamen y valoración de la paciente aquí quejosa, las cuales consistieron en copias certificadas de: Conclusión final de valoración por la jefatura CEST HGR. no. 1, Culiacán, Sinaloa. Oficio de quince de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Director del H. G. Z., número 49, con sede en esta ciudad. Notificación a la aquí quejosa del dictamen de quince de diciembre de dos mil veinte. De esas documentales se advierte que a la quejosa se le ha proporcionado la atención médica en relación a su padecimiento, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte se recibió informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria, del Director del Hospital General de Zona número 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta Ciudad, a través del cual expresó, en lo que interesa, que la quejosa VILLEGAS BAÑUELOS MONICA GABRIELA, conto con cita de valoración en el servicio de Salud en el Trabajo el pasado veinticinco de agosto de dos mil veinte a las ocho horas en el Hospital General de Zona número 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a la cual acudió; y se complementó con estudios de gabinete y valoración por la CEST HGZ 1 Culiacán, Sinaloa el pasado veintitrés de noviembre de dos mil veinte y anexó copia certificada de los mismos. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se presentó ocurso del Encargado de la Dirección del Hospital General de Zona Número 49, mediante el cual informó: Que se practicó valoración de la paciente, aquí quejosa, por Salud en el Trabajo el veinticinco de agosto de dos mil veinte, a la cual acudió; y se complementó con estudios de gabinete y valoración por la CEST HGZ 1 Culiacán, Sinaloa el pasado veintitrés de noviembre de dos mil veinte. En la valoración integral del caso donde se consideró valoraciones por las especialidades de MEDICINA DEL TRABAJO, Traumatología y ORTOPEDIA y valoración por la Jefatura CEST se concluye que no existe un estado de invalidez, emitiendo dictamen folio 426201081. Lo cual le fue notificado a la quejosa por conducto de su autorizado legal el dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables llevaran a cabo lo necesario para que recibiera el quejoso la atención médica en relación al padecimiento de lumbociatalgia por hernias discales, así como notificarle del resultado de los análisis y diagnósticos, tendentes a determinar si requiere o no tratamiento médico a cargo de especialistas respecto del padecimiento señalado, y sobre el tratamiento que le realizarán respecto a los padecimientos que lo requieran y le proporcionarán los medicamentos requeridos. Y como se vio, las responsables realizaron las acciones tendentes a ello, lo que se aprecia de las citas y valoraciones médicas de la aquí quejosa, y fue notificada de los dictámenes médicos o resultados, por lo que ESTE JUZGADOR CONSIDERA QUE DEBE DE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, por lo que así se declara para todos los efectos legales, y se ha restituido a la quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el doctor Enrique Romero en su carácter de Subdirector Administrativo y en ausencia del Director del Hospital General de Zona número 49, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo solicitado en los oficios 1739-4A y 1740-4A de nuestro índice, informa que la quejosa ********************, contó con cita de valoración en el Servicio de Salud en el Trabajo el veinticinco de agosto de dos mil veinte, lo cual se complementó con estudios de gabinete y valoración por la CEST HGZ 1 Culiacán, Sinaloa, el pasado veintitrés de noviembre, valoración integral donde se consideraron valoraciones por especialistas de Medicina del Trabajo, Traumatología y Ortopedia y valoración por la Jefatura CEST, en la que se concluyó que no existe estado de invalidez, emitiéndose dictamen folio ********************, lo cual fue notificado a la aquí quejosa. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades responsables no han otorgado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que a la fecha no han informado a este juzgado el cumplimiento a la misma o el impedimento legal o material que tuvieren para no dar cumplimiento a la misma. En esa virtud, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Coordinador Clínico del Departamento de Salud en el Trabajo con adscripción en el Hospital General de Zona Número 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo y remitan las constancias certificadas respectivas o en su caso, manifiesten el impedimento legal o material que para ello tuvieren. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: Seguir otorgando la atención médica adecuada para su padecimiento. Notificarle una respuesta por escrito, fundada y motivada con base en los análisis y consultas médicas, el resultado de los análisis y diagnósticos. En su caso, le notificarán por escrito de manera fundada y motivada el tratamiento que le realizarán con relación a aquéllos padecimientos que lo requieran y le proporcionarán los medicamentos requeridos. Por último, se apercibe a las citadas autoridades responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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