Moisés Sánchez Velázquez

Expediente 487/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
487/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Moisés Sánchez Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio del magistrado propietario de la Novena Sala Penal, mediante el cual acusa recibo del diverso 9277/2022, con el que se le informó el estado procesal en que se encontraba el juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    Téngase por recibido, el oficio que remite el magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital; en atención a su contenido, dígasele que en el juicio en que se actúa, el seis de junio de dos mil diecinueve, el suscrito se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****************, por conducto de su defensor ********** contra actos de la oficiante; asimismo, que en esa fecha se previno a la parte quejosa, concediéndosele para tal efecto el plazo de cinco días, sin que lo haya hecho, por lo que el dieciocho de ese mes, se tuvo por no presentada la demanda, auto que al no haber sido impugnado, quedó firme y se ordenó el archivo del juicio.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, que contiene transcripción del proveído de tres de los actuales, del que se advierte que, en esa fecha, dicho órgano jurisdiccional declaró de plano carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********** por conducto de su defensor **********; toda vez que remite escrito de presentación de la demanda de amparo, original de la misma, copia certificada del toca penal 29/2019-O del índice de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, un sobre amarillo que contiene dos DVD, así como expediente DP112/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 487/2019-VI; acúsese recibo. b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, comuníquese a la Superioridad que el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Del precepto transcrito se desprende la insoslayable obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la Ley de la Materia, señala que es autoridad responsable: la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" en el caso concreto la parte quejosa señaló como autoridad responsable: Al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato. Sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que, en todo caso, el Juez de Oralidad Penal Base Comonfort, sede San Miguel de Allende de la Región 1, sería la autoridad judicial a quien le correspondería ejecutar el acto que se reclama. En ese sentido, al corresponder al Juez de Control de Oralidad Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, Base Comonfort, sede San Miguel de Allende, la ejecución de la resolución reclamada, y no haberlo señalado como responsable la parte quejosa, se concluye que la demanda se torna irregular por dicho aspecto. Por su parte, la fracción V, del artículo referido, establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que la parte quejosa omitió narrar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, y es que según el numeral trascrito es un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, dado que es obligación de la parte quejosa manifestar su relato de hechos con sujeción a la verdad. Conclusivamente, ante la irregularidad advertida, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes realice lo siguiente: Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, Base Comonfort, sede San Miguel de Allende; además, Bajo protesta de decir verdad de manera sucinta y cronológica manifieste la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un sólo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Toda vez que la parte quejosa no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágansele por lista que se fije en los estrados de este juzgado. En cuanto a la petición en el sentido de que se tenga al promovente designando la cuenta de correo electrónica que refiere para recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud. Lo anterior, en razón de que para poder recibir notificaciones electrónicas, deberán sujetarse a las disposiciones contenidas en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece los lineamientos que deben seguir las partes en el juicio de amparo a efecto de poder tener acceso al expediente electrónico y, en su caso, realizar promociones y recibir notificaciones por ese medio. Se tiene al promovente, señalando como autorizados, en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ma. Guadalupe Espinosa Zanella y J. Apolinar Bailón Cisneros, al no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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