Moisés de Jesús Jiménez Jiménez

Expediente 426/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
426/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Moisés de Jesús Jiménez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, doce de septiembre de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Moisés de Jesús Jiménez Jiménez; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, copia certificada de un disco versátil digital, que anexó a su informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separa y a la tercero interesada Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de Justicia de Nacajuca, Tabasco, copias certificadas de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación CI-NAC-591/2021, de su índice, las cuales obran por cuerda separada en dos tomos. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del presente incidente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 426/2022-6, promovido por ********, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Seis, con sede en Nacajuca, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el veintinueve siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnada a éste órgano jurisdiccional el treinta posterior, ********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL SEIS, CON SEDE EN NACAJUCA, TABASCO. ACTO RECLAMADO: El control judicial de la Comunicación de imputación, solicitud de vinculación a proceso y la determinación judicial de vinculación a proceso, dictada en fecha 8 de marzo del 2021, dentro de la causa penal 318/2021, en mi contra, como probable responsable del hecho considerado como delito de AMENAZAS, previstas en el artículo 161 del Código Penal de Tabasco, en agravio de VIRGINIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración desahogada por la parte quejosa, por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 426/2022-6, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante despacho diligenciado por el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, se emplazó a la tercero interesada Virginia Jiménez Jiménez. Asimismo, mediante oficios recepcionados el veintiuno de abril de dos mil veintidós, se tuvieron por emplazadas a Margarita Salmerón Gómez, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas y Adelaida Méndez García, Asesora Jurídica Pública, ambas adscritas al Centro de Procuración de Justicia de Nacajuca, Tabasco. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable el ocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 318/2021 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de amenazas, cometido en agravio de Virginia Jiménez Jiménez. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Primero de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con la copia certificada de audio y video en formato DVD, el cual contiene la audiencia inicial en su fase de formulación de imputación, vinculación a proceso, medida cautelar y plazo de cierre de investigación de ocho de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 318/2021, de su índice, en la que se vinculó a proceso al quejoso ********, a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada de su autenticidad. Con relación a la justipreciación de la videograbación indicada, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. A) AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. De la reproducción de la videograbación proporcionada por la responsable, se desprende que el ocho de marzo de dos mil veintidós, a las doce horas con cincuenta y siete, el Juez Primero de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, llevó a cabo la audiencia de referencia en la carpeta 318/2021. De ella se obtiene que: Fueron identificadas las partes comparecientes fiscal, asesora jurídica pública, la víctima, la psicóloga victimal, imputado y su defensor particular); El inculpado fue informado sobre sus derechos fundamentales; quien a su vez estuvo asistido de su defensor particular, y éste aceptó y protestó el cargo conferido; El imputado y la víctima solicitaron que se mantuvieran en reserva sus datos personales. Previa solicitud trece horas con cuatro minutos y siguientes), la fiscal formuló imputación en contra del ahora quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de Virginia Jiménez Jiménez. Al respecto, de lo verbalizado por la Ministerio Público se advierte que hizo del conocimiento del inculpado de la existencia de la aludida carpeta de investigación en la que obran datos de prueba de los que se desprende que: El día veintinueve de junio de dos mil veintiuno, siendo las diez horas aproximadamente cuando la víctima Virginia Jiménez Jiménez, estaba en el domicilio de su mamá de nombre Severiana Jiménez Hernández, ubicada en la ranchería Corriente, primera sección, de Nacajuca, Tabasco, quien se encontraba lavando trastes acompañada de su sobrina Mayte Aquino Jiménez, cuando en ese momento el imputado pasó por la parte de atrás de la casa y a los cinco minutos aproximadamente se acercó a donde se encontraba la víctima, quien es una apersona de la tercera edad, la cual no tiene su brazo izquierdo, que en ese momento el imputado empezó a decirle a la víctima -quien comió mango aquí- a lo que la víctima le dijo -por qué- y el imputado respondió -te pregunté que si quien comió mango- y la víctima le respondió que nadie había comido mango, por lo que, el imputado le empezó a decir que había cáscara de mango tirada en el suelo y que fuera a ver dónde estaban esas cáscaras, que la víctima en ese momento fue al lugar donde estaban las cáscaras, las cuales se encontraban al lado del vehículo del imputado y ella le refirió que nadie había comido mango, que a lo mejor los perros la habían tirado, que en ese momento la víctima se regresó a casa de su mamá y estando parada en la cocina el imputado se le acercó, quien tenía en la mano derecha un arma de fuego tipo pistola y se la puso en el abdomen a la víctima, a lo que ésta le dijo -no me mates Moisés, no me mates- contestándole el imputado a la víctima en forma agresiva -y que y que- por lo que en ese momento su sobrina de nombre Mayte le dijo al imputado Moisés que le haces a mi tía, no la vayas a matar- que el imputado se le acercó a Mayte y le dio una cachetada y en ese momento el imputado les empezó a decir -las voy hacer coladora donde quiera que yo las encuentre con esta pistola hijas de la verga- y que después el investigado se retiró del lugar a bordo de una unidad automotriz. Ahora, a los citados hechos la fiscalía le da una clasificación jurídica preliminar que la ley hace suponer como el delito de violencia familiar cometido en agravio de la víctima Virginia Jiménez Jiménez. Que la forma de intervención que se le atribuye al quejoso es de autor directo de los hechos de consumación instantánea y la forma de comisión que se le atribuye es de acción dolosa. Hecho lo anterior, el juez preguntó a la defensa si solicitaba que se le realizara alguna aclaración al respecto, manifestando la defensa que no solicitaba dicha aclaración 13:10, trece horas con diez minutos). Posteriormente, el juez preguntó al inculpado si deseaba declarar 13:11, trece horas con once minutos), siendo que el imputado decidió rendir su declaración. La Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al ahora quejoso 13:33, trece horas con treinta tres minutos), para lo cual, previa explicación que el juez realizó al respecto para conocimiento del imputado, verbalizó los siguientes datos de prueba: La denuncia de Virginia Jiménez Jiménez, presentada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, ante el órgano investigador. La diversa comparecencia de la citada víctima Virginia Jiménez Jiménez de treinta de junio siguiente, a la cual anexó el acta de nacimiento de la progenitora del imputado ********. La valoración psicológica SPNAC-503/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, realizada por la perito en psicología Gloribelli Baladera Cruz, a la víctima Virginia Jiménez Jiménez. Informe de la policía de investigación mediante oficio UPINAC-283/2021, de seis de agosto de dos mil veintiuno, que contiene la entrevista de la testigo Mayte Guadalupe Aquino Jiménez. Inspección ocular en el lugar de los hechos, esto es, en el domicilio ubicado en la Ranchería Corriente, Primera Sección, en Nacajuca, Tabasco, con fijaciones fotográficas en blanco y negro, realizada por el policía de investigación Eligrafio Frías de la O. Hecho lo anterior, a pregunta del juez, el inculpado solicitó que se resolviera su situación jurídica en ese momento. B) AUDIENCIA EN SU FASE DE VINCULACIÓN A PROCESO. De la videograbación de la audiencia de mérito, se advierte que el juez le concedió a la defensa el uso de la voz, quien verbalizó diversos medios de convicción, además de formular sus alegatos de defensa, respecto de la solicitud de vinculación a proceso del imputado solicitado por la Fiscal, y pidió que no se le vinculara a proceso 14:45, catorce horas con cuarenta y cinco minutos) Luego, el juez responsable concedió el uso de la voz a la Fiscal acusadora para que ejerciera su derecho de réplica, respecto a la solicitud de no imputación a proceso, quien contrario a lo manifestado por la defensa consideró que se han cometido hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar, por lo que se encontraban acreditados los requisitos establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en el hecho y la probable participación del imputado, reiterando su petición de que se vinculara a proceso al imputado investigado ********. Posteriormente, el juez responsable declaró cerrado el debate. A continuación, el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********; sin embargo, no fue por el delito de violencia familiar, imputado inicialmente por la citada fiscal, si no por los hechos que la ley señala como el delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 161 del Código Penal en vigor en el Estado de Tabasco, en agravio de Virginia Jiménez Jiménez 15:34, quince horas con treinta y cuatro minutos). La anterior determinación de vinculación a proceso, se emite por considerar que se encontraban satisfechos los requisitos de los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber formulado imputación la fiscal; porque el inculpado tuvo oportunidad de declarar, y previa consulta que hizo con su defensor decidió rendir su declaración; y obran datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Para ello, se apoyó en los datos de prueba verbalizados por la representación social, a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por la fiscal son suficientes para establecer que el inculpado es quien probablemente cometió el delito de amenazas, esto es, como autor material directo de los mismos, consistente en que el día veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a las diez horas aproximadamente cuando la víctima Virginia Jiménez Jiménez, estaba en el domicilio de su mamá de nombre Severiana Jiménez Hernández, ubicada en la ranchería Corriente, primera sección, de Nacajuca, Tabasco, quien se encontraba lavando trastos acompañada de su sobrina Mayte Aquino Jiménez, cuando en ese momento el imputado pasó por la parte de atrás de la casa y a los cinco minutos aproximadamente se acercó a donde se encontraba la víctima, quien es una apersona de la tercera edad, la cual no tiene su brazo izquierdo, que en ese momento el imputado empezó a decirle a la víctima -quien comió mango aquí- a lo que la víctima le dijo -por qué- y el imputado respondió -te pregunté que si quien comió mango- y la víctima le respondió que nadie había comido mango, por lo que, el imputado le empezó a decir que había cáscara de mango tirada en el suelo y que fuera a ver dónde estaban esas cáscaras, que la víctima en ese momento fue al lugar donde estaban las cáscaras, las cuales se encontraban al lado del vehículo del imputado y ella le refirió que nadie había comido mango, que a lo mejor los perros la habían tirado, que en ese momento la víctima se regresó a casa de su mamá y estando parada en la cocina el imputado se le acercó, quien tenía en la mano derecha un arma de fuego tipo pistola y se la puso en el abdomen a la víctima, a lo que ésta le dijo -no me mates Moisés, no me mates- contestándole el imputado a la víctima en forma agresiva -y que y que- por lo que en ese momento su sobrina de nombre Mayté le dijo al imputado -Moisés que le haces a mi tía, no la vayas a matar- que el imputado se le acercó a Mayté y le dio una cachetada y en ese momento el imputado les empezó a decir -las voy hacer coladora donde quiera que yo las encuentre con esta pistola hijas de la verga- y que después el investigado se retiró del lugar a bordo de una unidad automotriz. Finalmente, previa petición de la fiscal y la defensa, el juez estableció como plazo de cierre de la investigación de un mes e impuso la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, la cual le prohíbe al imputado el convivir o acercarse a la ofendida, siempre que no afecte su derecho de defensa 15:40, quince horas con cuarenta minutos). SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. En ese tenor, el impetrante de amparo aduce lo siguiente: Refiere que la resolución impugnada lesiona su esfera jurídica, ya que al ser una determinación judicial, conforme a lo previsto en el numeral 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como efecto establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará un proceso en su contra, como en el caso acontece. Además manifiesta que existieron violaciones al debido proceso, en cuanto a la presunción de inocencia que aduce obran a su favor en los artículos 1, 14, 16 y 20 constitucionales, ya que dichos preceptos obligan a todas las autoridades a observar el respeto a los derechos fundamentales de todo ciudadano, debiendo fundamentar y motivar la causa legal que lesione su derecho, pues mientras no se declare cosa juzgada su culpabilidad, debe ser presumido inocente. De igual forma, el impetrante insiste en la existencia de la violación al debido proceso, pues refiere que al momento de sustentar la fiscalía su vinculación a proceso, hizo mención de datos de prueba que no acreditaron tal hecho de imputación, pues el juez responsable otorgó a los hechos una calificación distinta a lo solicitado por la fiscalía, yendo más allá y extralimitándose de lo que el órgano acusador le sometió a su consideración, toda vez que la fiscalía no refirió cual era el hecho por el cual tenía que ser vinculado, por lo que, el actuar del juez responsable fue parcial hacia dicho órgano acusador. Asimismo, el quejoso aduce que no se advierte que la fiscalía haya aportado datos de prueba suficientes de acuerdo al test de razonabilidad a que hizo mención el juez responsable, violando con ello el principio de presunción de inocencia como estándar probatorio a su favor, pues los que expuso no acreditan un hecho de manera razonable, por lo que, no se puede entrar al estudio de la probabilidad de que él intervino en ellos. También, el impetrante señala como agravio el dictamen psicológico, el cual aduce no fue vertido en su momento oportuno ya que no existe en la carpeta de investigación, que el existente fue emitido por otra persona, por tanto, dicho medio de prueba no fue conducido por la fiscalía, el cual atenta contra la presunción de inocencia; además, refiere que en las conclusiones del citado dictamen no dice que la víctima en su valoración, se encontrara sufriendo secuelas psicológicas como ansiedad e hipervigilancia, lo cual afecta al principio de inmediación ya que dichas conclusiones psicológicas son incongruentes. De la misma manera, indica que dicho acto de autoridad lesiona el principio de presunción de inocencia como regla y estándar probatorio, ya que la responsable no realizó un correcto análisis y valoración de los datos de prueba, por lo que, no existe hecho delictivo acreditado, ni probabilidad de que haya intervenido en esos hechos. Ahora bien, en apoyo a sus consideraciones la parte quejosa invocó las siguientes tesis: 1). PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO SOCIAL. 2). PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. 3). PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. 4). IN DUBIO PRO REO. INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE DUDA ASOCIADO A DICHO PRINCIPIO. 5). PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA CON DEFICIENCIA FORMAL O IRREGULAR. SUS DIFERENCIAS. 6). VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SI PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Esta juzgadora considera que dichos argumentos resultan infundados por las razones que más adelante se exponen. A fin de justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política Federal, estable lo siguiente: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Como se dijo, el suscrito considera que en el caso se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del que deriva el acto reclamado. Así es; de la reproducción de la videograbación remitida por el juez de control, se advierte que la audiencia de ocho de marzo de dos mil veintidós, se desarrolló de manera oral. Asimismo, se desprende que la aludida audiencia fue pública y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por el Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate procesal se realizó en una audiencia, en atención a que el inculpado solicitó que su situación jurídica se resolviera en ese momento, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, ya que la referida audiencia se celebró sin suspensión de la misma. De la misma manera, la audiencia se realizó conforme al principio de inmediación, ya que la juez que estuvo a cargo de la misma durante su desarrollo. En igual tenor, de la referida audiencia se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma el Ministerio Público, la asesora jurídica, la víctima, la psicóloga victimal, el imputado y su defensor particular designado; Se informó al inculpado y parte ofendida sus derechos constitucionales y legales; Se hizo saber al imputado que no podía negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirigieran con respecto a ésta y se le exhortó para que se condujeran con verdad; Se le preguntó al inculpado si era su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefería que éstos fueran anotados por separado y preservados en reserva, optando por esto último; Se formuló la imputación en la que la Ministerio Público expuso al imputado los hechos que se le atribuyen, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de sus acusadores; Se dio oportunidad de declarar al inculpado, derecho que ejerció en la citada audiencia; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que contestara la aludida solicitud; Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor particular, solicitó se resolviera sobre su situación jurídica en ese momento, lo cual se hizo así; Después se dictó el auto de vinculación a proceso; y, Se definió el plazo para el cierre de la investigación. De ahí que se colija por esta juzgadora que en el caso se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]. El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatorio adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, el Máximo Tribunal del país sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, la suscrita considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, el juez de control se apoyó en los numerales 19 de nuestra Carta Magna y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por la Ministerio Público, le permitían establecer que se había cometido el hecho que la ley señala como delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 161 del Código Penal en vigor en el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Virginia Jiménez Jiménez. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado realizó los hechos que se le atribuyen o participó en su ejecución. Ahora bien, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.[.]. Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto- con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque si bien, en la audiencia inicial, la Ministerio Público formuló imputación contra ********, por el delito de violencia familiar, el juez responsable realizó una reclasificación y dictó auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como el delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 161 del Código Penal en vigor en el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Virginia Jiménez Jiménez. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos, esto es, que: El día veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a las diez horas aproximadamente cuando la víctima Virginia Jiménez Jiménez, estaba en el domicilio de su mamá de nombre Severiana Jiménez Hernández, ubicada en la ranchería Corriente, primera sección, de Nacajuca, Tabasco, quien se encontraba lavando trastos acompañada de su sobrina Mayté Aquino Jiménez, cuando en ese momento el imputado pasó por la parte de atrás de la casa y a los cinco minutos aproximadamente se acercó a donde se encontraba la víctima, quien es una apersona de la tercera edad, la cual no tiene su brazo izquierdo, que en ese momento el imputado empezó a decirle a la víctima -quien comió mango aquí- a lo que la víctima le dijo -por qué- y el imputado respondió -te pregunté que si quien comió mango- y la víctima le respondió que nadie había comido mango, por lo que, el imputado le empezó a decir que había cáscara de mango tirada en el suelo y que fuera a ver dónde estaban esas cáscaras, que la víctima en ese momento fue al lugar donde estaban las cáscaras, las cuales se encontraban a lado del vehículo del imputado y ella le refirió que nadie había comido mango, que a lo mejor los perros la habían tirado, que en ese momento la víctima se regresó a casa de su mamá y estando parada en la cocina el imputado se le acercó, quien tenía en la mano derecha un arma de fuego tipo pistola y se la puso en el abdomen a la víctima, a lo que ésta le dijo -no me mates Moisés, no me mates- contestándole el imputado a la víctima en forma agresiva -y que y que- por lo que en ese momento su sobrina de nombre Mayté le dijo al imputado Moisés que le haces a mi tía, no la vayas a matar- que el imputado se le acercó a Mayté y le dio una cachetada y en ese momento el imputado les empezó a decir -las voy hacer coladora donde quiera que yo las encuentre con esta pistola hijas de la verga- y que después el investigado se retiró del lugar a bordo de una unidad automotriz. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que la fiscal hizo saber al inculpado de los hechos que se le imputan, los cuales encuadró en el delito de violencia familiar, y posteriormente el juez responsable realizó una reclasificación y dictó auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como el delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 161 del Código Penal en vigor en el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Virginia Jiménez Jiménez. El segundo requisito que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar), también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que el juez responsable le hizo de su conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión), se considera cumplido. En efecto, en la audiencia se advierte que el juez de control expuso que con los datos de prueba verbalizados por la Ministerio Público, se establecían los hechos que la ley señala como el delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 161 del Código Penal en vigor en el Estado de Tabasco, toda vez que el día veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a las diez horas aproximadamente la víctima Virginia Jiménez Jiménez, quien se encontraba en el domicilio de su mamá de nombre Severiana Jiménez Hernández, recibió amenazas por parte del investigado *******. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: La denuncia de Virginia Jiménez Jiménez, presentada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, ante el órgano investigador, quien manifestó que el día veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a las diez horas aproximadamente cuando se encontraba en el domicilio de su mamá de nombre Severiana Jiménez Hernández, ubicada en la ranchería Corriente, primera sección, de Nacajuca, Tabasco, quien se encontraba lavando trastes acompañada de su sobrina Mayté Aquino Jiménez, cuando en ese momento el imputado pasó por la parte de atrás de la casa y a los cinco minutos aproximadamente se acercó a donde se encontraba, quien es una apersona de la tercera edad, la cual no tiene el brazo izquierdo, que en ese momento el imputado empezó a decirle -quien comió mango aquí- a lo que ella le dijo -por qué- y el imputado respondió -te pregunté que si quién comió mango- y la víctima le respondió que nadie había comido mango, por lo que, el imputado le empezó a decir que había cáscara de mango tirada en el suelo y que fuera a ver dónde estaban esas cáscaras, que ella en ese momento fue al lugar donde estaban las cáscaras, las cuales se encontraban a lado del vehículo del imputado y ella le refirió que nadie había comido mango, que a lo mejor los perros la habían tirado, que en ese momento se regresó a casa de su mamá y estando parada en la cocina el imputado se le acercó, quien tenía en la mano derecha un arma de fuego tipo pistola y se la puso en el abdomen, a lo que ésta le dijo -no me mates Moisés, no me mates- contestándole el imputado en forma agresiva -y que y que- por lo que en ese momento su sobrina de nombre Mayte le dijo al imputado -Moisés que le haces a mi tía, no la vayas a matar- que el imputado se le acercó a Mayte y le dio una cachetada y en ese momento el imputado les empezó a decir -las voy hacer coladora donde quiera que yo las encuentre con esta pistola hijas de la verga- y que después el investigado se retiró del lugar a bordo de una unidad automotriz. La diversa comparecencia de la citada víctima Virginia Jiménez Jiménez de treinta de junio siguiente, a la cual anexó el acta de nacimiento de la progenitora del imputado ********. La valoración psicológica SP-NAC-503/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, realizada por la perito en psicología Gloribelli Baladera Cruz, a la víctima Virginia Jiménez Jiménez, realizada de acuerdo a su experticia, quien le realizó método científico deductivo test de persona bajo la lluvia, deduciendo que la víctima se encuentra afectada y que presenta secuelas psicosociales como ansiedad e hipervigilancia generalizada, agregando que se requiere tratamiento psicológico por dos meses, acudiendo a una sesión de manera semanal. Informe de la policía de investigación mediante oficio UPINAC-283/2021, de seis de agosto de dos mil veintiuno, signado por el policía Eligrafio Frías de la O, quien realizó una inspección ocular en el lugar de los hechos, así como fijaciones fotográficas, quien adujo que se constituyó en el domicilio, la cual es una casa habitación propiedad de Severiana Jiménez Hernández, construida de mampostería de dos niveles, con techo de loza, que en la parte frontal está pintada de color rosado, cuenta con dos ventanas de aluminio, la puerta principal es de fierro, hay una escalera de concreto en el costado izquierdo de la casa para subir a la segunda planta, el inmueble se encuentra en la parte central del predio, la cual tiene patio frente a la casa y en la parte trasera. La entrevista de Mayte Guadalupe Aquino Jiménez, de tres de agosto de dos mil veintiuno, realizada por el policía de investigación Eligrafio Frías de la O, en la que la testigo refiere que aproximadamente a las ocho de la mañana del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, llegó a la casa de su abuela Severiana Jiménez Hernández, quien aduce es de la tercera edad, con domicilio en la ranchería Corriente, primera sección, de Nacajuca, Tabasco, que ahí se encontraba su mamá Angélica Jiménez y su tía Virginia Jiménez, posteriormente a las diez horas de ese día vio a su primo ********, que iba caminando hacia su casa, ya que su domicilio se encuentra detrás de la casa de su abuelita, como a unos quinientos metros, que después llegó Moisés de Jesús a su domicilio y se dirigió de forma enojada hasta la cocina donde se encontraba su tía Virginia Jiménez, quien estaba lavando trastes, a quien le reclamó que quien había dejado las cáscaras de mango a un lado de su vehículo por donde él iba a pasar, ya que las dejaba intencionalmente para que se resbalara y se cayera, además refiere la testigo que Moisés de Jesús obligó a su tía para que fuera a ver a donde se encontraban las cáscaras de mango, por lo que, fue al lugar donde estaban y ella le dijo que ahí los han de ver dejado los perros, que Moisés de Jesús le echó la culpa a ella, que la insultaba y se le acercaba empujándola contra la pared de la puerta principal de la casa. Además, la testigo refiere que ella vio que su primo Moisés de Jesús sacó una pistola color negra de una cangurera que portaba y se la puso en el abdomen a su tía Virginia Jiménez, por lo que en ese momento ella se acercó y le dijo que no le fuera a disparar a su tía con la pistola, en ese momento Moisés de Jesús se acercó a ella y le dio una cachetada y le dijo que no se metiera porque también le iba a disparar, que Moisés de Jesús le seguía diciendo a su tía que la iba a matar pero no lo hizo, después antes de subirse a su vehículo, su primo Moisés de Jesús las amenazó diciéndoles que para la próxima donde las encontrara las iba a dejar como coladeras llenas de plomo. Posteriormente, el investigado se subió a su carro y se fue del lugar, quedándose ella con su tía y su abuelita en casa de ésta última, por lo que, desde ese día, ella y su tía Virginia Jiménez tienen miedo que Moisés de Jesús cumpla con las amenazas que les hizo con la pistola, ya que es una persona muy agresiva. Datos de prueba de los que se obtiene que el quejoso ********, fue identificado como la persona que probablemente realizó la conducta antijurídica de amenazas, cometida en agravio de la víctima Virginia Jiménez Jiménez. También se considera jurídicamente correcta la apreciación de la responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión del hecho considerado como delito. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por la Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen que existe la probabilidad de que el imputado realizó el hecho señalado por la ley como delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 161 del Código Penal en vigor en el Estado de Tabasco. En efecto, el juez de control ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que existen indicios razonables que le permitieron al juez responsable establecer la probable intervención de ********, como la persona que probablemente realizó las amenazas a la citada víctima. Sobre el particular, conviene reiterar que tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado, aquí quejoso, probablemente realizó de manera directa los hechos que se le imputan, mismos que se consumaron de manera instantánea, siendo su intervención atribuida como de autor directo de los hechos. Cabe destacar que, de la videograbación de la audiencia en cuestión, no se aprecia que el quejoso o su defensa hayan incorporado y verbalizado datos de prueba idóneos que desvirtuaran los hechos imputados. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder de la juez de control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes,-al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 161 del Código Penal en vigor en el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Virginia Jiménez Jiménez. Datos de prueba de los que se puede establecer que a finales del mes de junio de dos mil veintiuno, el inculpado realizó diversos actos de amenazas en contra de la víctima Virginia Jiménez Jiménez. En ese orden de ideas, ésta juzgadora estima que los argumentos planteados por el quejoso resultan infundados. Se estima lo anterior, porque como ya quedó precisado con anterioridad, al quejoso le fue garantizado debidamente su derecho de defensa en virtud de que fue asistido por el defensor particular, quien se impuso con oportunidad de la carpeta de investigación y realizó manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por la Fiscal, además de que la defensa solicitó auto de no vinculación a proceso a favor de su defendido, se le otorgó copia certificada de la audiencia inicial; además fue notificado de la fecha y hora para la celebración de la citada audiencia inicial, en sus fases de formulación de imputación, vinculación a proceso, medida cautelar y de cierre de investigación, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. En ese tenor, son infundados los conceptos de violación del quejoso identificados en los incisos 1), 2) y 5), en relación a que como ya quedó analizado el acto reclamado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que contrariamente a lo argumentado por el impetrante, los datos de prueba sí acreditan para el dictado del auto de vinculación a proceso, la autoría del quejoso en la comisión del hecho que se le imputa; en razón de que como ya se expuso con anterioridad, el juez responsable estimó que los datos verbalizados por el fiscal responsable eran suficientes para establecer que el aquí quejoso fue quien probablemente cometió los hechos que se le imputan. Ciertamente, incluso con el dictamen psicológico realizado a la víctima Virginia Jiménez Jiménez, se encuentra acreditada la probabilidad de que el impetrante haya cometido los hechos que se le imputan, pues contrario a lo que alega el quejoso, dicho dictamen si fue vertido en su momento oportuno, el cual obra en la carpeta de investigación, mismo que fue emitido mediante oficio SPNAC-503/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la perito en psicología Gloribelli Baladera Cruz, quien de acuerdo a su experticia, le realizó el método científico deductivo test de persona bajo la lluvia, deduciendo que la víctima se encontraba afectada y que presentaba secuelas psicosociales como ansiedad e hipervigilancia generalizada, además agregó que la víctima requería de tratamiento psicológico por dos meses. Sin que sea óbice que la fiscal acusadora haya aclarado que dicho dictamen psicológico realizado a la víctima Virginia Jiménez Jiménez, fue emitido por la perito en psicología Gloribelli Baladera Cruz, y no por David Ovando Hernández, como en principio lo había relatado, de lo que se advierte que fue un simple error que no incide para establecer que el aquí quejoso fue quien probablemente cometió los hechos que se le imputan. Lo anterior es así, en virtud de que el juez consideró que con dicho dictamen psicológico, y con los demás datos de pruebas las cuales valoró en forma libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fue la persona que probablemente cometió los hechos delictivos de amenazas, cometido en agravio de la víctima Virginia Jiménez Jiménez. Sin que la parte quejosa con los medios de prueba que ofreció haya desvirtuado los datos verbalizados por la fiscal acusadora, pues los mismos no fueron idóneos y fehacientes para que el juez responsable determinara lo contrario. De la misma manera, resulta infundado el concepto de violación marcado con el inciso 3), en el cual el impetrante insiste en la existencia de la violación al debido proceso, al referir que al momento de sustentar la fiscalía su vinculación a proceso, hizo mención de datos de prueba que no acreditaron tal hecho de imputación, pues el juez responsable otorgó a los hechos una calificación distinta a lo solicitado por la fiscalía, yendo más allá y extralimitándose de lo que el órgano acusador le sometió a su consideración, toda vez que la fiscalía no refirió cual era el hecho por el cual tenía que ser vinculado, por lo que, el actuar del juez responsable fue parcial hacia dicho órgano acusador. En efecto, se determina de esa manera, pues no debe perderse de vista que al fiscal acusador le corresponde el monopolio del ejercicio de la acción penal, es quien somete los hechos al conocimiento del juez, otorgando para ello una clasificación provisional de los hechos delictuosos, sin embargo, el juez no puede jurídicamente admitir en automático esa clasificación sin antes analizarla. Lo anterior conforme al artículo 14 Constitucional, que establece el derecho de exacta aplicación de la ley en materia penal, salvaguarda la seguridad jurídica de las personas, al no circunscribirse a los meros actos de aplicación, sino que también obliga al legislador a emitir normas claras y precisas, a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador. En ese sentido, el juzgador puede reclasificar la conducta, esto es, determinar cuál es el tipo penal al que efectivamente se ajustan los hechos, no obstante, lo que el juzgador no puede modificar son precisamente estos últimos, los hechos materia de la imputación a fin de enriquecerlos e incorporar argumentos que el órgano acusador no estimó delictivos. Tanto más que la facultad normativa que se consigna en el penúltimo párrafo del artículo 316 de la ley nacional del enjuiciamiento penal, de ninguna manera puede ejercerse en forma arbitraria, pues de hacerse así, significaría socavar uno de los principios rectores del sistema penal acusatorio y oral, concretamente, la contradicción. Y es que no puede ser de otra manera, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 7546/2017, en sesión de seis de marzo de dos mil diecinueve, consideró -en lo que aquí interesa-, lo siguiente: I) El juez puede otorgar una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, pero con la condición de que no se varíen los hechos que determinan la litis del proceso. II) Por consiguiente, es factible variar la clasificación legal de los hechos delictuosos, pero previendo mecanismos adecuados para que el imputado pueda ejercer su derecho fundamental a la defensa. III) Un primer mecanismo adecuado, se encuentra consignado en el citado penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los numerales 335 y 398 del mismo ordenamiento legal, de los cuales concluyó que su ratio legis es acorde al principio acusatorio, en su vertiente de coherencia entre la acusación y la sentencia, porque en los tres escenarios procesales señalados por las normas mencionadas se exige que los hechos del proceso no deben variar y, además, se garantiza que el imputado o acusado conozca oportunamente ese cambio en la clasificación jurídica de los hechos, con lo cual se generan las condiciones para que cuente con la oportunidad de ejercer su derecho fundamental de defensa, que le permite ofrecer los datos, medios de prueba o pruebas que considere, así como formular los alegatos respectivos, con el fin de desvirtuar dicha calificación jurídica. En ese sentido, no le asiste la razón a la parte quejosa, pues como ya se dijo, el juez no debe actuar en forma automatizada, para el análisis de la vinculación a proceso y aun cuando no lo debatan las partes, debe analizar los hechos puestos a su conocimiento y verificar si encuadran o no en la hipótesis expresada por el fiscal, de no ser así, puede reclasificarlos, sin perjuicio de las partes, pues ya conocen los hechos. En el caso concreto, el juez responsable consideró que no encuadraban los hechos en la figura jurídica clasificada por la fiscal relativo a la violencia familiar, por lo que, estimó que con los datos de prueba aportados en la citada audiencia le permitían establecer que se había cometido el hecho que la ley señala como delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 161 del Código Penal en vigor en el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Virginia Jiménez Jiménez. Determinación que hizo saber al imputado en la propia audiencia para los efectos de su defensa; de ahí que no le asista la razón al recurrente. Asimismo, devienen infundados los conceptos de violación marcados con los incisos 4) y 6), en los que el impetrante alega que la fiscalía no aportó datos de prueba suficientes de acuerdo al test de razonabilidad a que hizo mención el juez responsable, violando con ello el principio de presunción de inocencia como estándar probatorio a su favor, ya que la responsable no realizó un correcto análisis y valoración de los datos de prueba, por lo que, aduce que no existe hecho delictivo acreditado, ni probabilidad de que haya intervenido en esos hechos. Al respecto, contrario a lo señalado por el quejoso, de la citada resolución que se combate, se aprecia que el Juez de Control responsable, aplicó correctamente el test de racionalidad para el estudio de los datos de prueba, con base en la práctica, la experiencia y las máximas de la razón. En esa tesitura, es menester señalar que en el juicio acusatorio adversarial le está permitido al Juez de Control analizar los datos de prueba conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, exponiendo el razonamiento jurídico utilizado para alcanzar las conclusiones a las que arribó. Ello, porque la sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, ya que el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la experiencia. Por otra parte, las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados. Por lo que, de los antecedentes de la investigación expuestos por la Fiscal del Ministerio Público en la audiencia, solo deben advertirse datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación; lo cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. Es aplicable al caso la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/19 10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2388, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época. Materia Penal, de rubro: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P 10a.)]. De ahí lo infundado de los argumentos de la parte quejosa, en el que refiere que los datos de prueba no fueron sometidos al test de racionalidad; toda vez que el Juez de Control expone lo que obtuvo de cada dato de prueba y cómo adminiculados, llegan a establecer la existencia de un hecho considerado como delito de amenazas, así como, la probabilidad de que el quejoso lo cometió o participó en su comisión. Sin que para el dictado del auto de vinculación a proceso, sea exigible que la autoridad lleve a cabo un análisis pormenorizado de cada uno de los datos de prueba incorporados por la Fiscal del Ministerio Público; sin embargo, el Juez responsable hizo referencia a los indicios que de cada uno se desprenden, para estimar la existencia de un hecho que la ley señala como delito. De ahí que, se reitera que resultan infundadas las alegaciones del quejoso, tendentes a establecer que tales datos de prueba no acreditan el hecho de manera razonable; ya que, como quedó establecido, la responsable tomó en consideración el dato o elemento que de cada uno obtuvo, para establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito de amenazas, y la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión. Con lo anterior, queda evidenciado que la autoridad judicial responsable, al analizar los datos de prueba, estableció que las conductas probablemente constitutivas de delito, se cometieron; de ahí que, como de forma correcta lo señaló, hasta este momento procesal, dichos datos son suficientes, idóneos y pertinentes para sustentar el auto de vinculación a proceso del imputado, por el hecho que la ley señala como delito de amenazas. Por tanto, resultan infundados los argumentos relativos a que los datos de prueba que sentaron las bases para dictar el auto de vinculación a proceso no sean suficientes de acuerdo al test de razonabilidad que hizo mención el juez responsable. En ese contexto, se reitera que resultan infundados dichos motivos de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por la fiscal acusadora y los datos que en su caso ofrezca la parte imputada respecto de los hechos atribuidos, ya que la valoración de pruebas es una actividad propia de la etapa de juicio oral, además de que con los datos de prueba que exhibió la parte quejosa, para nada controvierte los diversos datos de prueba verbalizados por la fiscalía. De igual forma, también se desestiman las tesis invocadas por el impetrante, ya que estas no son aplicables al presente caso, por las consideraciones establecidas en la presente resolución. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación señalados por el quejoso sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de la materia, lo procedente es negar el amparo solicitado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********, contra el acto reclamado y las autoridades responsables precisadas en el resultando primero; por las consideraciones establecidas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el veinticuatro de mayo del año actual, mediante despacho fue emplazada a juicio la tercero interesada Virginia Jiménez Jiménez, sin que hasta el día de hoy haya señalado domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días, que se le concedió en auto de ocho de abril del año en curso, lapso que le transcurrió del veintiséis al treinta de mayo del año en curso; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se ordena al actuario de este juzgado, notificar a la citada parte tercero interesada en comento, por lista de acuerdos el presente auto, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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