Moisés Alamilla Vázquez

Expediente 601/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
601/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Moisés Alamilla Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de la que se advierte que trascurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo, para impugnar el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en el cual se actúa, sin haberse ejercido ese derecho. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma HA QUEDADO FIRME. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que sobreseyó fuera de audiencia, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, con fundamento en su ordinal 18, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano y posteriormente se sobreseyó en este juicio; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, se deja de acordar lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 18, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la depuración del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LA PARTE QUEJOSA. De igual forma, devuélvase al Fiscal de Asuntos Especiales y Homicidio y Fiscal del Ministerio Público en Auxilio de la Titular de la Unidad de Atención Temprana 05, con sede en esta ciudad, (un tomo de pruebas) que envió en apoyo a su informe justificado, sin que sea el caso requerir el acuse recibo correspondiente, dado que se trata de una reproducción de sus originales. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de junio de dos mil veintidós. Visto; el oficio suscrito por el Fiscal de Distrito Metropolitano, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta sin mayor pronunciamiento, toda vez que con fecha treinta y uno de mayo de la anualidad en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vistos; los oficios suscritos por el Fiscal de Asuntos Especiales y Homicidio y Fiscal del Ministerio Público en Auxilio de la Titular de la Unidad de Atención Temprana 05, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales, el primero, rinde informe justificado; y el segundo, remite copia certificada de la carpeta de investigación 0175-101-0206-2022 e informa la situación jurídica del quejoso +++. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos las comunicaciones de cuenta. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de cuenta. Por otro lado, téngase al Fiscal del Ministerio Público en Auxilio de la Titular de la Unidad de Atención Temprana 05, con sede en esta ciudad, dando cumplimiento a lo requerido mediante auto de veinticinco de mayo del año en curso y con fundamento en el artículo 119, de la ley de la materia, por admitida la documental que remite. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y sólo sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en la demanda, concatenando la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; se advierte que, el diez de mayo de dos mil veintidós, +++ Fiscalía de Alto Impacto, sito en esta ciudad y otras autoridades, de las que reclamó (a) la privación de la libertad fuera de procedimiento; (b) Incomunicación; y, (c) Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Posteriormente, previa ratificación de la demanda, en auto de once de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la misma y se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables. Ahora, de la constancia remitida por el Fiscal del Ministerio Público en Auxilio de la Titular de la Unidad de Atención Temprana 05, con sede en esta ciudad, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación +++, instruida en contra del aquí quejoso +++, y otras personas, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se advierte que el diez de mayo de esta anualidad, el solicitante de amparo fue puesto a disposición de esa autoridad, como probable responsable del hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple de narcótico conocido como cristal y marihuana. No obstante, mediante oficio +++, de doce de mayo del año en curso, la citada autoridad ordenó la inmediata libertad del quejoso +++, previa prevención que se hiciera al imputado, en términos del artículo 140, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no solicitaría la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, pone de manifiesto que respecto de los actos reclamados por el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al haber cambiado su situación jurídica. Ello es así, pues en virtud de ese cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se atribuyeron a las autoridades responsables relacionadas con la detención reclamada, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra el quejoso, generada por el acuerdo de libertad dictado en su favor. En efecto, en materia penal la situación jurídica del quejoso deviene de las normas que afectan o restringen su libertad personal, llámense aprehensión, detención, prisión preventiva o pena, la existencia de una de ellas, excluye la aplicación de las restantes, es decir en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de la detención reclamada se afectaría la determinación por la que se concedió la libertad al aquí quejoso, atendiendo a la circunstancia que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos todo lo actuado en relación a esa detención, incluyendo el auto que la calificó de legal, soslayando que la situación jurídica del quejoso ya no obedece a ello, sino a la determinación por la que se concedió su libertad. Así entonces, se actualiza un cambio de status legal, pues el quejoso, pasó de estar detenido puesto a disposición de una autoridad ministerial, a gozar de su libertad bajo investigación no judicializada; por lo que la nueva situación que se generó hace que las violaciones reclamadas en cuanto a su detención, se encuentren jurídicamente consumadas, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin que se afecte la nueva situación jurídica generada. Es aplicable al caso, la jurisprudencia, del tenor siguiente: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." Así también, la II.2o.P.44 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes. En consecuencia, como se anticipó, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; con apoyo en el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno desvirtuarían la causal de improcedencia aludida, además que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, previsto en la legislación de la materia, y, esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Federal. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la parte quejosa haya señalado como actos reclamados actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, como tormentos y torturas, ello en la medida de que, de la diligencia de ratificación de demanda practicada por el actuario adscrito a este juzgado con el directo quejoso, el diez de mayo del año en curso, se advierte que al dar fe del estado físico del solicitante de amparo, el citado funcionario asentó que no se observaba lesiones visibles en su anatomía, aunado que a dicha persona le manifestó que no tenía lesión alguna y que no presentaba dolor o molestia alguna en su cuerpo, agregando que se encontraba sano en ese momento. En ese contexto, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRES DE JUNIO DE ESTA ANUALIDAD. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO. Número de expediente: 601/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vistos; los oficios suscritos por el Fiscal de Asuntos Especiales y Homicidio y Fiscal del Ministerio Público en Auxilio de la Titular de la Unidad de Atención Temprana 05, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales, el primero, rinde informe justificado; y el segundo, remite copia certificada de la carpeta de investigación 0175-101-0206-2022 e informa la situación jurídica del quejoso +++. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos las comunicaciones de cuenta. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de cuenta. Por otro lado, téngase al Fiscal del Ministerio Público en Auxilio de la Titular de la Unidad de Atención Temprana 05, con sede en esta ciudad, dando cumplimiento a lo requerido mediante auto de veinticinco de mayo del año en curso y con fundamento en el artículo 119, de la ley de la materia, por admitida la documental que remite. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y sólo sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en la demanda, concatenando la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; se advierte que, el diez de mayo de dos mil veintidós, +++ Fiscalía de Alto Impacto, sito en esta ciudad y otras autoridades, de las que reclamó (a) la privación de la libertad fuera de procedimiento; (b) Incomunicación; y, (c) Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Posteriormente, previa ratificación de la demanda, en auto de once de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la misma y se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables. Ahora, de la constancia remitida por el Fiscal del Ministerio Público en Auxilio de la Titular de la Unidad de Atención Temprana 05, con sede en esta ciudad, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación +++, instruida en contra del aquí quejoso +++, y otras personas, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se advierte que el diez de mayo de esta anualidad, el solicitante de amparo fue puesto a disposición de esa autoridad, como probable responsable del hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple de narcótico conocido como cristal y marihuana. No obstante, mediante oficio +++, de doce de mayo del año en curso, la citada autoridad ordenó la inmediata libertad del quejoso +++, previa prevención que se hiciera al imputado, en términos del artículo 140, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no solicitaría la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, pone de manifiesto que respecto de los actos reclamados por el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al haber cambiado su situación jurídica. Ello es así, pues en virtud de ese cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se atribuyeron a las autoridades responsables relacionadas con la detención reclamada, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra el quejoso, generada por el acuerdo de libertad dictado en su favor. En efecto, en materia penal la situación jurídica del quejoso deviene de las normas que afectan o restringen su libertad personal, llámense aprehensión, detención, prisión preventiva o pena, la existencia de una de ellas, excluye la aplicación de las restantes, es decir en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de la detención reclamada se afectaría la determinación por la que se concedió la libertad al aquí quejoso, atendiendo a la circunstancia que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos todo lo actuado en relación a esa detención, incluyendo el auto que la calificó de legal, soslayando que la situación jurídica del quejoso ya no obedece a ello, sino a la determinación por la que se concedió su libertad. Así entonces, se actualiza un cambio de status legal, pues el quejoso, pasó de estar detenido puesto a disposición de una autoridad ministerial, a gozar de su libertad bajo investigación no judicializada; por lo que la nueva situación que se generó hace que las violaciones reclamadas en cuanto a su detención, se encuentren jurídicamente consumadas, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin que se afecte la nueva situación jurídica generada. Es aplicable al caso, la jurisprudencia, del tenor siguiente: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." Así también, la II.2o.P.44 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes. En consecuencia, como se anticipó, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; con apoyo en el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno desvirtuarían la causal de improcedencia aludida, además que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, previsto en la legislación de la materia, y, esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Federal. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la parte quejosa haya señalado como actos reclamados actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, como tormentos y torturas, ello en la medida de que, de la diligencia de ratificación de demanda practicada por el actuario adscrito a este juzgado con el directo quejoso, el diez de mayo del año en curso, se advierte que al dar fe del estado físico del solicitante de amparo, el citado funcionario asentó que no se observaba lesiones visibles en su anatomía, aunado que a dicha persona le manifestó que no tenía lesión alguna y que no presentaba dolor o molestia alguna en su cuerpo, agregando que se encontraba sano en ese momento. En ese contexto, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRES DE JUNIO DE ESTA ANUALIDAD. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

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