Misael Ramos Cruz

Expediente 305/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
305/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • Misael Ramos Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, y el telegrama remitido por el Director de Amparo en suplencia del Titular de la Policía Federal Ministerial, mediante los cuales rinde respectivamente su informe respecto de la suspensión de plano otorgada a los quejosos en este juicio, al respecto, sin proveer sobre su contenido, remítanse el oficio y telegrama de cuenta al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, previa copia que de ellos quede en autos para constancia legal; lo anterior, en razón de que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia que le fue declinada para continuar con el trámite del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante el cual acusa de recibo los autos originales del juicio de amparo 305/2021 del índice de este juzgado, e informa que acepta la competencia que le fue declinada para continuar con el trámite del citado juicio, al respecto, téngase por hecha la comunicación que alude para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se declinó competencia a otro órgano jurisdiccional y éste la aceptó, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de abril de dos mil veintiuno. Se agrega a los presentes autos el escrito de demanda signada por Misael Ramos Cruz y otros, mediante el cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del CEFERESO NÚMERO 4 Noroeste, con residencia en Tepic, Nayarit, y otras autoridades. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 305/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es necesario puntualizar que los quejosos señalan como acto reclamado, lo siguiente: La orden de traslado del centro de reclusión en el que se encuentran a otro diverso. INCOMPETENCIA En ese contexto, este juzgado considera que no es competente para conocer del presente asunto, en atención a las siguientes razones: En este caso, se estima que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer y resolver del presente asunto; para demostrar esta premisa, es necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la norma transcrita se puede concluir, en lo que aquí interesa, que el Juez de Distrito legalmente competente para conocer del juicio de amparo, es aquel en cuya jurisdicción se haya ejecutado, se ejecute o se trate de ejecutar el acto reclamado. Establecido ello, se precisa que para determinar la competencia en el conocimiento del juicio de amparo entre Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y, también, a su análisis íntegro; lo cual, trae como consecuencia la determinación referente a si el acto reclamado requiere o no ejecución material. Esto, desde luego, con el objeto de determinar si se está en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya Jurisdicción deba tener ejecución, se haya ejecutado o se esté ejecutando el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del ordinal 37 de la legislación en consulta. En ese mismo orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 14/2003-PS, que las tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito son: a) La primera regla que se encuentra contenida en el señalado numeral, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de estas jurisdicciones. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado." Ahora bien, en la demanda de amparo la parte quejosa reclama la orden de traslado del centro de reclusión en el que se encuentran a otro diverso, por parte de autoridades del CEFERESO NÚMERO 4 Noroeste, con residencia en Tepic, Nayarit. Así las cosas, es evidente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el párrafo del artículo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, en el Acuerdo General 3/2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proveyó lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; precisando en el párrafo segundo del punto noveno, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción territorial en el Distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. En consecuencia, quien resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute el acto reclamado; es decir, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con residencia en Tepic, Nayarit. En mérito de lo expuesto, este Juzgado se declara legalmente incompetente para el conocimiento de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir el juicio al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con residencia en Tepic, Nayarit, por ser dónde tendrá ejecución el acto reclamado, a quien una vez que tenga conocimiento de este asunto, se le solicita acuse de recibo el juicio de amparo en el que se actúa e informe si acepta o no la competencia que le fue declinada por este órgano jurisdiccional. Determinación que se adopta en razón a lo manifestado por los quejosos quienes refieren encontrarse recluidos en el CEFERESO NUMERO 4 Noroeste, con residencia en Tepic, Nayarit, lo cual de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, para arribar a esta determinación. DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Respecto de la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la orden de traslado, se hace el siguiente pronunciamiento con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15, todos de la Ley de Amparo vigente, se decreta la suspensión de plano, por lo que respecta al acto reclamado, para el efecto de que: Se abstengan de trasladar a los quejosos del centro de reclusión en el que se encuentra, es decir del CEFERESO NÚMERO 4 Noroeste, con residencia en Tepic, Nayarit, a otro diverso. Lo anterior, sin que en el caso la presente suspensión sea motivo para que los quejosos sean puestos en libertad del Centro de Reinserción donde se encuentran, ni en su caso se les dejen de aplicar los reglamentos existentes en dicho centro penitenciario, por cuestiones diversas a los que dieron origen al acto reclamado en el presente juicio de amparo, así tampoco surtirá efecto legal y material alguno en el caso de que dicho acto sea con motivo de salvaguardar la integridad física de los amparistas por motivo de salud y seguridad de los propios impetrantes de amparo y de la población del centro de reclusión en el que se encuentran recluidos, ó en el supuesto de que el acto reclamado derive del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo. Tiene aplicación por analogía la tesis jurisprudencial 58/2016 de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUNDO SE EMITEN SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SOLO AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." En la inteligencia de que la seguridad, custodia y guarda de los quejosos en el lugar en que se encuentran internados, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentran, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, conforme a la naturaleza y circunstancias del asunto. Ahora bien, de acuerdo a los requisitos que señala el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se encuentra el que la medida cautelar no siga perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público; por ello, si se está en un caso de éstos, la medida cautelar decretada no surtirá efecto legal alguno y estos casos, de manera enunciativa pero no limitativa serían los siguientes, cuando: a) Exista peligro inminente de un motín o conflicto que pueda derivar en agresiones o violencia en el interior del lugar de reclusión. b) Si se decretó la medida por una cuestión de salud, por la que se pretenda salvaguardar la de los internos y del personal del lugar de reclusión. c) Si la orden se emitió para impedir la comisión de cualquier tipo de delitos. d) Si se trata de una medida adoptada para atender una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, sea estatal o nacional. e) En el caso de que la conducta de un interno sea particular y potencialmente peligrosa respecto de los funcionarios del reclusorio, visitantes e internos, bajo la responsabilidad de las autoridades responsables. f) En el supuesto que la orden de traslado se haya emitido para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Constitucional, esto es, mantener en prisión preventiva al quejoso, en lugares adecuados para ello. Se requiere a las autoridades responsables, para que informen al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con residencia en Tepic, Nayarit, en el término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano de los actos que aquí les reclaman. Hágase saber que la violación de esta medida suspensional conforme con lo que dispone el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto reclamado, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. DOMICILIO PROCESAL Y REPRESENTANTE COMÚN. En otro aspecto, con base en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo en cita, se tiene por señalado como domicilio para recibir y oír notificaciones personales, el lugar donde se encuentran recluidos los peticionarios de amparo, esto es, en el CEFERESO NUMERO 4 Noroeste, con residencia en Tepic, Nayarit. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa a Misael Ramos Cruz, como representante común de los quejosos. En consecuencia, se solicita de la manera más atenta al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, ante quien recaiga la presente demanda de amparo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione a quien corresponda para que se constituya en dicho centro penitenciario federal y notifique personalmente el presente acuerdo, a los peticionarios de amparo por conducto de su representante común. Hecho lo anterior, de no tener inconveniente legal alguno se sirva remitir las constancias relativas a la diligencia de notificación correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano