Misael Jhovani García Estrada y Otros.
Expediente 387/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/04/2022
Partes del expediente
- Misael Jhovani García Estrada y Otros.
- Misael Jhovani García Estrada
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda recibida electrónicamente, que promueve Misael Jhovani García Estrada y Juan Carlos Sánchez Lara, por conducto de su defensor público federal Francisco Javier Peñaloza Clemente, con fundamento en el artículo 112 de la ley de la materia, regístrese bajo el número 387/2022-III-B. DESECHAMIENTO Se procede al análisis de causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que se reclama: La determinación dictada en audiencia intermedia de dos de marzo del año en curso en la causa 461/2020, por la que se admite como prueba por parte de la fiscalía, el testimonio del perito adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, a fin de deponer sobre su dictamen rendido en análisis de voz. Desechamiento. Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" Dichas porciones normativas establecen que el juicio de amparo será improcedente, contra actos que no sean de imposible reparación. Por lo que es dable establecer, que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Entonces, para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, se debe atender a que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. De no actualizarse ese supuesto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado, en su caso, deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170 fracción I, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Además, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución o algún tratado internacional celebrado por el Estado Mexicano, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. De modo que la Carta Magna y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que puedan surgir en el procedimiento jurisdiccional; por el contrario, son coincidentes en establecer que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Aunado a ello, existe criterio del Máximo Tribunal del País en el sentido de que las violaciones procesales consistentes en aquella decisión en que la autoridad responsable admite o desecha las pruebas ofrecidas, la infracción debe reclamarse hasta el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia que resuelva el fondo del asunto, en caso de que ésta fuere contraria a los intereses del oferente. Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 3a./J. 588/90, derivada de la contradicción de tesis 11/89, cuyo rubro establece: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO". Ahora, en el caso concreto, en la etapa intermedia se corrobora el descubrimiento probatorio con la finalidad de emprender las acciones y verifica que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución General, en los tratados internacionales y en las leyes que de ellos emanen, de manera que los datos y medios de prueba que puedan ser allegados por las partes no constituyen prueba, ni serán valorados en el juicio, por lo que no existe una incidencia respecto de la condición del imputado frente al mismo. Con lo que se corrobora que, el acto reclamado no puede ser considerado como acto de imposible reparación, debido a que no trastoca los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria, pues sus alcances impactan en derechos de índole procesal por no incidir en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el Tribunal de Juicio Oral al dictar la sentencia. Apoya la determinación anterior, la Jurisprudencia P1a./J.23/2021 (11ª.), con número de registro digital 2023906, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el libro 8, de diciembre de dos mil veintiuno, Tomo II, visible a página 1319, cuyo rubro y contenido rezan: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Misael Jhovani García Estrada y Juan Carlos Sánchez Lara, por conducto de su defensor público federal Francisco Javier Peñaloza Clemente. Al margen de lo anterior, resulta importante precisar que este juzgador no pasa inadvertida la circunstancia de que, conforme lo establecido en el numeral 14 de la Ley de Amparo, en caso de que el promovente del amparo se ostente como defensor del directo quejoso, este órgano de control constitucional debe pedir al juez que conozca del asunto original, que le remita la certificación correspondiente (no obstante de que manifieste bajo protesta de decir verdad que ostenta dicho carácter); sin embargo, tal situación no representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, pues a nada práctico conduciría requerir la certificación respectiva para que satisficiera el requisito en cuestión, ya que en su caso, allegarse de esa documental no conllevaría -de manera esencial- ninguna posibilidad de que este resolutor arribara a una convicción distinta de la precisada en este proveído, en razón de lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia aquí apuntada, de acuerdo con la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Por el contrario, se postergaría el pronunciamiento del resultado substancial que de cualquier modo recaerá al ocurso del solicitante de garantías, lo que sólo acarrearía mayores perjuicios dilatorios al justiciable, en detrimento de lo que impone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. CORREO ELECTRÓNICO En términos del artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el correo electrónico y número telefónico proporcionado por el promovente en el proemio de su demanda. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 1/2022, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el uno de mayo de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.
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