Monica Adriana Sosa Juarico

Expediente 1573/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1573/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Monica Adriana Sosa Juarico

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por **********, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérasele para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndole que en caso contrario, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE NUEVE DEL MES Y AÑO EN CURSO, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA "Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por **********, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérasele para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndole que en caso contrario, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Mónica Adriana Sosa Juarico, por propio derecho, contra actos del Comisión Federal de Electricidad, representada por la Gerencia de Transmisión Oriente Zona de Transmisión Poza Rica, por considerarlo violatorios del artículo 8 de la Constitución Federal. Registro del expediente Fórmese expediente y regístrese con el número 1573/2017-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes; por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Así, el juicio de amparo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, constituye un procedimiento federal de control constitucional, por virtud del cual los gobernados se encuentran en aptitud de solicitar a los tribunales de la federación la protección, cuando a través de un acto de autoridad se vulneran sus derechos fundamentales. Sin embargo, a fin de entender su teleología y alcances de este medio de control constitucional, se invoca el criterio aislado sustentado por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE LEGAL DE LAS." Del criterio referido, se colige que la teleología del juicio de amparo o el fin último que persigue es el de proteger y preservar el régimen constitucional y (con la reforma de junio de dos mil ocho realizada a la Constitución) los derechos humanos; por consiguiente el juicio de amparo no tiene como fin resolver directamente sobre la legalidad o ilegalidad de los actos de las autoridades, sino proteger al individuo o a la persona moral en el goce de los derechos humanos consagrados en lo constitución o los previstos en los tratados internacionales en los que México es parte. En las relatadas circunstancias, el juicio de amparo no es un derecho de acción procesal ordinario que tenga como propósito inmediato la declaración del derecho sustantivo de los particulares, como sí lo hacen los tribunales del fuero común; no obstante que el juez de amparo tenga la obligación de revisar si las garantías judiciales de los gobernados fueron respetados, pues ésta facultad nace una vez impulsada la maquinaria del sistema judicial, es decir, una vez que el gobernado instó el procedimiento ante una autoridad judicial para que resuelva su pretensión. Por lo tanto, el juez de amparo no tiene facultad de decidir de manera directa e inmediata el derecho entre las partes, pues en la vía constitucional únicamente se resuelve si el acto que emitió la autoridad o persona física (actuando como autoridad) es violatoria de derechos humanos, o contraria a la Constitución. Entonces, el juicio de amparo es un medio extraordinario para invalidar los actos de las autoridades o de personas físicas si el acto que se le reclama reúne las características de ser considerado acto de autoridad, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. En ese tenor, si bien la acción constitucional (tratándose del juicio de amparo bi-instancial o directo) sirve a los gobernados como defensa de sus derechos, éste no tiene por su propia naturaleza el fin último de otorgar derechos; es decir, no declara derechos a favor de ningún gobernado, como sucede en los juicios de vía ordinaria, que por su propia naturaleza, dilucidan contiendas entre particulares para declarar un derecho a quien mejor corresponda. En el caso particular, la parte quejosa reclama de la Comisión Federal de Electricidad, representada por la Gerencia de Transmisión Oriente Zona de Transmisión Poza Rica el oficio MCHT"0423"-2017 de once de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se ABSTUVO DE ACORDAR POSITIVAMENTE su petición formulada en escrito de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en el que solicitó la expropiación previa determinación de causa de utilidad pública y sin que se le haya pagado la indemnización correspondiente por la ocupación de una fracción de la que refiere es su propiedad, con una superficie de derecho de vía 19,038.25 metros cuadrados, misma que tiene como predio sirviente y que utiliza como servidumbre de paso para dos torres de conducción eléctrica marcadas con los números 251 y 252 en la línea de transmisión eléctrica Poza Rica - Tula a 3370. Ahora, sí bien es cierto que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio su derecho humano establecido en el artículo 8 Constitucional, toda vez que la responsable omitió dar una contestación positiva a sus intereses; sin embargo, esta vía constitucional no es la vía idónea para alcanzar sus pretensiones. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad responsable ya dio respuesta a su petición mediante MCHT"0423"-2017 de once de diciembre de dos mil diecisiete, en el que le contestó que no resultaba ajustada a derecho su petición, toda vez que operó en su perjuicio la figura de prescripción negativa como un medio hacia la responsable de librarse de sus obligaciones. Por tal motivo, resulta incuestionable que las pretensiones que la quejosa quiere alcanzar en esta vía, en el sentido de que se le indemnice por la servidumbre de paso constituida dentro de su propiedad, deben ser formuladas ante una autoridad jurisdiccional, toda vez que estamos ante la presencia de la figura jurídica de la servidumbre legal. Al respecto, el artículo 23, primer párrafo, Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, señala lo siguiente: "ARTÍCULO 23.- Para la adquisición o uso de bienes inmuebles que se destinen a la prestación del servicio público de energía eléctrica procederá, en su caso, previa declaración de utilidad pública dictada de conformidad con las leyes respectivas, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial o la limitación de los derechos de dominio. La constitución de servidumbre se ajustará a las disposiciones del Código Civil del orden Federal." Del numeral transcrito, se advierte el caso de servidumbre, y remite en forma específica a aplicar las disposiciones del Código Civil Federal; por tanto, las pretensiones de la quejosa plantea en este juicio debe ser aclaradas a la luz de los propios preceptos de ese ordenamiento sustantivo federal. Por ende, la parte quejosa y en su caso la responsable deben acudir ante la autoridad jurisdiccional competente, a efecto de dirimir sus controversias, previo juicio que se siga para tal efecto. Por lo que, resulta evidente que en caso de existir un conflicto entre las partes, el origen de dicha controversia no permite a los tribunales de la Federación para conocer de ellos en juicio de amparo, pues, en todo caso, se deberá hacer valer su pretensión ante el órgano competente. Considerarlo de otra forma, llevaría al extremo de que se presuma que a través del juicio constitucional, se puedan dirimir todas las controversias, tanto del orden civil, laboral, administrativo, agrario, etcétera, sin acudir primeramente a la instancia respectiva, lo que trastocaría el sistema jurídico mexicano, pues el agotamiento previo de la vía ordinaria, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Por tanto, se encuentra expedito el derecho de la quejosa para acudir directamente ante la autoridad competente a fin de que dirima la controversia que se suscite con motivo de la servidumbre de paso de dos torres de conducción eléctrica marcadas con los números 251 y 252 en la línea de transmisión eléctrica Poza Rica - Tula a 3370, para con ello obtener lo que en este juicio pretende, es decir, que la autoridad responsable la indemnice. En consecuencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos, el señalado en su escrito de cuenta. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a José Luis Villareal Calva y Iris Morris Villareal Alarcón; y, a las demás personas en términos restringidos por no contar con registro de su cédula profesional ante el sistema único de Profesionales de Derecho, acreditados ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.

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