Misael Catalan Peralta

Expediente 1638/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 32 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1638/2019
Año
2019
Actuaciones
32
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Misael Catalan Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Misael Catalan Peralta, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Respecto a las pruebas siguientes, deberá realizar las gestiones necesarias, y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA ACTORA 1. Inspección. 2. Testimonial a cargo de Mari Carmen Martínez Barrera, Francisca Barón Almaraz y Samanta García Rodríguez. 3. Documentales. 4. Informes de autoridad a cargo de: Licencias de Funcionamiento, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Santander México S.A.. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DEMANDADA TRANSMOCASA S.A. DE C.V. Y OTRAS. 1. Pericial (ratificación de contenido y firma de las documentales ofrecidas por la parte actora). PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DEMANDADA COMERCIALIZADORA MMF S.A. DE C.V. 3. Testimonial a cargo de José Alfredo Arroyo Martínez, Omar Palma Enríquez y Francisco López Froman. Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento a lo anteriormente precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que las pruebas ofrecidas por la parte actora, consistentes en la prueba de Inspección fue desahogada mediante diligencia de nueve de noviembre de dos mil veinte y acordada el once de diciembre de dos mil veinte, por cuanto a la testimonial a cargo de Mari Carmen Martínez Barrera, Francisca Barón Almaraz y Samanta García Rodríguez, mediante acuerdos de diecisiete de noviembre y quince de diciembre ambos meses del año dos mil veinte, se declaró su deserción, por lo que hace a la Documental ofrecida por la actora y objetada por la demandada para su perfeccionamiento consistente en ratificación de contenido y firma, el cuatro de noviembre de dos mil veinte, se decretó la deserción de dicha probanza, así también los informes de autoridad a cargo de: Licencia de Funcionamiento, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, fueron rendidos tal como se señaló por autos de veintidós de septiembre, diecinueve y veinticinco de noviembre de dos mil veinte, y el informe de autoridad por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Santander México S.A, por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno la Junta declaró innecesario el desahogo de dicha probanza. Por cuanto a las pruebas ofrecidas por la demandada TRANSMOCASA S.A. DE C.V. consistente en la Pericial (ratificación de contenido y firma de las documentales ofrecidas por la parte actora), mediante diligencia de cuatro de noviembre de dos mil veinte fue desechada. Y por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la demandada COMERCIALIZADORA MMF S.A. DE C.V., correspondiente a la Testimonial a cargo de José Alfredo Arroyo Martínez, Omar Palma Enríquez y Francisco López Froman, por diligencia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se declaró desierta. Finalmente, por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable, determino que no quedaban pruebas pendientes por desahogar concediendo a las partes dos días hábiles para formular sus alegatos, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/580/2017; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte actora, consistentes en la prueba de Inspección fue desahogada mediante diligencia de nueve de noviembre de dos mil veinte y acordada el once de diciembre de dos mil veinte, por cuanto a la testimonial a cargo de Mari Carmen Martínez Barrera, Francisca Barón Almaraz y Samanta García Rodríguez, mediante acuerdos de diecisiete de noviembre y quince de diciembre ambos meses del año dos mil veinte, se declaró su deserción, por lo que hace a la Documental ofrecida por la actora y objetada por la demandada para su perfeccionamiento consistente en ratificación de contenido y firma, el cuatro de noviembre de dos mil veinte, se decretó la deserción de dicha probanza, así también los informe de autoridad a cargo de : Licencias de Funcionamiento, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, fueron rendidos tal como se señaló por autos de veintidós de septiembre, diecinueve y veinticinco de noviembre de dos mil veinte, y el informe de autoridad por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco Santander México S.A, por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno la Junta declaró innecesario el desahogo de dicha probanza. Por cuanto a las pruebas ofrecidas por la demandada TRANSMOCASA S.A. DE C.V. consistente en la Pericial (ratificación de contenido y firma de las documentales ofrecidas por la parte actora), mediante diligencia de cuatro de noviembre de dos mil veinte fue desechada. Y por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la demandada COMERCIALIZADORA MMF S.A. DE C.V., correspondiente a la Testimonial a cargo de José Alfredo Arroyo Martínez, Omar Palma Enríquez y Francisco López Froman, por diligencia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se declaró desierta. Finalmente, por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable, determino que no quedaban pruebas pendientes por desahogar concediendo a las partes dos días hábiles para formular sus alegatos, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/580/2017; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Laura Adriana Nieto Patricio, encargada del despacho de la presidencia de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que resulta innecesario el desahogo del informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que otorgó término a las partes para que rindas sus respectivos alegatos. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Laura Adriana Nieto Patricio, encargada del despacho de la presidencia de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza para allegarse del informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se tiene por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si la Comisión Nacional Bancaria y Valores, ya rindió el informe solicitado, y en caso de ser así remita copia certificada que lo acredite, así como el acuerdo que haya recaído al mismo, lo anterior con el fin de dar cumplimiento de ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Jannete Avilés Cruz, Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que giró correo electrónico a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridades (SIARA) , con el fin de que rinda su informe de autoridad y remite copia certificada para acreditar su dicho. Al respecto, se tiene por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Jannete Avilés Cruz, Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si la Comisión Nacional Bancaria y Valores, ya rindió el informe solicitado, y en caso de ser así remita copia certificada que lo acredite, así como el acuerdo que haya recaído al mismo, lo anterior con el fin de dar cumplimiento de ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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