Mónica Andrea Maldonado Ramírez
Expediente 934/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mónica Andrea Maldonado Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de nueve de noviembre de dos mil quince, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a la responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En tanto que, el original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en las hipótesis prevista en la fracción III párrafo segundo, del punto vigésimo primero, del multicitado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, por lo que deberá conservarse las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Asimismo, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele remitiendo la constancia que anexa consistente en la copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de cuatro de noviembre de dos mil quince, de la que se advierte que las partes en el juicio laboral de origen llegaron a un convenio, mismo que se elevó a la categoría de laudo ejecutoriado. Ahora bien, de la referida constancia que anexa el oficiante, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." En ese contexto, es importante destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, que acude a él con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, por lo que el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan éste a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse en cuanto a la ejecución de sus efectos y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En ese sentido, de la causa de improcedencia trascrita, se desprende que el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesora, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Luego, se actualizan los componentes de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, cuando ante la existencia del acto reclamado haya imposibilidad de que sus efectos se materialicen o continúen actualizándose por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que bien puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de la autoridad o, en algunas ocasiones, por la simple prosecución del juicio, pudiendo ser, entonces, por el transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales y otros que impiden analizar la constitucionalidad de dicha decisión judicial. En esta tesitura, es importante precisar que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del auto emitido el cinco de octubre de dos mil quince, dentro del juicio laboral **********, del índice de la responsable, por el que ordena se continúe el juicio únicamente en contra de la demandada **********. Sin embargo, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante oficio depositado en este Juzgado Federal el seis de los actuales, adjuntó copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de cuatro del mismo mes y año, de la que se advierte que las partes en el juicio laboral de origen llegaron a un convenio, mismo que se elevó a la categoría de laudo ejecutoriado. En mérito de lo anterior, y en atención a la causa de improcedencia que se propone es dable precisar que aun cuando subsisten los actos aquí combatidos, se desprende que no pueden surtir efecto legal o material alguno por haber desaparecido el objeto o materia de los mismos, por lo que hace a la aquí quejosa, toda vez que el procedimiento laboral de donde emana el acto reclamado quedó sin efecto jurídico para ella. En consecuencia, los actos reclamados a responsable ya no pueden surtir efecto legal o material alguno, para la inconforme, por haber dejado de existir el objeto o materia que les dio origen. Lo anterior, en virtud de que la responsable elevó a la categoría de laudo el convenio celebrado entre las partes, resultando que los actos tildados de inconstitucionales quedaron sin materia, dejando de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, actualizándose de esta manera manifiesta e indubitable, la causal de improcedencia en comento. Bajo ese argumento, es intrascendente que mediante la sentencia del amparo concesoria que se llegase a dictar, se obligue a las autoridades responsables a realizar algún tipo de conducta referente a los actos aquí combatidos y que quedaron precisados en los párrafos precedentes; ya que ello a nada práctico conduciría, pues no tendría el alcance de modificar o alterar el convenio celebrado por las partes de la contienda, y por ende la situación jurídica que tal actuación creó al ser un acuerdo de voluntades; por lo que es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia ya tratada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele remitiendo la constancia que anexa consistente en la copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de cuatro de noviembre de dos mil quince, de la que se advierte que las partes en el juicio laboral de origen llegaron a un convenio, mismo que se elevó a la categoría de laudo ejecutoriado. Ahora bien, de la referida constancia que anexa el oficiante, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." En ese contexto, es importante destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, que acude a él con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, por lo que el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan éste a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse en cuanto a la ejecución de sus efectos y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En ese sentido, de la causa de improcedencia trascrita, se desprende que el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesora, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Luego, se actualizan los componentes de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, cuando ante la existencia del acto reclamado haya imposibilidad de que sus efectos se materialicen o continúen actualizándose por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que bien puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de la autoridad o, en algunas ocasiones, por la simple prosecución del juicio, pudiendo ser, entonces, por el transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales y otros que impiden analizar la constitucionalidad de dicha decisión judicial. En esta tesitura, es importante precisar que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del auto emitido el cinco de octubre de dos mil quince, dentro del juicio laboral **********, del índice de la responsable, por el que ordena se continúe el juicio únicamente en contra de la demandada **********. Sin embargo, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante oficio depositado en este Juzgado Federal el seis de los actuales, adjuntó copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de cuatro del mismo mes y año, de la que se advierte que las partes en el juicio laboral de origen llegaron a un convenio, mismo que se elevó a la categoría de laudo ejecutoriado. En mérito de lo anterior, y en atención a la causa de improcedencia que se propone es dable precisar que aun cuando subsisten los actos aquí combatidos, se desprende que no pueden surtir efecto legal o material alguno por haber desaparecido el objeto o materia de los mismos, por lo que hace a la aquí quejosa, toda vez que el procedimiento laboral de donde emana el acto reclamado quedó sin efecto jurídico para ella. En consecuencia, los actos reclamados a responsable ya no pueden surtir efecto legal o material alguno, para la inconforme, por haber dejado de existir el objeto o materia que les dio origen. Lo anterior, en virtud de que la responsable elevó a la categoría de laudo el convenio celebrado entre las partes, resultando que los actos tildados de inconstitucionales quedaron sin materia, dejando de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, actualizándose de esta manera manifiesta e indubitable, la causal de improcedencia en comento. Bajo ese argumento, es intrascendente que mediante la sentencia del amparo concesoria que se llegase a dictar, se obligue a las autoridades responsables a realizar algún tipo de conducta referente a los actos aquí combatidos y que quedaron precisados en los párrafos precedentes; ya que ello a nada práctico conduciría, pues no tendría el alcance de modificar o alterar el convenio celebrado por las partes de la contienda, y por ende la situación jurídica que tal actuación creó al ser un acuerdo de voluntades; por lo que es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia ya tratada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Incidental
ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA POR LA PARTE QUEJOSA...
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