Moises Adrian Cancio Garcia
Expediente 1198/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1198/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 05/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Moises Adrian Cancio Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia y por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera, siendo que la notificación del acuerdo de mérito, se realizó el veintiocho de junio pasado. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se concedió a MOISÉS ADRIÁN CANCIO GARCÍA el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y con sede en esta capital, para el efecto que: "... el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y lo haga del conocimiento del aquí quejoso. Y para que este fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica, la autoridad ordenadora responsable deberá comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, deberá con la misma prontitud proporcionar los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios." En contra de dicha resolución, el tercero interesado Felipe de Jesús Dzib Pamplona, interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto en el toca A.R. 04/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el nueve de marzo de dos mil dieciocho, confirmando la sentencia recurrida. Por auto de veintisiete de marzo del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, su cumplimiento. Mediante proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Delegado del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en el propio proveído de nueve de abril del presente año, comunicó que por oficio de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en las condiciones solicitadas (fojas 86 y 87). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del diverso oficio que la responsable remitió como anexo (foja 88). Por su parte, el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, mediante oficio relacionado en auto de veintisiete de junio último, informó que programó las diez horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil dieciocho, para que con auxilio de la fuerza pública tuviera verificativo la diligencia solicitada por la referida juez en el expediente 1017/2010, a fin de desalojar y entregar el predio correspondiente, siendo que los elementos asignados esperaron hasta las trece horas, sin que se presentara la parte interesada (fojas 138 a 141). Lo anterior, no obstante que el quejoso fue notificado oportunamente de la fecha y hora señaladas para la práctica de dicha diligencia, de conformidad con lo acordado en proveído de doce de junio último (fojas 130 y 132). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la juez del conocimiento y lo hizo del conocimiento del quejoso, mientras que el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública programó fecha y hora para que con el apoyo de la fuerza pública se llevara a cabo la diligencia encomendada, lo que así realizaron y acreditaron. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto que se les atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por último, glósese a este expediente el escrito de cuenta del quejoso Moisés Adrián Cancio García, y anexos que acompaña; y en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el presente auto. Notifíquese, haciéndolo personalmente al quejoso y tercero interesado, y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE tercero interesado Y QUEJOSO EL PROVEÍDO DE cinco de julio de dos mil dieciocho. Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia y por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera, siendo que la notificación del acuerdo de mérito, se realizó el veintiocho de junio pasado. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se concedió a MOISÉS ADRIÁN CANCIO GARCÍA el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y con sede en esta capital, para el efecto que: "... el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y lo haga del conocimiento del aquí quejoso. Y para que este fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica, la autoridad ordenadora responsable deberá comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, deberá con la misma prontitud proporcionar los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios." En contra de dicha resolución, el tercero interesado Felipe de Jesús Dzib Pamplona, interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto en el toca A.R. 04/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el nueve de marzo de dos mil dieciocho, confirmando la sentencia recurrida. Por auto de veintisiete de marzo del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, su cumplimiento. Mediante proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Delegado del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en el propio proveído de nueve de abril del presente año, comunicó que por oficio de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en las condiciones solicitadas (fojas 86 y 87). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del diverso oficio que la responsable remitió como anexo (foja 88). Por su parte, el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, mediante oficio relacionado en auto de veintisiete de junio último, informó que programó las diez horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil dieciocho, para que con auxilio de la fuerza pública tuviera verificativo la diligencia solicitada por la referida juez en el expediente 1017/2010, a fin de desalojar y entregar el predio correspondiente, siendo que los elementos asignados esperaron hasta las trece horas, sin que se presentara la parte interesada (fojas 138 a 141). Lo anterior, no obstante que el quejoso fue notificado oportunamente de la fecha y hora señaladas para la práctica de dicha diligencia, de conformidad con lo acordado en proveído de doce de junio último (fojas 130 y 132). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la juez del conocimiento y lo hizo del conocimiento del quejoso, mientras que el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública programó fecha y hora para que con el apoyo de la fuerza pública se llevara a cabo la diligencia encomendada, lo que así realizaron y acreditaron. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto que se les atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por último, glósese a este expediente el escrito de cuenta del quejoso Moisés Adrián Cancio García, y anexos que acompaña; y en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el presente auto. Notifíquese, haciéndolo personalmente al quejoso y tercero interesado, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio SSP/DJ/18897/2018, signado por el Encargado provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad. Que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de veintisiete de junio del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio SSP/DJ/18425/2018, signado por el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada de lo anterior, así como del diverso oficio del Delegado del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y anexo que acompañó, recibidos por auto de nueve de abril último. Lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades. Notifíquese personalmente.
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