Moisés Valverde Ruíz y Otros.
Expediente 980/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2015
Partes del expediente
- Moisés Valverde Ruíz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía fax... del que se advierte que aceptó la competencia planteada... téngase este asunto como concluod y envíese al archivo....
- Principal
Vista la demanda promovida por Jaqueline Miriam Chanes Salas, en representación de Moises Valverde Ruiz, Jose Salvador Ramirez Barron, Erick Joshua Lopez Ortiz, Daniel García Calderon, Catalina Ordaz Arroyo, Luis Alberto Camargo Espindola, David Alejandro Torres Racho, Irene Carvallo Gomez, Jesica Araid Lopez Corona, Rafael García Vargas, Esdras Perez Plata, Dora Alicia Hernández Olivares y Juan Carlos Ramírez Perez, contra actos del procurador General de Justicia del Estado de Michoacán y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 980/2015. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la orden de presentación, detención o aprehensión, así como su ejecución. Por otra parte, se observa que el lugar en que se pretendió llevar a cabo el acto que se reclama es en ".la ciudad de Morelia, Michoacán.". Por tanto, en el particular se considera que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y por ende, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir dicha demanda al juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, por las siguientes consideraciones: El numeral 37 de la ley reglamentaria establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es compete el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De este precepto se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, como en la especie acontece. En esas condiciones, partiendo de la base que el acto impugnado pretendió ejecutarse en ".la ciudad de Morelia, Michoacán.", resulta evidente que está fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional y por ende, la competencia legal se surte a favor de un juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, que ejerce jurisdicción en dicho lugar. Sin que del impreso de cuenta puede advertirse dato alguno de que el citado mandamiento pueda ejecutarse en un distrito distinto al precisado, pues incluso, la promovente del juicio señala que al presentarse los amparistas en dicha entidad a "promocionar labores turísticas de la Agencia de Viajes en la cual laboran", se correría el riesgo de ser detenidos en forma "abusiva y prepotente". Ahora, el planteamiento de incompetencia que aquí se formula se sustenta específicamente en la manifestación de la promovente de amparo, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que el acto controvertido trató de ejecutarse en el territorio de una entidad federativa en la que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción; siendo pertinente destacar que ante la falta de anexos o algún otro dato relevante para proveer al respecto, las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda son los únicos elementos con que cuenta este órgano jurisdiccional para calificar la competencia del tribunal que debe conocer de este asunto, cuestión sobre la que debe emitirse pronunciamiento de plano, en el momento mismo de proveer sobre la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 2613 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, 48 de la Ley de Amparo, y punto cuarto, fracción XI, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítanse los autos originales y seis copias de la demanda -previo cuaderno de antecedentes que se forme- a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien a su vez, deberá enviarlos al juzgado que por razón de turno corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo vía fax y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, del rubro siguiente: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO". Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, así como autorizada(s) en los términos que se precisan a la(s) persona(s) referida(s). Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo.
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