Mónica Gabriela Arnauda Gómez

Expediente 1359/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1359/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Mónica Gabriela Arnauda Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos y Ejecutoria Visto el estado procesal de los autos, en especial la certificación de cuenta, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Requerimiento de cumplimiento En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se le notifique la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta fundada y motivada, respecto del escrito de aceptación de pensión presentado por la parte quejosa el once de julio de dos mil veintitrés; asimismo, de ser procedente, deberá emitir el calendario de pagos, a efecto de que la parte quejosa pueda recibirlos, conforme a lo emitido en el dictamen de pensión en el que se determinó que tiene ese derecho; y Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud a la parte quejosa. Sin que el contenido o sentido de dicha determinación, ni actuaciones subsecuentes, sean objeto de análisis en el presente juicio.". Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa a la persona física que ostente el cargo de su titular, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los citados numerales; también se les apercibe que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. escrito Por otro lado, agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito supuestamente promovido por ********************; lo anterior, en virtud de que la firma que calza el escrito de cuenta no es de la promovente y/o alguno de sus autorizados; circunstancia que lleva a determinar que no existe voluntad de la quejosa para promover; de ahí que se acuerde en los términos precisados. Finalmente, agréguese el escrito de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta que se tenga por cumplida la sentencia de amparo, y se ordene el archivo definitivo, porque a la fecha la autoridad responsable ya ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y refiere que anexa el oficio de dictamen; atento a lo anterior, dígase que una vez que se tenga conocimiento por parte de la autoridad responsable de dicho acontecimiento, se acordara lo que en derecho corresponda, pues este juzgado no tiene tal certeza; además, porque la quejosa no anexó el oficio que refiere. +

  2. Principal

    Acta de Audiencia Constitucional En Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta y seis minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1359/2023-IV; *** R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el último considerando de esta resolución. ****

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Informe Justificado Intégrese el oficio signado electrónicamente por el representante legal de la autoridad responsable, a través del cual, rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Delegados y Domicilio Con fundamento en los ordinales 9° y 28, fracción I, de la ley de la materia se tienen como delegados y domicilio procesal de la autoridad responsable los señalados en la misiva de cuenta. Acceso al expediente electrónico Asimismo, se autoriza la consulta del juicio en su versión electrónica a los usuarios "********************" y "******************** por encontrarse registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la autoridad pueda acceder al expediente electrónico. ***

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de septiembre de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención Intégrese el escrito de la parte quejosa a través del cual, desahoga la prevención de cuatro de septiembre del año en curso, y manifiesta que es su deseo señalar como autoridad responsable al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Desechamiento parcial Bajo ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. De quienes sustancialmente reclama: La omisión de dar contestación a su escrito de dieciséis de junio de dos mil veintitrés; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión. Sentado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el suscrito advierte la actualización de la contendida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ** II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. *** La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "autoridades para efectos del juicio de amparo. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En este orden de ideas, es importante señalar que dada la naturaleza del acto reclamado (omisión de dar contestación a su escrito de dieciséis de junio de dos mil veintitrés; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión), no son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y el Director General del citado Instituto, pues carecen de facultades para dar contestación al escrito de aceptación de pensión que solicita la parte quejosa; ya que, en términos del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, solo el Departamento de Pensiones tiene las facultades para dar contestación respecto al pago de los derechos que han sido reconocidos en los dictámenes de pensión correspondientes, emitidos por el Comité de ese Instituto, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos legalmente establecidos, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento legal en cita y demás legislaciones aplicables. En ese sentido, dado que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y el Director General del citado Instituto, no cuentan con las facultades para atender la petición de la parte quejosa; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de dichas autoridades. Admisión Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, admítase la demanda de amparo únicamente respecto de la autoridad responsable: Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Incidente de Suspensión Por no haberse solicitado, no se tramita el incidente de suspensión. Ministerio Público Federal Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, por lo que se deja a disposición copia de la demanda y desahogo de prevención en la sección de actuaría. Audiencia Constitucional Se fijan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de la responsable mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. Requerimiento a la Autoridad Responsable Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional, con el apercibimiento que de ser omisa, se impondrá una multa a su titular de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, tomando en cuenta que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una violación al artículo 8º constitucional, merced a que se reclama la omisión de dar contestación a su escrito de dieciséis de junio de dos mil veintitrés; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión; requiérase a la responsable, para que en el momento de rendir su informe justificado haga del conocimiento el estado procesal del trámite solicitado y, en caso de ya haber realizado el acto aquí reclamado, lo remita a este juzgado en copia certificada; o en su defecto, al proveer sobre el oficio que recaiga a esta determinación, realice las gestiones necesarias a fin de acordar lo conducente respecto del acto que se combate y envíen dicha actuación a este juzgado en copia certificada, o manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello; lo anterior a fin de cumplir con el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que, de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley de la materia, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; asimismo, se solicita que haga saber la existencia de amparos promovidos previamente por la parte quejosa, para lo cual deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; en caso de no hacerlo, se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. Pruebas La parte quejosa ofrece como pruebas las siguientes: Documental pública que resulte del expediente iniciado por la solicitud de pago de pensión hecha por la parte quejosa. Copia simple de la solicitud de pago de pensión de dieciséis de junio de dos mil veintitrés; La instrumental pública de actuaciones; y, La presuncional en su doble aspecto legal y humano. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las probanzas marcadas con arábigos 2, 3 y 4, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Por lo que respecta al medio de convicción marcando con el número 1, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto la responsable rinda su informe justificado o transcurra el plazo concedido para tal efecto. ***

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