Moisés Alberto Arias Manzanero

Expediente 999/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
999/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Moisés Alberto Arias Manzanero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Finalmente, toda vez que ya no hay razón para que obren en este juzgado, devuélvase al Juez responsable la documental que remitió, como apoyo a su informe justificado. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 999/2020-III-B, promovido por MOISÉS ALBERTO ARIAS MANZANERO, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció MOISÉS ALBERTO ARIAS MANZANERO a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que atribuye a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 35 y 37, de la Ley de Amparo; 48 y 55 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, de la lectura íntegra del escrito de demanda, como de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, junto con su informe justificado, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente de la autoridad responsable, lo siguiente: El señalamiento de una fecha lejana para la continuación de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el juicio laboral 1188/2019, realizada por auto de cinco de octubre de dos mil veinte. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, pues así lo manifestó su Presidente al rendir su informe justificado; además de que la existencia de dicho acto se corrobora con las documentales que adjuntó. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o se advierten de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 77, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación: En efecto, en el presente asunto, el quejoso reclama de la Junta responsable, que mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, dictado en autos del juicio laboral 1188/2019, se fijaron como fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, las diez horas del once de marzo de dos mil veintiuno; situación que alega, viola sus derechos fundamentales toda vez que no se le está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley. Ahora bien, se afirma que en la especie se surte la causa de improcedencia en estudio, toda vez que, aun cuando se estimaran vulnerados los derechos fundamentales del quejoso con motivo del acuerdo reclamado, no se podría restituir al peticionario del amparo en el goce de los mismos. Ello, debido a que en la especie, el efecto de una posible concesión de amparo sería para que la autoridad responsable dejara sin efecto el acuerdo dictado el cinco de octubre de dos mil veinte, en lo conducente a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y señalara una nueva data para su verificación, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo que traería como consecuencia, que la hora y fecha ya establecida para el desahogo de la referida audiencia -once de marzo de dos mil veintiuno- quedara sin efecto, retrasando aún más la integración del expediente laboral de origen, es decir, el efecto sería contrario a lo que busca la parte quejosa. Se considera lo anterior de esa manera, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se está resolviendo en fecha doce de febrero del año que transcurre, por lo que de no ser recurrida por alguna de las partes, se determinaría ejecutoriada la sentencia el tres de marzo del año en curso. Dicha determinación se notificaría a la Junta responsable al día siguiente hábil, esto es, el cuatro de marzo siguiente; la cual contaría con un término de tres días para remitir el auto con el que acredite el cumplimiento y proveyera en relación a la fecha en la que habría de celebrarse la audiencia de que se trata, la cual podrá señalar dentro de los quince días hábiles siguientes a dicho auto; es decir, su desahogo podría acontecer con posterioridad a la fecha actualmente programada. Por ello, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que respecta al acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta capital, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77, interpretado en sentido contrario, de la propia Ley. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 7/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 281, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió". En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con apoyo en el artículo 63, fracción V, al actualizarse las hipótesis de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 187, Tomo VI, Apéndice 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197245, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En consecuencia, al haberse concretado la causal de improcedencia invocada, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 77, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MOISÉS ALBERTO ARIAS MANZANERO, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución definitiva, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante proveído de dieciocho de los corrientes, ante el cumplimiento del quejoso al requerimiento consistente en proporcionar un diverso domicilio para lograr el emplazamiento del tercero interesado Gabriel Vicente Gahona Cantón, se comisionó al actuario adscrito a este juzgado a fin de llevar a cabo dicha encomienda. Ante lo recientemente determinado, aún no obra en autos constancia alguna que acredite el emplazamiento a juicio del aludido tercero. Por lo que, al no existir certeza de que el citado Gahona Cantón, tenga conocimiento del presente asunto, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional; en consecuencia, se impone su diferimiento y se señalan como nueva fecha y hora para su celebración, el día DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, a dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Moisés Alberto Arias Manzanero, parte quejosa, por el que da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de dieciocho de diciembre del año pasado; en consecuencia, se deja sin efecto el apercibimiento que se hizo en dicho acuerdo. Por tanto, se comisiona a uno de los actuarios de este Juzgado de Distrito a efecto de que emplace a juicio al tercero interesado Gabriel Vicente Gahona Cantón, entregándole copia autorizada del presente acuerdo, del auto admisorio y de la demanda de amparo, en el predio ubicado en la calle cincuenta y tres, número quinientos nueve letra A, por sesenta y dos y sesenta y cuatro, de la colonia Centro de esta ciudad. Notifíquese, haciéndolo personalmente al terceo interesado y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe.

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