Mónica Araceli Rodríguez Salguero
Expediente 1311/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1311/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán
- Mónica Araceli Rodríguez Salguero
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Llegada de autos. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en el que hace del conocimiento que pronunció sentencia en el recurso de queja laboral ********************; asimismo, en atención a las políticas de utilización de recursos humanos y materiales que ha adoptado el Poder Judicial de la Federación, en su Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no adjuntó testimonio de la resolución emitida el uno de febrero del año en curso, y la dejó disponible para su consulta a través de la herramienta electrónica "Portal de Servicios en Línea", en la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Resolución de la cual se ordena la impresión, para agregar al expediente, misma que en su punto resolutivo dice: ". ÚNICO. Se desecha el recurso de queja. ." Háganse las anotaciones respectivas, agréguese la determinación de mérito y acúsese el recibo correspondiente; sin que sea necesario realizar la valoración y destino del presente expediente, lo anterior, debido a que el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se proveyó al respecto, ordenándose el archivo definitivo de este asunto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos exhibidos. Toda vez que la parte quejosa exhibió constancias al expediente, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger las documentales que allegó al presente juicio, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 1. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mónica Araceli Rodríguez Salguero, por propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1311/2022. 2. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 108 fracción III, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda respecto del acto que se reclama al Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Seis de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado , toda vez que no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, en términos del artículo 5º fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la citada ley. El invocado artículo 61, fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que son parte en el juicio de amparo, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, de los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el primero de ellos, interpretado en sentido contrario, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de una autoridad. En el caso, el secretario no se ubica dentro de la hipótesis prevista por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que sus funciones se circunscriben a autorizar, en su calidad de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, toda clase de acuerdos y resoluciones dictadas por los jueces en su carácter de titular y responsables de dicho órgano jurisdiccional. Consecuentemente, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, el secretario considerado en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, es improcedente el juicio en lo referente a los actos que se atribuyen al secretario señalada como autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, este último, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sobre este aspecto, se estima aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos de juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo únicamente por lo que se refiere al Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Seis de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado Por otra parte, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el desechamiento del incidente de falta de personalidad y personería en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados en sentido contrario. Lo anterior en virtud de que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos dentro de un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una afectación material de derechos sustantivos tutelados en la Constitución General y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es Parte, en tanto que no constituye un acto de imposible reparación. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016, sostuvo que el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y, excepcionalmente, procederá esa instancia constitucional cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma, implique un acto de imposible reparación. En la especie, con el desechamiento del incidente de falta de personalidad y personería de que se duele la quejosa, no se ven afectados de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos, como pueden ser la vida, la libertad, propiedades y posesiones, entre otros, sino que sus efectos son meramente intraprocesales, como se corrobora con el contenido del artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo, dado que estará en posibilidad de impugnar ese desechamiento en el amparo directo y controvertir la sentencia definitiva en todo aquello que le perjudique; de ahí que contra el acto referido sea improcedente el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Así, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, 170 y 172 fracciones I y V, todos del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad el ubicado en calle Pino Suárez número 305, colonia centro, para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a Gustavo Lozano Orozco, Roselia Arriaga Bastida y Miguel Rincón Gómez, quienes gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Copias simples y certificadas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de un tanto de las copias simples y certificadas del presente auto, la cuales será enviada a través del correo electrónico que previamente proporcione en autos. Lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. 5. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.MSMH/MEVR
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 1. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mónica Araceli Rodríguez Salguero, por propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1311/2022. 2. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 108 fracción III, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda respecto del acto que se reclama al Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Seis de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado , toda vez que no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, en términos del artículo 5º fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la citada ley. El invocado artículo 61, fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que son parte en el juicio de amparo, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, de los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el primero de ellos, interpretado en sentido contrario, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de una autoridad. En el caso, el secretario no se ubica dentro de la hipótesis prevista por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que sus funciones se circunscriben a autorizar, en su calidad de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, toda clase de acuerdos y resoluciones dictadas por los jueces en su carácter de titular y responsables de dicho órgano jurisdiccional. Consecuentemente, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, el secretario considerado en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, es improcedente el juicio en lo referente a los actos que se atribuyen al secretario señalada como autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, este último, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sobre este aspecto, se estima aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos de juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo únicamente por lo que se refiere al Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Seis de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado Por otra parte, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el desechamiento del incidente de falta de personalidad y personería en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados en sentido contrario. Lo anterior en virtud de que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos dentro de un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una afectación material de derechos sustantivos tutelados en la Constitución General y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es Parte, en tanto que no constituye un acto de imposible reparación. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016, sostuvo que el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y, excepcionalmente, procederá esa instancia constitucional cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma, implique un acto de imposible reparación. En la especie, con el desechamiento del incidente de falta de personalidad y personería de que se duele la quejosa, no se ven afectados de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos, como pueden ser la vida, la libertad, propiedades y posesiones, entre otros, sino que sus efectos son meramente intraprocesales, como se corrobora con el contenido del artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo, dado que estará en posibilidad de impugnar ese desechamiento en el amparo directo y controvertir la sentencia definitiva en todo aquello que le perjudique; de ahí que contra el acto referido sea improcedente el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Así, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, 170 y 172 fracciones I y V, todos del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad el ubicado en calle Pino Suárez número 305, colonia centro, para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a Gustavo Lozano Orozco, Roselia Arriaga Bastida y Miguel Rincón Gómez, quienes gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Copias simples y certificadas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de un tanto de las copias simples y certificadas del presente auto, la cuales será enviada a través del correo electrónico que previamente proporcione en autos. Lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. 5. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.MSMH/MEVR
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