Moisés Himelfarb Shveid

Expediente 489/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
489/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Moisés Himelfarb Shveid

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal, el once de noviembre de dos mil veinte se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  2. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual informa que se avocó al estudio de la demanda de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, archívese este cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vista la demanda promovida por ..., por propio derecho, contra actos de la Novena Sala y Juez Septuagésimo Tercero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, así como Juez de lo Civil del Poder Judicial del Estado de México con residencia en Huixquilucan, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales; al efecto se acuerda: C O N S I D E R A N D O: I. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario reclama la orden de desposesión del inmueble identificado como: " ... ", emitida en el juicio ejecutivo mercantil 799/2016, del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero Civil de esta Ciudad, así como su ejecución a través de exhorto a cargo del Juez en Huixquilucan, Estado de México, ordenado en auto de veintitrés de septiembre pasado, con motivo del remate aprobado en el proceso de origen. Y como violaciones procesales los autos, audiencias y resoluciones dictadas en el procedimiento de remate. II. Precisado lo anterior, el suscrito declina la competencia por cuestión de territorio, para conocer del asunto, por los motivos que a continuación se exponen: El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Tal precepto prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento le corresponde: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se obtiene que cuando el acto reclamado deba tener ejecución material en determinada demarcación territorial, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en ese lugar. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 132, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VI, página 84, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra indica: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material." Asimismo, la jurisprudencia 324 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 462 del Apéndice de 2011, Tomo VII. Conflictos Competenciales Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Común, Octava Época, registro 1011309, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material." En el particular, se actualiza el primer supuesto de los citados, que fija la competencia al Juez de Distrito del lugar en que deba ejecutarse el acto reclamado; esto es, en el sitio donde se ubica el inmueble objeto de remate y desposesión. Lo anterior es así, pues si bien es cierto el juicio del que deriva el reclamo en esta instancia, se tramita ante un juzgado civil con residencia en la Ciudad de México, no puede soslayarse el hecho de que la parte quejosa, aun cuando reclame diversas violaciones en el procedimiento de remate, el acto que tiene ejecución entre los reclamados es la orden de desposesión ordenada a través de exhorto, lo cual implica que lógicamente habrá de tener lugar en el sitio donde se ubica el bien inmueble, lo que en el caso, ocurre en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. Evento que de acuerdo a lo manifestado por el accionante de amparo, habrá de prepararse mediante la diligenciación de exhorto, como ya ocurrió desde el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, donde se ordenó al juez común de dicha localidad que ejecute la orden dada de entregar el bien a la nueva propietaria. De ahí que conforme a las reglas competenciales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se esté en presencia de actos de desposesión legal y material que han de ejecutarse en un distrito judicial distinto a éste. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 9/2004, de la Novena Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, página 182, de la Novena Época, en Materia Civil, que dice: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." De tal suerte que para efectos del proceso constitucional biinstancial, rige el primer supuesto previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y por tal motivo, de conformidad con el numeral invocado, debe conocer de la demanda, un Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por ser el lugar donde se ubica el bien de cuya desposesión legal y material se duele la parte quejosa. Al efecto, se invoca por analogía la tesis III.2o.P.194 P de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, Página: 1060, que establece: "ORDEN DE DESPOSEIMIENTO DE INMUEBLE. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN, AUNQUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RESIDAN EN SITIO DISTINTO. La ejecución de una orden de desposeimiento de inmueble es instantánea, toda vez que se consuma en el momento en que la autoridad materialmente limita su posesión a favor del tenedor; luego, si ésta se verifica en el lugar en que se encuentra el inmueble, se surte la competencia legal en favor del Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la entidad federativa en que se ubica dicho bien, de conformidad con el primer supuesto a que alude el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que al encontrarse la finca fija en un sitio, ineludiblemente es en éste en donde se ejecuta, sin importar que las autoridades ejecutoras tengan su residencia en distinto Estado de la República, toda vez que su traslado hacia el bien, aunque representa un papel destacado para llevar a cabo el desposeimiento, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse, pues sólo constituye un hecho que sucede en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, la que se materializa de manera instantánea precisamente cuando se realiza el desposeimiento que se impugna, aparte de que el numeral invocado, para fijar la competencia del juicio constitucional, atiende al lugar de ejecución del acto y no al que pertenezcan las responsables encargadas de llevarlo a cabo." Además, no puede decirse que respecto de las violaciones procesales que reclama la quejosa en la etapa de remate sean actos que fijen la competencia al suscrito, pues no se está en un supuesto donde exista una diversidad de actuaciones que puedan dar competencia a jueces federales de distintos distritos, dado que el elemento objetivo para sostener la competencia es la materialización de la desposesión que, en su caso, habría de realizarse en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. Orienta lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia número 91 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice de 1985, parte VIII, página 142, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto - quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por lo expuesto, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. Solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo, y remítase el presente cuaderno al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que provea lo que en derecho corresponda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, incluso para la utilización de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho artículo si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones Conforme al artículo 22 del Acuerdo Plenario 21/2020, se exhorta a la parte quejosa para que continúe la tramitación del asunto bajo la modalidad "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, se le solicita proporcionar un número telefónico o correo electrónico donde pueda ser localizada para entablar comunicaciones no procesales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos citados, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito declara CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos de la Novena Sala y Juez Trigésimo Tercero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, así como Juez de lo Civil del Poder Judicial del Estado de México con residencia en Huixquilucan, en turno. SEGUNDO. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo; y sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo y la suspensión del acto reclamado, remítase el presente cuaderno al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa Entidad, para que, de considerarlo ajustado a derecho, tenga a bien avocarse a su conocimiento. NOTIFÍQUESE.

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