Moises Gonzalez Garcia

Expediente 815/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 29 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
815/2023
Año
2023
Actuaciones
29
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Moises Gonzalez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el sobre cerrado que devuelve el Servicio de Mensajería ESTAFETA, el cual contiene el oficio ... dirigido al Comisario General de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, sin hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que ya se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. CÚMPLASE.

  2. Principal

    MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el presente asunto,... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. Del Secretario de la Defensa Nacional: La expedición del acuerdo de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y del Octavo Batallón de Operaciones Especiales de Policía Militar, como soldado policía militar. 2. Del Director General de Policía Militar: La resolución en el acta de recisión de contrato de enganche y la comunicación realizada al Comandante del Octavo Batallón de Operaciones Especiales de Policía Militar, en la que se indica que por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, el impetrante del amparo causará baja del aludido Batallón. 3. Del Comisionado de la Guardia Nacional: La omisión de emplazar y notificar de manera personal al quejoso... el inicio del procedimiento para causar baja previamente como Guardia Nacional de dicha institución. 4. Del Comandante del Octavo Batallón de Operaciones Especiales. El ilegal emplazamiento realizado a... como Policía Militar y no como Guardia Nacional. 5. Del pagador del Octavo Batallón de Operaciones Especiales. Le reclama la falta de pago del sueldo que venía percibiendo al desempeñarse como Guardia Nacional en el citado Batallón. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de actos. Como cuestión previa y de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo, lo procedente es verificar la existencia de los actos reclamados, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio constitucional y, en su caso, la constitucionalidad de los citados actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, página 68, Abril 1994, Octava Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". ES CIERTO el acto reclamado, pues así lo aceptaron las autoridades responsables, al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la copia de las actuaciones relativas al juicio de origen que fueron anexadas a su informe justificado; documentales que en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en materia de amparo, resultan suficientes para tener certeza sobre la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias existentes en el juicio de amparo y que remitió la autoridad responsable, las cuales previamente fueron valoradas. 1. El dieciséis de mayo de dos mil veinte, el quejoso firmó contrato de enganche con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, causando alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Soldado Policía Militar y en el 8/o Batallón de Operaciones Especiales. 2. El dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, en mensaje C.E.I, URGENTE, se le comunicó a la Dirección General de Policía Militar del 8/o Batallón de Operaciones Especiales en Santiago Huajolotitlán, Huajuapam, Oaxaca, que MOISES GONZALEZ GARCÍA, era presunto responsable del delito de deserción, no estando en servicio, por faltar a sus labores los días, 14, 15 y 16 de septiembre de dos mil veintidós. 3.- El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés se inició procedimiento administrativo sobre la procedencia o la improcedencia de que cause baja del Instituto Armado, en virtud de haber faltado injustificadamente a sus labores los días, 14, 15 y 16 de Septiembre de dos mil veintidós. El treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, le fue notificado al aquí quejoso el inicio de procedimiento para determinar la procedencia o improcedencia de la rescisión del contrato de enganche, donde se le concedieron quince días hábiles para que manifestara ante la Dirección General Militar lo que a su derecho conviniera. 5.- El veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, causó baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por haber faltado injustificadamente por más de 72 horas consecutivas a la Unidad donde prestaba sus servicios. Situación esta última que reclama en el presente juicio de amparo, en virtud de que refiere que no fue emplazado al procedimiento respectivo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes" (Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero, de 1995, Materia: Común, Tesis: IV.3o.108 K, página: 353, registro IUS: 208448) El suscrito, estima que en el caso, se surte la causal de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables Secretario de la Defensa Nacional y Director General de Policía Militar, con residencia en la Ciudad de México, consistente en que LOS ACTOS FUERON CONSENTIDOS TACITAMENTE (EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA) prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los preceptos 17 y 18, todos de la legislación en consulta, diversa a la invocada por la parte tercera interesada, quien manifiesta que se sobresea en el juicio en virtud de que los actos son inexistentes. Dichos preceptos legales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La invocada causa de improcedencia, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en un juicio constitucional aquellos actos que hayan sido consentidos tácitamente, es decir, que, al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que se ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Al respecto, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así, al interpretar el artículo 17 de la actual Ley de Amparo en sentido contrario, se tiene que todos los actos emitidos dentro de un procedimiento (civil, penal, laboral, administrativo, agrario, etcétera), están sujetos al término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo. De lo anterior, se colige que el juicio de amparo será improcedente, cuando los actos reclamados sean consentidos en forma tácita, entendiéndose por tal consentimiento, aquellos actos contra los que no se hubiere promovido el juicio de amparo, dentro de los plazos previstos para ello. En tal sentido, la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, respecto del indicado acto reclamado (ilegal emplazamiento al procedimiento administrativo de procedencia o improcedencia de baja por faltar 72 horas consecutivas a sus labores) deviene extemporánea. Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto, que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó el aquí quejoso en su escrito de demanda, en el sentido de que tuvo conocimiento de los actos reclamados ".tuve conocimiento de los actos reclamados con fecha treinta y uno de julio de dos mil veintitrés". Sin embargo, de las constancias que fueron remitidas a este juzgado por el Secretario de la Defensa Nacional con residencia en la Ciudad de México, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento administrativo en el que se gestó el acto reclamado, se observa que fue notificado del inicio del procedimiento administrativo, cuya falta de notificación reclama en este juicio, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; lo que se corrobora con lo manifestado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo y escrito aclaratorio de quince de agosto de dos mil veintitrés pues refirió que se enteró del inicio del procedimiento administrativo el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, correspondía al quejoso demostrar que no tuvo conocimiento de la notificación realizada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, fecha en la que le fue notificada el inicio del procedimiento administrativo contra el quejoso; luego, es claro que, si desde esa fecha conocía de la existencia de los actos reclamados, se deduce, que el término de quince días que disponía, al tenor del artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el presente juicio, transcurrió en exceso, al haber presentado su demanda de amparo después ese término, esto es, hasta el catorce de agosto de dos mil veintitrés (más de cuatro meses). Por lo que, la consecuencia de que el ahora quejoso no haya promovido el juicio de amparo dentro del plazo de quince días con que contaba para tal efecto, implica que se tenga como consentido tácitamente, pues como se adelantó de las constancias que obran en autos se advierte que tuvo conocimiento de su existencia cuando menos cuatro meses antes, data en que refiere el quejoso fue notificado del inicio del procedimiento administrativo en su contra. En consecuencia, el presente juicio constitucional por el acto analizado resulta improcedente. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del Tomo XI, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y tres, visible en la página doscientos treinta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 216152, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII, del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita." También sirve de apoyo al efecto, la jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta. (Jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, página 506, Segunda Sala, Materias Común, Décima Época, registro digital: 2023029). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV en relación con los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los demás actos reclamados, en razón que no fueron impugnados por vicios propios sino su ilegalidad dependía del acto reclamado consistente en emplazamiento. Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de garantías individuales, esto es así acatando la Tesis Jurisprudencial II.3º.J/58, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos noventa y tres, cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por...contra los actos reclamados y autoridades responsables citados en el resultando primero de esta resolución. NOTIFIQUESE.

  3. Incidental

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el sobre cerrado que devuelve el Jefe del Servicio Postal Mexicano, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el cual contiene el oficio... dirigido al Director General de la Policía Militar en la Ciudad de México, con la anotación "Dirección errónea la que cita no es la correcta"; por ello, toda vez que al rendir su informe previo la citada autoridad señaló como domicilio el ubicado en: Campo Mil. No. 1...; por tanto, reexpídase dicho oficio a la citada dirección de la autoridad responsable. CÚMPLASE.

  4. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de ocho días concedido a las partes en auto de seis del mes actual. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

Quedan 25 actuaciones en este expediente

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