Modesta Martínez Hidalgo

Expediente 290/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
290/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Modesta Martínez Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vistos; I. El estado de los presentes autos de advierte que en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa ****, asimismo, no obra en autos la constancia de notificación respectiva. II. El escrito signado por la quejosa ****, por medio del cual solicita la devolución del original de la escritura que anexo a su escrito inicial de la demanda, autorizando *****, para recibirlas. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones, se ordena realizar la notificación a la parte quejosa ***, del proveído de veintiocho de marzo del año que transcurre. En relación al punto II, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito. En atención a su contenido, dígasele que se éste a lo acordado en auto de veintiocho de marzo del año en curso, toda vez que en esa propia fecha se le dejó a su disposición los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, autorizando para recibirlas a las personas que menciona, previa toma de razón de recibo que deje en autos para debida constancias legal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Vista, La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres año, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que la parte quejosa anexó documentos; notifíquesele personalmente QUEDAN A SU DISPOSICIÓN y deberá recogerlos dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto; el escrito signado por ***, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual promueve incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva dictada en el presente incidente. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el ocurso de cuenta. Conforme a los artículos 206, 207, 208 y 209, de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del en que quede notificada de este proveído, rinda informe respecto de la denuncia formulada por la parte quejosa, en el entendido de que la falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se les reclama. Es aplicable a lo anterior, la Tesis del tenor siguiente: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA SOLICITUD DEL QUEJOSO PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE LE INFORME Y DEMUESTRE QUE HA CUMPLIDO Y SIGUE CUMPLIENDO CON AQUÉLLA, CONSTITUYE UNA DENUNCIA DE SU POSIBLE VIOLACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TERMINOLOGÍA INADECUADA O DENOMINACIÓN INEXACTA QUE LE DÉ EL RECURRENTE, LO QUE NO AFECTA LA INSTAURACIÓN DEL INCIDENTE INNOMINADO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 2/2010, publicada en la página 7 del Tomo XXXI, febrero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. NO QUEDA SIN MATERIA LA DENUNCIA RELATIVA O, EN SU CASO, LA QUEJA INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN ESA DENUNCIA, AL RESOLVERSE EL JUICIO DE AMPARO.", precisó, entre otras cuestiones, que la suspensión no sólo tiene como objeto mantener viva la materia del amparo, sino que también se propone evitar al agraviado, durante la tramitación del juicio, los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle obrando sobre la misma, ya que afecta las medidas tendentes a su ejecución paralizándolas e impidiendo que el acto reclamado se ejecute o haciendo cesar tales medidas si la ejecución ya se ha iniciado. En ese orden de ideas, se concluye que la solicitud del quejoso para que el Juez de amparo requiera a la autoridad responsable para que le informe y demuestre que ha cumplido y sigue cumpliendo con la suspensión definitiva otorgada, constituye una denuncia de su posible violación, en virtud de que la terminología inadecuada o denominación inexacta que le dé el recurrente, es una situación que no afecta la instauración del incidente innominado, y si bien es cierto que dicho trámite no se encuentra previsto en la Ley de Amparo, porque sus artículos 123, 124, 130, 131, 104, 105 primer párrafo, 107 y 111 sólo contemplan el incidente de suspensión y su cumplimiento, también lo es que deberá tramitarse en términos de los artículos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al segundo párrafo del artículo 2o. de la aludida ley, en el cual las partes (agraviado y la autoridad responsable), podrán ofrecer pruebas en términos de los numerales 93, 94 y 361 del citado código adjetivo, a fin de acreditar sus respectivas afirmaciones. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 208, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva a que se refiere dicho numeral. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Visto; el escrito de cuenta signado por ********************, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinticuatro de febrero del año en curso. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta, y en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa en el proveído de referencia. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La sentencia interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ********************. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, dentro del juicio de amparo 155/2022, promovida por Raúl Martínez Hidalgo por sí y en representación de Ángela Hidalgo López, del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que el acto reclamado fue la sentencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en Pichucalco, Chiapas, en el toca civil 36- C/2021, en la que confirmó la sentencia interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Palenque, Chiapas, en el expediente ********************, relativo a la providencia precautoria para retener la posesión, en los términos ahí decretados, lo que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su numeral 2°, en atención a la Jurisprudencia de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." Ahora bien, analizada la demanda de amparo, respecto al acto precisado en párrafo que antecede, se advierte de manera manifiesta la actualización de la causa de improcedencia, del establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra aquellos actos cuyos efectos ya hubieren cesado. Respecto de esta causa de improcedencia, que coincide en sus términos con la prevista en la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación). En este orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Mientras que el segundo supuesto, se actualiza cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Razón por la que se considera que se actualiza la cesación de efectos por sustitución procesal, respecto de aquellos actos en contra de los cuales se ejercieron los medios o recursos ordinarios de defensa que la ley del acto prevé, ya que lo resuelto en éstos sustituye al auto o resolución impugnada, al incidir en su vigencia y ejecutividad, pues la misma tendrá ejecutividad y firmeza una vez que se decida el medio de impugnación interpuesto. Ahora bien, en el caso, se considera que se actualizó la causa de improcedencia en estudio, en su vertiente de sustitución procesal, dado que la sentencia interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ********************, fue sustituido procesalmente por la resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno, en el toca número 36-C/2021, por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco, Chiapas, en el cual determinó confirmar dicha interlocutoria, dictada por la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Palenque, Chiapas, en el expediente ********************, como se advierte de los autos del juicio de amparo 155/2022. Lo anterior es así, en virtud de que la parte quejosa se duele del acto tildado de inconstitucional, consistente en la sentencia interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ********************, sin embargo el ocho de julio de dos mil veintiuno, en el toca número 36-C/2021, se determinó confirmar dicha resolución. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 1a./J.77/2012 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 841, noviembre de 2012, tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." No es óbice lo anterior, lo expuesto por la parte quejosa en el sentido de que tuvo conocimiento de los actos el diez de febrero del año en curso, toda vez que mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de la presente anualidad, se previno para que manifestara de manera concreta cual era el acto que le causaba perjuicio, sin que señalara como acto la falta de emplazamiento en el juicio de origen, máxime que mediante escrito recibido el veintidós de junio de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, la hoy quejosa se apersonó al juicio 155/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, en donde el acto reclamado era la sentencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en Pichucalco, Chiapas, en el toca civil 36- C/2021, en la que confirmó la resolución interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente ********************, por lo que no es dable considerar que desconociera el juicio de origen. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto reclamado al Juez Civil de Primera Instancia de Catazajá- Palenque, Chiapas, consistente en la sentencia interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ********************, por los motivos expuestos con anterioridad. II. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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