Moises Montero Alvarez
Expediente 275/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/05/2017
Partes del expediente
- Moises Montero Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta recibido vía correo institucional, con fundamento en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mediante el cual acusa recibo del oficio 21109/2017, del que se advierte que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Moises Montero Alvarez. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con lo que establece el punto vigésimo, fracción I del acuerdo general en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el tres de noviembre de dos mil diecisiete.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa la determinación de treinta de marzo de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Moises Montero Alvarez, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 275/2017. Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", por tanto, se estima que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir dicha demanda al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, por las siguientes consideraciones. Las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento. Esto, con base en la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, que dispone: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Asimismo, el artículo 37 de la ley de la materia, establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo será aquel en cuya jurisdicción deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se estén ejecutando o se hayan ejecutado los actos reclamados, como acontece en la especie. En ese sentido, si los actos reclamados consisten en: ".NEGAR Y PROHIBIR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS AL SUSCRITO EN LAS TIENDAS DE ABASTO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL QUE ME ENCUENTRO RECLUÍDO". Es inconcuso que entrañan actos negativos con efectos positivos, de ahí que el juez competente para conocer de la demanda de amparo sea el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, pues en esa jurisdicción tienen ejecución los actos impugnados de referencia. En ese orden de ideas, resulta evidente que este juzgado carece de competencia legal para tramitar y resolver este asunto, en virtud que los actos reclamados que por su naturaleza son considerados como negativos con efectos positivos y dado que el justiciable se encuentra recluido en la institución carcelaria mencionada, se arriba a la conclusión que se actualiza la hipótesis establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299 del Semanario y Época en mención, Tomo XIV, agosto de 2001, que dispone: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". En tal virtud, este juzgado carece de competencia legal para tramitar y resolver este juicio de amparo, por lo que de conformidad con el punto cuarto, fracción XX, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, se considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, que ejerce jurisdicción en el lugar donde se encuentra interno el amparista. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, la demanda original y las copias exhibidas, solicitándole se sirva acusar recibo y comunicar la resolución que pronuncie al respecto ya sea vía fax al número 55 53 22 17 00, extensión 1476, y para confirmar su recepción a la extensión 1471, o bien al correo oficial 13jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx o por correo acelerado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, asimismo, ténganse por autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de que puede ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Finalmente, no ha lugar a notificar la presente determinación en el lugar en que se encuentra recluido el quejoso, en virtud de la autorización precisada en el párrafo anterior.
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