Mónica Araceli Díaz Tejeda
Expediente 505/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Mónica Araceli Díaz Tejeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos originales o billetes de depósito al no obrar estos en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, catorce de julio de dos mil veintiuno. Autoridad informa y remite documental Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa el contenido del auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1156/2020 de su índice, en el que tuvo por interpuesto el incidente de nulidad y suspendió el procedimiento; asimismo, señaló las diez horas con quince minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia incidental de nulidad. Prueba Asimismo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la documental que remite, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, de la constancia remitida por la autoridad responsable se advierte que se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, los cuales consignan, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)--- XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.(.)" Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en un procedimiento judicial, o administrativo seguido en forma de juicio y que, por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumados de modo irreparable; entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado algún acto, sea legalmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado sin afectar la nueva situación jurídica que rige. De tal manera, al conjunto de normas adjetivas que condicionan y rigen las etapas procesales, así como al estado en que éstas se encuentran, se le denomina situación jurídica, por lo que cuando ésta cambia, las violaciones existentes en la situación jurídica anterior quedan irreparablemente consumadas, pues lo determinado por el juez durante la substanciación del juicio se va dando a través de las diferentes etapas del procedimiento y, una vez emitida la sentencia definitiva, es jurídicamente imposible examinar el acto substituido, a través del juicio de amparo indirecto, en razón de que a partir de ese momento será mediante la interposición del recurso o medio de impugnación que corresponda, en el que se examine, en caso de existir, la violación procesal alegada. Por ese motivo, se habla en estos casos de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en éste, el amparo no podrá conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse, no sería factible modificar la nueva situación jurídica. Soporta estas consideraciones la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 347390 del tenor literal siguiente. "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica. Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo." Se considera que se actualiza la causa de improcedencia señalada, ya que de la constancia que remite la autoridad responsable en vía de alcance a su informe justificado, se advierte que el ocho de julio de dos mil veintiuno, con motivo del escrito presentado por la parte demandada, suspendió el procedimiento en los autos del expediente laboral 1156/2020, del cual deriva el acto reclamado y señaló las diez horas con quince minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno, para la audiencia de nulidad de actuaciones. A la constancia de referencia, se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Luego, si el acto reclamado por la parte quejosa es la dilación en el expediente laboral 1156/2020, toda vez que la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas había sido señalada para el quince de octubre de dos mil veintiuno y, mediante auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, suspendió el procedimiento señalando el quince de octubre del año actual, para llevar a cabo la audiencia en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado; por tanto, es evidente que el acto reclamado, quedó insubsistente y, modifica la situación imperante cuando se emitió el acto reclamado e imposibilita su estudio, pues ello implica, ante una eventual concesión de amparo, modificar el estado jurídico que surgió al concluir la controversia principal. Así, no es factible que mediante este amparo se analicen las violaciones que aduce la parte quejosa se cometieron en el acto reclamado -la dilación en el juicio señalado-, pues éste, es anterior al auto que deja insubsistente el mismo, que modificó la situación jurídica. Es aplicable, por analogía, la tesis 2a. CX/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 199807, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. OPERA SI SE RECLAMA LA MEDIDA PROVISIONAL DICTADA ANTES DEL EMPLAZAMIENTO EN EL INTERDICTO PARA RECUPERAR LA POSESIÓN, Y SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA. Como todo procedimiento, el de interdicto constituye un conjunto de actos concatenados entre sí, para la resolución de una controversia, y la sentencia con que culmina puede ratificar o confirmar la medida de urgencia o provisional adoptada antes del emplazamiento a juicio de la demandada; por tanto, resulta que el vicio de inconstitucionalidad que pudiera contener esa primera medida no trasciende a la sentencia con que culmina el procedimiento, porque esta resolución se dicta después de oír a las partes y recibir las pruebas conducentes, al haber autonomía procesal que distingue una etapa de la otra y que la hace subsistir con independencia de la primera, no puede decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica creada por la sentencia, pues el efecto restitutorio del amparo que pueda pronunciarse no restituiría a la quejosa en el uso y goce de la garantía individual violada, porque su nueva situación jurídica se produce por actos distintos e independientes entre sí." Asimismo, cobra aplicación al presente caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con registro electrónico 209402, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA SOLO ACARREA EL, CUANDO SE TRATA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. Por decreto publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación se adicionó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo con un segundo párrafo que a la letra es del siguiente texto: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior no deja lugar a dudas de que con la adición de mérito el legislador determinó que el cambio de situación jurídica dejara de ser causa de improcedencia del juicio de garantías, salvo el caso de que se trata de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio de los que emanen los actos reclamados." En tales condiciones, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XVII, con relación en el diverso 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de haber sobrevenido la causa de improcedencia precisada. Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Sin efectos fecha para audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con diez minutos del veintiuno de julio de dos mil veintiuno), por los motivos precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno: En Apizaco, Tlaxcala, catorce de julio de dos mil veintiuno. Autoridad informa y remite documental Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa el contenido del auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1156/2020 de su índice, en el que tuvo por interpuesto el incidente de nulidad y suspendió el procedimiento; asimismo, señaló las diez horas con quince minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia incidental de nulidad. Prueba Asimismo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la documental que remite, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, de la constancia remitida por la autoridad responsable se advierte que se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, los cuales consignan, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)--- XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.(.)" Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en un procedimiento judicial, o administrativo seguido en forma de juicio y que, por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumados de modo irreparable; entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado algún acto, sea legalmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado sin afectar la nueva situación jurídica que rige. De tal manera, al conjunto de normas adjetivas que condicionan y rigen las etapas procesales, así como al estado en que éstas se encuentran, se le denomina situación jurídica, por lo que cuando ésta cambia, las violaciones existentes en la situación jurídica anterior quedan irreparablemente consumadas, pues lo determinado por el juez durante la substanciación del juicio se va dando a través de las diferentes etapas del procedimiento y, una vez emitida la sentencia definitiva, es jurídicamente imposible examinar el acto substituido, a través del juicio de amparo indirecto, en razón de que a partir de ese momento será mediante la interposición del recurso o medio de impugnación que corresponda, en el que se examine, en caso de existir, la violación procesal alegada. Por ese motivo, se habla en estos casos de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en éste, el amparo no podrá conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse, no sería factible modificar la nueva situación jurídica. Soporta estas consideraciones la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 347390 del tenor literal siguiente. "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica. Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo." Se considera que se actualiza la causa de improcedencia señalada, ya que de la constancia que remite la autoridad responsable en vía de alcance a su informe justificado, se advierte que el ocho de julio de dos mil veintiuno, con motivo del escrito presentado por la parte demandada, suspendió el procedimiento en los autos del expediente laboral 1156/2020, del cual deriva el acto reclamado y señaló las diez horas con quince minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno, para la audiencia de nulidad de actuaciones. A la constancia de referencia, se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Luego, si el acto reclamado por la parte quejosa es la dilación en el expediente laboral 1156/2020, toda vez que la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas había sido señalada para el quince de octubre de dos mil veintiuno y, mediante auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, suspendió el procedimiento señalando el quince de octubre del año actual, para llevar a cabo la audiencia en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado; por tanto, es evidente que el acto reclamado, quedó insubsistente y, modifica la situación imperante cuando se emitió el acto reclamado e imposibilita su estudio, pues ello implica, ante una eventual concesión de amparo, modificar el estado jurídico que surgió al concluir la controversia principal. Así, no es factible que mediante este amparo se analicen las violaciones que aduce la parte quejosa se cometieron en el acto reclamado -la dilación en el juicio señalado-, pues éste, es anterior al auto que deja insubsistente el mismo, que modificó la situación jurídica. Es aplicable, por analogía, la tesis 2a. CX/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 199807, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. OPERA SI SE RECLAMA LA MEDIDA PROVISIONAL DICTADA ANTES DEL EMPLAZAMIENTO EN EL INTERDICTO PARA RECUPERAR LA POSESIÓN, Y SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA. Como todo procedimiento, el de interdicto constituye un conjunto de actos concatenados entre sí, para la resolución de una controversia, y la sentencia con que culmina puede ratificar o confirmar la medida de urgencia o provisional adoptada antes del emplazamiento a juicio de la demandada; por tanto, resulta que el vicio de inconstitucionalidad que pudiera contener esa primera medida no trasciende a la sentencia con que culmina el procedimiento, porque esta resolución se dicta después de oír a las partes y recibir las pruebas conducentes, al haber autonomía procesal que distingue una etapa de la otra y que la hace subsistir con independencia de la primera, no puede decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica creada por la sentencia, pues el efecto restitutorio del amparo que pueda pronunciarse no restituiría a la quejosa en el uso y goce de la garantía individual violada, porque su nueva situación jurídica se produce por actos distintos e independientes entre sí." Asimismo, cobra aplicación al presente caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con registro electrónico 209402, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA SOLO ACARREA EL, CUANDO SE TRATA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. Por decreto publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación se adicionó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo con un segundo párrafo que a la letra es del siguiente texto: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior no deja lugar a dudas de que con la adición de mérito el legislador determinó que el cambio de situación jurídica dejara de ser causa de improcedencia del juicio de garantías, salvo el caso de que se trata de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio de los que emanen los actos reclamados." En tales condiciones, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XVII, con relación en el diverso 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de haber sobrevenido la causa de improcedencia precisada. Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Sin efectos fecha para audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con diez minutos del veintiuno de julio de dos mil veintiuno), por los motivos precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, doce de julio de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas Asimismo, téngase remitiendo a la autoridad responsable copia certificada de la diligencia de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, celebrada en el expediente 1156/2020, documental que será relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Vista a las partes Con el contenido del informe de cuenta y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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