Moises Villicaña Pelaez

Expediente 828/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
828/2023
Año
2023
Actuaciones
27
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Moises Villicaña Pelaez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Incidental

    MESA I Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito firmado por Oscar Hernández Peláez, apoderado de la parte quejosa, mediante el cual exhibe el billete de depósito N980548, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), con el fin de que continúe surtiendo sus efectos la suspensión definitiva decretada en la presente incidencia. En ese orden, se tiene por acreditada la medida suspensional relativa a la exhibición de la garantía en numerario decretada en interlocutoria de seis de octubre del año en curso, por tanto, regístrese en el Libro de Gobierno el documento de mérito y guárdese en la caja de seguridad de este Juzgado de Distrito con el número de orden 31/2023. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento del promovente que además de la garantía que le fue fijada, también se fijó como requisito para que siga surta efectos la medida suspensional acreditar haber comparecido ante la autoridad responsable que emitió la orden de aprehensión reclamada dentro del plazo de tres días, para las diligencias que se decreten en el procedimiento que se le siga, lo cual además debería acreditar dentro de los tres días siguientes, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo; por tanto, hasta que no acredite la anterior medida se estará en aptitud comunicar a las autoridades responsables que continúa surtiendo efectos la suspensión definitiva de referencia. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA I. ÚNICO. Se concede a ********************la suspensión definitiva solicitada, contra los actos de las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero por los motivos expuestos en la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA I SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito firmado por el quejoso ********************, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la ley de la materia, se tiene por interpuesto el recurso de revisión hecho valer. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente; esto es, que estén agregadas las constancias de notificación de la sentencia recurrida y del presente auto que se haga a las partes, remítase en versión digital el escrito donde se plasmó la expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno. Sin que se forme cuaderno de antecedentes ni se remitan los autos originales para la sustanciación del medio de impugnación interpuesto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós. Por lo que, se comisiona al Oficial Judicial A, para que habilite los campos necesarios que permitan al Tribunal de Alzada correspondiente, la consulta del expediente electrónico. Se deja a disposición de la tercera interesada ********************, en representación de su menor hija de iniciales ********************, en la secretaría de este juzgado federal copia del escrito de agravios correspondiente. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Incidental

    MESA I Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito firmado por el quejoso ********************, por medio del cual solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, en la carpeta administrativa ********************, deducida de la carpeta de investigación ********************, por el ********************. En ese orden, como en el expediente principal del que deriva éste incidente se emitió sentencia, sin embargo, no ha causado ejecutoria y siendo que el artículo 130 de la Ley de Amparo, establece que la suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; aunado a que la autoridad que ahora señala fue llamada a juicio en el expediente principal con motivo de la aclaración que realizó en el escrito recibido en este juzgado el doce de junio de dos mil veintitrés, se acuerda: SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretará a expresar si son ciertos los hechos que le atribuye la parte quejosa y que determinan la existencia del acto reclamado, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se apercibe a la responsable que de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión, además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. MARCO JURÍDICO DE LA SUSPENSIÓN. En los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, se precisan los aspectos que el juzgado debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de amparo debe de reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado, los cuales son: 1) La naturaleza de la violación alegada; 2) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; 3) Hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios para la parte quejosa; y 4) La apariencia del buen derecho. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El acto reclamado motivo de la presente determinación consiste en: La orden de aprehensión dictada el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, en la carpeta administrativa ********************, deducida de la carpeta de investigación ********************, por el juez responsable en contra de la parte quejosa y su ejecución. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Con apoyo en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, respecto de la orden de aprehensión emitida el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, en la carpeta administrativa ********************, deducida de la carpeta de investigación ********************, por el ********************, por su probable intervención del hecho delictuoso de abuso sexual, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para los efectos siguientes: I) Para el caso de que el delito por el que se giró la orden de captura reclamada amerite prisión preventiva, conforme a lo dispuesto en la legislación procesal penal aplicable, se concede la medida cautelar, para el único efecto de que una vez que sea capturado el quejoso, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere, quedando a disposición del Juez de la causa, para la continuación del procedimiento; hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. II) A su vez, en el supuesto de que si el delito por el que se libró la orden de captura reclamada no amerite prisión preventiva, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado de su libertad personal, hasta en tanto, se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 53/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 99, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 182754, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE. Cuando el acto reclamado afecta la libertad del quejoso, quien se encuentra en libertad provisional bajo caución, el artículo 136 de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la suspensión consisten en que éste quede a disposición de la autoridad de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador del conocimiento del procedimiento penal para la continuación del mismo, por ser éste de orden público y, por tanto, no suspendible; por ello, cuando el acto controvertido mediante la acción constitucional es una orden de reaprehensión que está vinculada con ilícitos que conforme a la ley no permiten la libertad provisional bajo caución (por calificarlos de graves), la suspensión únicamente produce el efecto de que el amparista, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del Juez de la causa para la continuación del proceso; en virtud de que tanto genéricamente, como por analogía, es una figura que por sus efectos se encuentra contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo". La medida cautelar se concede toda vez que en el caso se actualiza lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, en razón de que el quejoso solicitó expresamente la suspensión provisional, además de que con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 402, Libro 1, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2005048, que establece: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente." Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. En el entendido que la medida cautelar decretada no tienen el efecto de paralizar la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, tal como lo establece el artículo 150 de la Ley de la Materia. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 136, 166 y 167 de la Ley de Amparo, dicha medida suspensional surtirá efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la parte quejosa no cumple los siguientes requisitos: a) Dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto exhiba una garantía de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), mediante billete de depósito, expedido a su nombre por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; o en cualquiera de las formas que establece la ley para el cumplimiento de la obligación (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera), asimismo deberá contener en el apartado relativo a concepto manifestación expresa de que se exhibe para garantizar la suspensión en el incidente de suspensión 828/2023-I. Monto que se fija en forma discrecional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 y 168 de la Ley de Amparo, pues hasta este momento no se cuentan con mayores elementos, ya que de la demanda no se advierten las características personales y situación económica de la parte quejosa, así como tampoco se advierte que tenga la intención de sustraerse de la acción de la justicia; cantidad que podrá ser modificada una vez que se conozca el contenido del informe previo que rinda la autoridad responsable; en el entendido que el monto fijado no la exime de garantizar ante el Juez de la causa la reparación del daño y demás obligaciones procesales, que en su caso, se pueda tener. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.68/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 377, del Tomo XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2008, Novena Época, con número de registro 168543, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)." A su vez, es aplicable la tesis 39, que autorizó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1,231, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 183671, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL, APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantía, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis." b) Asimismo, se hace del conocimiento de la parte agraviada que para que siga surtiendo efectos la medida cautelar decretada, además de la garantía antes señalada, en términos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, tienen la obligación de comparecer ante la autoridad responsable que emitió la orden de aprehensión reclamada dentro del plazo de tres días, para las diligencias que se decreten en el procedimiento que se le siga, lo cual deberá acreditar dentro de los tres días siguientes, con la prevención que de incumplir con lo ordenado en el término mencionado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida; en la inteligencia que, la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado con el informe previo que rinda la autoridad responsable dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en él manifiesten si es o no cierto el acto que se les atribuye. Es aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil ocho, Novena Época, con número de registro 170432, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso". Se requiere a la parte agraviada que de exhibir la garantía antes fijada en billete de depósito, o en cualquiera de las formas previstas en la Ley, a efecto de que este Juzgado la tenga por otorgada, deberá contener en el apartado relativo a concepto manifestación expresa de que se exhibe para garantizar la suspensión provisional en el presente juicio de amparo. Asimismo, en el billete de depósito deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos, en atención a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, que establece: "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior." En la inteligencia de que si no exhibe la garantía aludida dentro del término indicado, dejará de surtir efectos la medida cautelar de que se trata, lo cual se hará del conocimiento a las autoridades responsables, para que procedan a la ejecución del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136 de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN TERCERA INTERESADA. Notifíquese de manera personal la presente determinación a ********************, en su carácter de representante de la menor de iniciales ********************, en el domicilio señalada para tal efecto en los autos del cuaderno principal del juicio de amparo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada.

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