Moises Gitlin Dorfman
Expediente 38/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 20/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Moises Gitlin Dorfman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Agréguese el oficio proveniente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos del juicio de amparo citado al rubro, un tomo y la resolución emitida en el R. C. ... que confirma la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó el presente asunto. Glósese el cuaderno de antecedentes formado en ausencia del principal; acúsese recibo de las constancias descritas. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente asunto, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que dispone el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las normas en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberán conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, debido a que la autoridad responsable remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el ocurso de ..., autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso ..., personalidad que se le reconoce por tener registrada su cédula en el sistema correspondiente bajo el número de registro único 72896; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintidós de agosto de dos mil veintidós; remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito original de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 38/2022, promovido por ..., contra actos del Juez Vigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Ejecutor adscrito al Juzgado Noveno Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México; y Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El dieciocho de enero de dos mil veintidós, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables locales mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 6º, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Por razón de turno, tocó conocer al suscrito, quien admitió la demanda; dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; requirió los informes justificados; y señaló a los terceros interesados. En vía de ampliación, el quejoso señaló como responsable al Ejecutor adscrito al Juzgado Noveno Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, por lo cual se le requirió su informe justificado. Las responsables rindieron sus informes, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento legal; los terceros interesados fueron emplazados; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza mercantil, seguido ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. La competencia se sostiene además, conforme a la ejecutoria de cuatro de julio de dos mil veintidós, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el conflicto competencial 5/2022. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se hace la precisión del acto reclamado; así, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama el embargo sobre su cuenta bancaria ... en el Banco ..., donde se le deposita su pensión por jubilación, ordenada en el juicio ejecutivo mercantil ..., por la cantidad de $6'739,722.23 (seis millones setecientos treinta y nueve mil setecientos veintidós pesos 23/100 moneda nacional) del índice del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México. Dicho aseguramiento se trabó en la diligencia de emplazamiento efectuada mediante exhorto por el Ejecutor adscrito al Juzgado Noveno Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, el juez y ejecutor responsables aceptaron la existencia del acto reclamado; certeza corroborada con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores se condujo en sentido negativo; empero, se desvirtúa su manifestación para en su lugar tener por cierto el reclamo que se le atribuye, pues es autoridad ejecutora y la ordenadora aceptó el acto. CUARTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierten los siguientes antecedentes destacados: 1. El dos de julio de dos mil veintiuno, la tercera interesada demandó al quejoso en la vía ejecutiva mercantil; de dicho asunto tocó conocer al Juez Vigésimo Noveno Civil de Proceso escrito de esta ciudad, quien el cinco del mismo mes y año le asignó el número de expediente ... y dictó auto de prevención. 2. Una vez efectuada la aclaración, el tres de agosto de dos mil veintiuno, admitió la demanda y dictó auto de exequendo contra una moral que no fue parte en esta instancia y el quejoso; y atendiendo a que el domicilio de este último se ubica en el Estado de México, libró exhorto al Juez competente en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, para su diligenciación. 3. Por razón de turno, la comunicación oficial fue asignada al Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, que en proveído de trece de octubre del mismo año, ordenó su materialización. 4. El veinticuatro de noviembre siguiente, el Ejecutor responsable llevó a cabo la diligencia de exequendo, donde entre otras cosas trabó embargo genérico sobre las cuentas bancarias a nombre del quejoso. El aseguramiento decretado en dicha diligencia y su materialización constituyen el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. Al ser una cuestión de orden público y estudio preferente, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe examinar la procedencia del juicio constitucional. El presente juicio es improcedente toda vez que por el estado que guarda el juicio ejecutivo de origen, al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño, de modo que para combatir el embargo trabado en la diligencia de exequendo, debe agotar los medios de defensa que contempla la legislación mercantil y la jurisprudencia. En primer lugar es pertinente señalar por qué no le asiste el carácter de tercera extraña a la quejosa. El tercero extraño auténtico a un juicio es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. Orienta lo anterior el criterio de Jurisprudencia VII.2o.C. J/21 de la Novena Época, con registro: 177771. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 1305, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. Ahora bien, de conformidad con el criterio que sostiene el Máximo Tribunal del País, cuando el quejoso está en condiciones de incorporarse a la contienda para defender sus intereses, como lo es en aquellos casos en que el asunto sigue en fase de sustanciación, o sea, antes del dictado de sentencia, el impetrante pierde el carácter de tercero extraño a juicio, y siendo así, queda en obligación de agotar los mecanismos de defensa ordinarios que contempla la ley reguladora del acto reclamado, pues en este caso, no está de cara a un estado de indefensión insuperable. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Décima Época, registro: 2000293. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, en Materia(s): Común, Página: 1627, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En la especie, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el quejoso, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, de valor probatorio pleno, se aprecia que el peticionario compareció al juicio a dar contestación a la demanda desde el once de enero de dos mil veintiuno -esto es, antes de presentar su escrito inicial en esta instancia constitucional (dieciocho de enero de dos mil veintidós)- y aún no se ha dictado sentencia definitiva; por lo tanto, el quejoso está en plenas condiciones de hacer valer los medios de defensa que correspondan. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por ello, atento al estado procesal del juicio de origen (trámite), y la jurisprudencia del Máximo Tribunal, el quejoso está en condiciones de entablar su defensa al ser parte demandada, y por ello, no le asiste el carácter de tercero extraño que alega. En concordancia con lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El numeral citado prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie no se actualizan, pues como ya se explicó, atento al estado procesal que guarda el juicio de origen, al quejoso no puede considerársele como un tercero extraño. Por ello, se concluye que está obligado a agotar, respecto de la diligencia de exequendo y sus consecuencias, el incidente de nulidad de actuaciones. Al respecto, se cita la tesis jurisprudencial VI.1o. J/78, de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 61, Enero de 1993, en Materia(s): Común, Página: 99, que dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa por ello es obvio que en esta última expresión, medio de defensa, queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, a través del cual puede lograrse la anulación del acto reclamado; esto es obtener el objetivo de cualquier medio de defensa. Por ende si el juicio en que se reclama la falta o indebido emplazamiento no se encuentra concluido por sentencia, eso vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo." En efecto, al no ser tercera extraña al proceso, la peticionaria está obligada a promover el incidente de nulidad de actuaciones contra la diligencia de exequendo y sus consecuencias, conforme a los artículos 1394 y 1414 de la legislación mercantil; y 319, 320, 359 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio al Código de Comercio. Lo anterior, aun cuando la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos; pues lo cierto es que tal disposición refiere también los "medios de defensa", con los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos de que se trate, como en el caso es el incidente de nulidad de actuaciones; toda vez que materialmente cumple con el último de los objetivos mencionados, y por ello encuadra como un medio de defensa a que la causal de improcedencia se refiere. Al respecto, es aplicable el criterio de jurisprudencia VI.2o.C. J/243 de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, en Materia(s): Civil, Página: 1651, que dispone: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." También lo es, la tesis III.1o.C. J/34, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, página 1041, de noviembre de 2002, Novena Época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Por lo anterior, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y lo procedente es SOBRESEER el juicio respecto del embargo trabado en la diligencia de exequendo dentro del juicio de origen y sus consecuencias, conforme al diverso 63, fracción V, de la misma legislación. Similar criterio sostuvieron el Quinto y Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión ... y ..., respectivamente, donde determinaron: R.C. ... del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: "[.] Lo infundado de los argumentos de mérito es así, porque el juez de distrito en la resolución recurrida no tuvo por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por considerar que al comparecer la quejosa al Juzgado Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, a revisar el expediente del juicio ejecutivo mercantil ... seguido en su contra por la tercera interesada, debía considerarse que fue emplazada a ese juicio; pues lo que determinó el citado juez de distrito, es que a partir del treinta de enero de dos mil veinte, en que el citado juez responsable le puso a la vista los autos originales del referido juicio, se impuso de los actos contenidos en el mismo, por lo que debió hacer valer en éste el incidente de nulidad de actuaciones, debido a que la sentencia condenatoria en contra de la aludida quejosa, se dictó el once de febrero de dos mil veinte. Consideración que se estima correcta, porque con independencia de cuál fue la razón por la que se puso a disposición de la promovente del amparo el expediente ... del juicio de origen del que derivan los actos reclamados; no puede pasarse por alto, que aun cuando ésta en la demanda de amparo se ostentó como tercera extraña a juicio por equiparación, por no ser legalmente emplazada a la controversia natural, la verdad es que al ser parte demandada formal y material en tal controversia y tener conocimiento de la misma, al permitirle consultar el mencionado expediente el treinta de enero de dos mil veinte, cuando todavía no se dictaba la sentencia definitiva, lo que ocurrió el once de febrero siguiente; esa cuestión implicó que dejó de tener el señalado carácter, por lo que a partir de que pudo consultar los autos respectivos, es que tuvo pleno conocimiento de todas y cada y una de las actuaciones contenidas en éstos, por lo que quedó obligada a impugnar dentro de la referida controversia la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, a través del incidente de nulidad de actuaciones, en términos de lo previsto en los artículos 1349 a 1357, en relación con el diverso artículo 1404, todos del Código de Comercio; lo cual no hizo. [.]" R.C. ..., del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: "[.] Por tanto, dada la temporalidad de las actuaciones en el juicio de origen, la quejosa tenía expedito su derecho para promover el incidente de nulidad en contra de la diligencia de emplazamiento y embargo, antes de acudir a la instancia constitucional, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, por ser un medio de defensa dentro del procedimiento a través del cual podía ser nulificada la actuación reclamada, si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada el seis de octubre de dos mil veinte, esto es, antes de que se dictara sentencia en el juicio natural. Sin que obste a lo anterior, que el juez de Distrito haya basado la desestimación de la causal de improcedencia en la tesis aislada 1a. CCXLV/2017 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 422, Materia Común, que a la letra dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. [.]" Lo anterior es así, toda vez que el criterio del juez de Distrito es contrario a lo que sustenta dicha tesis, pues la misma establece que procede el amparo indirecto en contra de la resolución que recaiga al incidente de nulidad promovido en contra de la diligencia de embargo, por ser considerado éste un acto de imposible reparación, lo cual supone la existencia de un incidente de nulidad previamente planteado para nulificar la diligencia de embargo. Aunado a ello, debe decirse que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, de ahí que en contra de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley antes de acudir al juicio de amparo, como lo ha establecido el Pleno del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia P./J. 11/2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, Materia Común, Registro digital, que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. [.]" Máxime que la quejosa no puede ser considerada como tercera extraña por equiparación, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento seguido en su contra cuando aún no se había dictado sentencia, porque en ese caso, estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa. [.] Estas resoluciones se invocan pues constituyen hechos notorios para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, así como lo establecido en la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de junio de 2006, página 963, en materia común, cuyo rubro y texto es: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.". No es óbice a lo resuelto, que para sustentar la procedencia del juicio, el quejoso invocara las tesis I.3o.C.345 C (10a.) y la diversa I.11o.C.65 K (10a.), de rubros: "EMBARGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA EL DERECHO SUSTANTIVO DE SUPERVIVENCIA DEL JUBILADO ADULTO MAYOR."; y "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEJAN DE LABORAR Y ELLO IMPIDE QUE LOS RECURSOS Y MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA QUE PROCEDAN CONTRA LOS ACTOS RECLAMADOS SE SUSTANCIEN Y RESUELVAN CON PRONTITUD.". Con relación al primero, la sola circunstancia de que el acto sea de imposible reparación no exime al peticionario del cumplimiento al principio de definitividad, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicho principio debe observarse aun cuando la violación alegada pudiera calificarse de esa forma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Ahora bien, por lo que hace al segundo criterio, el peticionario presentó su demanda el dieciocho de enero de dos mil veintidós; fecha en que los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se encontraban laborando conforme al Acuerdo 03-11/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura de esta ciudad, que autorizó la reanudación de labores desde el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. De modo que no se actualiza el supuesto de paralización a que se refiere la tesis aislada invocada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 48, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ..., contra actos del Juez Vigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Ejecutor adscrito al Juzgado Noveno Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México; y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintidós de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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