Misael Calixto Bernal

Expediente 1608/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1608/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Misael Calixto Bernal

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Requerimiento de Cumplimiento En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "Para que la responsable de manera inmediata, se pronuncie respecto del escrito presentado por la parte quejosa el veintidós de junio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ***2016 y realice el requerimiento de ejecución del laudo y en su caso embargo, correspondiente. Es dable aclarar que la sentencia se tendrá por cumplida únicamente con el dictado del auto correspondiente al escrito ante mencionado y las constancias de notificación respectivas." Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de su titular, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la responsable no tiene superior jerárquico, para efectos del cumplimiento de esta ejecutoria, también se le apercibe para que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1608/2023-IV; y, R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; +++++, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y el acto reclamado siguiente: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO La abstención o negativa por parte de la autoridad señalada como responsable al no acodar la promoción ingresada ante la oficialía de partes de la responsable el 22 de junio de 2023 en el expediente laboral ********************." Por estimarlo, en esencia, violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1608/2023-IV, se admitió a trámite, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama una omisión atribuida a una autoridad en materia de trabajo, con residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del Acto Reclamado. De la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La omisión y/o negativa de acordar la promoción ingresada el ******************** en la oficialía de partes de la autoridad responsable y dirigida al juicio laboral ********************. . SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa, en esencia, aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, en virtud de que no se le ha administrado justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, incumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento. El concepto de violación que hace valer la parte quejosa es fundado. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El precepto constitucional referido, consagra el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, la cual debe ser, en lo que aquí interesa, pronta y completa, situación que por su puesto resulta aplicable a los asuntos que se encuentren en etapa ejecución de las sentencias -como es el caso-; de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento del derecho fundamental en comento. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos fijados en las leyes; de esta manera, se puede afirmar que la impartición de justicia adecuada se produce, en cuanto mira a la celeridad, es decir, si las autoridades emiten sus resoluciones, en general, dentro de los plazos y términos legales, elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda, carga que también le impone la ley a la autoridad juzgadora, para que pronuncie sus determinaciones dentro de un espacio temporal determinado. Asimismo, los artículos del 250 y 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y el arábigo 838, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al procedimiento laboral de origen, disponen: Artículo 250. Las disposiciones de este capítulo rigen para la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal o cualquiera de las Salas y para los convenios celebrados ante éstos. En la ejecución de los laudos y convenios que han sido elevados a la categoría de laudo corresponde al Presidente del Tribunal o de la Sala, dictar las medidas necesarias, para que la misma sea pronta y expedita." Artículo 252. En caso de incumplimiento del laudo o convenio en los términos o modalidades establecidas en el artículo 251 de esta ley, el Tribunal o Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución. La diligencia de requerimiento de pago y embargo se practicará en el domicilio de la institución pública o dependencia demandada, previa citación de su titular o su representante legal; si estos no estuviesen el día y hora fijados la diligencia se practicará con el servidor público que se encuentre presente. En las diligencias de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: I. El actuario requerirá el pago a la persona con quien atienda la diligencia y si no efectúa el mismo procederá al embargo; para tal efecto, requerirá al compareciente por la demandada para que señale bienes suficientes que garanticen el crédito laboral y en caso de no hacerlo, dicho derecho se transfiere al actor; II. El actuario podrá, en caso necesario, solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, para llevar a cabo la diligencia; y III. El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto adeudado, para lo cual observará el siguiente orden: a) la partida presupuestal a que se refiere el artículo 251 del presente ordenamiento, b) cuenta bancaria y c) bienes del demandado en términos de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el actuario se trasladará al lugar donde manifieste la parte que obtuvo que se encuentren y previa identificación de los mismos, practicará el embargo". Artículo 838. El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." De las disposiciones normativas que preceden se aprecia con claridad que a petición de la parte interesada, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de recibida la petición, se dictará auto de requerimiento de pago y en su defecto las medidas de apremio que podrán ser empleadas para su cumplimiento y practicar las diligencias necesarias para su ejecución. Luego, de la constancia allegada, se advierte que la parte quejosa presentó un escrito con fecha ********************, por el cual solicitó a la autoridad responsable dicte auto de ejecución del laudo y en su caso embargo, en el expediente laboral ********************; sin que al treinta de octubre de la presente anualidad (fecha en que rindió su informe con justificación), haya emitido el proveído correspondiente. De lo anterior, se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo que los citados artículos establecen para tal efecto; en ese sentido, se concluye que la dilación reclamada por la parte promovente del amparo vulnera el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable debe acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, no así retardarlo injustificadamente. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia IV.3o.T. J/57, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de dos mil cinco, página 1283, de rubro y texto: juntas de conciliación y arbitraje. Deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 de la constitución federal, y emitir sus laudos en los plazos y términos que fijen las leyes. Aunado a lo anterior, es de considerarse la circunstancia de que tal conducta contraviene el principio constitucional de prontitud y expedites en la administración de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, atendiendo a que ha sido omisa en agotar los medios a su disposición en términos de ley, para lograr la reinstalación y el otorgamiento de nombramiento en los términos establecidos en la ejecución del citado laudo en tiempos de ley y con ello se causa un perjuicio de difícil reparación, para la parte quejosa [trabajador]. Por lo que este órgano de control constitucional concede la razón al inconforme, toda vez que dicha responsable efectivamente no ha respetado el principio de justicia pronta que como garantía individual concede al gobernado el artículo 17 constitucional al no hacer uso de sus facultades y medios establecidos en la Ley Federal del Trabajo para cumplir con su obligación de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por ende, es evidente que la autoridad responsable, no ha cumplido con lo establecido en los artículos 250 y 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y en el diverso 838 de la Ley Federal del Trabajo, supletoria al sumario de origen, ya que al día de hoy no ha dado contestación al escrito presentado por la parte quejosa el ********************, violando en su perjuicio el principio de administración de justicia pronta y expedita a que se contrae el artículo 17 constitucional, prolongando la administración de justicia en forma injustificada. En ese orden, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realice lo siguiente: Para que la responsable de manera inmediata, se pronuncie respecto del escrito presentado por la parte quejosa el ********************, en el juicio laboral ******************** y realice el requerimiento de ejecución del laudo y en su caso embargo, correspondiente. Es dable aclarar que la sentencia se tendrá por cumplida únicamente con el dictado del auto correspondiente al escrito ante mencionado y las constancias de notificación respectivas. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, como lo estableció la Segunda Sala del más alto Tribunal del país, en la tesis 2a. CV/2013 (10a.) Se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia transcurra el plazo que establece el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado; en virtud a que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el similar último de esta resolución.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Devolución de Documentos Intégrese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual, solicita la devolución de los documentos exhibidos con la demanda de amparo. Atento a ello, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos de referencia que en original se hayan presentado, previa copia certificada y razón de recibo obre en autos por conducto de persona autorizada para tal efecto.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Oficios Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, informa que la tercero interesada representante social titular de la carpeta administrativa ********************, de su índice, no cuenta con mayores datos de los ya proporcionados respecto a la tercero interesada de identidad reservada y de iniciales ********************. De igual forma, glósese el oficio firmado por el Subdirector de Asistencia Jurídica de la Secretaria de Seguridad del Estado de México, a través del cual, en cumplimiento a la prórroga concedida el cinco de octubre de dos mil veintitrés, remite el oficio ********************, signado por el Director de Tecnología y Registros del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, de su adscripción, por el que adjunta la información solicitada en relación con la parte procesal mencionada en el párrafo anterior; sin embargo, de su contenido se advierte que el domicilio que aparece en los datos de licencia, coincide plenamente con el ya proporcionado por las demás autoridades auxiliares, y por el cual, se giró exhorto y se está a la espera de su debida diligenciación. Por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento con que se les conminó a las autoridades oficiantes el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés.

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