Mónica Araceli De la Cruz Rocha
Expediente 1318/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1318/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mónica Araceli De la Cruz Rocha
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Devolución documentos. Finalmente, se informa a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperar los documentos que adjuntó al escrito de demanda, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, en cuanto apoderado jurídico de Mónica Araceli de la Cruz Rocha, carácter que se le reconoce en términos del artículo 6 al tenor del poder general para pleitos y cobranzas que anexa en archivo electrónico con la protesta relativa, contra actos de la Cuarta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1318/2022. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La sentencia interlocutoria de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del procedimiento de Responsabilidad Administrativa, registrado bajo el número PRA-0041/2022-IV en la que se desechó de plano el incidente de objeción en cuanto alcance y valor probatorio. 3. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que en relación con el acto reclamado a la Cuarta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y el 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. " "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo; [.]" 3.1. Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción III, del mismo ordenamiento legal, prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; o bien, por actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, como en el caso, que se trata de un procedimiento de responsabilidad administrativa seguido por una Sala Especializada en Materia de Corrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, no se surte la hipótesis marcada en el inciso a) de la referida fracción, puesto que el acto reclamado no se trata de una resolución definitiva. En tanto, el inciso b) de la referida fracción establece la procedencia del juicio de amparo en actos de esta naturaleza, cuando sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno. En otras palabras, se trata de un acto que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la sentencia interlocutoria de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del procedimiento de Responsabilidad Administrativa, registrado bajo el número PARA-0041/2022-IV en la que se desechó de plano el incidente de objeción en cuanto alcance y valor probatorio, lo cual sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales y, para el caso de existir violación algún derecho, sólo impactaría en el resultado de la sentencia, pero no implica que por sí misma tal determinación afecte un derecho sustantivo. Es decir el desechamiento del incidente de objeción en cuanto alcance y valor probatorio no puede considerarse que repercuta en la esfera de derechos sustantivos del promovente, en tanto que ello se traduce, en su caso, en una mera lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Es así, porque el acto reclamado solo tiene efectos intraprocesales, es decir, la consecuencia del desechamiento del incidente de objeción en cuanto alcance y valor probatorio solo entraña la continuación del juicio natural en la etapa procesal en que se encuentre, lo cual no actualiza en automático una afectación material a los derechos sustantivos del recurrente, ya que la trascendencia de aquel acto se materializará, de ser el caso, si el fallo definitivo resultare adverso a los intereses del recurrente, supuesto en el cual, podrá dolerse de la violación procesal conducente, en términos del artículo 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo directo, por violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso, entre otros supuestos, cuando se trate de casos análogos previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Por lo que, existe la posibilidad de que el quejoso pueda obtener sentencia favorable en el contradictorio de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que el juicio subyacente se encuentra en trámite, por lo cual, si el fallo resulta en favor de los intereses de aquél, quedarán reparadas las posibles violaciones que se cometieron a causa de lo acordado en el auto combatido. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implica violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado juicio de origen. Se invoca a lo anterior, por analogía el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguientes: "SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL (ACTUALMENTE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN RELATIVO NO ES ACTO IRREPARABLE NI CAUSA AFECTACIÓN EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR." 3.1. Desechamiento. Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario "gabrielenriquemontiel" que proporciona y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 5. Usuario. Como lo pide el quejoso y con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, el personal relativo deberá dar de alta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el usuario " gabrielenriquemontiel" que proporciona. 6. Notificación electrónica. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Moisés Hugo Magaña Figueroa1196/2019
- Moisés López Sánchez947/2018
- Moisés Martínez Muñoz109/2021
- Moisés Reyes Tenorio231/2022
- Moisés Salvador Manuel1154/2021
- Moisés Tinoco López y otros816/2016
- Mónica Araceli Rodríguez Salguero391/2022
- Mónica Araceli Rodríguez Salguero1311/2022
- Monica Castañeda Herrejón809/2023
- Mónica Infante Niño1015/2017
- Mónica Ireri Esquivel Reyes13/2021
- Mónica Jocelin Camacho Salazár494/2019