Moises Carrasco Vidal

Expediente 1937/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1937/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Moises Carrasco Vidal

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 5.-Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado y se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, el cual indica que las partes podrán recusar al juzgador que resolverá el expediente, en caso de que exista causa fundada para ello (contenida en el diverso numeral 51 de la citada normatividad), para que aquéllas conozcan la existencia de la causal, deben igualmente tener conocimiento que la citada juzgadora conocerá de la ejecución de la sentencia amparadora; hágase del conocimiento de las partes, la designación de la nueva titular, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten si tienen algún impedimento en que la citada Juzgadora continúe teniendo conocimiento de este juicio, en el entendido de que en caso de no hacer manifestación alguna, se continuará con el cumplimiento de este asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 2018465, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1114, de Noviembre de 2018, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: RECUSACIÓN DE LOS JUZGADOS DE AMPARO. PUEDE PLANTEARSE AUN DESPUÉSDE DE QUE EL ASUNTO EN EL QUE SE FORMULE SE HAYA LISTADO PARA SER VISTO EN SESIÓN". En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Así, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento efectuado en proveído de catorce de noviembre del presente año. (fojas 16-23) Ahora, del referido escrito no se aprecia que el ocursante de cabal cumplimiento al requerimiento formulado en la prevención de mérito, en atención a las siguientes consideraciones: Mediante auto de catorce de noviembre de la presente anualidad, se requirió al promovente ********************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************, para que realizara lo siguiente: PRIMERO: Acredite la personalidad con que se ostenta, esto es, su carácter de apoderado legal de ********************, ya que omitió exhibir documento original o certificado para tal efecto. Ello no obstante que adjuntó a su libelo de amparo el laudo de quince de octubre de dos mil veintiuno, el cual por encontrarse en copia simple carece de valor probatorio, y por ello no produce convicción sobre la veracidad del mismo. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". Asimismo, la jurisprudencia 782, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 868, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de Amparo Indirecto, Novena Época, Materia Común, del Apéndice 1917 - Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." De igual forma, la Jurisprudencia 527, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 582, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, Materia Común, Novena Época del Apéndice 1917 - Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Así como la Jurisprudencia 18, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 379, Tomo III, primera parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." SEGUNDO: Precise y aclare si el acto que reclama a la autoridad que señala como responsable, es la omisión de notificar a la parte demandada el laudo de quince de octubre de dos mil veintiuno o la omisión de acordar la planilla de liquidación o incidente de liquidación, presentado el trece de septiembre del presente año, en autos del expediente ********************. Lo anterior, toda vez que del contenido de la demanda que se provee, se advierte que en el apartado del acto reclamado, en el punto 2.- señala la omisión de notificar a la parte demandada el laudo de quince de octubre de dos mil veintiuno; mientras que, en el apartado de antecedentes, en el punto 2) refiere que con fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, la parte actora en el juicio laboral presentó un escrito de PLANILLA DE LIQUIDACIÓN O INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, en el que solicita se ordene continuar con el procedimiento correspondiente, transcurriendo en exceso el tiempo para hacerlo. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 63, Octava Época, Tomo IX, Febrero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". De igual forma, hágase saber al promovente del amparo el contenido del artículo 261 de la ley de la materia, que prevé las sanciones para la parte quejosa, para su abogado autorizado o para ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les conste en relación con el acto reclamado; numeral que al efecto se transcribe: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En la inteligencia de que la prevención deberá desahogarse necesariamente por la parte promovente de la presente acción constitucional, toda vez que ésta constituye un acto de carácter personalísimo, que sólo puede realizar quien ejercitó la demanda de amparo. Encuentra apoyo lo anterior la Jurisprudencia 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, que a la letra dice: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, en la jurisprudencia 2ª./J 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, julio de 2006, página 348, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". TERCERO: Exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que es un requisito previsto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, página 963, materia común, con número de registro 196981, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda." [Énfasis añadido]. [.]" Sin embargo, si bien es cierto que del escrito que se atiende, se advierte que el promovente exhibe el original de la carta poder de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, para dar cumplimiento al punto primero del proveído de catorce de noviembre del presente año, también lo es, que no desahogó cabalmente los puntos segundo y tercero, toda vez que de una revisión de su escrito aclaratorio, no precisa y aclara el acto que le reclama a la autoridad que señala como responsable, así como tampoco exhibe las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte promovente que el término de cinco días, que se le otorgó en el proveído de catorce de noviembre del presente año, transcurre del diecisiete al veinticuatro de noviembre del año en curso, mismo que se interrumpió en la fecha en que presentó su escrito que se provee (dieciséis de noviembre actual) y que éste se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído; por tanto, se encuentra en aptitud de desahogar a cabalidad la prevención que le fue requerida, ya que aún se encuentra pendiente de transcurrir el termino de cinco días concedido. Por lo que subsiste la prevención contenida en dicho auto a efecto de que dé cumplimiento al requerimiento de mérito, en el entendido que de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, libro VIII, Mayo de 2010, Tomo I, materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTA, DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el aertículo1 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuesta, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que se determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la Ley de la Materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar la deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la cuenta secretarial, se acuerda: Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario(a) para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Así, del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que obra en la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional, el billete de depósito N-569827, que ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió el quejoso Eduardo Martín López Rodríguez, para garantizar la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1073/2018-5 y sus acumulados 1083/2018-6 y 1084/2018-7. Ahora, el término previsto en el artículo 156 de la Ley de la Materia, para que la parte tercero interesada promoviera el incidente de reparación de daños con motivo de la suspensión otorgada, transcurrió del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho al veintiocho de junio de dos mil diecinueve, lo que implica que el término de dos años que prevé el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para obtener la devolución de dichos certificados de depósito, transcurrió del veintinueve de junio de dos mil diecinueve al catorce de diciembre de dos mil veintiuno, sin que el demandante de amparo hubiese comparecido ante este Juzgado de Distrito a recibir el referido certificado de depósito. Lo anterior en virtud, de que del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, se suspendieron los términos procesales con motivo de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de conformidad con el Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y los similares que ampliaron dicha suspensión. Así como del dos al seis de octubre, treinta de octubre y del nueve al trece de noviembre, todos de dos mil veinte, dado que por oficios 002/2020-CM, 004/2020-CM, 006/2020-CM y 007/2020-CM, de dos de octubre, treinta de octubre, ocho y diez de noviembre de esa anualidad, respectivamente, el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, incluyendo los pertenecientes al Centro de Justicia Penal de esta ciudad y en representación de la Coordinación de Jueces de Distrito, comunicó la suspensión de labores en esos días, al considerar que se actualizó en esta ciudad, el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo cual se suspendieron los efectos del cómputo de los términos y plazos procesales. Adicionalmente, del uno al nueve de agosto de dos mil veinte no podrían programarse citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales, éstas iniciarían a partir del lunes diez de agosto de dos mil veinte, para permitir que el personal jurisdiccional retorne a las labores presenciales antes de que deba atender a las personas justiciables que acudan físicamente, en términos del artículo 2 fracción VII, del Acuerdo General 21/2020, mencionado. De igual modo, el periodo acontecido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, debido a la suspensión de plazos y términos en los asuntos distintos a casos urgentes o esquema de juicio en línea, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, en relación con los Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020; este último cuya vigencia fue ampliada en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, reanudándose los plazos y términos procesales a partir del doce de enero pasado. Entonces, con apoyo en el numeral de la Ley de Tesorería de la Federación, SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, de la suma que ampara el citado billete de depósito; por tanto, con trascripción de este proveído, remítase dicho documento debidamente transferido a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ilustra lo anterior, la tesis II.3o.P.32 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 83, Tomo III, febrero 2021, página 2882, registro digital 2022723, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. EL CÓMPUTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES PARA SU PROMOCIÓN RESPECTO DE ASUNTOS TRAMITADOS FÍSICAMENTE DE MANERA PREVIA A LA SUSPENSIÓN DE LABORES DECRETADA A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19, SE REANUDÓ EL 3 DE AGOSTO SIGUIENTE. De la interpretación conjunta y sistemática de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que a raíz de la pandemia global de salud derivada de la propagación del virus COVID-19, dicho órgano colegiado estableció la suspensión total de actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte y, como consecuencia, se determinó que no correrían plazos y términos procesales. Normativa que, a su vez, tuvo como objetivo la implementación de esquemas de trabajo y medidas de contingencia para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y no así para la reanudación de los plazos y términos suspendidos en el Acuerdo General 4/2020; esto, con la salvedad de que si bien se vislumbró la viabilidad de la tramitación y continuación de asuntos en los órganos jurisdiccionales, lo cierto es que se establecieron las siguientes limitantes: a) los casos nuevos que se calificaran como urgentes, promovidos físicamente o en línea; b) la resolución de casos tramitados físicamente (previamente a la contingencia) en los que únicamente se encontraba pendiente la emisión de la sentencia o resolución final; y, c) la reanudación del trámite y resolución de los juicios que se hubiesen gestionado en línea con anterioridad al periodo de la contingencia, con excepción de los que requirieran la presencia física de las partes en audiencias o diligencias pendientes por desahogarse. La suspensión antedicha fue prorrogada como medida de protección para el personal del Poder Judicial de la Federación en diversas ocasiones; sin embargo, ésta culminó material y jurídicamente a partir del 3 de agosto de 2020. De ahí que deba tomarse dicha fecha como el momento procesal en que se reanudó el cómputo de plazos y términos legales para la promoción del juicio de amparo en todos aquellos asuntos que fueron tramitados físicamente, de manera previa a la suspensión del 18 de marzo anterior." Asimismo, la tesis XVII.2o.8 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 81, Tomo II, diciembre 2020, página 1726, registro digital 2022536, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO. Una interpretación sistemática, teleológica y funcional del acuerdo general citado -reformado mediante el diverso Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con su periodo de vigencia- y relevantemente de sus artículos 1 y 4, conduce a este tribunal a sostener que los plazos para la presentación de las demandas de amparo permanecieron suspendidos en el periodo comprendido del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte, inclusive en los asuntos de naturaleza urgente. La anterior conclusión se sustenta en la intención expresada en dicho acuerdo, de suspenderlos durante la vigencia de las medidas de distanciamiento social dirigidas a evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), las cuales inhibieron la afluencia de los servidores públicos a los centros laborales y redujeron notablemente la capacidad para la atención del trámite de los asuntos jurisdiccionales, así como en sus objetivos inmediatos de salvaguardar tanto la salud de los servidores públicos y usuarios del sistema de Justicia Federal, como el derecho de acceso a la justicia de los gobernados y la subsistencia de sus derechos procesales frente a la crisis sanitaria. En este contexto, vinculó a los órganos jurisdiccionales a brindar atención inmediata e ininterrumpida a los asuntos que deban ser calificados por el juzgador como urgentes, con la finalidad de garantizar en beneficio de los agraviados una tutela judicial efectiva para los casos que no admitan una espera prolongada, por la entidad de los derechos humanos involucrados. Por esa razón, el acuerdo mencionado, en lo relativo a la suspensión del plazo para presentar la demanda, no distinguió entre casos urgentes y los que no lo son, ni tuvo como objetivo someter a dicho plazo únicamente la acción de amparo en los casos urgentes, en virtud de que estos objetivos no corresponden a los fines perseguidos por el aludido instrumento normativo. De donde se sigue que para el inicio del cómputo del plazo para la presentación de las demandas de amparo, debe considerarse la suspensión de plazos durante el periodo de vigencia del referido acuerdo general 8/2020, independientemente de que se trate de asuntos urgentes o no, porque esta conceptualización se desarrolló con el solo objetivo de garantizar el trámite de los asuntos nuevos de atención inmediata y continua durante la etapa de contingencia y no para someter a los quejosos en los casos urgentes al plazo para pedir amparo, excluyéndolos de aquella suspensión. Estimar lo contrario vulneraría el principio de tutela judicial efectiva, que engloba el derecho de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la calificación de un caso como "urgente" requiere de un análisis cuidadoso, bajo los principios y postulados que son propios de una decisión jurisdiccional, conforme al artículo 4 del mencionado acuerdo general. Por tanto, sería excesivo, por desproporcionado, exigir que los justiciables deban anticipar esa decisión antes de presentar su demanda para determinar si se está o no en el supuesto de suspensión de los plazos que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo durante el periodo de referencia. Situación que resulta jurídicamente inadmisible, por la incertidumbre jurídica que se generaría en perjuicio de los gobernados. En el mismo sentido, se arriesgaría la racionalidad de las medidas instauradas por el Consejo de la Judicatura Federal si, por una parte, para garantizar el acceso a la justicia en asuntos urgentes se dispone y facilita el trámite del amparo pero, por otra, para ejercer ese derecho se somete al agraviado al plazo fatal para interponer la demanda, a pesar de las condiciones de confinamiento y medidas sanitarias impuestas en el contexto sanitario grave de una pandemia, en desproporción y desventaja frente a los casos no urgentes, en donde ese término fue suspendido." Notifíquese.

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