Misael Benitez Luvianos

Expediente 575/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
575/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
19/01/2017

Partes del expediente

  • Misael Benitez Luvianos y Otros.
  • Misael Benitez Luvianos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de juicio constitucional promovida por MISAEL BENÍTEZ LUVIANOS, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2do., del ulterior ordenamiento legal, en consecuencia, se declara que dicha determinación, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, dado que en la resolución se desechó la demanda de amparo, además que se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, que no se abrió el incidente de suspensión, y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a trece de enero de dos mil diecisiete. A sus autos el oficio de cuenta del TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia en la ciudad de Tijuana, mediante el cual acusa de recibo el exhorto número E-245/2016 del índice de este juzgado, e informa que lo diligenciará en sus términos; agréguese a los autos para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a nueve de enero de dos mil diecisiete. A sus autos el oficio de cuenta del TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia en Tijuana, atento a su contenido, se le tiene devolviendo sin diligenciar el exhorto local número 214/2016, que le fue remitido para notificar el auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, a la parte quejosa. Acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de las constancias que integran el exhorto descrito, se desprende la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído mencionado, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, proceda la Actuaria a realizar la notificación del auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, a la PARTE QUEJOSA MISAEL BENITEZ LUVIANO, el auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de Amparo 575/2016, que en lo substancial dice: "...Ensenada, Baja California, veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda formulado por MISAEL BENITEZ LUVIANOS, mediante el cual promueve juicio de amparo indirecto contra actos del SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con sede en la Ciudad de México, y la ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE BAJA CALIFORNIA, de esta localidad. Fórmese expediente de juicio de amparo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno respectivo con número 575/2016. Ahora bien, del análisis integral del escrito de petición de derechos fundamentales, se aprecia que la parte amparista precisa como acto reclamado, lo siguiente: a) La resolución de baja o cancelación de los certificados de sellos digitales para la expedición de comprobantes fiscales digitales. b) La EJECUCIÓN de la cancelación de los certificados de sellos digitales para la expedición de comprobantes fiscales digitales. Precisadas las actuaciones que se le reprochan a la autoridad responsable, resulta oportuno asentar que conforme que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por tanto, es deber de ésta resolutora de verificar la procedencia de la demanda en cuestión, precisando si se actualiza o no una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que imponga su desechamiento. Debiendo entenderse por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que se revela. Cabe señalar, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. En esas directrices, se estima que en el presente asunto se patentiza de forma notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Del numeral recién transcrito, se advierte que el juicio de amparo, se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, la parte quejosa, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Asimismo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando previo a instar la acción constitucional no se agotó en contra del acto reclamado, el recurso o medio de defensa previsto en la ley común, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. En ese sentido, debe decirse que el principio de definitividad del juicio de amparo encuentra justificación en que el mismo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Asimismo, se aprecia que reclama de las autoridades responsables la resolución de baja o cancelación de los certificados de sellos digitales para la expedición de comprobantes fiscales digitales de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, así como la ejecución de dicha determinación. Por lo que, ésta juzgadora considera que la parte quejosa no observó el principio de definitividad necesario para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, circunstancia anterior, que da vida al motivo de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo cuyo texto se transcribió en párrafos anteriores. Corrobora lo anterior, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En este contexto, si el acto reclamado se hace consistir en la cancelación y revocación de sus certificados de sellos digitales sin entablar procedimiento administrativo por parte de las autoridades Hacendarias, luego entonces, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, partiendo de la base de que la parte quejosa no agotó el Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, toda vez que antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer ante la autoridad correspondiente, el Juicio de Nulidad Fiscal previsto por el artículo 3 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual a la letra dice: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI.." De lo anterior se desprende entonces que a través del juicio de nulidad fiscal, el ahora promovente, puede obtener la revocación o modificación del acto reclamado; luego entonces, no puede ahora acudir a reclamarlo en la vía constitucional, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, y por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por MISAEL BENITEZ LUVIANOS, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Corrobora lo anterior, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial número I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen en su orden: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." No pasa inadvertido para ésta juzgadora que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de garantías; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada, máxime si se toma en consideración que la parte quejosa aún se encuentra en tiempo para promover el medio de defensa legal ordinario que se ha venido haciendo referencia en precedentes. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página trescientos dieciséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la solo lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Tesis de artículo 73 fracción IV actos que ya fueron materia de otra ejecutoria de amparo." Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a quien lo promueve, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, así como en el diverso 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizase dentro del presente cuaderno de amparo. Se tiene autorizando en términos del artículo 12, segundo párrafo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Gustavo Olivares Nateras, dado que su cédula profesional no está inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; señalando como domicilio procesal el ubicado en CALLE SEXTA, NÚMERO 7368, ZONA CENTRO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa señaló domicilio procesal fuera de esta ciudad, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, GÍRESE ATENTO EXHORTO al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado en turno, en Tijuana, Baja California, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva a notificar a la parte quejosa en el domicilio que antecede, el presente proveído y además la requiera para que en ese acto, o dentro del término de tres días, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole, que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE...." Lo anterior en cumplimiento al auto nueve de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del propio juicio de amparo, con fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo

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