Mónica Fernández Ramos

Expediente 195/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
195/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Mónica Fernández Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de abril de dos mil veintidós. Solicita devolución de documentos. Agréguese el escrito signado por la quejosa Mónica Fernández Ramos mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda; en consecuencia, dígase a la promovente que mediante auto de seis de abril de dos mil veintidós, se acordó la devolución de los documentos, precisando el procedimiento para su recepción, por lo que deberá estarse a dicho auto. Finalmente, se tiene por autorizado para que los reciba a las personas que señala, previa razón de entrega que se agregue a los autos para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de seis de abril de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, seis de abril de dos mil veintidós. Causa estado auto de desechamiento y archivo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mónica Fernández Ramos; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de siete de marzo de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, siete de marzo de dos mil veintidós. Cumple prevención Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Mónica Fernández Ramos, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós. De la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa señala como actos reclamados: Desechamiento Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En efecto, con relación a los actos reclamados que formula la parte quejosa, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, del propio ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.).". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.).". De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el procedimiento judicial como parte en sentido material. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación simple, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que sea parte formal en el procedimiento. b) Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, sin embargo, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño por equiparación simple, no basta con que el emplazamiento se realice de forma defectuosa, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues, de lo contrario, la parte demandada que se ostente como tercero extraño deberá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer los recursos legales ordinarios que resulten procedentes. De lo anterior se concluye que la persona que, ostentándose como tercera extraña a juicio por equiparación simple, tiene conocimiento del juicio natural -en el que aún no se haya dictado sentencia ejecutoriada-, no podrá tener tal carácter, pues como consecuencia de dicho conocimiento estará en posibilidad de hacer valer todos los mecanismos ordinarios de defensa legalmente previstos para defenderse, resultando en consecuencia improcedente el juicio de amparo indirecto; aunado a que, como ya se señaló, en tanto no se haya emitido sentencia definitiva en el juicio natural, no puede actualizarse la institución de referencia. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierten algunos antecedentes del acto reclamado, consistentes en: El diez de febrero de dos mil veintidós la parte quejosa, solicitó ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, un certificado de libertad de gravamen respecto del inmueble denominado "Solar Urbano", con sello registral RP38PK-27HA43-JM82M4, con folio real TL42-C7P9-FD8H-3E4Z, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. El diecisiete de febrero del año en curso, compareció ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, a recoger el certificado de libertad de gravamen que solicitó, del que aduce advirtió que tiene una anotación marginal, en cumplimiento al auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, respecto del bien inmueble identificado como totalidad del solar urbano, identificado como lote número quince, de la manzana quince, de la zona uno, de San José Xicoténcatl, Municipio de Huamantla, Tlaxcala, derivado del expediente 233/2021, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, relativo al juicio de usucapión. En la misma data diecisiete de febrero del presente año, compareció ante el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, y consultó el referido expediente, del cual observó los datos siguientes: El treinta de agosto de dos mil veintiuno, Sergio Loaiza Montes, promovió juicio de usucapión en contra de Juan Carlos Calderón López y Mónica Fernández Ramos, radicado ante el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, el cual fue admitido al treinta y uno de agosto siguiente, se ordenó emplazar a los demandados y se concedió la anotación marginal solicitada por el actor en el juicio de origen. Posteriormente, refiere la parte quejosa que, la Diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, pretendió correrle traslado con las copias de la demanda y emplazarla al juicio 233/2021, de su índice, en el que consta un acta de emplazamiento de uno de diciembre de dos mil veintiuno, además, que dicha fedataria pública se constituyó en el domicilio de la quejosa, que señaló el actor en el juicio de origen. Además, la parte quejosa refirió en su escrito aclaratorio que el expediente 233/2021, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, relativo al juicio de usucapión, se encuentra en trámite y que la última actuación es precisamente los emplazamientos realizados a los demandados. Sentado lo anterior, como se advierte de los citados antecedentes, resulta evidente que en dicho sumario no se ha dictado sentencia definitiva, razón suficiente para concluir que en la especie no se actualiza la institución de tercero extraño a juicio por equiparación que genere la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, como ya se ha dicho, para que pueda considerarse tercera extraña a la solicitante de amparo, es necesario que en el procedimiento en el cual pretende ser llamada exista resolución definitiva, pues, de lo contrario, se estaría en posibilidad de comparecer al procedimiento para oponer las defensas que su caso sean procedentes. Encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), Décima Época, registro digital 2000293, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, del Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". De lo anterior se evidencia que la promovente carece de la calidad de tercera extraña, pues dado que aún no se ha dictado sentencia en el juicio natural, y tomando en cuenta que ya tiene pleno conocimiento de la existencia del mismo, aún puede defender sus intereses; además está en aptitud de interponer los medios de defensa ordinarios para el caso de que considere que se le ha violado alguno de sus derechos, respecto de la omisión de realizar el emplazamiento conforme a derecho -el incidente de nulidad de notificaciones-; y la anotación marginal -el recurso de revocación-, y hasta podría obtener una resolución favorable que no afecte sus intereses. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, del propio ordenamiento, por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio. Finalmente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle 25, número 613, de la Colonia la Loma Xicohtencatl.

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