Mónica Beatriz Rosales Mendoza
Expediente 1355/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 26/11/2019
Partes del expediente
- Mónica Beatriz Rosales Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
MESA IV UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
MESA IV. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio por el cual el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, solicita se le acuse recibo de todas las constancias que remitió mediante oficio 10974. Con base en lo anterior acúsese recibo correspondiente, respecto de dicho oficio por el que remitió copia certificada de la resolución dictada en el recurso de revisión 378/2019, así como de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
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MESA IV. UN ACUERDO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
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MESA IV. Se hace efectivo el apercibimiento y se notifica por lista el proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve, en el que: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa para que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que el peticionario de amparo no realizó manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Conviene realizar una breve reseña de los antecedentes más destacados del presente asunto, a fin de constatar el debido cumplimiento al fallo protector. Por auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Mónica Beatriz Rosales Mendoza por propio derecho contra actos de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades. El veintidós de octubre dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, en la cual se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado. Mediante escrito recibido el siete de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable denominada como el Instituto de la Función Registral, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien mediante sesión de veinticinco de julio de dos mil diecinueve de dos mil diecinueve, desechó el recurso, para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "Bajo este contexto, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para que la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realice lo siguiente: a) En lo futuro, no aplique a la quejosa, las tarifas contenida en el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, y fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil dieciocho, que aquí se reclamaron, en tanto no sean derogados o modificados. b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación de los derechos combatidos que le fueron efectuados a la agraviada, por ende, se deberá devolver debidamente actualizada la diferencia entre la cantidad que pagó la solicitante de amparo, por el concepto a que se refiere el recibo oficial *******, por el pago de derechos con motivo de la inscripción de los actos contenidos en la escritura pública *******. c) En la inteligencia que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera del quejoso la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por la inscripción de cada acto, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor de las tarifas que establece la ley *******, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata." Mediante oficio recibido el trece de septiembre de la presente anualidad el Titular de la Oficina Registral de Toluca, Instituto de la Función Registral del Estado de México, hizo del conocimiento la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, para que en terminó de tres días se constituyera en las oficinas del Instituto de la Función Registral para recoger el cheque 0005639 por la cantidad de *******; por lo que el dieciocho de septiembre de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa con dicho pronunciamiento, sin que se hubiese manifestado al respecto. Por otra parte, mediante oficio recibido el treinta de septiembre de la presente anualidad el Titular de la Oficina Registral de Toluca, Instituto de la Función Registral del Estado de México, hizo del conocimiento la forma en que dio cumplimiento total al fallo protector y remitió copia certificada de las constancias con las cuales avaló la entrega del cheque *******a nombre de la quejosa *******, por la cantidad de *******. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa *******, en el goce de sus derechos humanos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. Sin que este órgano de control constitucional haga pronunciamiento alguno relativo al sentido o legalidad de la resolución de cumplimiento, al no haber formado tales tópicos la litis constitucional planteada en este asunto, es decir, tales circunstancias no fueron motivo de examen de constitucionalidad y, consecuentemente, tampoco de los efectos de la ejecutoria en comento. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento de la quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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