Moises Ricardo Santos Aranda
Expediente 233/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Moises Ricardo Santos Aranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 233/2023, promovido por +++; y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el ocho de marzo de dos mil veintitrés y recibido en este Juzgado al día siguiente +++ demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, y otra autoridad, consistentes en las determinaciones de nueve y quince de febrero de dos mil veintitrés, por la cual se le impuso la medida cautelar de la firma periódica y el auto de vinculación a proceso en su contra por su probable comisión o participación en los hechos con apariencia de delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 402, 403, fracción IV, 402, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de +++; dentro de la carpeta judicial administrativa 153/2021; por considerar violatorio de los artículos 14, 16 y 19 constitucionales. Segundo. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 233/2023, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada (agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia inicial), y la víctima +++. Tercero. Mediante acuerdo general 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veintitrés, se amplió la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de los procesos penales en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en consecuencia se cambió la denominación de este órgano jurisdiccional para quedar como Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013, 23/2015 y 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar donde este juzgado de distrito ejerce jurisdicción, además de tener naturaleza penal al ser la medida cautelar impuesta de la firma periódica y el auto de vinculación a proceso. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo que establece el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como actos reclamados al Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, dentro de la carpeta judicial administrativa 153/2021 lo siguiente: La determinación de nueve de febrero de dos mil veintitrés, por la cual se le impuso la medida cautelar de la firma periódica, por todo el tiempo que dure el procedimiento. La determinación de quince de febrero de dos mil veintitrés, por la cual se decretó en su contra auto de vinculación a proceso, por su probable participación o comisión en los hechos con apariencia del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 402, 403, fracción IV, 402, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de +++. Cabe destacar, que los actos reclamados se fijan conforme la interpretación de la lectura íntegra de la demanda de amparo, lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, y la responsable de Medidas Cautelares, de la Región Judicial Norte, aceptaron la existencia de los actos reclamados. A efecto de corroborar lo anterior, la responsable ordenadora remitió copia autorizada cotejada de la carpeta judicial administrativa 153/2021/HUAUCHINANGO, así como los registros audiovisuales contenidos en un disco versátil digital, en las cuales se advierten las determinaciones aquí reclamadas, es decir, de nueve y quince de febrero de dos mil veintitrés en la que se advierte la medida cautelar de la firma periódica impuesta, y el auto de vinculación a proceso por los hechos con apariencia de delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 402, 403, fracción IV, 404, fracción segunda, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de +++; así mismo, la responsable de Medidas Cautelares, de la Región Judicial Norte, acompañó copia certificada de la foja 65, libro 4 del registro de comparecencias periódicas de imputados, donde el aquí quejoso estampó su primera firma, lo cual constata la existencia de los actos reclamados. CUARTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RESPECTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA FIRMA PERIÓDICA. Con relación al acto reclamado consistente en la medida cautelar impuesta de la firma periódica, los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta deban suplir en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Previo analizar la constitucionalidad del acto reclamado, de las constancias que remitió la responsable se advierte que posterior a que el quejoso eligió que se resolviera su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, la fiscal solicitó al juez responsable la imposición de una medida cautelar consistente en una firma periódica cada quince días y una garantía económica por el monto de trescientos mil pesos; lo anterior con base en que previamente existió una orden de comparecencia sin que tuviera éxito y para ello, se debió solicitar una orden de aprehensión, en la cual, el imputado promovió un juicio de amparo, en la especie 1020/2022 de los del índice de este juzgado, y se le concedió la suspensión provisional. Que la firma solicitada es idónea y proporcional y es la menos agresiva; y respecto de la garantía, debe tomarse en cuenta el monto de lo defraudado, que es de cuatrocientos mil pesos, y que si bien la garantía económica no es para garantizar el daño, sí lo es para garantizar su presentación en el proceso. Previos argumentos expuestos por el asesor de la víctima, el defensor señaló que está de acuerdo en la firma periódica, pero en cuanto al monto de la garantía indicó es excesiva y vulnera el principio de presunción de inocencia. Previo debate, el juez resolvió: Que atendiendo la solicitud del Ministerio Público y del asesor jurídico, consistente en la firma periódica cada quince días, refirió el juez, no existió debate; sin embargo, respecto de la garantía económica por el monto de trescientos mil pesos, existió contradicción. Refirió el juez que el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que para imponer la garantía económica debe tomar en cuenta la idoneidad, y en cuanto al monto debe considerar el peligro de sustracción del imputado. En ese sentido, la responsable señaló que el imputado compareció a varias citaciones; también señala que debe considerar las características del quejoso, entre ellas su capacidad económica, empero dicha información no está vertida, por ello se carece de esa información pertinente. Por tanto, al no haberse proporcionado los datos suficientes, no se autorizó la garantía económica. Pero sí es idónea la firma periódica cada quince días, ante la autoridad de medidas cautelares. Siendo uno de los actos reclamados en esta instancia constitucional. Los artículos 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que las medidas cautelares tienen por objeto: Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo. Evitar la obstaculización del procedimiento. Así mismo, se prevé que para determinar la procedencia y proporcionalidad de la medida cautelar, el juez de control debe tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona. Para lo cual podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia. De igual forma, para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, en el numeral 155 del mismo cuerpo normativo, se establece un catálogo, a fin de que la autoridad judicial establezca cuál es la adecuada y menos invasiva, dentro de las que se prevé la prisión preventiva, la que en términos del diverso 19 de la codificación procesal, será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en la misma codificación. De lo cual se observa que el imputado es sometido a un procedimiento penal y sus derechos pueden ser restringidos con la finalidad de asegurar: su presencia, la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo y el desahogo del procedimiento. Por tanto, al ser una medida que está supeditada a que exista un procedimiento jurisdiccional, su procedencia se sujeta a que se haya formulado imputación y el imputado se acoja al plazo constitucional o que se haya decretado vinculación a proceso, tal como se prevé en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, se formuló imputación y el quejoso se acogió a la duplicidad del plazo constitucional, por lo que al haber solicitado la agente del Ministerio Público y asesora jurídica la imposición de medidas cautelares era procedente que se debatiera al respecto, pues al estar sometido al procedimiento es necesario que se asegure su presencia en el desarrollo del mismo, tal como lo refirió la jueza de control. De ahí, que este juzgado estime idónea y proporcional la medida cautelar impuesta por el juez de control, consistente en la firma periódica cada quince días. Ello atendiendo a que la presentación periódica es un medio eficaz para garantizar su permanencia del quejoso en el procedimiento, pues a través de la misma se busca que la autoridad administrativa a quien corresponde la supervisión y vigilancia, pueda constatar que el imputado permanece a disposición del juez de control para continuar con el desarrollo del procedimiento. Lo cual es acorde al objeto de las medidas cautelares, pues garantiza que el imputado no se sustraiga ni se entorpezca el procedimiento, además de que es una medida no tan invasiva, por lo cual es idónea y proporcional, pues es acorde a su objeto, ya que al estar sometido a un procedimiento penal, es evidente que existe la posibilidad de limitar sus derechos durante el tiempo que se encuentre sometido al procedimiento o, en su caso, sean modificadas por la autoridad judicial. Sin que ello implique que se esté prejuzgando sobre su responsabilidad, pues tal determinación constituye una medida provisional que no tiene efectos privativos, sino restrictivos durante el tiempo que dure el procedimiento. En tales condiciones, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a +++, contra la resolución que impone la medida cautelar reclamada al Juez de Control de la Región Judicial Norte, decretada en la audiencia desahogada el nueve de febrero de dos mil veintitrés en la causa penal 153/2021. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RESPECTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. Con relación al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, los conceptos de violación son infundados en una parte, y fundados en otra, aunque para ello se deban suplir en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Refiere el quejoso, que en el escrito de querella la víctima no señaló haber pagado un numerario o haber resentido un daño en su patrimonio, pues es cierto que se exhibió un contrato en la cual en la cláusula segunda se estableció el precio y que este fue recibido por el vendedor a su entera satisfacción, pero refiere el quejoso, que la sola existencia del contrato no puede justificar la adquisición de un lucro indebido; además, debería existir por lo menos un recibo o que se afirme que el pago fue en efectivo, en cheque, transferencia electrónica, boucher, o algún modo de pago utilizado en este tipo de actos de comercio. Señala el quejoso, que no objetó la existencia del contrato, pero sí la existencia del precio, pues ninguno de los testigos señalaron alguna cantidad que se haya pagado con motivo de su celebración, dado que no existe indicio que justifique la existencia de cuatrocientos mil pesos, pese a que la víctima no dijo haberlos pagado. Que el juez valoró de manera incorrecta el informe del Registro Público de la Propiedad, pues el contrato es de dos mil dieciocho y dicho informe de dos mil veinte, lo que no puede justificar que en dos mil dieciocho el quejoso fuera dueño; además dice el quejoso, no realizó ninguna conducta engañosa, pues no dijo ser dueño sino poseedor. Señala el quejoso, que el juez supone que con la mera existencia del contrato privado, se acredita la existencia del engaño, lo cual es ilegal. De la misma manera, señala que el juez indebidamente no otorgó valor a las entrevistas de +++ y +++, quienes desconocieron el contenido y firma del contrato privado dado que no justificaron sus aseveraciones, ello pese a señalar que son los que aparecen como firmantes del contrato privado materia de la controversia. Concluye el quejoso que la conducta imputada es la celebración de un contrato privado de compraventa, pero no se le imputa una conducta verbal o física; respecto al engaño, no se justificó que el imputado dijera que él era el propietario, o que el inmueble iba a estar inscrito en el registro público de la propiedad a su nombre en dos mil veinte, pues solo se advierte que el imputado manifestó que era poseedor; pues en todo caso, puede existir alguna nulidad de carácter civil, pero de ninguna manera existe el engaño. Y en cuanto al lucro, que este no existe, pues únicamente se señaló en la cláusula segunda del contrato privado de compraventa que se pactó la cantidad de cuatrocientos mil pesos, y que se tuvieron por recibidos por el vendedor; pero el vendedor (sic) en su querella, no señaló haber entregado esa cantidad de dinero al comprador (sic), que los testigos no señalan haber visto cantidad de dinero, lo que evidencia que no existió. Ahora, para el dictado de un auto de vinculación a proceso la autoridad responsable debe ajustarse a lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, esto es debe expresar el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que indiquen la probabilidad de que el o los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. Esto es, para que el juez de control vincule a proceso al imputado, se requiere que los datos expuestos por el Ministerio Público sean idóneos y pertinentes para establecer razonadamente la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el o los imputados participaron o cometieron el hecho. Cabe destacar, que el establecimiento de los datos de prueba en los cuales se sostiene un auto de vinculación a proceso, no implica la acreditación o la comprobación del hecho, dado que ello será materia de una diversa etapa procesal del juicio, en la cual las partes ante el órgano jurisdiccional, desahogan y demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí, que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, tal y como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente se requiere que se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y que el Fiscal indique de manera razonable los datos o medios de convicción que se generaron de los actos de investigación contenidos en la carpeta, que permita al juez encuadrar la conducta a la norma penal. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Así, para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben colmarse los siguientes requisitos: Que se haya formulado la imputación; Se haya otorgado a los imputados la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Ahora, de los antecedentes que dieron origen al auto de vinculación reclamado, se advierte que el nueve de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable individualizó a las partes; enseguida preguntó al imputado si conocía sus derechos, a lo que manifestó que sí, y designaba a Hugo Robles Romero como su defensor particular, quien aceptó y protestó el cargo conferido, y cuya cédula profesional fue constatada que estuviera debidamente inscrita en el Registro Nacional de Profesiones. Enseguida, el fiscal solicitó oportunidad para formular imputación, y previa autorización del responsable, señaló que se encuentra realizando una investigación en contra del imputado por los hechos siguientes: (6:27) Refiere que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, +++, en su carácter de comprador, celebró contrato de compraventa del inmueble ubicado en rancho camino +++, sin número, del pueblo Gilberto Camacho de Xicotepec de Juárez, Puebla, con el imputado en su calidad de vendedor; que se pactó la cantidad de cuatrocientos mil pesos y una vez entregado ese dinero, en la misma data, es decir, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el imputado entregó la posesión del inmueble a la víctima. Que Héctor Antonio, el dieciséis de junio de dos mil veinte, al tratar de iniciar los trámites de escrituración ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Xicotepec, mediante una constancia certificada de las propiedades y bienes inmuebles inscritas a favor del imputado, la víctima tuvo conocimiento que no se encuentra inscrito predio relacionado con el rancho camino +++, sin número, del pueblo Gilberto Camacho de Xicotepec de Juárez, Puebla; por lo que el imputado vendió un inmueble a pesar que sabía que no era de su propiedad y con conocimiento pleno de que no tenía derecho a ese bien, obtuvo un numerario que no le correspondía. Que la conducta se adecua al tipo de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 402, 403, fracción IV, 404, fracción II, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal de Puebla. La forma de intervención del imputado es de autor material, en términos del artículo 21, fracción I, del Código Penal de Puebla, pues el imputado es la persona señalada por la víctima con quien pactó o celebró el contrato de compraventa. La conducta desplegada por el imputado es dolosa, en términos del artículo 13, del Código Penal de Puebla, pues efectúo esa conducta, y obtuvo como resultado la obtención de un numerario. Que las personas que deponen en su contra son +++, +++y +++. Imputación que cumple con lo establecido en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acto seguido, el juez preguntó a la defensa si requería de alguna precisión a lo que dijo que no, y posterior a ello, la responsable hizo saber al imputado el derecho que le asistía de dar contestación al Fiscal, mediante una declaración o en su defecto, reservarse ese derecho, a lo que previa asesoría de su defensa, optó por esto último, es decir, se reservó el derecho a declarar, con lo que se satisface el requisito previsto en el numeral 312 de la ley procesal penal. Enseguida, la fiscalía solicitó oportunidad para exponer los datos de prueba, con la finalidad de que se vincule a proceso al imputado por los hechos con apariencia del delito antes citado, y para lo cual señala como tales: (11:14) Escrito de +++, de dieciséis de julio de dos mil veinte, ante el agente del Ministerio Publico investigador. Oficio SPF-IRCEP-RPP-XICOTEPEC-437/2020, suscrito por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Xicotepec de Juárez. (19:00) Oficio SPF-IRCEP-RPP-XICOTEPEC-511/2020 de diecisiete de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Xicotepec de Juárez. Oficio AEI/UX/1051/2021 de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, Macos Adán Aldama Murfin, agente estatal de investigación, entrega inspección ocular al predio calle 21 de marzo, sin número, camino a las bombas de la localidad de Gilberto Camacho de Villa Ávila Camacho, de Xicotepec de Juárez, Puebla, de veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Entrevista recabada a Alberto Duran Hernández de veinte de julio de dos mil veintiuno, por Marcos Adán Aldama Murfin, agente estatal de investigación. Entrevista recabada a +++, de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, por Marcos Adán Aldama Murfin, agente estatal de investigación. Con esa información se tiene la certeza de que el inmueble materia del contrato de compraventa, no está a nombre del quejoso, y por ello hay indicio de que Moisés Ricardo, sabía que el inmueble no estaba a su nombre y recibió por el contrato de compraventa de ese bien inmueble un numerario. Acto seguido, el juez hizo del conocimiento del imputado el derecho a elegir el momento para resolver su situación jurídica, es decir, si en ese momento, dentro del plazo de setenta y dos horas, o en su caso, de ciento cuarenta y cuatro horas; a lo que previo asesoramiento por su defensor, el imputado eligió este último plazo, y por tanto, la responsable fijó para la continuación de la audiencia, las nueve horas con treinta minutos del quince de febrero de dos mil veintitrés. (36:15) En continuación de la audiencia inicial, esto es, el quince de febrero de dos mil veintitrés, la defensa incorporó como datos de prueba, dos entrevistas practicadas Ana +++ y +++. Enseguida, y previo ejercicio de contradicción entre las partes, el juez dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de fraude especifico previsto y sancionado en los artículos 402, 403, fracción IV, 404, fracción II, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado, en agravio de +++. Determinación que constituye el diverso acto reclamado en esta instancia constitucional. En primer término se advierte que la determinación reclamada cumple con la temporalidad que alude el artículo 19 constitucional, pues una vez que el quejoso escuchó los hechos por la cual la fiscal sigue una investigación en su contra, decidió reservarse el derecho a dar contestación o emitir una declaración; del mismo modo, previa asesoría con su defensa, eligió el momento para que el juez de control resolviera su situación jurídica, es decir, dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas; situación que es conforme a lo establecido en el referido precepto constitucional. Con relación a los requisitos de fondo para la vinculación a proceso por el hecho con apariencia del delito de fraude especifico previsto y sancionado en los artículos 402, 403, fracción IV, 404, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla; se comparte en parte el criterio del juez de control. En efecto, el juez de control analizó que los requisitos establecidos por el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se cumplimentaran, esto es, se colmó la formulación de la imputación, se dio la oportunidad del imputado para que declarara, a lo cual previa asesoría con su defensor particular, decidieron reservarse el derecho, y eligió el momento para que se resolviera la situación jurídica, esto es dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, actos que se ajustan a lo dispuesto por los artículos citados. Ahora, previo analizar la determinación reclamada, es de indicar que la parte acusadora (Ministerio Público), debe establecer el hecho con apariencia de delito, y a su vez, tiene la obligación de sustentar el hecho con los datos de prueba incorporados en la audiencia, que no son otra cosa que la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación de los imputados en su comisión. En ese sentido, de los datos de prueba incorporados por el agente del Ministerio Público en la audiencia inicial, el juez responsable estableció razonadamente el hecho con apariencia de delito de fraude específico, pues en primer término el responsable estableció el hecho que investiga la fiscalía, consistente que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho la víctima Héctor Antonio, como comprador celebró un contrato de compraventa respecto del rancho ubicado en camino Arroyo Sin Lima, sin número, del pueblo Gilberto Camacho, en Xicotepec de Juárez, Puebla, con el imputado en calidad de vendedor. Que se pactó la cantidad de cuatrocientos mil pesos, y una vez entregada dicha cantidad el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el imputado entregó la posesión del inmueble a la víctima, quien posteriormente al acudir al registro público, le fue entregado una constancia de que el inmueble no estaba inscrito a favor del imputado. Lo anterior dijo el juez, el Ministerio Público estableció el hecho con los datos de prueba incorporados en la audiencia, entre los cuales está la entrevista de la víctima de +++, quien hace del conocimiento los hechos, que coinciden con la imputación. Que ello se corrobora con el contrato de compraventa que se dijo haberse celebrado entre la víctima y el imputado, respecto del inmueble citado. Que el debate propuesto por la defensa, indicó el juez, consistió que el imputado dijo que era poseedor y no propietario; cuestión que en primer término infirió la existencia de ese contrato de compraventa. Que la defensa señaló que en la querella no se dijo que se haya pagado, sin embargo, en el contrato sí se dijo que hubo pago y que entregó el bien inmueble en compraventa. Que la existencia de ese contrato se corrobora con la entrevista de Alberto Durán Hernández, ante el agente estatal de investigación, pues indicó que el día que se celebró el contrato, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, estuvo presente, así como +++, quien fungía como Presidente Auxiliar de Gilberto Camacho. También señaló como dato de prueba la entrevista de +++, quien da existencia del acto jurídico del contrato de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, pues acompañó a Héctor Antonio para firmar el contrato respecto de la compraventa del rancho y que estuvieron en la casa de Moisés Ricardo, y presentes en ese acto la esposa de Ricardo, que es +++ y el Presidente de Gilberto Camacho, +++, y que le consta que entregó el dinero +++ al imputado Moisés Ricardo. Que la defensa señala que no existió un pago, pero dice el juez, que ello no es suficiente para desestimar, pues existe la entrevista de la víctima, el propio contrato y la entrevista de Félix Orduña, de que sí existió un pago. Además el juez en la audiencia, no pasó por alto la entrevista de +++, quien señaló que al tener a la vista el contrato de compraventa, dijo que ese documento es falso, pues durante el periodo que ejerció como Presidente no se usaba hoja oficio, sino carta, y desconoce la firma y sello de ese acto jurídico. Que +++ también desconoció la firma, y que al parecer esos dos testigos firmaron el contrato y desconocieron su participación. Ante ello, el juez señaló, que para esta etapa procesal se advierte la existencia de un contrato, pero también señala que tanto Patricia como Leopoldo, desconocieron su participación en ese contrato; sin embargo, esas afirmaciones están sujetas a prueba, pues no es suficiente decir que no son sus firmas, y por ello deben prevalecer las pruebas de cargo. Que el Ministerio Público, ofreció los informes del Registro Público y de la Propiedad de Xicotepec de Juárez, quien informó que en relación al inmueble materia de la compraventa, no se encuentra registrado a nombre del imputado. Por lo tanto, de ello el responsable infirió que el imputado no es el dueño de ese inmueble. Por ello, se comparte el criterio del juez responsable, pues razonablemente se establece el cuadro fáctico expuesto por el Ministerio Público. Así indicó el juez, que la hipótesis de delito de fraude especifico 404, fracción II del Código Penal del Estado, define la conducta, y expresa que al que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente. Así dice el juez que se celebró un contrato de compraventa de un rancho y se pactó un precio de cuatrocientos mil pesos, que en la cláusula segunda se definió que el imputado vendía, por ello es un acto oneroso, pues así se define por el Código Civil de Puebla en su artículo 2121. En ese tenor, señala el juez, el imputado vende con conocimiento de que no tiene derecho para vender, pues así se demuestra con los oficios del registro público de que no es el propietario del rancho, y aun así lo vendió y recibió la cantidad de dinero de cuatrocientos mil pesos, aun cuando se estableciera que era poseedor. Por ello, el juez señala que sí se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 404, fracción II, en relación con el artículo 402 y 403, fracción IV, del Código Penal de Puebla. Refiere el juez, que la defensa señala que no se acreditó el engaño, empero indicó, que el tipo penal indica un elemento subjetivo, pues dice la ley "el que a sabiendas", por ello, si el quejoso era poseedor, no tenía que vender el inmueble, pues ahí radica el engaño. Que la defensa invocó que el asunto es de naturaleza civil; sin embargo, refirió el juez que el engaño está inmerso en la descripción típica, pues el imputado sabía que no era propietario para vender. Además indicó el juez, la diferencia entre dolo penal y civil, se da en el primero, a sabiendas de que no va a cumplir y a pesar de ello se consolida el acto, y en el dolo civil, no existe voluntad de incumplir, pero sobreviene una causa para cumplimentarlo. Por ello se advierte que se actualiza el hecho con apariencia de delito de fraude específico, previsto en el artículo 404, fracción II, en relación con el artículo 402 y 403, fracción IV, del Código Penal de Puebla. En cuanto a la probabilidad de la participación del quejoso, refirió el juez, existe un señalamiento claro y preciso que realizó +++, +++y +++, pues refirieron que el imputado celebró el contrato de compraventa respecto del rancho mencionado y recibió la cantidad de cuatrocientos mil pesos por dicho acto. Se comparte en parte el criterio del juez responsable, en cuanto a que se actualiza la hipótesis delictiva de fraude específico prevista en el artículo 402 y 404, fracción II, del Código Penal de Puebla. Pues tal y como lo indicó, el hecho que la fiscal estableció con los datos de prueba se establece que el imputado, enajenó un bien inmueble del que no tenía derecho a disponer, y del cual recibió la cantidad de cuatrocientos mil pesos por dicho acto. Ello, tal y como lo refirió la responsable, se corrobora tanto con el señalamiento de la víctima +++, así como la existencia del propio contrato de compraventa, celebrado entre aquel y el aquí imputado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual se destaca la cláusula segunda, de la que se advirtió que se especificó que la víctima realizó un pago por cuatrocientos mil pesos por la venta del bien inmueble localizado en el rancho camino al arroyo de cilima, sin número, del pueblo Gilberto Camacho, de Xicotepec de Puebla, numerario que al parecer recibió el aquí imputado. También este juzgado comulga con el criterio del responsable, en cuanto al señalamiento de la probabilidad de que el quejoso participó o cometió el hecho imputado, pues la víctima +++ hizo del conocimiento del representante social, que celebró el contrato con el aquí quejoso, quien le vendió un inmueble, de la cual no tenía derecho a disponer, ello se corrobora con la existencia propia del contrato de compraventa de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, así como los señalamiento de los testigos +++y +++ que indicaron que el imputado pactó con la víctima respecto de una compraventa del bien inmueble de referencia. No pasa inadvertido que el quejoso señaló en su demanda de amparo que la víctima no indicó en la querella haber pagado un numerario o haber resentido un daño en su patrimonio; sin embargo, tal y como lo refirió el juez, ello deviene intrascendente, pues existe un contrato de compraventa, en la cual en la cláusula segunda se estableció el motivo de la celebración de dicho acto jurídico, esto es, la compra venta de un inmueble en un precio de cuatrocientos mil pesos, en la cual se estableció que se recibió dicha cantidad, por ello resulta infundada su aseveración, pues contrario a su dicho, el contrato mismo es el documento fundatorio en el cual se advierte que el imputado dispuso de un bien del cual no tiene derecho, y por dicho acto se asentó que recibió la cantidad de cuatrocientos mil pesos, por ello, no impacta el hecho de que no se especifique si la cantidad fue recibida en efectivo, cheque o cualquier otro medio, pues en dicho documento se encuentra el consentimiento de las partes de su perfeccionamiento, esto es, del traslado del dominio de un bien, del que no se tenía derecho a disponer, y que se recibió un numerario por dicho acto. En otra parte refirió el quejoso en su demanda de amparo, que ninguno de los testigos señaló alguna cantidad que se haya pagado con motivo de su celebración; pero contrario a su dicho, en la imputación el Ministerio Público mencionó que una vez entregado el dinero y celebrado el contrato le fue otorgada la posesión del inmueble a la víctima, cuestión que fue corroborada por la entrevista de +++, quien indicó que le consta que el imputado recibió el dinero pactado; de ahí lo infundado de su aseveración. Que el juez valoró de manera incorrecta el informe del Registro Público de la Propiedad, pues el contrato es de dos mil dieciocho y dicho informe de dos mil veinte, lo que no puede justificar que en dos mil dieciocho el quejoso fuera dueño; sin embargo, dicha alegación es infundada, pues es cierto que el informe del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Xicotepec de Juárez, es de fecha posterior a la celebración del contrato, sin embargo, no existe dato de prueba objetivo que corrobore su dicho, esto es, que en la data de celebración del contrato de compraventa haya sido propietario, y con ello justificar que no existió disposición de un bien al que no tuviera derecho. De ahí que el hecho de haberse asentado en el contrato de compraventa que el imputado es poseedor y no propietario, en nada impacta la acreditación del hecho con apariencia de delito, pues el hecho que el fiscal investiga, es la disposición de un bien al que no tenía derecho, independientemente del carácter con que se ostente al momento de celebrar ese contrato de compraventa, por ende, contrario al dicho del quejoso, ese contrato sí acredita el engaño, pues se ostentó como una persona que podía disponer de un bien, cuando en realidad no contaba con dicha facultad. Por otra parte, el quejoso señala que el juez indebidamente no otorgó valor a las entrevistas de +++ y +++, quienes desconocieron el contenido y firma del contrato privado dado que no justificaron sus aseveraciones; sin embargo, se comparte el criterio del juez, pues al parecer dichas personas fungieron como testigos de un acto jurídico, incluso parece que estamparon sus firmas en el documento relativo a la compraventa del inmueble, cuestión que desconocieron al momento de ser entrevistadas, por ende, las simples manifestaciones en cuanto a ese desconocimiento en la confección del acto jurídico consistente en el contrato de compraventa celebrado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho entre el imputado como vendedor y +++ como comprador, por sí mismo son insuficientes, y por ende, se requiere que dichas afirmaciones sean sometidas a medios de convicción, pues solo de esta manera se podrá corroborar sus aseveraciones. No obstante lo anterior, se advierte un vicio en el acto reclamado en cuanto a la afirmación del juez que se acreditó el hecho con apariencia de delito de fraude específico previsto en el artículo 402, con relación a los diversos 404, fracción II, y específicamente del numeral 403, fracción IV, del Código Penal de Puebla. Ello es así, pues la vinculación a proceso constituye una de las formas en las que se expresa la acción penal del Estado, esto es, a través de la acción penal el Estado puede ejercer su pretensión punitiva contra una persona que probablemente intervino en la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, con la finalidad de que se apliquen las sanciones penales que proceden en caso de que se declare su culpabilidad a través de autoridad judicial. Así, el Juez de Control, para el dictado de un auto de vinculación a proceso debe establecer de forma clara el hecho materia de la imputación, determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas previstas en la norma en abstracto con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta. Ello es de suma importancia, pues debe quedar fija la clasificación por la cual se decreta ese auto de vinculación a proceso, pues en su caso, esta determinación podrá ser base de algún beneficio del quejoso, de manera enunciativa, se puede advertir que de conformidad con el artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional procede en los casos en que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito incluyendo sus agravantes, cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años, es decir, el delito es indivisible y al ser calificado se sanciona con una pena acumulada que corresponde en proporción al delito por el que se seguirá el proceso, tan es así que la agravante forma parte de los componentes del hecho delictivo. Las anteriores consideraciones pueden advertirse de la contradicción de criterios 310/2022, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido se advierte que la responsable omitió motivar la razón por la cual consideró se actualizaba la fracción IV, del artículo 403 del Código Penal de Puebla, pues en la audiencia oral celebrada el quince de febrero del año en curso, se inadvirtió la exposición de algún motivo, razón o circunstancia que haya tomado el responsable en cuenta para concluir que el hecho con apariencia de delito de fraude específico, encuadraba en dicha hipótesis normativa, relativa a la posible sanción a aplicar, en caso de que el imputado sea declarado penalmente responsable. Ello es así, pues el artículo 403 del Código Penal del Estado de Puebla, contiene diversas hipótesis a sancionar, dependiendo el valor de lo defraudado; de ahí que resulta de suma importancia establecer el hecho con todas las agravantes, pues en su caso, ello será materia de la investigación complementaria. En ese orden de ideas, basta imponerse del registro audiovisual para advertir que el juez responsable fue omiso en pronunciarse con relación al aspecto destacado, situación que vulnera los derechos fundamentales del quejoso relativos a la seguridad jurídica. En tales condiciones, se concede el amparo solicitado por +++, contra el acto reclamado al Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, consistente en la determinación de quince de febrero de dos mil veintitrés por la cual decretó en su contra auto de vinculación a proceso, por su probabable participación en el hecho con apariencia de delito de fraude específico, ello dentro de la carpeta judicial administrativa 153/2021, para los efectos que se indican a continuación. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Al advertirse una violación de forma y se concedió la protección constitucional al quejoso procede fijar los efectos, en términos del artículo 77, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, el juez de control deberá: CITACIÓN A LAS PARTES. Emita resolución en la que cite a las partes al desahogo de la audiencia inicial, para lo cual deberá verificar su citación conforme a las reglas previstas en el ordenamiento legal respectivo. INSUBSISTENCIA DE LOS ACTOS. En la data señalada para la audiencia, una vez verificada la presencia de las partes, deje insubsistente lo resuelto en la audiencia inicial desahogada el quince de febrero de dos mil veintitrés, relativo al auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso. LINEAMIENTOS RESOLUCIÓN. Emita otra resolución en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia, en relación con el auto de vinculación a proceso: Reitere que los datos de prueba son suficientes para establecer la probable participación de los quejosos en el hecho con apariencia del delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 402 y 404, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla cometido en agravio de +++. b) Conforme a lo señalado en esta sentencia, de manera fundada, motivada y con libertad de jurisdicción determine si con los datos de prueba incorporados por la fiscalía, se actualiza la agravante prevista en la fracción IV, del artículo 403 del Código Penal para el Estado de Puebla, o bien determine la que en efecto se actualice. IV. INMEDIACIÓN. Precisando que el juez de control que desahogue la audiencia deberá ser el mismo que emitió el auto de vinculación a proceso reclamado, a fin de respetar el principio de inmediación. V. DIVERSO JUEZ. En caso de que la audiencia deba ser desahogada por un juez de control diverso, deberá ordenar la reposición de la audiencia desde la formulación de imputación y agotar la audiencia en todas sus etapas, resolviendo lo que corresponda con libertad de jurisdicción. SEXTO.- FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a +++, contra la determinación de nueve de febrero de dos mil veintitrés, por la cual el juez de control de la Región Judicial norte, con sede en Huauchinango, Puebla, le impuso la medida cautelar de la firma periódica cada quince días, dentro de la carpeta judicial administrativa 153/2021/HUAUCHINANGO, en los términos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a +++, contra la determinación de quince de febrero de dos mil veintitrés, por la cual el juez de control de la Región Judicial norte, con sede en Huauchinango, Puebla, decretó en su contra auto de vinculación a proceso, por su probable comisión o participación en el hecho con apariencia del delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 402, 403, fracción IV, 404, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de +++, ello dentro de la carpeta judicial administrativa 153/2021/HUAUCHINANGO, en los términos y para los efectos establecidos en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO.- Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE, Y DE MANERA PERSONAL AL AUTORIZADO DEL QUEJOSO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO Y DE MANERA ELECTRÓNICA AL TERCERO INTERESADO, LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 233/2023, promovido por +++; y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el ocho de marzo de dos mil veintitrés y recibido en este Juzgado al día siguiente +++ demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, y otra autoridad, consistentes en las determinaciones de nueve y quince de febrero de dos mil veintitrés, por la cual se le impuso la medida cautelar de la firma periódica y el auto de vinculación a proceso en su contra por su probable comisión o participación en los hechos con apariencia de delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 402, 403, fracción IV, 402, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de +++; dentro de la carpeta judicial administrativa 153/2021; por considerar violatorio de los artículos 14, 16 y 19 constitucionales. Segundo. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 233/2023, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada (agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia inicial), y la víctima +++. Tercero. Mediante acuerdo general 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veintitrés, se amplió la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de los procesos penales en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en consecuencia se cambió la denominación de este órgano jurisdiccional para quedar como Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013, 23/2015 y 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar donde este juzgado de distrito ejerce jurisdicción, además de tener naturaleza penal al ser la medida cautelar impuesta de la firma periódica y el auto de vinculación a proceso. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo que establece el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como actos reclamados al Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, dentro de la carpeta judicial administrativa 153/2021 lo siguiente: La determinación de nueve de febrero de dos mil veintitrés, por la cual se le impuso la medida cautelar de la firma periódica, por todo el tiempo que dure el procedimiento. La determinación de quince de febrero de dos mil veintitrés, por la cual se decretó en su contra auto de vinculación a proceso, por su probable participación o comisión en los hechos con apariencia del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 402, 403, fracción IV, 402, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de +++. Cabe destacar, que los actos reclamados se fijan conforme la interpretación de la lectura íntegra de la demanda de amparo, lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, y la responsable de Medidas Cautelares, de la Región Judicial Norte, aceptaron la existencia de los actos reclamados. A efecto de corroborar lo anterior, la responsable ordenadora remitió copia autorizada cotejada de la carpeta judicial administrativa 153/2021/HUAUCHINANGO, así como los registros audiovisuales contenidos en un disco versátil digital, en las cuales se advierten las determinaciones aquí reclamadas, es decir, de nueve y quince de febrero de dos mil veintitrés en la que se advierte la medida cautelar de la firma periódica impuesta, y el auto de vinculación a proceso por los hechos con apariencia de delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 402, 403, fracción IV, 404, fracción segunda, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de +++; así mismo, la responsable de Medidas Cautelares, de la Región Judicial Norte, acompañó copia certificada de la foja 65, libro 4 del registro de comparecencias periódicas de imputados, donde el aquí quejoso estampó su primera firma, lo cual constata la existencia de los actos reclamados. CUARTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RESPECTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA FIRMA PERIÓDICA. Con relación al acto reclamado consistente en la medida cautelar impuesta de la firma periódica, los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta deban suplir en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Previo analizar la constitucionalidad del acto reclamado, de las constancias que remitió la responsable se advierte que posterior a que el quejoso eligió que se resolviera su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, la fiscal solicitó al juez responsable la imposición de una medida cautelar consistente en una firma periódica cada quince días y una garantía económica por el monto de trescientos mil pesos; lo anterior con base en que previamente existió una orden de comparecencia sin que tuviera éxito y para ello, se debió solicitar una orden de aprehensión, en la cual, el imputado promovió un juicio de amparo, en la especie 1020/2022 de los del índice de este juzgado, y se le concedió la suspensión provisional. Que la firma solicitada es idónea y proporcional y es la menos agresiva; y respecto de la garantía, debe tomarse en cuenta el monto de lo defraudado, que es de cuatrocientos mil pesos, y que si bien la garantía económica no es para garantizar el daño, sí lo es para garantizar su presentación en el proceso. Previos argumentos expuestos por el asesor de la víctima, el defensor señaló que está de acuerdo en la firma periódica, pero en cuanto al monto de la garantía indicó es excesiva y vulnera el principio de presunción de inocencia. Previo debate, el juez resolvió: Que atendiendo la solicitud del Ministerio Público y del asesor jurídico, consistente en la firma periódica cada quince días, refirió el juez, no existió debate; sin embargo, respecto de la garantía económica por el monto de trescientos mil pesos, existió contradicción. Refirió el juez que el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que para imponer la garantía económica debe tomar en cuenta la idoneidad, y en cuanto al monto debe considerar el peligro de sustracción del imputado. En ese sentido, la responsable señaló que el imputado compareció a varias citaciones; también señala que debe considerar las características del quejoso, entre ellas su capacidad económica, empero dicha información no está vertida, por ello se carece de esa información pertinente. Por tanto, al no haberse proporcionado los datos suficientes, no se autorizó la garantía económica. Pero sí es idónea la firma periódica cada quince días, ante la autoridad de medidas cautelares. Siendo uno de los actos reclamados en esta instancia constitucional. Los artículos 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que las medidas cautelares tienen por objeto: Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo. Evitar la obstaculización del procedimiento. Así mismo, se prevé que para determinar la procedencia y proporcionalidad de la medida cautelar, el juez de control debe tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona. Para lo cual podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia. De igual forma, para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, en el numeral 155 del mismo cuerpo normativo, se establece un catálogo, a fin de que la autoridad judicial establezca cuál es la adecuada y menos invasiva, dentro de las que se prevé la prisión preventiva, la que en términos del diverso 19 de la codificación procesal, será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en la misma codificación. De lo cual se observa que el imputado es sometido a un procedimiento penal y sus derechos pueden ser restringidos con la finalidad de asegurar: su presencia, la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo y el desahogo del procedimiento. Por tanto, al ser una medida que está supeditada a que exista un procedimiento jurisdiccional, su procedencia se sujeta a que se haya formulado imputación y el imputado se acoja al plazo constitucional o que se haya decretado vinculación a proceso, tal como se prevé en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, se formuló imputación y el quejoso se acogió a la duplicidad del plazo constitucional, por lo que al haber solicitado la agente del Ministerio Público y asesora jurídica la imposición de medidas cautelares era procedente que se debatiera al respecto, pues al estar sometido al procedimiento es necesario que se asegure su presencia en el desarrollo del mismo, tal como lo refirió la jueza de control. De ahí, que este juzgado estime idónea y proporcional la medida cautelar impuesta por el juez de control, consistente en la firma periódica cada quince días. Ello atendiendo a que la presentación periódica es un medio eficaz para garantizar su permanencia del quejoso en el procedimiento, pues a través de la misma se busca que la autoridad administrativa a quien corresponde la supervisión y vigilancia, pueda constatar que el imputado permanece a disposición del juez de control para continuar con el desarrollo del procedimiento. Lo cual es acorde al objeto de las medidas cautelares, pues garantiza que el imputado no se sustraiga ni se entorpezca el procedimiento, además de que es una medida no tan invasiva, por lo cual es idónea y proporcional, pues es acorde a su objeto, ya que al estar sometido a un procedimiento penal, es evidente que existe la posibilidad de limitar sus derechos durante el tiempo que se encuentre sometido al procedimiento o, en su caso, sean modificadas por la autoridad judicial. Sin que ello implique que se esté prejuzgando sobre su responsabilidad, pues tal determinación constituye una medida provisional que no tiene efectos privativos, sino restrictivos durante el tiempo que dure el procedimiento. En tales condiciones, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a +++, contra la resolución que impone la medida cautelar reclamada al Juez de Control de la Región Judicial Norte, decretada en la audiencia desahogada el nueve de febrero de dos mil veintitrés en la causa penal 153/2021. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RESPECTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. Con relación al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, los conceptos de violación son infundados en una parte, y fundados en otra, aunque para ello se deban suplir en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Refiere el quejoso, que en el escrito de querella la víctima no señaló haber pagado un numerario o haber resentido un daño en su patrimonio, pues es cierto que se exhibió un contrato en la cual en la cláusula segunda se estableció el precio y que este fue recibido por el vendedor a su entera satisfacción, pero refiere el quejoso, que la sola existencia del contrato no puede justificar la adquisición de un lucro indebido; además, debería existir por lo menos un recibo o que se afirme que el pago fue en efectivo, en cheque, transferencia electrónica, boucher, o algún modo de pago utilizado en este tipo de actos de comercio. Señala el quejoso, que no objetó la existencia del contrato, pero sí la existencia del precio, pues ninguno de los testigos señalaron alguna cantidad que se haya pagado con motivo de su celebración, dado que no existe indicio que justifique la existencia de cuatrocientos mil pesos, pese a que la víctima no dijo haberlos pagado. Que el juez valoró de manera incorrecta el informe del Registro Público de la Propiedad, pues el contrato es de dos mil dieciocho y dicho informe de dos mil veinte, lo que no puede justificar que en dos mil dieciocho el quejoso fuera dueño; además dice el quejoso, no realizó ninguna conducta engañosa, pues no dijo ser dueño sino poseedor. Señala el quejoso, que el juez supone que con la mera existencia del contrato privado, se acredita la existencia del engaño, lo cual es ilegal. De la misma manera, señala que el juez indebidamente no otorgó valor a las entrevistas de +++ y +++, quienes desconocieron el contenido y firma del contrato privado dado que no justificaron sus aseveraciones, ello pese a señalar que son los que aparecen como firmantes del contrato privado materia de la controversia. Concluye el quejoso que la conducta imputada es la celebración de un contrato privado de compraventa, pero no se le imputa una conducta verbal o física; respecto al engaño, no se justificó que el imputado dijera que él era el propietario, o que el inmueble iba a estar inscrito en el registro público de la propiedad a su nombre en dos mil veinte, pues solo se advierte que el imputado manifestó que era poseedor; pues en todo caso, puede existir alguna nulidad de carácter civil, pero de ninguna manera existe el engaño. Y en cuanto al lucro, que este no existe, pues únicamente se señaló en la cláusula segunda del contrato privado de compraventa que se pactó la cantidad de cuatrocientos mil pesos, y que se tuvieron por recibidos por el vendedor; pero el vendedor (sic) en su querella, no señaló haber entregado esa cantidad de dinero al comprador (sic), que los testigos no señalan haber visto cantidad de dinero, lo que evidencia que no existió. Ahora, para el dictado de un auto de vinculación a proceso la autoridad responsable debe ajustarse a lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, esto es debe expresar el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que indiquen la probabilidad de que el o los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. Esto es, para que el juez de control vincule a proceso al imputado, se requiere que los datos expuestos por el Ministerio Público sean idóneos y pertinentes para establecer razonadamente la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el o los imputados participaron o cometieron el hecho. Cabe destacar, que el establecimiento de los datos de prueba en los cuales se sostiene un auto de vinculación a proceso, no implica la acreditación o la comprobación del hecho, dado que ello será materia de una diversa etapa procesal del juicio, en la cual las partes ante el órgano jurisdiccional, desahogan y demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí, que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, tal y como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente se requiere que se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y que el Fiscal indique de manera razonable los datos o medios de convicción que se generaron de los actos de investigación contenidos en la carpeta, que permita al juez encuadrar la conducta a la norma penal. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Así, para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben colmarse los siguientes requisitos: Que se haya formulado la imputación; Se haya otorgado a los imputados la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Ahora, de los antecedentes que dieron origen al auto de vinculación reclamado, se advierte que el nueve de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable individualizó a las partes; enseguida preguntó al imputado si conocía sus derechos, a lo que manifestó que sí, y designaba a Hugo Robles Romero como su defensor particular, quien aceptó y protestó el cargo conferido, y cuya cédula profesional fue constatada que estuviera debidamente inscrita en el Registro Nacional de Profesiones. Enseguida, el fiscal solicitó oportunidad para formular imputación, y previa autorización del responsable, señaló que se encuentra realizando una investigación en contra del imputado por los hechos siguientes: (6:27) Refiere que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, +++, en su carácter de comprador, celebró contrato de compraventa del inmueble ubicado en rancho camino +++, sin número, del pueblo Gilberto Camacho de Xicotepec de Juárez, Puebla, con el imputado en su calidad de vendedor; que se pactó la cantidad de cuatrocientos mil pesos y una vez entregado ese dinero, en la misma data, es decir, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el imputado entregó la posesión del inmueble a la víctima. Que Héctor Antonio, el dieciséis de junio de dos mil veinte, al tratar de iniciar los trámites de escrituración ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Xicotepec, mediante una constancia certificada de las propiedades y bienes inmuebles inscritas a favor del imputado, la víctima tuvo conocimiento que no se encuentra inscrito predio relacionado con el rancho camino +++, sin número, del pueblo Gilberto Camacho de Xicotepec de Juárez, Puebla; por lo que el imputado vendió un inmueble a pesar que sabía que no era de su propiedad y con conocimiento pleno de que no tenía derecho a ese bien, obtuvo un numerario que no le correspondía. Que la conducta se adecua al tipo de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 402, 403, fracción IV, 404, fracción II, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal de Puebla. La forma de intervención del imputado es de autor material, en términos del artículo 21, fracción I, del Código Penal de Puebla, pues el imputado es la persona señalada por la víctima con quien pactó o celebró el contrato de compraventa. La conducta desplegada por el imputado es dolosa, en términos del artículo 13, del Código Penal de Puebla, pues efectúo esa conducta, y obtuvo como resultado la obtención de un numerario. Que las personas que deponen en su contra son +++, +++y +++. Imputación que cumple con lo establecido en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acto seguido, el juez preguntó a la defensa si requería de alguna precisión a lo que dijo que no, y posterior a ello, la responsable hizo saber al imputado el derecho que le asistía de dar contestación al Fiscal, mediante una declaración o en su defecto, reservarse ese derecho, a lo que previa asesoría de su defensa, optó por esto último, es decir, se reservó el derecho a declarar, con lo que se satisface el requisito previsto en el numeral 312 de la ley procesal penal. Enseguida, la fiscalía solicitó oportunidad para exponer los datos de prueba, con la finalidad de que se vincule a proceso al imputado por los hechos con apariencia del delito antes citado, y para lo cual señala como tales: (11:14) Escrito de +++, de dieciséis de julio de dos mil veinte, ante el agente del Ministerio Publico investigador. Oficio SPF-IRCEP-RPP-XICOTEPEC-437/2020, suscrito por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Xicotepec de Juárez. (19:00) Oficio SPF-IRCEP-RPP-XICOTEPEC-511/2020 de diecisiete de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Xicotepec de Juárez. Oficio AEI/UX/1051/2021 de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, Macos Adán Aldama Murfin, agente estatal de investigación, entrega inspección ocular al predio calle 21 de marzo, sin número, camino a las bombas de la localidad de Gilberto Camacho de Villa Ávila Camacho, de Xicotepec de Juárez, Puebla, de veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Entrevista recabada a Alberto Duran Hernández de veinte de julio de dos mil veintiuno, por Marcos Adán Aldama Murfin, agente estatal de investigación. Entrevista recabada a +++, de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, por Marcos Adán Aldama Murfin, agente estatal de investigación. Con esa información se tiene la certeza de que el inmueble materia del contrato de compraventa, no está a nombre del quejoso, y por ello hay indicio de que Moisés Ricardo, sabía que el inmueble no estaba a su nombre y recibió por el contrato de compraventa de ese bien inmueble un numerario. Acto seguido, el juez hizo del conocimiento del imputado el derecho a elegir el momento para resolver su situación jurídica, es decir, si en ese momento, dentro del plazo de setenta y dos horas, o en su caso, de ciento cuarenta y cuatro horas; a lo que previo asesoramiento por su defensor, el imputado eligió este último plazo, y por tanto, la responsable fijó para la continuación de la audiencia, las nueve horas con treinta minutos del quince de febrero de dos mil veintitrés. (36:15) En continuación de la audiencia inicial, esto es, el quince de febrero de dos mil veintitrés, la defensa incorporó como datos de prueba, dos entrevistas practicadas Ana +++ y +++. Enseguida, y previo ejercicio de contradicción entre las partes, el juez dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de fraude especifico previsto y sancionado en los artículos 402, 403, fracción IV, 404, fracción II, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado, en agravio de +++. Determinación que constituye el diverso acto reclamado en esta instancia constitucional. En primer término se advierte que la determinación reclamada cumple con la temporalidad que alude el artículo 19 constitucional, pues una vez que el quejoso escuchó los hechos por la cual la fiscal sigue una investigación en su contra, decidió reservarse el derecho a dar contestación o emitir una declaración; del mismo modo, previa asesoría con su defensa, eligió el momento para que el juez de control resolviera su situación jurídica, es decir, dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas; situación que es conforme a lo establecido en el referido precepto constitucional. Con relación a los requisitos de fondo para la vinculación a proceso por el hecho con apariencia del delito de fraude especifico previsto y sancionado en los artículos 402, 403, fracción IV, 404, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla; se comparte en parte el criterio del juez de control. En efecto, el juez de control analizó que los requisitos establecidos por el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se cumplimentaran, esto es, se colmó la formulación de la imputación, se dio la oportunidad del imputado para que declarara, a lo cual previa asesoría con su defensor particular, decidieron reservarse el derecho, y eligió el momento para que se resolviera la situación jurídica, esto es dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, actos que se ajustan a lo dispuesto por los artículos citados. Ahora, previo analizar la determinación reclamada, es de indicar que la parte acusadora (Ministerio Público), debe establecer el hecho con apariencia de delito, y a su vez, tiene la obligación de sustentar el hecho con los datos de prueba incorporados en la audiencia, que no son otra cosa que la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación de los imputados en su comisión. En ese sentido, de los datos de prueba incorporados por el agente del Ministerio Público en la audiencia inicial, el juez responsable estableció razonadamente el hecho con apariencia de delito de fraude específico, pues en primer término el responsable estableció el hecho que investiga la fiscalía, consistente que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho la víctima Héctor Antonio, como comprador celebró un contrato de compraventa respecto del rancho ubicado en camino Arroyo Sin Lima, sin número, del pueblo Gilberto Camacho, en Xicotepec de Juárez, Puebla, con el imputado en calidad de vendedor. Que se pactó la cantidad de cuatrocientos mil pesos, y una vez entregada dicha cantidad el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el imputado entregó la posesión del inmueble a la víctima, quien posteriormente al acudir al registro público, le fue entregado una constancia de que el inmueble no estaba inscrito a favor del imputado. Lo anterior dijo el juez, el Ministerio Público estableció el hecho con los datos de prueba incorporados en la audiencia, entre los cuales está la entrevista de la víctima de +++, quien hace del conocimiento los hechos, que coinciden con la imputación. Que ello se corrobora con el contrato de compraventa que se dijo haberse celebrado entre la víctima y el imputado, respecto del inmueble citado. Que el debate propuesto por la defensa, indicó el juez, consistió que el imputado dijo que era poseedor y no propietario; cuestión que en primer término infirió la existencia de ese contrato de compraventa. Que la defensa señaló que en la querella no se dijo que se haya pagado, sin embargo, en el contrato sí se dijo que hubo pago y que entregó el bien inmueble en compraventa. Que la existencia de ese contrato se corrobora con la entrevista de Alberto Durán Hernández, ante el agente estatal de investigación, pues indicó que el día que se celebró el contrato, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, estuvo presente, así como +++, quien fungía como Presidente Auxiliar de Gilberto Camacho. También señaló como dato de prueba la entrevista de +++, quien da existencia del acto jurídico del contrato de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, pues acompañó a Héctor Antonio para firmar el contrato respecto de la compraventa del rancho y que estuvieron en la casa de Moisés Ricardo, y presentes en ese acto la esposa de Ricardo, que es +++ y el Presidente de Gilberto Camacho, +++, y que le consta que entregó el dinero +++ al imputado Moisés Ricardo. Que la defensa señala que no existió un pago, pero dice el juez, que ello no es suficiente para desestimar, pues existe la entrevista de la víctima, el propio contrato y la entrevista de Félix Orduña, de que sí existió un pago. Además el juez en la audiencia, no pasó por alto la entrevista de +++, quien señaló que al tener a la vista el contrato de compraventa, dijo que ese documento es falso, pues durante el periodo que ejerció como Presidente no se usaba hoja oficio, sino carta, y desconoce la firma y sello de ese acto jurídico. Que +++ también desconoció la firma, y que al parecer esos dos testigos firmaron el contrato y desconocieron su participación. Ante ello, el juez señaló, que para esta etapa procesal se advierte la existencia de un contrato, pero también señala que tanto Patricia como Leopoldo, desconocieron su participación en ese contrato; sin embargo, esas afirmaciones están sujetas a prueba, pues no es suficiente decir que no son sus firmas, y por ello deben prevalecer las pruebas de cargo. Que el Ministerio Público, ofreció los informes del Registro Público y de la Propiedad de Xicotepec de Juárez, quien informó que en relación al inmueble materia de la compraventa, no se encuentra registrado a nombre del imputado. Por lo tanto, de ello el responsable infirió que el imputado no es el dueño de ese inmueble. Por ello, se comparte el criterio del juez responsable, pues razonablemente se establece el cuadro fáctico expuesto por el Ministerio Público. Así indicó el juez, que la hipótesis de delito de fraude especifico 404, fracción II del Código Penal del Estado, define la conducta, y expresa que al que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente. Así dice el juez que se celebró un contrato de compraventa de un rancho y se pactó un precio de cuatrocientos mil pesos, que en la cláusula segunda se definió que el imputado vendía, por ello es un acto oneroso, pues así se define por el Código Civil de Puebla en su artículo 2121. En ese tenor, señala el juez, el imputado vende con conocimiento de que no tiene derecho para vender, pues así se demuestra con los oficios del registro público de que no es el propietario del rancho, y aun así lo vendió y recibió la cantidad de dinero de cuatrocientos mil pesos, aun cuando se estableciera que era poseedor. Por ello, el juez señala que sí se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 404, fracción II, en relación con el artículo 402 y 403, fracción IV, del Código Penal de Puebla. Refiere el juez, que la defensa señala que no se acreditó el engaño, empero indicó, que el tipo penal indica un elemento subjetivo, pues dice la ley "el que a sabiendas", por ello, si el quejoso era poseedor, no tenía que vender el inmueble, pues ahí radica el engaño. Que la defensa invocó que el asunto es de naturaleza civil; sin embargo, refirió el juez que el engaño está inmerso en la descripción típica, pues el imputado sabía que no era propietario para vender. Además indicó el juez, la diferencia entre dolo penal y civil, se da en el primero, a sabiendas de que no va a cumplir y a pesar de ello se consolida el acto, y en el dolo civil, no existe voluntad de incumplir, pero sobreviene una causa para cumplimentarlo. Por ello se advierte que se actualiza el hecho con apariencia de delito de fraude específico, previsto en el artículo 404, fracción II, en relación con el artículo 402 y 403, fracción IV, del Código Penal de Puebla. En cuanto a la probabilidad de la participación del quejoso, refirió el juez, existe un señalamiento claro y preciso que realizó +++, +++y +++, pues refirieron que el imputado celebró el contrato de compraventa respecto del rancho mencionado y recibió la cantidad de cuatrocientos mil pesos por dicho acto. Se comparte en parte el criterio del juez responsable, en cuanto a que se actualiza la hipótesis delictiva de fraude específico prevista en el artículo 402 y 404, fracción II, del Código Penal de Puebla. Pues tal y como lo indicó, el hecho que la fiscal estableció con los datos de prueba se establece que el imputado, enajenó un bien inmueble del que no tenía derecho a disponer, y del cual recibió la cantidad de cuatrocientos mil pesos por dicho acto. Ello, tal y como lo refirió la responsable, se corrobora tanto con el señalamiento de la víctima +++, así como la existencia del propio contrato de compraventa, celebrado entre aquel y el aquí imputado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual se destaca la cláusula segunda, de la que se advirtió que se especificó que la víctima realizó un pago por cuatrocientos mil pesos por la venta del bien inmueble localizado en el rancho camino al arroyo de cilima, sin número, del pueblo Gilberto Camacho, de Xicotepec de Puebla, numerario que al parecer recibió el aquí imputado. También este juzgado comulga con el criterio del responsable, en cuanto al señalamiento de la probabilidad de que el quejoso participó o cometió el hecho imputado, pues la víctima +++ hizo del conocimiento del representante social, que celebró el contrato con el aquí quejoso, quien le vendió un inmueble, de la cual no tenía derecho a disponer, ello se corrobora con la existencia propia del contrato de compraventa de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, así como los señalamiento de los testigos +++y +++ que indicaron que el imputado pactó con la víctima respecto de una compraventa del bien inmueble de referencia. No pasa inadvertido que el quejoso señaló en su demanda de amparo que la víctima no indicó en la querella haber pagado un numerario o haber resentido un daño en su patrimonio; sin embargo, tal y como lo refirió el juez, ello deviene intrascendente, pues existe un contrato de compraventa, en la cual en la cláusula segunda se estableció el motivo de la celebración de dicho acto jurídico, esto es, la compra venta de un inmueble en un precio de cuatrocientos mil pesos, en la cual se estableció que se recibió dicha cantidad, por ello resulta infundada su aseveración, pues contrario a su dicho, el contrato mismo es el documento fundatorio en el cual se advierte que el imputado dispuso de un bien del cual no tiene derecho, y por dicho acto se asentó que recibió la cantidad de cuatrocientos mil pesos, por ello, no impacta el hecho de que no se especifique si la cantidad fue recibida en efectivo, cheque o cualquier otro medio, pues en dicho documento se encuentra el consentimiento de las partes de su perfeccionamiento, esto es, del traslado del dominio de un bien, del que no se tenía derecho a disponer, y que se recibió un numerario por dicho acto. En otra parte refirió el quejoso en su demanda de amparo, que ninguno de los testigos señaló alguna cantidad que se haya pagado con motivo de su celebración; pero contrario a su dicho, en la imputación el Ministerio Público mencionó que una vez entregado el dinero y celebrado el contrato le fue otorgada la posesión del inmueble a la víctima, cuestión que fue corroborada por la entrevista de +++, quien indicó que le consta que el imputado recibió el dinero pactado; de ahí lo infundado de su aseveración. Que el juez valoró de manera incorrecta el informe del Registro Público de la Propiedad, pues el contrato es de dos mil dieciocho y dicho informe de dos mil veinte, lo que no puede justificar que en dos mil dieciocho el quejoso fuera dueño; sin embargo, dicha alegación es infundada, pues es cierto que el informe del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Xicotepec de Juárez, es de fecha posterior a la celebración del contrato, sin embargo, no existe dato de prueba objetivo que corrobore su dicho, esto es, que en la data de celebración del contrato de compraventa haya sido propietario, y con ello justificar que no existió disposición de un bien al que no tuviera derecho. De ahí que el hecho de haberse asentado en el contrato de compraventa que el imputado es poseedor y no propietario, en nada impacta la acreditación del hecho con apariencia de delito, pues el hecho que el fiscal investiga, es la disposición de un bien al que no tenía derecho, independientemente del carácter con que se ostente al momento de celebrar ese contrato de compraventa, por ende, contrario al dicho del quejoso, ese contrato sí acredita el engaño, pues se ostentó como una persona que podía disponer de un bien, cuando en realidad no contaba con dicha facultad. Por otra parte, el quejoso señala que el juez indebidamente no otorgó valor a las entrevistas de +++ y +++, quienes desconocieron el contenido y firma del contrato privado dado que no justificaron sus aseveraciones; sin embargo, se comparte el criterio del juez, pues al parecer dichas personas fungieron como testigos de un acto jurídico, incluso parece que estamparon sus firmas en el documento relativo a la compraventa del inmueble, cuestión que desconocieron al momento de ser entrevistadas, por ende, las simples manifestaciones en cuanto a ese desconocimiento en la confección del acto jurídico consistente en el contrato de compraventa celebrado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho entre el imputado como vendedor y +++ como comprador, por sí mismo son insuficientes, y por ende, se requiere que dichas afirmaciones sean sometidas a medios de convicción, pues solo de esta manera se podrá corroborar sus aseveraciones. No obstante lo anterior, se advierte un vicio en el acto reclamado en cuanto a la afirmación del juez que se acreditó el hecho con apariencia de delito de fraude específico previsto en el artículo 402, con relación a los diversos 404, fracción II, y específicamente del numeral 403, fracción IV, del Código Penal de Puebla. Ello es así, pues la vinculación a proceso constituye una de las formas en las que se expresa la acción penal del Estado, esto es, a través de la acción penal el Estado puede ejercer su pretensión punitiva contra una persona que probablemente intervino en la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, con la finalidad de que se apliquen las sanciones penales que proceden en caso de que se declare su culpabilidad a través de autoridad judicial. Así, el Juez de Control, para el dictado de un auto de vinculación a proceso debe establecer de forma clara el hecho materia de la imputación, determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas previstas en la norma en abstracto con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta. Ello es de suma importancia, pues debe quedar fija la clasificación por la cual se decreta ese auto de vinculación a proceso, pues en su caso, esta determinación podrá ser base de algún beneficio del quejoso, de manera enunciativa, se puede advertir que de conformidad con el artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional procede en los casos en que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito incluyendo sus agravantes, cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años, es decir, el delito es indivisible y al ser calificado se sanciona con una pena acumulada que corresponde en proporción al delito por el que se seguirá el proceso, tan es así que la agravante forma parte de los componentes del hecho delictivo. Las anteriores consideraciones pueden advertirse de la contradicción de criterios 310/2022, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido se advierte que la responsable omitió motivar la razón por la cual consideró se actualizaba la fracción IV, del artículo 403 del Código Penal de Puebla, pues en la audiencia oral celebrada el quince de febrero del año en curso, se inadvirtió la exposición de algún motivo, razón o circunstancia que haya tomado el responsable en cuenta para concluir que el hecho con apariencia de delito de fraude específico, encuadraba en dicha hipótesis normativa, relativa a la posible sanción a aplicar, en caso de que el imputado sea declarado penalmente responsable. Ello es así, pues el artículo 403 del Código Penal del Estado de Puebla, contiene diversas hipótesis a sancionar, dependiendo el valor de lo defraudado; de ahí que resulta de suma importancia establecer el hecho con todas las agravantes, pues en su caso, ello será materia de la investigación complementaria. En ese orden de ideas, basta imponerse del registro audiovisual para advertir que el juez responsable fue omiso en pronunciarse con relación al aspecto destacado, situación que vulnera los derechos fundamentales del quejoso relativos a la seguridad jurídica. En tales condiciones, se concede el amparo solicitado por +++, contra el acto reclamado al Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, consistente en la determinación de quince de febrero de dos mil veintitrés por la cual decretó en su contra auto de vinculación a proceso, por su probabable participación en el hecho con apariencia de delito de fraude específico, ello dentro de la carpeta judicial administrativa 153/2021, para los efectos que se indican a continuación. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Al advertirse una violación de forma y se concedió la protección constitucional al quejoso procede fijar los efectos, en términos del artículo 77, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, el juez de control deberá: CITACIÓN A LAS PARTES. Emita resolución en la que cite a las partes al desahogo de la audiencia inicial, para lo cual deberá verificar su citación conforme a las reglas previstas en el ordenamiento legal respectivo. INSUBSISTENCIA DE LOS ACTOS. En la data señalada para la audiencia, una vez verificada la presencia de las partes, deje insubsistente lo resuelto en la audiencia inicial desahogada el quince de febrero de dos mil veintitrés, relativo al auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso. LINEAMIENTOS RESOLUCIÓN. Emita otra resolución en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia, en relación con el auto de vinculación a proceso: Reitere que los datos de prueba son suficientes para establecer la probable participación de los quejosos en el hecho con apariencia del delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 402 y 404, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla cometido en agravio de +++. b) Conforme a lo señalado en esta sentencia, de manera fundada, motivada y con libertad de jurisdicción determine si con los datos de prueba incorporados por la fiscalía, se actualiza la agravante prevista en la fracción IV, del artículo 403 del Código Penal para el Estado de Puebla, o bien determine la que en efecto se actualice. IV. INMEDIACIÓN. Precisando que el juez de control que desahogue la audiencia deberá ser el mismo que emitió el auto de vinculación a proceso reclamado, a fin de respetar el principio de inmediación. V. DIVERSO JUEZ. En caso de que la audiencia deba ser desahogada por un juez de control diverso, deberá ordenar la reposición de la audiencia desde la formulación de imputación y agotar la audiencia en todas sus etapas, resolviendo lo que corresponda con libertad de jurisdicción. SEXTO.- FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a +++, contra la determinación de nueve de febrero de dos mil veintitrés, por la cual el juez de control de la Región Judicial norte, con sede en Huauchinango, Puebla, le impuso la medida cautelar de la firma periódica cada quince días, dentro de la carpeta judicial administrativa 153/2021/HUAUCHINANGO, en los términos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a +++, contra la determinación de quince de febrero de dos mil veintitrés, por la cual el juez de control de la Región Judicial norte, con sede en Huauchinango, Puebla, decretó en su contra auto de vinculación a proceso, por su probable comisión o participación en el hecho con apariencia del delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 402, 403, fracción IV, 404, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de +++, ello dentro de la carpeta judicial administrativa 153/2021/HUAUCHINANGO, en los términos y para los efectos establecidos en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO.- Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE, Y DE MANERA PERSONAL AL AUTORIZADO DEL QUEJOSO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO Y DE MANERA ELECTRÓNICA AL TERCERO INTERESADO, LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
Puebla, Puebla, a diez de abril de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra trascurriendo la vista otorgada a la parte tercera interesada HÉCTOR ANTONIO ROSAS ESCAMILLA con los informes justificados, en tales condiciones, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con seis minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, tres de abril de dos mil veintitrés. DESPACHO DILIGENCIADO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el JUEZ PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA, por el cual devuelve diligenciado el despacho número 163/2023 del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada Héctor Antonio Rosas Escamilla. Acúsese recibo a la autoridad oficiante, dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. TERCERO INTERESADO SE APERSONA Por otra parte agréguese a los autos el escrito del tercero interesado Héctor Antonio Rosas Escamilla, visto su contenido, se tiene a la citada parte tercera interesada apersonándose al presente juicio, con el carácter que se ostenta. AUTORIZADOS 1 Recibidos vía correo electrónico en la cuenta institucional 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx; con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta ley, se reconoce que el documento merece valor probatorio para estar al contenido del mismo, pues se trata de información generada o comunicada en medios electrónicos que a juicio del suscrito es fiable al ser posible atribuirla a la autoridad oficiante porque es concordante en cuanto a lo que este juzgado requirió, pues refieren datos que solamente pudo conocer con la notificación que le fue realizada por parte de este órgano jurisdiccional. Téngase por autorizados de la parte tercera interesada a Edgar Alan Rivera Benítez y Carla Alejandra Rivera Pérez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Así mismo, ténganse por autorizados de manera restringida a las diversas personas que menciona en su escrito, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley, por así haberlo solicitado expresamente. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando los nombres de usuario Edgar.RiveraB y CarlaRivera a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. FORMULA ALEGATOS Y OFRECE PRUEBAS Por otro lado, téngasele ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anuncia; igualmente, téngasele realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de celebrarse la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente. SE ORDENA DAR VISTA CON INFORMES JUSTIFICADOS En consecuencia, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la oficiante con los INFORMES JUSTIFICADOS rendidos por las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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