Moises Rángel Quintanar

Expediente 164/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
164/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Moises Rángel Quintanar
  • José Antonio Sánchez Paniagua

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo; por el cual devuelve sin diligenciar el despacho 34/2023 (orden 65/2023-6), debido a que el domicilio que proporcionó el quejoso para oír y recibir notificaciones es impreciso. Háganse las anotaciones correspondientes, dese de baja en el libro respectivo. Ahora, la fracción I del artículo 108, de la Ley de Amparo, establece que en la demanda de amparo se expresará el domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre; por su parte, el diverso numeral 26, determina la forma en que se realizarán las notificaciones en el juicio de amparo, siendo estas, de forma personal, por oficio, por medio de lista y por vía electrónica, que exige además a los interesados contar con firma electrónica (FIREL), y optar por este medio de comunicación que posibilita el derecho de las partes a transitar hacia un esquema de justicia digital, por lo que quienes opten por este medio de comunicación oficial, quedan sujetos a las reglas propias de tal sistema, sin que ello implique un trato diferente a las partes que no optaron por hacerlo, pues tienen el derecho y la posibilidad de alejarse del trámite ordinario y optar por transitar hacia el esquema de justicia digital. En ese sentido, los quejosos en su escrito de demanda señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Hacienda Vergel número 175, Hacienda de la Cruz y Vicencio, en el Fraccionamiento de Haciendas de Tiza, en Tizayuca, Hidalgo, así como la cuenta de correo electrónico mire749@hotmail,com para tal efecto; por su parte, el fedatario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito de Judicial de Tizayuca, Hidalgo, señaló en su razón actuarial que al constituirse en el Fraccionamiento Haciendas de Tizayuca, se cercioró que no existe ninguna calle denominada Hacienda Vergel, pero que en dicho lugar se ubica una calle llamada la Cruz, en donde se hallan las privadas denominadas, Privada Hacienda del Vergel, Hacienda Vicencio y Privada Venta de Cruz, las cuales son tres privadas distintas con entradas independientes y por ello, asentó la imposibilidad de realizar la notificación encomendada por este Juzgado Federal. En tal virtud y toda vez que la parte quejosa no señaló con precisión el domicilio para ser notificada, lo cual es un requisito formal para la promoción de la demanda de amparo y tomando en consideración que el artículo 26 de la Ley de Amparo, no prevé las notificaciones por correo electrónico, procédase a notificar a la parte quejosa el contenido del proveído de tres de febrero del presente año por lista en términos de lo dispuesto por la fracción por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto designe nuevo domicilio en esta ciudad para tales efectos. Notifíquese por lista, así como el proveído de tres de febrero del presente año.. ACUERDO DE 03 DE FEBRERO DE 2023 Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que reclama del Juez del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Circuito Judicial, con sede en Tizayuca Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 164/2023-6, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir en el citatorio de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el juez responsable dentro de la causa penal ********************/2022, que ordenó la citación de los aquí quejosos a la audiencia inicial de tres de febrero de dos mil veintitrés a las nueve horas. Precisado lo anterior, este Juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 de la propia ley, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". La fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República, así como, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para este Juzgado de Distrito. En ese tenor, se estima pertinente señalar lo que nuestro Máximo Tribunal de Justicia, ha resuelto con relación al acto que por esta vía se pretende impugnar. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 141/2018, determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial en el sistema de justicia penal acusatorio oral ya que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese tenor, si el quejoso reclama el acuerdo de citación a la audiencia inicial para la formulación de imputación entonces, resulta obligatorio para este órgano jurisdiccional aplicar lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de ahí que, resulte notoria y manifiesta la improcedencia de la presente demanda de amparo. Premisa que se obtiene de la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 de la Décima Época, con número de registro 2018828, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Materias: Común, Penal, página: 239, de rubro y contenido literal siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Concluyentemente, es incuestionable que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia al inicio invocada y con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la presente demanda de amparo debe desecharse, para los efectos legales a que hay lugar. Máxime que, a nada práctico conduciría admitir a trámite la demanda, pues al dictarse la sentencia correspondiente irremediablemente se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento con expeditez, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 525, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". DOMICILIO Debido a que la parte quejosa señala domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este juzgado, y dada la trascendencia del presente proveído, gírese atento despacho al JUEZ PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TIZAYUCA, HIDALGO; a fin de que en auxilio de las labores de éste Juzgado, ordene a quien corresponda proceda a notificar a la parte quejosa ******************** el presente proveído, en el domicilio ubicado en Calle Hacienda Vergel, numero 175, Hacienda la Cruz y Vicencio, Fraccionamiento Haciendas de Tiza, código postal 43815, Tizayuca, Hidalgo; requiriéndoles además para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, señalen domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo así, las ulteriores se les harán por lista que se fije en los estrados de este Tribunal Federal, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, inciso c) del artículo 27 de la Ley de Amparo. Hecho que sea lo anterior, el juez requerido deberá remitir las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a lo antes solicitado y devuelva el despacho que al efecto se le envía, haciendo de su conocimiento que queda facultado para que en caso de ser necesario habilite días y horas para la realización de la diligencia encomendada. AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, toda vez que acreditaron contar con el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Notifíquese.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que a la fecha el presente asunto se encuentra debidamente integrado, remítase al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito en esta ciudad, el original del escrito de revisión y copia del mismo para el traslado al Fiscal Federal de su adscripción, a efecto de la tramitación del recurso de revisión interpuesto por ********************, en su carácter de gerente único y representante legal de la ******************** por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del juicio de derechos en que se actúa. Notifíquese.

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