Moises Hernandez Pinacho

Expediente 460/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
460/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Moises Hernandez Pinacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos de los que se advierte que el ocho de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo del mismo. Por lo que carece de objete que continúe en trámite el cuaderno de prueba formado con las siguientes constancias: 1.- Original del Toca Penal JOTP/43/2020. 2.- Disco en formato DVD con el registro de audio y video de la audiencia de suspensión condicional del proceso, de fecha trece de febrero de dos mil veinte y archivo en formato PDF del proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 117/2019, que acompañó como apoyo a su informe justificado el Presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, devuélvase a su lugar de origen. Infórmese a la citada autoridad que no es necesario acuse recibo del oficio de que se trata, solo es preciso asiente en el acuse de recibo su entrega de las documentales a que se refiere el auto inserto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VI "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18° fracción I inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto, se negó el juicio de amparo, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    MESA VI "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 460/2020; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del contenido de las constancias que integran el juicio de amparo, se deduce que el quejoso reclama: 1) La resolución dictada el dieciocho de marzo de dos mil veinte, en el toca penal JOTP/43/2020, por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por conducto del Magistrado Presidente, aceptó la existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Circuito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no rindió su informe justificado. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Alude el quejoso que la autoridad responsable no debio tomar en cuenta la calificativa que agrava la pena para verificar la procedencia de la salida alterna, pues la calificación jurídica que debe considerarse para ello es la del hecho base, en el caso, el relativo al abuso sexual, con una pena mínima de tres años y una máxima de seis años de prisión. Por lo que de la operación aritmética correspondiente, resultan cuatro años con seis meses, sin que sea procedente agregar, para la procedencia de la suspensión solicitada, la pena contenida en el numeral que refiere si el robo se ejecuta con violencia a las personas o a las cosas, a la pena correspondiente por el robo simple se agregarán de uno a ocho años de prisión, que constituye, en este caso, la calificativa a la que se refiere el numeral 359 del Código Penal de Oaxaca, en virtud de que se agregará al momento de dictarse la sentencia, pero no en el momento procesal en que se encontraba el quejoso. Que la agravante no forma parte de los parámetros entre la mínima y la máxima, pues éstos deberán considerarse al momento de individualizar la pena en sentencia. Que el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales no menciona circunstancias atenuantes o agravantes del hecho, únicamente el delito por el cual se dictó auto de vinculación a proceso, por lo que deben aplicarse los principios "in dubio pro reo" e "in favor libertatis", lo que implica interpretar las reglas señaladas a favor de los intereses del imputado. Que la interpretación más amplia a su favor, consiste en tomar en cuenta para la suspension del proceso, que la pena es de tres a seis años de prisión, por lo que el medio aritmético es de cuatro años con seis meses, por lo que el quejoso se encontraría dentro de los parámetros establecidos por la ley para la procedencia de la salida alterna. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso. En efecto, el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la resolución dictada el dieciocho de marzo de dos mil veinte, en el toca penal JOTP/43/2020, por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; de cuyo contenido se aprecia que las consideraciones que llevaron a la Sala responsable a confirmar la resolución dictada por la Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán, Oaxaca, el trece de febrero de dos mil veinte, en la causa penal 117/2019, mediante la cual decretó la improcedencia de la suspensión condicional del proceso a prueba solicitada por el quejoso, son en esencia las siguientes:  La Sala Penal señaló que el agravio único planteado por el apelante, en el sentido de que la Juez de Control debió establecer que la media aritmética de la pena de prisión no excedía de cinco años, pues sólo debió tomar en cuenta la pena del tipo penal base y no así el de la calificativa, dado que se encontraban en una fase preliminar; era infundado.  Indicó la Sala -como cuestión previa a motivar su determinación-, que conforme la reforma que dio origen al Sistema Acusatorio Adversarial, para la emisión del auto de vinculación a proceso, se exije el hecho que la ley señala como delito; por lo que, si las circunstancias de lugar, modo, tiempo y ocasión, constituyen elementos susceptibles a los sentidos y, por ende, objetivos; las calificativas deben analizarse desde la orden de aprehensión; lo que deriva de los dispuesto en el artículo 141, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahora, en el auto de vinculación a proceso, como lo preven los numerales 316 y 317 del conjunto normativo en cita.  Así, dice la autoridad responsable, que existe la obligación de claificar un hecho en relación a tipo penal que corresponda; ya bien que se trate de uno básico o complementado, a efecto de no dejar en estado de indefensión al imputado y atentar contra el principio de legalidad penal.  Dijo la Sala Penal responsable, que en el caso, se está en presencia de un tipo penal que, al contener una calificativa, agrava la pena.  Señala que, diverso a lo considerado por el apelante, la calificativa no puede ser "virtual", pues desde un inicio, el Ministerio Público hace del conocimiento al imputado y pone a consideracion del Juzgador el tipo penal atribuido, el grado de ejecución del hecho, la forma de invertención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que, posteriormente, proceda la reclasificación; esto, pues si bien se trata de una resolución preliminar, no es correcto señalar que no deba considerarse la calificativa, dado que desde la orden de aprehensión como en el dictado del auto de vinculación a proceso, se deja sentada, al formar parte de la conducta desplegada por el sujeto activo.  Que el quejoso fue vinculado a proceso por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado, previsto en el artículo 241 y sancionado en el mismo numeral por el párrafo segundo, en relación con la fracción II del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que establece: "ARTI´CULO 241.- Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual, que no sea la co´pula, o la obligue a observar cualquier acto sexual aun a trave´s de medios electro´nicos. Al responsable de tal hecho, se le impondra´ de tres a seis an~os de prisio´n y multa de cien a doscientas veces el valor de la unidad de medida y actualizacio´n. La pena prevista en este´ delito, se aumentara´ en una mitad en su mi´nimo y en su ma´ximo cuando: [.] II.- Se hiciera uso de violencia fi´sica o moral; y [.]."  Refiere que de la interpretación de dicho numeral, se deduce que la pena del tipo penal base es de tres a seis años; los cuales sumados dan un total de nueve años de prisión; y atendiendo a la media aritmética, resulta de cuatro años, seis meses.  En cuanto a la calificativa prevista en el mismo artículo, dijo la Sala responsable que la media de la pena mínima es de un año seis meses; y la media de la pena máxima del delito de que se trata es de tres años; por lo que sumadas, es decir, la básica y la agravada, dan como pena mínima la de cuatro años con seis meses; y la máxima es de nueve años de prisión, lo que da un total de trece años con seis meses de prisión, cuya media aritmética es de seis años, nueve meses.  Por lo tanto, refirió la Sala Penal que fue correcta la determinación de la Juez Natural, pues sumó el tipo penal base y la calificativa, para así establecer que, de acuerdo al auto de vinculación a proceso dictado contra el imputado, la media aritmética de la punibilidad del delito cuya comisión se le atribuyó, excedía de cinco años, lo que provocó no se colmara el primero de los requisitos de procedencia para otorgar la suspensión condicional del proceso, como está previsto en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  También señaló la Sala que en el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca -que prevé el tipo penal imputado al quejoso-, contrario a lo aludido por el apelante, no se menciona que la calificativa será tomada en consideración hasta el momento de la sanción; máxime que el delito en estudio expresa el mínimo y máximo de su calificativa, por lo que se debe tomar en cuenta para analizar la procedencia de la suspensión condicional del proceso a prueba y la exigencia que se desprende del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  Asimismo, refirió la Sala que fue correcto el actuar de la Juez Penal de no continuar con el análisis de los demás requisitos de procedencia, pues para ellos es necesario que se satisfagan cada uno de los establecidos en el numeral en estudio, para así poder declarar la procedencia de la suspensión condicional del proceso.  Por ello, dijo la responsable que no compartía lo argumentado por el apelante, en el sentido de que la variación de la calificación jurídica puede darse hasta en los alegatos de clausura.  Lo anterior, pues ello, adujo la responsable, no encontraba sustento legal; además de que es en el auto de apertura a juicio donde queda establecida la litis.  Aunado a esto, dice la responsable que desde que la representación social estima que después de concluida la investigación complementaria, existen elementos para ejercer la acción penal en contra del o los imputados, es cuando se encuentra en condiciones de emitir la acusacion, la cual forma parte de una de las dos fases que integran la etapa intermedia; debiendo contener entre otras cosas y a lo que nos interesa, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica, además de las modalidades del delito que concurrieren, por lo que con claridad se puede apreciar que es en la acusación en donde se puede variar la clasificación del hecho atribuido y no hasta los alegatos de clausura, porque ello atenta contra la certeza legal y principio de legalidad penal.  Concluye la responsable, que la acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacerse del conocimiento de las partes; por lo que, afirmar erroneamente que esta variación, es decir, la reclasificación legal o las calificativas se pueden dar hasta los alegatos de clausura, implicaría la vulneración del derecho de defensa que tiene el imputado.  Que el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito; y sólo culmina cuando finaliza el proceso, cincluyendo, en su caso, la etapa de ejecución.  Por lo tanto, en caso de llegar a la etapa de juicio, en la cual se lleva acabo la decisión de las cuestiones esenciales del proceso, esta se realiza sobre la base de la acusación, en donde se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad; por lo que no puede señalarse que hasta la última comunicación que tienen las partes con el Tribunal de Enjuiciamiento, sea procedente modificar la calificación jurídica, que previamente fue sentada en la primera fase de la etapa intermedia, ya que, si bien los hechos no pueden variarse, la clasificación jurídica sí; y si excepcionalmente aconteciera en la especie, el momento oportuno es ese, en la presentación del escrito de acusación, permitiéndole así al imputado y defensa, solicitar diferir la audiencia intermedia hasta por diez días. Como lo refirió la Sala Penal responsable, resultó correcto el proceder de la Juez de Control, al negar la solicitud del imputado de dar por concluido el juicio mediante la suspensión condicional del proceso; dado que no se cumplió con el requisito previsto en la fracción I del numeral 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en que la media aritmética de la pena de prisión del hecho señalado por la ley como delito por el que se vinculó a proceso al ahora quejoso, no rebasara de cinco años. Ahora, El artículo 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuye: "Artículo 193. Oportunidad Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos." Del citado dispositivo se advierte que, el punto de partida para que pueda solicitarse la suspensión condicional del proceso lo es, que se haya dictado un auto de vinculación a proceso, y posteriormente, el juzgador esté en aptitud de determinar si se cumplen o no las exigencias que hacen viable la solución alterna de mérito, previstas en diverso 192 del Código Adjetivo. En concordancia con lo anterior, los arábigos 311, primer párrafo, 316, segundo párrafo y 318, todos del citado cuerpo normativo, establecen: "Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. [.]." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. [.] El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa." "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." De dichos preceptos, se deduce que en el desahogo de la audiencia inicial, ante la autoridad ministerial en uso de la voz hará saber al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo los casos de excepción previstos en la Constitución Federal y la Ley secundaria. Asimismo, prevé que el Juez de control al dictar el auto de vinculación a proceso, deberá hacerlo por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación y por los cuales se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento, a los que podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público en la imputación. De ahí que, para emitir un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, el juez deberá precisar los hechos que fueron motivo de la imputación y encuadrarlos al tipo penal aplicable, incluidas en su caso, sus agravantes o atenuantes, porque éstas últimas circunstancias van encaminadas a aumentar o disminuir la penalidad prevista en el tipo penal base y, por ello, están vinculadas de manera directa. Así, la Juez de Control, con base en la imputación que realizó la representación social, así como los argumentos defensivos, dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado por el artículo 241, primer párrafo, del Código Penal de Oaxaca; y agravado conforme a la fracción II del citado numeral. Ello, en atención a que según los datos expuestos por el defensor y la representación social respectivamente (09:08 a 11:26 y 18:40 a 24:48 del disco anexo), se hizo constar que el diecinueve de enero de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso contra del quejoso por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado por el artículo 241, primer párrafo, del Código Penal de Oaxaca; y agravado conforme a la fracción II del citado numeral; cuya media aritmética excede de los cinco años que como máximo prevé la ley para que resulte viable su procedencia. De lo anterior se advierte que al resolver sobre la procedencia de la solicitud de suspensión condicional planteada, la Juez de Control con acierto tomó en consideración el ilícito por el cual se dictó el referido auto de vinculación, incluida su agravante. Ello es así, toda vez que para brindar certeza y seguridad jurídica a las partes procesales al resolver sobre la procedencia de la medida alterna de mérito, el Juez de Control debe atender a la calificación jurídica de los hechos que realizó al dictar el auto de vinculación a proceso, sin que dicha calificación pueda ser modificada al decidir sobre la procedencia de la medida alterna, pues el momento procesal oportuno para variar la calificación jurídica se actualiza cuando el fiscal realiza su acusación, o bien, en la audiencia de debate, de conformidad con los artículos 335, segundo párrafo y 398 del Código Adjetivo. Máxime, que el análisis del delito de abuso sexual no puede abordarse de forma aislada con su agravante, consistente, en la especie, en que se haya ejercido violencia física o moral, porque el tipo penal de mérito es complementado, los cuales se configuran cuando circunstancias concretas se añaden a la figura fundamental sin generar un nuevo tipo penal autónomo, de modo que subsiste el tipo penal básico con independencia de las circunstancias agregadas, que al tener el carácter de agravantes o atenuantes, influyen en el aumento o disminución de la pena, pues no dependen de la esencia del delito, sino sólo califican su gravedad. Además, resolver sobre la procedencia de la solicitud de suspensión condicional sin tomar en cuenta la agravante, trastocaría la imputación formulada y la propia clasificación que el juez de control hizo al emitir el auto de vinculación a proceso, pues la naturaleza de esta determinación es generar seguridad jurídica a las partes respecto de los hechos por los que se continuará la investigación. Por ende, al verificar si procede la solución alterna de mérito debe analizarse de forma total la calificación jurídica que se otorgó a los hechos en la vinculación, no así de forma parcial o incompleta como pretende el inconforme. Toda vez que afirmar lo contrario, generaría que la autoridad jurisdiccional estuviera posibilitada para variar motu proprio -de forma arbitraria- el sentido de sus propias determinaciones, en detrimento de los derechos de la propia víctima u ofendido y del inculpado; máxime que el auto de vinculación no sólo fija la litis, sino también determina las bases sobre las cuales debe fincarse las formas de terminación del proceso. Por ello, se considera acertada la resolución emitida por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, pues confirmó la determinación de la Juez de Control mediante la que decretó la improcedencia de la suspensión condicional del proceso solicitada por el imputado, al no colmarse el requisito previsto en el artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la media aritmética de la pena prevista en el tipo penal por el que fue vinculado a proceso el aquí quejoso, rebasó los cinco años. Sirve de apoyo al caso el siguiente criterio. Registro digital: 2022491 Aislada Materias(s): Penal Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 80, Noviembre de 2020 Tomo III Tesis: XXIII.1o.1 P (10a.) Página: 2121 "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. PARA VERIFICAR SU PROCEDENCIA, DEBE REALIZARSE LA SUMATORIA DE LAS MEDIAS ARITMÉTICAS DE LAS PENAS DE PRISIÓN QUE CORRESPONDAN A LOS DELITOS POR LOS QUE SE VINCULÓ A PROCESO Y CORROBORAR QUE NO REBASE EL LÍMITE DE CINCO AÑOS. De los artículos 192, fracción I y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que la pauta para acceder a la solución alterna de suspensión condicional del proceso, la otorga la emisión del auto de vinculación a proceso, el cual, conforme lo dispone el artículo 318 del propio ordenamiento, es el que establece el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura o el sobreseimiento. Ahora, del segundo párrafo del artículo 199 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que la salida alterna de suspensión condicional del proceso, tiene como objetivo concluir el conflicto penal de manera total, es decir, sin necesidad de imponer una pena de prisión; ello, mediante el cumplimiento por parte del imputado del plan de reparación del daño y de las condiciones indicadas por el Juez de Control; de esta manera, el conflicto concluirá sin necesidad de imponer una pena de prisión y se decretará en consecuencia el sobreseimiento total en la causa, el cual tendrá efectos de una sentencia absolutoria, al disponerlo así el artículo 328 del cuerpo de normas en cita, es decir, con el propósito de evitar la posibilidad de resentir los efectos de la justicia restrictiva, principalmente que se le imponga una pena corporal, el imputado acepta los hechos de la imputación. En ese contexto, si en la fracción I del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador dispuso como requisito para acceder a la medida alterna de la suspensión condicional del proceso que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años, la interpretación sistemática y teleológica de la norma, conlleva que en el análisis del cumplimiento de esa exigencia, el Juez considere la totalidad de los hechos delictivos por los que se decretó el auto de vinculación al proceso y verificar entonces, si la sumatoria de las medias aritméticas que correspondan a cada ilícito, no rebasa el límite de cinco años." Ahora, los requisitos de procedencia de la medida alterna de suspensión condicional del proceso, que se encuentran previstos en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son los siguientes: "Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código." Así, para verificar si se cumplen o no las exigencias que esgrime el tópico en cita, se puntualiza que el tipo penal básico de abuso sexual, previsto en el primer párrafo del artículo 241 del Código Penal de Oaxaca, establece como sanción corporal una pena de tres a seis años de prisión; y conforme su fracción II, para el caso de que el activo ejerza violencia física o moral sobre el pasivo, dicha pena se aumentará en una mitad de su mínimo y en su máximo (agravante). De ahí que, conforme a la operación aritmética consistente en sumar la pena mínima y la máxima, aumentadas en una mitad, conforme al agravante (cuatro años seis meses; y nueve años, respectivamente); da un total de trece años y seis meses; mismo que, al dividirlo entre dos, se obtiene la media aritmética, seis años y nueve meses; consecuentemente, esta temporalidad excede de los cinco años que como límite estipula la fracción I, del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que proceda la suspensión condicional del proceso y, por ello, resulta legal que la Sala Penal responsable, haya confirmado la determinación de la Juez de Control que negó al quejoso el acceso a esta salida alterna. En tales circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, y sin que se advierta deficiencia que pueda ser subsanada de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; lo procedente es negar el amparo al quejoso. Sin que sea óbice a lo anterior, que no se hubiese emplazado a juicio a la parte tercera interesada, pues debido al sentido de esta resolución, dicha omisión no afecta perjuicio alguno a sus intereses. Sirve de apoyo a la anterior decisión la tesis P.V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y cinco, tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que expresa: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto. en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Así como que no se hubiera emplazado al Juez de Control que emitió la resolución apelada, pues, además de que el sentido de esta sentencia estableció la legalidad de la resolución de segunda instancia que confirmó su proceder; su determinación no fue reclamada por vicios propios. QUINTO. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a (.) en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA HASTA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24, 29 Y 31 DE LA LEY DE AMPARO)

  4. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 143/2020 con número de orden 273/2020, que le fuera enviado para emplazar a juicio a la tercera interesada Enoe Kristal Altamirano Ramos, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y dese de baja. NOTIFÍQUESE.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano