Mirna Noemí Castro Valdivia
Expediente 455/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2016
Partes del expediente
- Mirna Noemí Castro Valdivia
- Mirna Noemí Castro Valdivia y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera al acuerdo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, al ponderar que en el presente juicio de amparo se sobreseyó y que no se abrió incidente de suspensión, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. N O T I F Í Q U E S E.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: Ensenada, Baja California, a nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el INFORME JUSTIFICADO de cuenta, rendido por el REPRESENTANTE DE GOBIERNO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ENSENADA, con sede en esta ciudad, al que anexa en copias certificadas del laudo laboral emitido el catorce de octubre del presente año dentro del juicio laboral 378/2014, para apoyar la constitucionalidad del acto reclamado. Documentales, que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable citada, la omisión de pronunciarse sobre el proyecto del laudo, en los autos del juicio laboral 378/2014. Ahora bien, debe destacarse que en el juicio de amparo indirecto puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, cuando durante el trámite se acredita la existencia de una causal de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, según lo dispone la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, de la novena época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, de marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie se actualiza la causal prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, que se refiere a que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que ocurre cuando se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página treinta y ocho, que se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias remitidas por la Junta responsable se desprende que el catorce de octubre del año en curso, emitió una determinación en la que resolvió en definitiva el laudo laboral dentro del juicio laboral 378/2014, promovido por la parte actora Mirna Noemí Castro Valdivia, lo que en el caso, constituye el acto reclamado. En las relatadas circunstancias debe arribarse a la conclusión de que, nos encontramos ante una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de suerte que con ningún elemento de prueba se podría desvirtuar esa situación, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento del juicio de garantías sin necesidad de esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la citada causal de improcedencia. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI y 63, fracción V ambos de la Ley de Amparo, al actualizarse en el caso una causal de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable, es que SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO QUE NOS OCUPA, ello con el propósito de cumplir con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, presentado por Mirna Noemí Castro Valdivia, por el cual da cumplimiento a la prevención formulada por proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se le tiene interponiendo demanda de amparo contra actos del INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISESALU), por violaciones a las garantías individuales consagradas en los artículos 16 y 17 Constitucionales; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE dicha demanda, la cual ha quedado registrada con número 455/2016. No se ordena por el momento la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados. Dése la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, en materia de amparo. Pídase a la responsable su informe con justificación que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, al que deberá adjuntar copias certificadas de las constancias que tomó en cuenta para dictar los actos que se le reclaman, apercibida que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos de los numerales 238 y 260 ambos de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. De igual manera, se requiere a las partes, para que conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este Juzgado de Distrito, si en el presente juicio de garantías se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento, en especial, si por cualquier circunstancia cesaran los efectos del acto reclamado o se dé un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por las fracciones XVII y XXI del numeral 61 del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, del Acuerdo General 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los Órganos, Criterios y Procedimientos Institucionales para la transparencia y acceso a la información Pública para éste Órgano del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Distrito y los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los artículos 19 y tercero transitorio del Acuerdo General 30/2003, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil tres, se tiene a la parte quejosa expresando su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia que en su oportunidad se emita en el presente asunto, lo anterior para los efectos legales conducentes. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados EDGAR FERNANDO ROMERO ARBALLO y LUIS ÁNGEL MEDINA PÉREZ, tomando en consideración que de la certificación de autos se advierte que tienen registrada su cédula profesional Federal en el Sistema Computarizado del Registro Único del Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se les reconoce tal personalidad; así como únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de la ley de la materia a María del Carmen Villavicencio Meza, Martín D. Magallanes Lara y Ramón B. Fimbrés Obregón; y, como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Delante y calle Cuarta, número 2109, de la colonia Hidalgo, de esta ciudad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California a cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda formulado por MIRNA NOEMÍ CASTRO VALDIVIA; fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno respectivo con número 455/2016. Previo a proveer sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109, fracción III y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días, precise lo siguiente: El nombre y domicilio de su contraparte en el juicio natural expediente 378/2014. El carácter que el quejoso ostenta en el juicio laboral citado. La etapa procesal en que se encuentran el referido expediente y las prestaciones reclamadas. En la inteligencia que esta prevención deberá ser desahogada por la propia promovente, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal. Cobra aplicación la Jurisprudencia número 2ª./J.88/2006, sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época, consultable en la Página 348, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV que la demanda de amparo deberá formularse por escrito en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejosa en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la Ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se expresa la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización son a partir de esa presentación y no antes." En el entendido que deberá desahogar dicha vista, toda vez que es necesaria para la admisión de la presente demanda de garantías; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, así como en el diverso 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizase dentro del presente cuaderno de amparo. Finalmente, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Edgar Fernando Romero Arballo y Luis Ángel Medina Pérez, únicamente para recibir notificaciones a María del Carmen Villavicencio Meza, Martín D. Magallones Lara y Ramón B. Fimbres Obregón; señalando como domicilio procesal el ubicado en avenida Delante y calle Cuarta, número 2109, colonia Hidalgo, en esta ciudad. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO...
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