Moisés Ortiz Cárcamo
Expediente 249/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Moisés Ortiz Cárcamo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de veintiocho de abril del año en curso, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. -------------------------------------------------------------------------------
- Principal
En Puebla, Puebla, son las nueve horas con dieciocho minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, hora y día programados para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 249/2022, promovido por Moisés Ortíz Cárcamo. En audiencia pública se encuentra Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de Edgar Moreno González, secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez la declara abierta sin asistencia de las partes y ordena al secretario que haga la relación de constancias. El secretario da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. El Juez acuerda: téngase hecha la relación de constancias. Con fundamento en el numeral 123 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio. El secretario da cuenta con las constancias que el remitió la autoridad responsable con su informe justificado. El juez acuerda: téngase admitidas y desahogadas las probanzas aludidas, dada su naturaleza; al no haber prueba pendiente por recibir ni desahogar, se cierra esta etapa, y se declara abierta la de alegatos. El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez cierra este periodo y dicta la sentencia siguiente.Vistos los autos del juicio de amparo 249/2022 para dictar sentencia, y R e s u l t a n d o. Primero. Presentación de la demanda. Mediante oficio 8965/2022 del secretario de este Juzgado al que adjunto demanda de amparo recibida dentro del diverso juicio de 146/2022, presentado el nueve de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibido al día siguiente, Moisés Ortíz Carcamo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres de la Unidad de Investigación Libres, y otra, a quienes reclamó la medida de protección en favor de Mary Carmen Ortiz Carcamo, dentro del expedientillo 11/2022 de la carpeta de investigación FGE/CDI/FEIDVGCM/LIBRES-I/000904/2022, así como la ejecución de la misma, lo que considera violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales. Segundo. Radicación y tramitación. El día once de marzo siguiente este juzgado ordenó formar y registrar el juicio de amparo 249/2022, admitió la demanda, pidió el informe justificado, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación, señaló día y hora para la audiencia constitucional, la que, previo emplazamiento de la tercera interesada, fue celebrada como antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado la tiene en términos los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque fue reclamada una medida de protección en favor de una víctima del delito dentro de una carpeta de investigación, la cual debe cumplirse en el domicilio de la ofendida, quien radica en el municipio de Libres, Puebla, por lo que se actualiza la competencia por materia penal y por territorio. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija como tal: La medida de protección en favor de la víctima Mary Carmen Ortiz Carcamo, dentro de la carpeta de investigación FGE/ CDI/ FEIDVGCM/ LIBRES-I/ 000904/ 2022. El cumplimiento de la misma por parte de la ejecutora. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto pues aunque la autoridad ministerial responsable lo negó, realizó expresiones con las que reconoció que mediante auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós fue emitida la medida de protección a la víctima dentro de la carpeta de investigación FGE/ CDI/ FEIDVGCM/ LIBRES-I/ 000904/ 2022, lo que se corrobora con las constancias que aportó. La autoridad ejecutora no rindió informe, por lo que se presume cierto el cumplimiento a las medidas de protección en la medida que fueron otorgados, como es la de brindar protección en el domicilio de la víctima y auxilio inmediato en caso de ser necesario. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. En ejercicio de la facultad establecida en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado observa la actualización del supuesto previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.".... En efecto, del artículo 107, fracción I, constitucional, así como de los numerales citados, se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Así mismo, debe entenderse por perjuicio, para efectos de juicio de amparo, la afectación de un derecho legítimamente tutelado que es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, lo cual faculta a su titular acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo demandando el cese de esa transgresión. De igual manera, el perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de promoverse la demanda de amparo, o por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando la afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Esto es, el interés jurídico en el juicio de amparo surge cuando el acto reclamado causa un perjuicio personal y directo a la esfera jurídica del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de derechos y obligaciones de los que es titular. Entonces, para pedir amparo el peticionario debe demostrar, en primer lugar, ser titular del derecho que invoca y defiende en el juicio, lo cual debe acreditarse fehacientemente, con los elementos de prueba idóneos que permitan al juzgador tener certeza que el quejoso, al momento de la emisión del acto, gozaba del derecho o prerrogativa cuya afectación reclama en el juicio de amparo, en segundo lugar, la vulneración directa a los derechos con ese acto. Resulta aplicable la jurisprudencia con los siguientes datos de identificación, rubro y texto: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En el caso, no se justifica el segundo requisito para la procedencia de la acción constitucional, pues si bien el acto reclamado fue emitido dentro de una carpeta de investigación en la que se decretan medidas de protección en favor de la ofendida, éstas no lesionan un derecho sustantivo del quejoso. Ello porque de las constancia remitidas por la autoridad ministerial se tomó conocimiento de que el cuatro de febrero del año en curso dentro de la carpeta de investigación citada, la agente del Ministerio Público advirtió un riesgo o peligro existente respecto de la seguridad en la integridad física o emocional de la ofendida, pues dijo que de acuerdo con su denuncia fue víctima por parte del quejoso mediante actos de naturaleza física, verbal e intimidatorio. De esa manera, la responsable consideró que la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante la probabilidad de un evento de violencia de mayor gravedad, que pudiera resultar un daño mayor en la integridad física e incluso provocarle la muerte. Por ello, determinó que la víctima se encuentra en peligro dados los distintos incidentes de violencia de los que ha sido objeto por parte del quejoso; lo que dijo, representa un riesgo de la ofendida en su integridad física y emocional, a la vez, un atentado a su dignidad y el derecho de vivir una vida libre de violencia. Por ese motivo, emitió la medida de protección a que se refiere el artículo 137, fracciones V, VI y VIII, del Código Nacional del Procedimientos Penales: Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: (..) V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; (.) VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; (.) Con motivo de ello se ordenó notificar al quejoso en su domicilio y prohibirle realizar actos o conductas intimidantes o amenazantes a la ofendida, así como a las personas cercanas a ella, como son los familiares más cercanos, ya sea de manera personal verbal o física; de igual manera se le pidió abstenerse de realizar llamadas telefónicas, mensajes de texto, en redes sociales o por cualquier medio de comunicación, que fueran amenazantes o intimidantes y pusieran en riesgo, la integridad física y psicoemocional de la ofendido, así como de las personas cercanas a ella. De igual manera se la percibió que de incumplir, sería acreedor a una medida premio consistente una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al día de la emisión de esa medida. Lo que se notificó al quejoso el cinco de febrero de dos mil veintidós. Tal medida en sí mismo no altera ni lesiona algunos de los derechos del quejoso, en tanto que lo único que se le ordenó es que se abstenga de realizar actos de agresión en contra de la víctima, quien denunció violencia familiar. Con lo cual no se constriñe o modifica o restringe la conducta del quejoso, ya que ningún ser humano tutela el derecho de agredir a otra persona, en tanto que la expectativa de toda conducta humana es que respete a los demás. De modo que no podría considerarse que se lesionan los derechos del quejoso porque se le requirió que se conduzca con respecto hacía la ofendida. Además, tampoco se le restringe en sus comunicaciones, pues la medida fue clara que evitara comunicación de cualquier medio que lesionara la integridad psico-emocional de la quejosa. En cuanto a la libertad de deambular, tampoco se entiende restringida en contra del quejoso, sino que se le pidió que se abstenga de agredir a la víctima en vía pública, lugar de trabajo o domicilio. Por tanto, la medida decretada no lesiona el interés jurídico del quejoso. De igual manera el apercibimiento de multa no afecta el interés jurídico del quejoso. Ese acto contiene una simple amenaza dirigida al quejoso para el caso de incumplir lo ordenado por la autoridad responsable, que se traduce de una sanción de carácter económico en el monto ahí precisado. Sin embargo, tal actuación no conlleva que al momento de emitirla se esté imponiendo esa sanción; esto es, tal determinación no hace efectivo el apercibimiento señalado, pues, ello dependerá, por una parte, de la conducta que asuma su destinatario, quien podría acatar voluntariamente ese mandato, así como de la que asuma la autoridad responsable, quien, no obstante no lo acate, podría no imponerlo, es decir, no hacer efectiva la orden ahí contenida, por considerarlo innecesario. De tal manera, no puede sostenerse jurídicamente que una determinación con tales características genere afectación directa e inmediata en algún derecho humano del quejoso, en que puede asumir libremente conducirse conforme considere conveniente a sus intereses y, en tal supuesto, se desconoce si su actitud o conducta generará la consecuencia a que se hace referencia como medida de apremio, pues, se insiste, pese a ello, la autoridad ministerial puede decidir no hacer efectiva la amenaza ahí contenida. En tal contexto, esa determinación no tiene una repercusión real e inmediata en algún derecho del quejoso que amerite ser protegido en esta vía, sino, en todo caso, esa afectación es futura e incierta y, de llegar a concretarse en su persona y derechos, estará en condiciones de controvertirla si la considera ilegal. Apoya tales consideraciones, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010813 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 26, Enero de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.I.L. J/14 L (10a.) Página: 2321 MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Por ende, si bien el fiscal responsable emitió un pronunciamiento en el sentido indicado; sin embargo, al desconocerse si hará efectiva la medida de apremio con que apercibió al quejoso, se concluye que tal determinación no genera una afectación real, directa e inmediata al quejoso, en alguno de sus derechos. Por tal razón, al no reclamarse un acto de autoridad que transgreda un derecho subjetivo del quejoso en forma personal y directa, se sobresee en el juicio respecto a dicho acto, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diversos 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución que no se reclaman por vicios propios. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Esta sentencia es de interés público, por lo que, con el objeto darle publicidad y al tiempo salvaguardar la información reservada o confidencial de su contenido, se ordena la elaboración de la versión pública y ponerla a disposición del público para su consulta en los mecanismos establecidos para tal efecto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y para cuando se efectúe la solicitud correspondiente en conformidad con el procedimiento de acceso a la información. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Moisés Ortíz Cárcamo en contra de la medida de protección dictada en favor de la víctima dentro de la carpeta de investigación FGE/ CDI/ FEIDVGCM/ LIBRES-I/ 000904/ 2022 que reclamó a la agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres de la Unidad de Investigación Libres, y al cumplimiento de la misma que en su momento deba dar la autoridad ejecutora; ello de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia como se indica en el considerando último. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, por lista a las demás partes.
- Principal
Puebla, Puebla, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el original del despacho número 274/2022, del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada MARY CARMEN ORTIZ CÁRCAMO. Acúsese recibo a la autoridad oficiante, dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFICACIÓN POR LISTA Y LAS SUBSECUENTES Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, y tomando en consideración que la citada parte tercera interesada MARY CARMEN ORTIZ CÁRCAMO, a la fecha no ha señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento de fecha seis de abril del año en curso, y con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la referida parte el presente proveído, así como los subsecuentes aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto.
- Principal
Puebla, Puebla, a seis de abril de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DELITOS CONTRA LA MUJER, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LIBRES, PUEBLA, recibido vía correo electrónico, mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las nueve horas con dieciocho minutos del día veintiocho de abril del año en curso, para que tenga verificativo. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA Ahora, de las constancias de las actuaciones dictadas en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/LIBRE-I/000904/2022 de su índice, en los que obran los datos de la parte agraviada, lo cuales son: MARY CARMEN ORTIZ CARCAMO, con domicilio ubicado en calle Emiliano Zapata 68, Barrio Guadalupe, Libres, Puebla, entre las calle Manuel Ávila Camacho y Camino Real, teléfono 276 104 20 60, correo mark6634@hotmail.com. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se le reconoce la calidad de tercero interesado. SE GIRA DESPACHO En tales condiciones, gírese atento despacho vía electrónica, al Juez de lo Penal de Libres, Puebla, para que con copia autorizada del presente auto, así como del auto admisorio y copia simple de la demanda, emplace a la parte tercera interesada: MARY CARMEN ORTIZ CARCAMO, con domicilio ubicado en calle Emiliano Zapata 68, Barrio Guadalupe, Libres, Puebla, entre las calle Manuel Ávila Camacho y Camino Real, teléfono 276 104 20 60, correo mark6634@hotmail.com. Lo anterior, con fundamento en el artículo 310, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; debiendo el juez de lo penal remitir a este juzgado federal dentro de los tres días siguientes la correspondiente constancia de emplazamiento, haciéndole saber la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y que dentro del término de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, deberán señalar domicilio en este Municipio de Puebla para oír y recibir sus notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo las subsecuentes se les harán por medio de lista, aun las de carácter personal, en conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En caso de que el emplazamiento referido se entienda personalmente con la parte tercera interesada, se comisiona al actuario judicial a fin de que exhorte a la parte tercera interesada para que de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que, de ser posible, realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, dígasele a la tercera interesada que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx E incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" O "iOS". Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que el servidor público al que le designe llevarla a cabo deberá practicar el emplazamiento respectivo de inmediato, ajustándose a lo previsto en la Ley de Amparo, particularmente los artículos 24 y 27, por lo cual éste debe efectuarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente; y una vez practicado el mismo, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial de inmediato o, en su caso, informar las razones por las que no se llevó a cabo dicha diligencia. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Se solicita al aludido Juez que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar el emplazamiento que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituir en los domicilios proporcionados en distintos días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde puedan realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. Sin que sea obstáculo para llevar a cabo la diligencia encomendada el hecho de que al momento de recibir la respectiva comunicación haya transcurrido la fecha de la audiencia constitucional, ya que con independencia de que la misma pueda diferirse, lo que importa es que sea debidamente emplazada con tal carácter. En razón de lo anterior, se instruye al encargado de practicar el emplazamiento ordenado para que lo desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. ANOTACIONES EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, pásense los autos a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que realice las modificaciones necesarias en el expediente electrónico.
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