Misael Roman Rodríguez

Expediente 1070/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1070/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2018

Partes del expediente

  • Misael Roman Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, mediante el cual informa que acepta la competencia del juicio de amparo del que deriva el cuaderno en que se actúa, admitiéndolo a trámite bajo el número de juicio de amparo 733/2018, de su índice; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente declarado la incompetencia del presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Misael Román Rodríguez y otros, contra actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1070/2018. De la lectura íntegra de la demanda en comento se advierte que el acto que reclaman los solicitantes de amparo consiste en: ".De las autoridades señaladas como RESPONSABLES ORDENADORAS, RECLAMAMOS EL CAMBIO DE ASIGNACIÓN DE LA ZONA B ACAYUCAN, A LA ZONA C, TODA VEZ QUE LA ZONA C SE ENCUENTRA CREADA DE MANERA INTERINA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO. De las autoridades señaladas como RESPONSABLES EJECUTORAS, reclamamos EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LA ZONA B, A LA ZONA C, ZONA QUE SE ENCUENTRA CREADA ÚNICAMENTE DE MANERA INTERINA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELEBACHILLERATO, pero no se ha creado jurídica y formalmente." Ahora, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente el Juez donde se haya presentado la demanda; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito donde se presente la demanda de amparo. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se dice que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Establecido lo anterior, es preciso destacar algunos antecedentes del acto reclamado que señalaron los quejosos, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita conocer los acontecimientos que dieron motivo al acto reclamado. 1. En principio señalaron ser docentes de telebachillerato, adscritos a los diferentes planteles que conforman la zona Acayucan B. 2. Posteriormente, indicaron que por oficio de doce de septiembre de la presente anualidad, signado por Héctor Alfredo Hernández Luján, recibido por Hugo Daniel Cruz Arakachi, el uno de octubre del año en curso, se les informó la creación de la zona de la supervisión escolar Acayucan C, y que los aquí quejosos habrían de pertenecer a esa zona, sin que esa zona C, esté formal y jurídicamente creada, por lo que al sufrir el cambio de adscripción perderían estabilidad en el empleo y certeza jurídica en su trabajo, contraviniendo con ello los protocolos para la creación de nuevas zonas que implican la asignación de presupuestos. De lo antes expuesto, resulta inconcuso que la ejecución del cambio de adscripción que en esta vía combaten los quejosos, se realizará en el lugar en el que se encuentra la zona escolar B, de Acayucan, es decir, en Acayucan, Veracruz. Ilustra a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Se cita como apoyo también, la tesis I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente, por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Coatzacoalcos, por estar ubicado dentro del territorio donde ejerce jurisdicción el municipio de Acayucan, Veracruz, en el que se ejecutó el acto reclamado. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por sus consideraciones es aplicable también la Jurisprudencia II.3o. J/72, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto enuncian: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material". En consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer de la presente demanda de garantías y con apoyo en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Coatzacoalcos, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a esos Juzgados, para que determine al respecto, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda y autógrafa de este acuerdo, sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de del acto reclamado, dado que no encuadra en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN Ahora bien, como lo solicitaron los promoventes, téngase como representante común de la parte quejosa a Misael Román Rodríguez, lo anterior, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Nahum Culebro García, Felipe Mancilla Márquez, Judith Alejandra Hernández Martínez, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros números 77837, 16203 y 178876, y por autorizados con las restricciones que impone la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Plutarco Hernández Siliceo y Mayra Guadalupe Garrido Hernández, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común.

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