Mónica Elisa Girón Sánchez y Otros.

Expediente 188/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
188/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Mónica Elisa Girón Sánchez
  • Mónica Elisa Girón Sánchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de abril de dos mil veintiuno. DESAHOGA PREVENCIÓN Agréguese el escrito de Mónica E***, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada E. A. G. G. y J. P. G. G.; por el cual desahoga la prevención realizada en auto de veintitrés de marzo anterior; por tanto, téngase a la promovente dando cumplimiento al proveído de mérito y provéase lo que en derecho corresponda. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS La parte quejosa reclama: De la Delegación del Estado de México y de la Subdelegación de Administración de la Delegación del Estado de México, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La orden emitida el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la cual dispuso que a partir del día uno de marzo de la presente anualidad se suspendía el rol de guardias y en su lugar se reanudaba el horario habitual laboral, a saber, de lunes a viernes en un horario de las 9:00 horas a las 15:30 horas, así como su implementación el uno de marzo del año en curso. La orden de comenzar a rotar turnos de forma semanal, a través de la cual la quejosa tendrá que laborar algunas semanas de lunes a viernes en un horario de las 14:00 a las 20:00 horas, así como su implementación. Asimismo, de las siguientes autoridades, reclama: Dirección General del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Dirección de Normatividad de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Director Normativo de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Director Normativo y de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Delegación del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que también se denomina como Delegación Estatal del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Subdelegación de Administración de la Delegación del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que también se denomina como Subdelegación de Administración de la Delegación Estatal del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La omisión de dictar e implementar medidas que garanticen que las madres y padres con hijos menores post-lactantes y en edad escolar, realicen sus actividades laborales en condiciones dignas, sin ser discriminados por motivo de género. Así como la omisión de garantizar el interés superior del menor de los hijos de los trabajadores de las autoridades responsables, que no tengan edad para cuidarse a sí mismos mientras los padres se encuentran laborando. DESECHAMIENTO Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, es pertinente precisar que los actos materia de este asunto, esencialmente, consisten en las acciones por parte de las responsable para que la quejosa regrese a trabar en sus horarios habituales, a saber de lunes a viernes de nueve a quince treinta horas. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 1º y 5º, fracción II de la invocada Ley, pues en el caso, el citado acto reclamado se atribuye a las siguientes autoridades: Dirección General del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Dirección de Normatividad de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Director Normativo de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Director Normativo y de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que también se denomina como Delegación Estatal del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, Subdelegación de Administración de la Delegación del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que también se denomina como Subdelegación de Administración de la Delegación Estatal del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Autoridades quienes no tienen el carácter de responsables para efectos del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, es necesario precisar que los citados artículos establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: - - - I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y - - - III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: - - - II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. - - - La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. - - - La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. - - - La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales antes reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos -u omisiones- que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Aquello es así, porque el preindicado artículo 1° del citado ordenamiento legal, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; de ahí que, lo anterior -interpretado a contrario sensu- se reduce al hecho de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de una autoridad; por tanto, el artículo 5°, fracción II, que define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, y la fracción XXIII del artículo 61, del mencionado ordenamiento jurídico, que refiere la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de la propia Ley de Amparo, resulta incuestionable que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos u omisiones que no son considerados de autoridad para efectos de aquél. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable, para efectos del juicio constitucional, es aquella que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, que omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas; asimismo, los particulares tienen calidad de autoridad responsable, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad que afectan derechos fundamentales, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En abundamiento, es conveniente citar que la palabra "autoridad" proviene del vocablo "auctoritate", cuyo significado se traduce al derecho o poder de mandar, regir y/o gobernar, en otras palabras, es el poder de imponer obediencia. Con motivo de lo anterior, el concepto de autoridad se entendía como la capacidad de utilizar la fuerza pública para interponer determinaciones unilaterales; sin embargo, esa definición se ha ido ampliando a través del tiempo, debido al nacimiento de autoridades administrativas y a la complejidad de las relaciones jurídicas entre éstas y los particulares. Entonces, para dilucidar aún más la causa de improcedencia en estudio, es necesario precisar, además, que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de observancia obligatoria para este juzgador, en términos de lo prescrito en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía y por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J. 103/2011 establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 754 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de 2011, Novena Época, materia común (con registro 161047), que refiere: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga." Ahora, de los artículos transcritos con antelación se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen derechos humanos, y por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo el rasgo distintivo del acto de autoridad la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Esto es, en la vida de cualquier Estado o sociedad existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra a subordinación. Los dos primeros tipos de relaciones mencionadas, reconocen siempre un vínculo igualitario o de paridad formal entre sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí). Las relaciones de supra a subordinación, surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos por un lado, y el gobernado, por otro; en éstas, la persona moral estatal y sus órganos desempeñan frente al particular la actividad soberana o de imperio, o sea, actos autoritarios propiamente dichos, que tienen como atributos esenciales la unilateralidad (no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita), la imperatividad (la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes) y la coercitividad (implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado). Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. Sentado lo precedente, debe destacarse que, en la especie, la promovente de amparo reclama: De la Delegación del Estado de México y de la Subdelegación de Administración de la Delegación del Estado de México, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La orden emitida el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la cual dispuso que a partir del día uno de marzo de la presente anualidad se suspendía el rol de guardias y en su lugar se reanudaba el horario habitual laboral, a saber, de lunes a viernes en un horario de las 9:00 horas a las 15:30 horas, así como su implementación el uno de marzo del año en curso. La orden de comenzar a rotar turnos de forma semanal, a través de la cual la quejosa tendrá que laborar algunas semanas de lunes a viernes en un horario de las 14:00 a las 20:00 horas, así como su implementación. Asimismo, de las siguientes autoridades, reclama: Dirección General del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Dirección de Normatividad de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Director Normativo de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Director Normativo y de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Delegación del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que también se denomina como Delegación Estatal del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Subdelegación de Administración de la Delegación del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que también se denomina como Subdelegación de Administración de la Delegación Estatal del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La omisión de dictar e implementar medidas que garanticen que las madres y padres con hijos menores post-lactantes y en edad escolar, realicen sus actividades laborales en condiciones dignas, sin ser discriminados por motivo de género. Así como la omisión de garantizar el interés superior del menor de los hijos de los trabajadores de las autoridades responsables, que no tengan edad para cuidarse a sí mismos mientras los padres se encuentran laborando. Circunstancia que evidencia que tal acto no emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo; por tanto, no puede considerarse como un acto de autoridad. En ese orden de ideas, resulta claro que, no es un acto emanado de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente laboral; ya que deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador que existe entre la promovente y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual se entabla entre particulares; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Bajo esa óptica, es evidente que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, con los mismos, únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder, para el impetrante de amparo, exclusivamente en al ámbito laboral, habida cuenta que la cuestión en controversia deriva de la relación de trabajo que existe entre la trabajadora y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; pues el acto reclamado incide en las acciones previas para que la quejosa regrese a trabar en sus horarios habituales, a saber de lunes a viernes de nueve a quince treinta horas. Esto es, con independencia de que el acto reclamado pudiese resultar legal o ilegal, es claro que éste fue emitido por la Delegación del Estado de México y la Subdelegación de Administración de la Delegación del Estado de México, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en una relación laboral existente entre éstos y la quejosa, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, y no en un ámbito de supra a subordinación; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En consecuencia, es evidente que la citada institución no actuó como autoridad -para los efectos del juicio de amparo-, de tal manera que sus actos no pueden ser impugnados a través del juicio de amparo, sino en todo caso, si la impetrante considera lesionados sus derechos con motivo de tales acciones, podrán acudir en defensa de los mismos mediante las instancias laborales ordinarias que le permitan controvertir los actos patronales que estime lesivos de sus derechos de trabajo. Es aplicable en lo conducente la Tesis Aislada XXI.1o.90 L, que aprobó el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la Página 1022, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época Materia Laboral, con el registro 183939, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS DICTADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL SER EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL. El auto que ordena la notificación al trabajador de la rescisión de la relación laboral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, penúltimo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, así como su ejecución, son actos emitidos en un procedimiento paraprocesal, en el cual no se resuelve jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas ni existe juicio propiamente dicho, toda vez que el único objeto del aludido procedimiento, en el caso, es notificar la determinación de la rescisión laboral, de manera tal que el trabajador pueda defenderse en el juicio correspondiente; razón por la cual dichos actos no pueden ser analizados en amparo indirecto, porque al no ser definitivos no causan perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que la violación a las garantías derivará, en todo caso, del juicio laboral que se promueva ante la autoridad correspondiente, que es donde se estudiará la legalidad o ilegalidad de la rescisión de la relación laboral; de ahí la improcedencia del juicio en los términos de la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, se aplica en lo conducente, la tesis aislada XV.5o.3 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1500, del Tomo II, Libro 4, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006034, que establece: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque, se reitera, las autoridades aquí señaladas como responsables actúan en una relación laboral de igualdad entre la parte quejosa y las mismas a quienes se les atribuye el acto reclamado. De ahí que la improcedencia en estudio, radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la omisión que se combate, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación; además de que no escapa a la atención del suscrito, el hecho de que el quejoso tiene una extensa gama de instrumentos legales para defender la asunto que en esta vía combate. Apoya lo anterior, por igualdad de razón la Jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, del de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación" (Época: Décima Época, Registro: 2011343, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.), Página: 1956). Por último, es oportuno señalar que la solicitante del amparo no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción de los servidores públicos que se encuentran legitimados para promover juicio de amparo indirecto contra la determinación de separación de cargo, pues no se ubica en los supuestos que para el caso establece el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, como son los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. Asimismo, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, ya que al no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Del primer precepto se desprenden que la presentación de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas hipótesis que contempla dicho numeral como son: (1) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días; (2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; (3) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; (4) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo; excepciones que no se actualizan en el presente caso, ya que según los antecedentes que constituyen los actos u omisiones del acto reclamado. Asimismo, en el diverso precepto legal citado se establecen diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: a) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. La tercera de las hipótesis de las señaladas por el numeral 17 de la materia, es la que se actualiza en el caso concreto, en razón de que la impetrante de amparo en relación al acto reclamado que aquí se analiza, promovió la demanda de amparo en forma extemporánea, por las siguientes razones: La quejosa arguyó "bajo protesta de decir verdad" que el día veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento de un mensaje de texto enviado por la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, por medio del cual se le hizo saber el acto reclamado, a saber, la orden de presentarse a laborar en condiciones normales a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". Por lo que, a la fecha en que se presentó la demanda ya transcurrieron más de quince días, pues fue presentada hasta el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; en consecuencia, resulta evidente que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se promovió en forma extemporánea. No se soslaya el hecho de que la quejosa haya pretendido presentar su escrito de demanda ante el Juzgado de Turno correspondiente a la semana del quince al veintiuno de marzo del año en curso, ya que del sello de recepción se advierte que fue presentado ante dicho órgano a las 08:44 horas del dieciocho de marzo del año en curso, lo cual crea incertidumbre a este órgano jurisdiccional, ya que el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, iniciaba su turno, a partir de la quince horas, ya que a la hora que se aduce se recibió se encontraba trabajando la oficina de correspondencia común; por lo que su presentación ante un órgano jurisdiccional erróneo no interrumpe el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". De ahí que, se estime que el plazo para presentar demanda de amparo contra el acto que se analiza, comenzó a transcurrir a partir del día siguiente a aquél en el que se dio a conocer el acto reclamado. Por tales motivos, al haberse actualizado las causas de improcedencia previstas en la fracción el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 1º y 5º, fracción II de la invocada Ley y la diversa fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Mónica Elisa Girón Sánchez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada E. A. G. G. y J. P. G. G..

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Visto el oficio remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, por medio del cual remite la demanda de amparo que recibió la Secretaria encargada de la guardia de ese juzgado federal, interpuesta por ***, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada E. A. G. G. y J. P. G. G.; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese como demanda de amparo bajo el número 188/2021-II-C. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV y V, en relación con el diverso numeral 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, se previene a la quejosa ***para que dentro del término de cinco días, realice lo siguiente: 1. Precise el acto reclamado que le atribuye a cada autoridad, ya que si bien la parte quejosa señaló como autoridades responsables las siguientes: * Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. * Dirección de Normatividad de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. * Director Normativo de Salud del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado *Director Normativo de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. * Delegado del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. * Subdelegación de Administración de la Delegación del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Cierto es también que señaló como actos reclamados: A) La orden emitida el 24 de febrero de 2021, realizada mediante la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp a través de la que se dispuso que a partir del lunes 01 de marzo de 2021, se suspendía el rol de guardias para el área en la que laboro. - - - B) La orden de comenzar a rotar turnos de forma semanal. - - - C) La omisión de dictar medidas. Sin embargo, no se advierte el vínculo entre cada acto reclamado con cada autoridad responsable. Es por ello que deberá precisar las autoridades a las que les atribuye los actos reclamados. 2. Por otra parte, "bajo protesta de decir verdad", como parte de los antecedentes de los actos reclamados, deberá manifestar a qué dependencia está adscrita y cuáles son sus funciones a desempeñar, toda vez que solo se limita a señalar que sus funciones laborales son administrativas. Además deberá indicar si es perteneciente a uno de los grupos catalogados como de personas vulnerables, acorde con los criterios emitidos por las Secretarías de Salud, y de Trabajo y Previsión Social, para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por el virus SARS COVID-19, en la apertura de actividades económicas en los centros de trabajo. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con la prevención formulada dentro del plazo señalado para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 30 de la ley de la materia, se tiene el usuario alan302 señalado en el proemio de su demanda, a fin de oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. AUTORIZADO Por otra parte, en relación a la persona que designa como autorizado; dígase que este se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN En cumplimiento al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, se tiene a la citada parte señalando el número telefónico (722) 5383864, asimismo, aportando el correo electrónico macmengoor@gmail.com, para establecer contacto con mayor prontitud y entáblese comunicación con dicha parte. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos.

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