Moisés Acosta González
Expediente 456/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Moisés Acosta González
Actuaciones
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual acusa recibo del oficio número 14049/2019, por el que se le remitió el juicio de amparo 456/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que acepta la competencia declinada; en consecuencia, archívese el presente expediente como concluido. Por tanto, tomando en consideración lo anterior y toda vez que el presente cuaderno de antecedentes no se considera de relevancia documental, ya que el presente asunto encuadra en las hipótesis establecidas por la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses se procederá a la destrucción del mismo.
- Principal
Téngase por recibido el escrito del quejoso Moisés Acosta González, a través del cual cumple la prevención que se le practicara mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por lo que se tiene por desahogado en tiempo el requerimiento de la demanda de amparo, promovida por Moisés Acosta González contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección Regional Oriente Único de Tehuacán, Puebla, y otras autoridades, la cual fuera registrada bajo el número de juicio de amparo 456/2019-II-A. Al respecto, se acuerda: I N C O M P E T E N C I A Ahora, dado que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, se procede a abordar dicha figura, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal, situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Sobre esa base, al ser la competencia un presupuesto procesal de estudio preferente, este juzgado considera que, en el caso, se carece de competencia legal para conocer de la demanda que se recibe, por los motivos que a continuación se exponen. Este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la hipótesis de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que al efecto establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos del acto desde la perspectiva de la ejecución material, de suerte que si no la conlleva, ese aspecto debe definirse en relación con el lugar de residencia de la autoridad que lo haya emitido u ordenado. Sobre esa base, tomando como punto de partida el análisis efectuado al escrito de demanda, se advierte que el acto que se reclama consiste en: La orden de detención y/o aprehensión, girada en su contra, así como su ejecución. Actos reclamados cuya orden y ejecución atribuye a las siguientes autoridades responsables: Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección Regional Oriente Único de Tehuacán, Puebla. Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Generales de Tehuacán, Puebla. Agente del Ministerio Público Municipal, con sede en Tehuacán, Puebla. Jefe de Causa del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con domicilio en Tehuacán, Puebla. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla. Juez Primero de Defensa Social de Tehuacán, Puebla. Juez Segundo Penal de Tehuacán, Puebla. Director General de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, con sede en Atlixco, Puebla. Comandante de Policía Ministerial Zona Sur con domicilio en Tehuacán, Puebla. Comandante de la Segunda Comandancia de la Policía Ministerial con residencia en Tehuacán, Puebla. En tales circunstancias, es incuestionable que no se actualiza tal presupuesto procesal a favor de este Juzgado. Aunado a ello la parte quejosa no señaló a una potestad ejecutora diversa, que dotara de competencia territorial a este Juzgado de Distrito, lo que se corroborá con el ocurso con el que se da cuenta, en el cuál manifiesta que no hay ninguna autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción de esta potestad. Por lo anterior, este órgano de control constitucional está imposibilitado para conocer del trámite del presente asunto, habida cuenta que carece de competencia para conocerlo y decidirlo, ya que no existe evidencia en autos que se hubiere ordenado la ejecución de los actos reclamados a alguna autoridad que resida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, más cuando el tema de la competencia se erige como una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto. Por las razones que en ella se contienen, es pertinente atender al contenido de la jurisprudencia J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, agosto de 1992, Materia Penal, página 36, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Se reitera, el quejoso no señaló a una potestad ejecutora diversa con residencia en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, que dotara de competencia territorial a este Juzgado de Distrito, para resolver el fondo del asunto. Cobra exacta aplicación al caso la jurisprudencia 52/2013, Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, página 383, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En virtud de lo expuesto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número 456/2019-II-A, así como las copias de traslado de la demanda, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, solicitando el acuse de recibo respectivo. Al caso es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 9/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el tomo III, enero de 2001, página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda."
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Moises Acosta González contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección Regional Oriente Único de Tehuacán, Puebla, y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 456/2019-II-A. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora, este juzgador analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracción V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir a la promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables; [.]" De la interpretación armónica de los preceptos transcritos, se advierte que al inicio del juicio de garantías se presentan distintas situaciones a resolver por parte del juez de distrito, atendiendo al caso concreto que se presenta ante su jurisdicción. Entre esas situaciones, se encuentra el caso de que se advierta alguna irregularidad en el referido ocurso de demanda, o bien, se hubiera omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de ley de la materia, o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de dicha ley, el juez de distrito mandará prevenir al promovente a efecto de que la subsane, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que en tiempo el promovente pueda subsanarlas, debiendo contener el auto aclaratorio de demanda el apercibimiento de ley, ordenándose su notificación personal. Así, para el caso de que el promovente no llenare los requisitos omitidos o no hiciere las aclaraciones respectivas deberá tenerse por no presentada la demanda de garantías y, en el caso de falta de copias, se estará a lo previsto en el citado artículo 110 (tratándose de las relativas al incidente de suspensión, tal omisión sólo dará lugar a la postergación de su apertura). IRREGULARIDAD QUE SE APRECIA EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo. Así las cosas, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el quejoso Moisés Acosta González en el apartado de hechos, en el punto 2, señaló: "EL SUSCRITO NO HE COMETIDO DELITO ALGUNO COMO SE PROBARÁ EN EL MOMENTO OPORTUNO, PERO COMO TEMO SER PRIVADO DE MI LIBERTAD, RECURRO EN ESTE ACTO AL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, PARA LOS EFECTOS DE QUE SE ME OTORGUE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO. ESTO PORQUE EL DÍA VIERNES 17 DE MAYO DE LA ANUALIDAD QUE CURSA, PERSONAS QUE SE DICEN POLICIAS MINISTERIALES DE TEHUACAN DEL ESTADO DE PUEBLA SE PRESENTARON EN LA CONGREGACIÓN DONDE VIVO Y PREGUNTARON POR EL SUSCRITO, SUPONIENDO QUE PARA PRIVARME DE MI LIBERTAD, SIN EXPRESAR EL MOTIVO QUE TENGAN PARA ELLO, LLEVANDO UNA ORDEN CONSIGO Y ME VEO PRECISADO A PROMOVER LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A MI FAVOR." De la transcripción que antecede, se aprecia que el quejoso señala autoridades responsables cuya residencia se encuentra en el Estado de Puebla, sin que atribuya el acto reclamado a alguna autoridad ejecutora cuya residencia se encuentre dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control de la constitucional. En tales condiciones, a fin de acordar conforme a derecho la demanda que se intenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III, y 114, fracción I y II, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de que se encuentre legalmente notificado del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad, exhiba un escrito de aclaración, con copias para cada una de las partes, en el que deberá manifestar lo siguiente: ÚNICO. Si señala como autoridad ejecutora a alguna cuya residencia se encuentre dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control de la constitucional. Hecho que resulta indispensable para el suscrito, a fin de estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer lo procedente respecto de la demanda que se intenta. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo concedido, se proveerá sobre la demanda únicamente por las autoridades responsables señaladas en su escrito de demanda. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS HÁBILES AL ACTUARIO JUDICIAL. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a cualquiera de los actuarios que le corresponda practicar alguna notificación relativa al presente expediente. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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