Mishael Batiz López

Expediente 539/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
539/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Mishael Batiz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MISHAEL BÁTIZ LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LOS TRABAJADORES- PARTE ACTORA EN EL JUICIO J.E.NO.3-01-17/2021, EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE:Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de siete de enero del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la parte quejosa mediante lista publicada el catorce de enero del año en curso; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso Mishael Batiz López en su carácter de apoderado legal de los trabajadores- parte actora en el juicio J.E.No.3-01-17/2021-, la protección constitucional contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, consistente en la omisión de dictar el laudo respectivo en el expediente laboral número J.E.No.3-01-17/202 de origen, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano de administración de justicia pronta y completa dentro de los plazos previstos por la ley, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el siete de enero del presente año, al no ser recurrida por las partes. Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, una vez que causara ejecutoria el fallo protector, de manera inmediata dictara el laudo correspondiente en el expediente laboral J.E.No.3-01- 17/2021 de origen. Por su parte, mediante oficio presentado el cinco de enero del año en curso, los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, remitieron copia certificada del laudo emitido en el expediente laboral J.E.No.3-01-17/2021 de origen. Por tanto, mediante auto de siete de enero del año en curso, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por la junta laboral responsable para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la Junta responsable dictara el laudo correspondiente en el expediente laboral J.E.No.3-01-17/2021 de su índice, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Finalmente, visto el oficio de cuenta, suscrito por el Administrador Postal de Correos Servicio Postal Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en esta ciudad, mediante el ??????????????? cual en cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado, informa que las piezas registradas con los números 81201111034642, 81201111034643 y 81201111034644, -que contienen los oficios 14345/2021, 14346/2021 y 14347/2021 de nuestro índice-, con los cuales se remitió a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, fueron entregados de conformidad; agréguese a los autos, sin que haya lugar a acordar al respecto, toda vez que el pasado siete de enero, causó ejecutoria la referida sentencia.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de siete de enero del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la parte quejosa mediante lista publicada el catorce de enero del año en curso; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso Mishael Batiz López en su carácter de apoderado legal de los trabajadores-parte actora en el juicio J.E.No.3-01-17/2021-, la protección constitucional contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, consistente en la omisión de dictar el laudo respectivo en el expediente laboral número J.E.No.3-01-17/202 de origen, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano de administración de justicia pronta y completa dentro de los plazos previstos por la ley, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el siete de enero del presente año, al no ser recurrida por las partes. Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, una vez que causara ejecutoria el fallo protector, de manera inmediata dictara el laudo correspondiente en el expediente laboral J.E.No.3-01-17/2021 de origen. Por su parte, mediante oficio presentado el cinco de enero del año en curso, los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, remitieron copia certificada del laudo emitido en el expediente laboral J.E.No.3-01-17/2021 de origen. Por tanto, mediante auto de siete de enero del año en curso, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por la junta laboral responsable para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la Junta responsable dictara el laudo correspondiente en el expediente laboral J.E.No.3-01-17/2021 de su índice, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Finalmente, visto el oficio de cuenta, suscrito por el Administrador Postal de Correos Servicio Postal Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado, informa que las piezas registradas con los números 81201111034642, 81201111034643 y 81201111034644, -que contienen los oficios 14345/2021, 14346/2021 y 14347/2021 de nuestro índice-, con los cuales se remitió a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, fueron entregados de conformidad; agréguese a los autos, sin que haya lugar a acordar al respecto, toda vez que el pasado siete de enero, causó ejecutoria la referida sentencia.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, siete de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, mediante el cual informan el cumplimiento otorgado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y remiten documentales para sustentarlo; agréguense a los autos. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte precisamente de la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Mishael Batiz López, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, así como del Presidente y Secretario de la misma; por tanto, con fundamento en los numerales 2o., 86 y 192, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 356, fracción II, del Código Federal de procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la Materia, en términos de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentren agregadas las constancias postales con la que se acredite que las autoridades responsables, se encuentran notificadas respecto a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; sin embargo, resulta innecesario ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, máxime que del propio oficio de cuenta se advierte que las mismas recibieron copia de la sentencia dictada en autos. Ahora bien, no es el caso, requerir a las autoridades responsables señaladas, por el cumplimiento de la sentencia, en razón de que con el oficio de cuenta, y sus anexos, se advierte el cumplimiento dado a la misma. Por lo tanto, dese vista al quejoso con el oficio de cuenta y sus anexos, a fin de que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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